Por HAROLD RUIZ MORENO / Exconcejal de Pasto y Ex asesor de cultivos de uso ilícito gobernación de Nariño. Fotos: Jennifer Rueda.
Hoy en Colombia en la lucha constante contra el narcotráfico se discute la llegada de tropas extranjeras de los Estados Unidos, el incremento de los cultivos de uso ilícito que ya sobrepasan las 212 mil hectáreas, de las cuales más de 50 mil están en el departamento de Nariño, y lo más importante, se discute el fracaso de la sustitución voluntaria, programa bandera de la lucha contra el narcotráfico, que fue uno de los pilares de la negociación del punto 4 de la agenda de La Habana. Todo este gris panorama hace parte de la entrega del gobierno del presidente Iván Duque Márquez a los designios de los intereses del gobierno del país del norte.
El narcotráfico en el país viene siendo controlado por los cárteles mexicanos como concluye acertadamente la reciente investigación de la fundación Paz y Reconciliación, cuando concluye que “la presencia de los carteles mexicanos en el país coincide con los lugares de mayor intensidad de cultivos de coca o con corredores estratégicos para el narcotráfico: costa pacífica nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Norte del Cauca y Magdalena. Es una presencia elusiva, pero contundente. En algunos territorios hacen presencia directa con narcotraficantes mejicanos o de origen centroamericano. En otros a través de agentes u organizaciones colombianas. Hay sitios donde el cartel de Sinaloa ha financiado a grupos en disputa. Lo cual da cuenta de la relación instrumental que han tejido esas estructuras criminales. Todo indicaría que el miedo a una gran anarquía en el mercado del narcotráfico luego de la dejación de armas de las FARC provocó la mayor penetración de estas estructuras mexicanas. Básicamente, se produjeron tres fenómenos. Por un lado, los carteles mexicanos recordaban lo que ocurrió con la desmovilización paramilitar entre 2003 y 2006, donde se generó un proceso de reorganización criminal que llevó al nacimiento de al menos 101 estructuras ilegales. En la medida que las FARC controlaban los cultivos y la primera parte de la cadena del narcotráfico, se quería evitar un escenario similar. En fin, se sabía que las FARC se iban, pero el negocio debía continuar, lo que se quería era evitar un baño de sangre”.
No es un secreto que el departamento de Nariño, por su ubicación estratégica, se ha convertido en un lugar predilecto para los carteles mexicanos; con la desmovilización de las FARC, se hicieron al control de las más de 50 mil hectáreas de coca existentes en la región, por intermedio de las estructuras criminales de alias «Guacho» con el cartel de Sinaloa o de alias “David” con el cartel Jalisco del Norte. Sin embargo, la muerte de estos cabecillas no ha sido obstáculo para seguir produciendo y comercializando más de 350 toneladas de cocaína al año con las que participa Nariño, que son cerca del 27% de la producción nacional.
El narcotráfico solo le ha traído miseria y desolación a los nariñenses, la tragedia humanitaria, los índices de criminalidad, el asesinato de líderes sociales, los desplazamientos, confinamientos, las masacres y el destierro, la muerte y el horror, es la estela constante de la presencia de los carteles mexicanos, del clan del golfo, de las disidencias de las FARC y ahora el crecimiento en la costa pacífica del ELN.
La respuesta para enfrentar la presencia del narcotráfico ha llevado a los gobiernos colombianos desde hace más de 20 años a priorizar la solución militar y de reprensión a través del incremento del pie de fuerza. Por ejemplo en Nariño, en la Costa Pacífica, hay más de 10 mil efectivos de la fuerza pública y sumado a esto la propuesta de varios programas “alternativos” de sustitución a los campesinos, indígenas o afro descendientes, que son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Todos ellos han sido un fracaso; “Plante y Pa lante”; ”Consolidación territorial”; ”programas de cooperación internacional”, todos con una visión y enfoque contrainsurgente y mirando a las comunidades como narcotraficantes, sin mayor inversión social que trasforme la crítica situación de los territorios abandonados por el Estado, tierra fértil para la criminalidad.
La firma del acuerdo de paz se convirtió en una expectativa esperanzadora para los pequeños productores de hoja de coca. Con la dedicación para combatir el narcotráfico que se estableció en el punto 4 de la agenda (Drogas Ilícitas) parecía por fin que el gobierno colombiano tenía con las FARC la intención de resarcir a las comunidades que por años han sido esclavos del narcotráfico y trasformar los territorios con la llegada del Estado. Pero el incumplimiento con el programa PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) ha dejado la tierra abonada para que los grupos armados ejerzan control territorial sobre estas zonas apartadas e históricamente olvidadas por el Estado.
En el gobierno de Juan Manuel Santos se creó por ley el PNIS, se vincularon 98 mil familias de pequeños productores de cultivos de uso ilícitos en el país. La sustitución voluntaria se constituye como el más avanzado programa de estímulos a los pequeños productores, campesinos, indígenas y afro desentiendes con estímulos que contemplaba un plan de atención inmediata familiar con la entrega de estímulos económicos por $36 millones por núcleo familiar, un millón mensual por 12 meses para el sostenimiento del núcleo familiar por el primer año, un proyecto de seguridad alimentaria por $1.800.000 y dos proyectos productivos de ciclo y largo plazo por $19 millones, al igual que la prestación de asistencia técnica; igual se contempló un plan de atención social para los territorios cocaleros con intervención en áreas de atención a niños, jóvenes, adultos mayores en temas de salud, educación, proyectos de infraestructura y productivos. Este ambicioso programa nacional contempló, entre muchas razones, la sustitución voluntaria para priorizar el diálogo concertado con los pequeños productores de cultivos de uso ilícitos en el entendido de que son ellos el eslabón más afectado por la cadena del narcotráfico, pero de la misma manera como una estrategia para contener el crecimiento desmesurado de estos cultivos ilícitos.
En el departamento de Nariño en los años 2017 y 2018, el gobierno nacional firmó con el acompañamiento de los gobiernos departamental y municipales, donde existen los cultivos de uso ilícitos con más de 70 mil familias, acuerdos colectivos con pequeños productores, afro descendientes, campesinos e indígenas de 31 municipios que manifestaron su voluntad de sustituir voluntariamente y de acogerse al PNIS. De estos acuerdos colectivos firmados, sólo se les cumplió parcialmente a 16.500 familias del municipio de Tumaco y nunca hubo respuesta favorable a las familias de los restantes 30 municipios que firmaron estos acuerdos colectivos y que siguen sobreviviendo de estos cultivos de uso ilícito, sin respuesta por parte del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Este no solo congeló el PNIS, sino que no ha ofrecido programa alguno para la sustitución de los cultivos de uso ilícito y ahora solo adelanta la erradicación forzosa, con la pérdida de muchas vidas por la presencia de campos minados y el anuncio de la fumigación con glifosato. Todo lo anterior se constituye en un cúmulo de noticas de incumplimiento de la sustitución, con la correspondiente resiembra y las consecuencias de los efectos de muerte que ha significado el herbicida glifosato. Así pues, la cruzada contra el narcotráfico está, de nuevo, perdida.