Por: Daniel G. y Víctor C. / Cooperativa de Estudiantes y Egresados Universidad de Antioquia.
La pandemia del COVID-19 no ha sido suficiente para tapar aristas infranqueables sobre la naturaleza de la institución policial y militar en el país, así como elementos constituyentes de su cuerpo y doctrina, enarbolado por caciques y patrones, a través de los principales medios de comunicación y asentado en una estrategia que distintos autores denominan protección criminal organizada y mercenarismo corporativo. Consistentes estas en la capacidad de las administraciones, grupos económicos y particularmente de la fuerza pública en apoyarse en ejércitos privados, estrechamente relacionados con la delincuencia, para ejecutar acciones “por fuera de la ley”, en busca del mantenimiento del orden impuesto. Estructuras comúnmente denominadas como paramilitares.
Contexto
En tiempos recientes se han ventilado redes de comercio sexual dentro de la fuerza pública, chuzadas ilegales, corrupción a gran escala, entre otros temas presentados por el gobierno nacional y los principales medios de comunicación como “hechos aislados”, que no deben empañar la imagen -ya bastante negativa- de las fuerzas armadas. Sin embargo, son tradicionales las practicas sistemáticas como la represión violenta de todo tipo de manifestaciones sociales, los vínculos evidentes de uniformados con el narcotráfico y el paramilitarismo, asi como sus conocidas excepciones, los cuales fundamentalmente han librado una guerra declarada contra comunidades indígenas, afros, campesinas, mujeres, sindicalistas, ambientalistas, diversidades sexuales y jóvenes, entre otros, mediante una política de exterminio que articula a las diferentes estructuras y dispositivos de control en los territorios.
En lo corrido del año 2020 van al menos 55 masacres en el país[1]. Ante este panorama el gobierno nacional a través del ministerio de defensa encabezado por Carlos Holmes Trujillo, en compañía de la bancada del Centro Democrático, han intentado enmascarar los hechos bajo el eufemismo de “homicidios colectivos”, término que a pesar de no ser nuevo anda bastante en boga y recuerda las declaraciones del ex-presidente Álvaro Uribe, acerca de las “masacres con criterio social”, justificación abierta de la violencia paraestatal.
Como si fuera poco, la cifra de excombatientes de las antiguas Farc-Ep asesinados en la vida civil desde 2016 asciende a 218[2], vinculando en varios a efectivos de la fuerza pública. El caso más difundido es el de Dimar Torres, el 22 de abril del 2019, a manos de miembros del ejército nacional. Estas vidas exterminadas se agregan a los fríos cálculos que para julio del presente año eran de 971 líderes, lideresas y personas defensoras de Derechos Humanos asesinadas desde la firma del acuerdo de paz, reflejando fundamentalmente un reacomodamiento de la guerra.[3]
A pesar de las alarmantes cifras, la respuesta en los grandes centros urbanos, muchas veces se remite a un dato más en las redes sociales, sin ahondar en las causas e intereses tras la violación a los derechos humanos, salvo un par de significativas movilizaciones nacionales en defensa de la vida, transcurridas pacíficamente y encabezadas por movimientos sociales y sectores culturales y académicos.
No obstante, en el marco del Paro Nacional del pasado 21 de noviembre de 2019, se evidenció un accionar que integró amplios sectores contra las autoridades estatales, recordando las fuertes jornadas del Paro Cívico de 1977. Esta trasgresión fue duramente reprimida y cegó la vida del joven Dilan Cruz, quien murió en la ciudad de Bogotá, el 26 de noviembre de 2019, luego de ser impactado días atrás por un artefacto disparado por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Por aquellos días, el pánico se difundió desde las grandes plataformas y el discurso de criminalización se extendió desde el gobierno. En todo el país se filtraron vídeos ciudadanos sobre la colaboración de la policía con “civiles”, camionetas conducidas por uniformados que transportaban turbas con el fin de alarmar a los habitantes de barrios residenciales y generar rechazo contra los manifestantes, hechos que aún hoy son objeto de investigación. Es claro que la represión y la articulación entre fuerzas estatales y paraestatales era común, pero no abundaba el registro audiovisual que hoy circula.
En lo transcurrido de esta semana tiene lugar un nuevo estallido social en el país, años de erráticas decisiones sobre el gasto público, malversación de fondos, privatización del sector salud y priorización del gasto militar por encima del bienestar social, pasan factura en medio de la pandemia. Esta vez el detonante es un caso de abuso policial en el que dos patrulleros del CAI de Villa Luz, ubicado en la ciudad de Bogotá, someten al ciudadano Javier Ordoñez hasta acabar con su vida, lo que generó una respuesta inmediata en las principales ciudades, que concluyó en fuertes protestas en contra de los uniformados. Nuevamente los medios de comunicación, difusores del discurso oficial, se han ensañado con los manifestantes y se suman a las campañas de individualización y criminalización, poniendo el foco en aquellos sucesos donde terceros han aprovechado el caos para realizar saqueos, como estrategia para camuflar el descontento social y la reprimenda que deja un saldo de 11 civiles muertos por arma de fuego en la capital, aproximadamente un centenar de heridos por esta misma causa en el país, todo esto en los primeros cálculos oficiales.
En un pronunciamiento conjunto fechado el 9 de septiembre de 2020, se presenta un balance parcial de los hechos, por parte de organizaciones de DDHH[4], donde denuncian los graves excesos de la fuerza pública, la persecución e intimidación a defensores de derechos humanos, las víctimas fatales y una cantidad avasalladora de lesiones, entre las que destacan las producidas por disparos de armas de fuego provenientes en gran parte de uniformados y “ciudadanos de bien”, herederos de las CONVIVIR.
Entre las víctimas: Jonathan Urrea, quien presenta una herida en la rodilla; Juan Sebastián Banza, con un proyectil en el hombro; Luisa Fernanda Tirado Rojas, de 16 años, quien presenta una herida también de bala en el cuello.[5] Igualmente, Robert Valencia, de 35 años de edad, herido de bala en el pecho, al interior de su vivienda; Michael Duván Sánchez, quien presenta herida en la pierna, arma de fuego; Edison Ferney Peralta, de 17 años, le dispararon agentes de la policía, recibió dos disparos, uno en la pierna y otro en el brazo[6]. De la misma forma, Iván Castellanos, de 27 años, fue herido con proyectil de arma de fuego en el pie derecho; Wilfer Lenin Esneider de 36 años de edad, le impactó un proyectil en el tobillo; Luisa Fernanda Beltrán, fue herida en la rodilla presuntamente con un proyectil de bala; Farley Garzón Marín, de 23 años, sufrió un impacto de bala en la pierna derecha y Manuel Fernández Acevedo, herido por un proyectil en la espalda.[7]
Sumado a este informe, en redes sociales han sido difundidas imágenes de personas vestidas de civil, quienes reciben y hacen uso de armas de fuego, ante la mirada tolerante y complaciente de personal de la Policía Nacional. Así mismo, ha podido ser establecido en los videos, el uso de armas de fuego por parte de uniformados.
https://twitter.com/saintbabtist/status/1303927799103750144?s=20
¿En Medellín qué?
En Medellín también hubo respuesta -guardadas proporciones- por parte de diferentes sectores, organizaciones sociales, así como de ciudadanía no organizada, quienes evidentemente indignados, salieron a las calles y de distintas maneras manifestaron el sentimiento de rabia y solidaridad. Sin embargo, en esta ciudad se evidenció de manera abierta la acción conjunta entre las estructuras paramilitares urbanas todavía denominadas CONVIVIR[8] con la policía.
El pasado jueves 10 de septiembre, tras las protestas en la ciudad de Medellín, varios individuos pertenecientes a las estructuras delincuenciales que operan en el centro de la ciudad, atacaron a los manifestantes con puñales mientras ejercían intimidación verbal, asegurando que tenían “orden de la policía metropolitana de acabar con la movilización”, en estos hechos se produjeron una serie de robos e incluso intentos de retención por parte de civiles armados. Aún se desconoce si hay denuncias de desaparición tras los hechos, pero se pide a las organizaciones de derechos humanos estar al tanto y a los observatorios de conflicto urbano en la ciudad, estar alertas ante el presunto vínculo entre estas estructuras y la policía.
Finalmente, se hace un llamado a los manifestantes y a la ciudadanía en general al cuidado colectivo y se recuerda que al día de hoy las estructuras denominadas CONVIVIR, que tuvieron nexos comprobados con instituciones estatales y el paramilitarismo, mantienen operaciones en el centro y la periferia de la ciudad, confirmando la actualidad de la protección criminal organizada en el Valle de Aburrá y la permanencia del paramilitarismo en las ciudades.
[1] http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020.
[2] Ibíd
[3]https://www.contagioradio.com/971-defensores-de-dd-hh-y-lideres-han-sido-asesinados-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/cifras-de-indepaz
[4]Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, Campaña “No Más Derechos Vulnerados Por Los Uniformados”, Yuri Neira (Padre Nicolás Neira asesinado por ESMAD) Fundación Nicolás Neira, Fundación Carlos Pedraza.
[5]https://cjlibertad.org/publicaciones-28/95-denuncias/1446-accion-urgente-frente-a-los-hechos-presentado-el-09-de-septiembre-en-colombia.html
[6] https://twitter.com/ElParcheCritico/status/1303896346169094144?s=20
[7]https://cjlibertad.org/publicaciones-28/95-denuncias/1446-accion-urgente-frente-a-los-hechos-presentado-el-09-de-septiembre-en-colombia.html
[8]*https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605402 Material de Archivo, Año 1997, «El gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha sido uno de los principales defensores de las Convivir, toda vez que en su departamento está hoy amenazado por el avance del secuestro, de la extorsión y la violación general de los derechos humanos.»
*https://analisisurbano.org/el-centro-de-medellin-esta-en-manos-del-crimen-urbano/32846/
«Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) fueron un experimento paraestatal creado en la década de los noventa con la finalidad de proveer protección a comerciantes y ganaderos. Esta figura, que años después se desdibujó y se materializó en la organización con fachada legal e ilegal del aparato paramilitar y mafioso, primero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y luego en la confederación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la actualidad la conforman 35 agrupaciones que hacen parte de la Oficina del Valle de Aburrá, conocida como la Oficina de Envigado.
En Medellín, en la comuna 10 (La Candelaria), aún están vigentes las Convivir y obedecen a diferentes bandas paramilitarizadas que tienen presencia en las comunas, entre ellas: La Terraza, Los Chamizos, Los Pesebreros, que a su vez ellas representan las dos líneas de la Oficina del Valle de Aburrá.»
*https://analisisurbano.org/en-video-sin-problema-las-convivir-cobran-vacuna-y-hurtan-en-el-centro-de-medellin/66504/