Por Harold Ruiz Moreno / Foto: Carlos Orlas
La guerra y el conflicto existente en el país se han ensañado contra los pueblos indígenas, quienes han sido víctimas de este conflicto ante la mirada indiferente del estado colombiano, que en muchos casos ha contribuido con actos de violencia en contra de estas comunidades, que además de tener una importante participación en la composición demográfica del país, constituye un elemento fundamental de nuestra identidad y nuestra cultura.
De acuerdo con el último censo nacional de población realizado en el año 2018, la población indígena en Colombia creció un 36,8%, representando el 4,4% de la población total del país, sumando 1.905.617 personas que se identifican como indígenas pertenecientes a 102 pueblos existentes en el país.
Entre esos pueblos indígenas que existen en Colombia, en el Departamento de Nariño y Putumayo está el pueblo Awá Kuaiker ubicado en la parte occidental del macizo andino, desde la cuenca del río Telembí hasta la parte norte de Ecuador. Su población reside en varios resguardos sobre la región Nariñense de forma predominante en los municipios del Cumbal, Mallama, Ricaurte y Barbacoas, y en Villa Garzón, Putumayo.
Para el pueblo Awá Kuaiker el territorio es un espacio de vida que permite mantener el equilibrio con los espíritus y la naturaleza, que cuenta con lugares diferenciados para trabajar, cultivar, pescar, vivir y recrear el pensamiento, generando un verdadero respeto y armonía espiritual. La lengua nativa de los Awa es el awapit, que suele clasificarse en la familia lingüística Barbacoas, aunque también se le relaciona con lenguas de la familia Chibcha.
Para la comunidad Awa, su territorio es sagrado y, en palabras de uno de sus líderes, “la selva es vida, es un espacio donde recreamos la historia, la relación con madre naturaleza, tanto el hombre como la mujer, porque de ella vivimos y de ella aprendemos”; así dice Jaime Pascal, quien relata la sensible relación de su comunidad con la tierra que pisa y que muchos han intentado arrebatar.
Contra el pueblo Awa se ha desatado un exterminio con actos de violencia perpetrados por actores armados ilegales y en algunos casos por agentes del estado, cabe recordar que hace 11 años se perpetuó la masacre de Tortugaña Telembí por parte de la guerrilla de las FARC, ocurrida el 4 de febrero del 2009, que dejo a 12 víctimas Awá asesinados entre ellos dos niños que no pudieron nacer y más de 850 desplazados. Muchas familias que se vieron obligadas a abandonar el resguardo para salvaguardar sus vidas nunca más pudieron retornar a sus comunidades generando una ruptura del tejido social que hasta el momento no se ha logrado restablecer.
Después de esta masacre, han continuado de manera permanente los hechos de violencia contra el pueblo Awa, lo que parece una estrategia de exterminio contra esta comunidad que se ha organizado en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá de Putumayo (ACIPAP) y algunos resguardados independientes.
Para atender esta situación del pueblo Awa se han expedido decisiones judiciales como el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que estableció la necesidad de protección de los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado, y en el Auto 174 de 2011, que requirió la adopción de medidas cautelares urgentes específicamente para la protección del pueblo indígena Awa.
El 16 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH otorgó medidas cautelares a favor del pueblo indígena Awá por haber sido blanco de numerosos atentados, asesinatos y amenazas en el contexto del conflicto armado colombiano; igualmente la Defensoría del Pueblo expidió las resoluciones Defensoríales No. 026 del 9 de octubre del año 2002 y la resolución No 53 de 5 de junio de 2008, que protegen los derechos ancestrales del pueblo Awa.
Pero aún así permanece la indiferencia del estado y particularmente del Gobierno Nacional que no cumple estas decisiones judiciales, siendo la más reciente el fallo de segunda instancia del Tribunal superior de Nariño que prohíbe la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícitos, decisión tomada el pasado 10 de junio del 2020 donde el tribunal ordenó “la suspensión inmediata de las actividades de erradicación forzada en el territorio donde se encuentra asentado el pueblo Awá Inda Sabaleta, que comprende tanto el resguardo ya delimitado y constituido, como la zona de amplificación cuya tenencia detenta y cuya titulación ha sido solicitada ante la Agencia Nacional de Tierras, hasta tanto el Ministerio del Interior adelante de manera coordinada el proceso de consulta previa con los representantes de la prenombrada comunidad, mismo que deberá iniciarse en un término no mayor a sesenta (60) días hábiles”.
El pueblo Awa sufre el Desplazamiento y empobrecimiento con la expansión de cultivos de uso ilícito, la imposición de la economía del narcotráfico, el desarrollo de megaproyectos y proyectos dentro de sus territorios, el posicionamiento y la disputa territorial en el marco del conflicto armado interno que afectan los derechos a la vida e integridad personal, la etnoeducación, la salud y los derechos fundamentales colectivos e integrales de este pueblo, el territorio, la autonomía y la consulta previa. La violencia armada (incluidas las fumigaciones o la erradicación forzosa) han generado desplazamiento y han vulnerado la integridad física y cultural y ha llevado a un proceso de empobrecimiento a los Awá y sus comunidades.
El pueblo Awa sigue sufriendo la violencia sistemáticamente, se atenta contra el ex gobernador indígena Francisco Javier Cortez y recientemente se da una nueva masacre contra 3 jóvenes indígenas del resguardo de Pialapi-Pueblo viejo, que se suma a los 11 indígenas del pueblo Awa asesinados durante la pandemia.
Esto ante la indiferencia y omisión del gobierno de Iván Duque Márquez, en dos años de su administración se han incrementado los hechos de violencia: 33 masacres y 7 en investigación, afirma la ONU, hechos violentos que demuestran que efectivamente se está “haciendo trizas La Paz” y una de las comunidades más afectada es el pueblo indígena AWA.