Por Fernando Cuervo /Presidente CNAI
La Corporación Nuevo Arco Iris es hija de un Acuerdo de paz (1994) y de la Constitución de 1991. Como tal ha sido protagonista y testigo de los acontecimientos políticos en torno a la implementación de ambos avances institucionales del país. Pero también ha sido víctima de la violencia estatal y paraestatal ejercida contra los valores democráticos y la sociedad civil colombiana.
Entre los 6402 “falsos positivos” durante el gobierno de Uribe y documentados por la JEP, encontramos el caso de “La Galleta” cuando se desaparecieron y asesinaron campesinos, haciéndolos pasar como guerrilleros caídos en combate e identificándose sus autores como autodefensas, para que la posterior investigación judicial revelara la directa responsabilidad del Ejército Colombiano.
La finca “La Galleta” era propiedad de la Sociedad Agropecuaria Horizontes, de desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista en Antioquia. Durante muchos años este caso estuvo en los estrados judiciales hasta que se demostró la responsabilidad del Estado en cabeza del Ejército Nacional. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a los militares miembros de la Cuarta Brigada del Ejército como autores responsables de los delitos de homicidio y secuestro extorsivo y además develó un comportamiento sistemático de las Fuerzas Armadas durante la “Seguridad Democrática”. Y ordenó al Ejército Nacional pedir perdón a las víctimas y a la sociedad. El Acto se realizó el 12 de Octubre de 2021 en la Casa Museo de la Memoria de Medellín.
En su calidad de víctima la CNAI participó el 2 y 3 de Diciembre en el Encuentro Nacional de las organizaciones sujetos de Reparación Colectiva agrupadas en la red REPARAR y la las organizaciones de Reparación Colectiva territoriales. Allí se hizo una evaluación de los avances, dificultades y perspectivas de la Reparación Colectiva de acuerdo con la Ley de Víctimas (1448 de 2011), encontrando como situación generalizada el incumplimiento del Estado en cabeza de la UARIV, revictimizando e incumpliendo derechos consagrados en la Constitución y Sentencias de la Corte. Ante este panorama, cuya gravedad fue compartida por la propia Procuraduría General en su Informe Anual, quedó como tarea la demanda ante las instituciones internacionales defensoras de los derechos humanos y valedoras del Acuerdo de Paz, por el incumplimiento del Estado Colombiano a las víctimas.
Estamos en un contexto de final del Gobierno Duque y ad portas de nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales. El Gobierno saliente del Centro Democrático, con la más baja popularidad en los últimos años, cuya promesa era “hacer trizas el acuerdo de paz”, de verdad se opuso activamente a su consolidación, por lo cual el balance de las ONGs nacionales y de las instituciones internacionales muestra resultados deplorables en relación a las metas establecidas por el Acuerdo. Por ello la paz se convierte en un tema bisagra para un real proyecto de reconciliación y la búsqueda de una paz completa con actores como el ELN, para evitar un nuevo ciclo de violencia como la que estamos atravesando con decenas de masacres, asesinato de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Entre las trabas del Gobierno Duque al Acuerdo de Paz, la reglamentación de la Circunscripción Especial para las Víctimas tuvo que ser ordenada por la Corte Constitucional. Su falta de interés y ausencia de pedagogía frente al derecho de los millones de víctimas del conflicto que reivindican su propia voz en el Congreso, está ahora al acecho de la politiquería tradicional y de los propios victimarios para suplantar los intereses de la población agredida.
En el análisis de la campaña electoral se visibilizan tres grandes coaliciones que representan la derecha colombiana, el centro al que muchos candidatos se camuflan para disfrazar su espíritu continuista, y el sector de la izquierda moderada que tiene propuestas de cambio partiendo de la necesaria transición energética frente al cambio climático, la denuncia de la corrupción en el Estado y un vuelco a la economía, partiendo de la agricultura familiar, pequeña y mediana, y la apuesta por la industria nacional frente a los tratados de libre comercio que favorecen sólo la importación desde las economías desarrolladas, como pilares para salir de la crisis nacional.
Por último, este número 24 de la Revista Arcanos conmemora los 5 años del Acuerdo de Paz, con una sensación de pocos avances en la implementación por parte del Estado, pero en cambio un alto compromiso de los reincorporados con el proceso. Frente a ello, se patenta la indolencia del gobierno ante la nueva oleada de violencia en los territorios. Un gobierno al que solo le preocupa su “paz con legalidad”, que no registra cambios e inversión social en estos territorios que fueron blanco de la violencia y hoy están en disputa por diferentes actores armados, con economías ilegales y narcotráfico.
A pesar de toda la traba que puso el gobierno para reglamentar la circunscripción especial para las víctimas aprobadas en el acuerdo de paz, finalmente salió la reglamentación, con la situación de falta de pedagogía y poco interés del Estado para que las victimas accedan a las curules y puedan desde allí llevar una vocería de las más de 9 millones de víctimas y reivindique sus derechos. Sin embargo, ya toda la politiquería esta tras estas curules que le permita recuadrar sus mayorías, que bien desprestigiadas están.
En la campaña electoral a la presidencia se visibilizan muchos candidatos, pero en resumidas cuentas son tres sectores: la extrema derecha que mantiene sus mismas propuestas, sin perspectivas de solución a la crisis del país; el otro sector es el llamado centro, que termina siendo incoloro pero con un alto contenido de continuismo, con la diferencia que tiene propuestas alrededor de la paz; progresistas es el otro sector de una izquierda moderada que tiene propuestas de cambio, en relación a la corrupción, cambio climático y darle un vuelco hacia una economía partiendo de la agricultura y la industria nacional como pilares para salir de la crisis nacional.
Por último, se conmemoraron los 5 años de Acuerdo de Paz con la llegada de Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con una sensación de pocos avances en la implementación, pero en fin de cuentas un alto compromiso de los reincorporados de continuar en el proceso, mientras el gobierno sigue indolente ante la nueva oleada de violencia en los territorios. Un gobierno al que solo le preocupa su “paz con legalidad” que en últimas no registra cambios e inversión social en estos territorios que fueron blanco de la violencia, que hoy son disputa de diferentes actores armados, en economías ilegales y narcotráfico.