Por Walter Aldana
El departamento del Cauca tiene una extensión de 29.308 kilómetros cuadrados, enmarcada en 42 municipios divididos política
administrativamente en corregimientos, veredas y en algunos casos distritos, además de resguardos indígenas y Consejos Comunitarios afro, con una población de 1.415.933 habitantes, 50,65% de la población son hombres y el 49,35% mujeres, distribuidos 853.774 en área urbana y 573.164 en la parte rural.
Desde la independencia y el cimiento de la república, hemos jugado un papel preponderante en la construcción de la nación colombiana, tanto así que puedo afirmar que“los padres de la patria caucanos nos dieron la supuesta independencia y se quedaron con la tierra”.
Casi doscientos años después, las comunidades organizadas en nuestro departamento han avanzado en la conceptualización de tierra a territorio, lo que quiere decir que se comprende la integralidad del mismo: salud, educación, manejo de lo ambiental, autoridad y gobierno propio son desarrollos tanto de las comunidades étnicas (cabildos en un número de 120 y 17 consejos comunitarios afro reconocidos por el Ministerio del Interior), como del campesinado en las zonas de reserva campesina (ley 160 de 1994).
En el año 2000, con el presidente Pastrana, según el líder campesino Cristóbal Guamanga “se hizo un acuerdo con el gobierno para la financiación de los planes de desarrollo para los municipios de Inzá, Páez, Totoró, Caloto, Corinto, Miranda, La Vega y Patía” (1).
Agua, minería y defensa del buen vivir
El Macizo Colombiano es la fábrica de agua más importante del país, en él nacen los ríos Magdalena, Cauca, Putumayo y Caquetá; aunque en el siglo anterior la minería de oro en la Costa Pacífica y algunas localidades como Almaguer en el sur del Cauca se convirtieron en fuente de ingresos, en las últimas décadas la extracción de minerales de manera ilegal, la utilización de maquinaria amarilla y el uso de mercurio y otros venenos que afectan las fuentes hídricas, han sido enfrentadas por consultas populares sobre su uso o no, en Mercaderes (3 de agosto del 2019) y próximamente en Florencia al sur del Cauca (19 de diciembre, 2021).
La organización social y sus propuestas
Algunas de las organizaciones sociales del Cauca son: Cric, Acinc, Anuc, Aconc, Coco Cauca, Cima, Pupsoc, Anzorc, Coccam, Movimiento campesino de Cajibio, Ordeurca, Ruta Pacífica de las Mujeres, Red de Mujeres del Cauca, Red de Derechos Humanos ‘Isaías Cifuentes’, Red por la Vida y los dh del Cauca, Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado, Cut, Asoinca y Cosurca.
La implementación de los acuerdos de paz con Farc-Ep, es derecho transversal en todas las miradas de futuro para cada sector social, así como la lucha contra las violencias de género; de igual forma la “Unidad, tierra, cultura y autonomía”, consigna programática de los pueblos indígenas agrupados departamentalmente en el Cric, así como el “Plan de vida por el buen vivir de los consejos comunitarios afro” y los territorios agro- ecológicos y agro-ambientales del campesinado, se han convertido en exigibilidad de derechos desde las comunidades organizadas. Es por ello que el reconocimiento e interlocución directa con el Presidente de la República ha sido la propuesta liderada por los indígenas a través de la Minga étnica,
campesina y popular, para avanzar en el desarrollo de la ley 70 de 1993 de negritudes, la ̈liberación de la madre tierra” y el reconocimiento del campesinado como sujeto diferencial de derechos, como los tres grandes aspectos agitados y presentados en las agendas, sin desconocer las dinámicas en alza con relación a las apuestas de las organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, del animalismo, los ambientalistas y los artistas.
La movilización como herramienta de gestión
Por años se debate en el Cauca sobre el método, la herramienta a utilizar para lograr la atención de la institucionalidad en la exigencia de derechos. El gobierno y la derecha hacen “vehementes” llamados a la aplicación de la autoridad cuando comunidades se desplazan de sus sitios de origen a la panamericana, vía de conexión intercontinental; olvidan, como diría Santo Thomas de Aquino, que “la autoridad deviene de la justicia”.
Más de mil acuerdos entre la institucionalidad y las organizaciones sociales han sido firmados, de tal manera que en los últimos años las comunidades se movilizan, el gobierno dilata la atención a sus demandas para establecer la mesa de negociación (a veces con resultados lamentables de pérdidas de vidas), finalmente se sienta, firma acuerdos y paso siguiente los incumple, en la creencia que estos vinculan tan solo al gobierno que los firma y no al Estado
En alguna oportunidad intentamos generar una dinámica a la que le llamamos “gestión continua”: focalizar inversión de recursos públicos tipo PNR que priorizó inversiones, pero sobre todo generó la participación comunitaria en las definiciones y ayudó en la formación de líderes y lideresas populares.
La respuesta institucional
Amparados en el modelo económico neoliberal “nacido como una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos en la década de 1930” (2), lo aplicaron en nuestro país desde el gobierno del jefe eterno del partido Liberal, César Gaviria, quien con su programa de gobierno “Bienvenidos al futuro”, avanzó en la privatización de los servicios esenciales para los colombianos, el aperturismo económico, sin protección a la producción nacional, y quebró a la mayoría de los pequeños y medianos agro-industriales.
El asistencialismo como cooptación de voluntades
Y para suavizar el impacto del modelo extractivista y devastador, se dieron a la tarea de diseñar programas “sociales”, para la muestra un botón: “Familias en Acción es el programa de Prosperidad Social que apoya a la población en condición de pobreza y pobreza extrema, focalizada con base en los datos del Sisbén IV, a través de la entrega condicionada de incentivos de salud y educación”. (3)
Las cifras del miedo
A cinco años de la firma del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, las cifras son escalofriantes. A nivel nacional han sido asesinados 1.270 lideresas y/o líderes y 299 firmantes del Acuerdo de Paz; se han registrado 179 masacres entre enero de 2020 y noviembre de 2021; las comunidades de 115 municipios han sido víctimas sistemáticas de estas agresiones y de violencia armada; más de 500 organizaciones sociales han sido víctimas de amenazas que impactan a por lo menos
4.000 lideresas y líderes; el desplazamiento forzado ha afectado a más de 250.000 personas con impacto grave en 50 municipios; desde 2017 ha venido creciendo el número de asesinatos, masacres y desplazamiento, con el pico más alto en 2020 en medio de la pandemia. (4)
Y en el Cauca se registran durante este quinquenio 14 masacres, 99 asesinados, ello en el marco de las 906 agresiones sufridas por los liderazgos sociales desde la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, además de amenazas y desplazamientos forzados.
Cauca: el laboratorio para lo armado
Es este hermoso pedazo de territorio patrio, laboratorio de construcción y afianzamiento de grupos armados; a la experiencia del M19, el Eln, las Farc-Ep, emularon pequeños grupos como el de Javier Delgado, cabecilla guerrillero del frente Ricardo Franco, el movimiento Jaime Bateman Cayón, disidente de la negociación con el M19, y experiencias muy propias como el Quintín Lame y las autodefensas de Ortega en el municipio de Cajibio.
Una tradición guerrera de nuestros indígenas Paeces, la participación en las guerras de independencia, la pobreza, el ser una entidad territorial dispersa y con pocas oportunidades de ingresos para sus pobladores, la topografía que garantiza seguridad terrestre para el combate, rutas hacia el Pacífico medio Caucano, el centro del país y la vecindad con Nariño, departamento fronterizo, son, entre otros, los aspectos que nos hacen región de interés para el posicionamiento territorial de los grupos armados.
Pequeñas y pequeños productores de la hoja de coca y la economia de la supervivencia
Tal y como lo reseña el Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, las y los pequeños productores de marihuana, coca y amapola, no son delincuentes, son el eslabón más débil de la cadena; en el Cauca alrededor de 17 mil hectáreas están sembradas de hoja de coca, aproximadamente unas siete mil por pequeños productores y las restantes diez mil, en manos de grandes productores.
Nuestra realidad de ser un departamento caracterizado por su ruralidad (el 62% habita los espacios no urbanos) y el minifundio y la tierra heredada familiarmente se expresa y evidencia en cualquier tipo de producción; con documento, promesa de venta y muy pocas escrituras identifican los campesinos sus propiedades. Otra cosa son los “parques naturales” y baldíos de la nación, que han venido siendo ocupadas por efecto del crecimiento de las familias, la llegada de colonos y la ampliación de la frontera de cultivos de uso ilícito.
Ante el fracaso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), otra propuesta concertada entre el próximo gobierno y los cultivadores tendrá que retomar la experiencia del pasado con relación a habilitar la “ventanilla siniestra del Banco de la República”, donde se “legalice” una parte del capital, con la condición de ser invertido en el desarrollo regional.
En un año en Cauca se mueve lo de una reforma tributaria
El Cauca tiene sembradas 17.356 hectáreas de coca, según UNODC, produciendo 4 kilos de pasta base cada
una, dando como resultado 69.424 al año, esto por cuatro cosechas son 277.696 mil kilos de pasta base, (5) que al perder el 25% al pasar a clorhidrato nos dan 208.272 mil kilos de cocaína pura al año, cada kilo con un valor de U$ 37 mil dólares, son alrededor de 24 billones de pesos, lo de una reforma tributaria… y solo en Cauca; ¿La pregunta es… para dónde se va esa plata?
La estigmatización del suroccidente: un cobro electoral presidencial.
El suroccidente colombiano votó mayoritariamente en el 2018 por Gustavo Petro (y lo volverá a hacer en el próximo 2022), y eso fue suficiente para que en el caso del Cauca, se hayan reducido los giros de ley determinados en el sistema general de participaciones, “nos subieron los vidrios del carro”: unas sillas rimax en Cajibio, cinco botes con motor fuera de borda en Timbiqui y una placa de cemento para una cancha donde jugar futbolito en Guapi, fueron entre otras las “inversiones” del alto comisionado de Paz Miguel Ceballos, en el marco del Plan de Intervención Social del Cauca, en concordancia con el Decreto 179 de 2019, (6) mientras la muerte se paseaba en el año del covid (2020) por los campos de nuestro departamento, y también la muerte criminal, dejando según Paulina Morales, quien cita a Indepaz, la escalofriante cifra de “99 defensoras y líderes sociales y de dh asesinados”. (7)
Proceso de paz y reposicionamiento de los grupos armados
A la firma del acuerdo y la salida de los territorios ocupados históricamente por las unidades que componían los frentes y compañías guerrilleras de las Farc-Ep, las organizaciones sociales, opinadores políticos y estudiosos de la academia, insistimos en la urgencia de copar los territorios con inversión social, oportunidades reales y dignas de ingresos, así como la necesidad de avanzar en la negociación con el Eln, con el cual la mesa está desestabilizada y hace falta el acuerdo de carácter político- militar.
Lo que siguió en el tiempo nos permitió reafirmar la tesis de que Colombia está tomada por una clase política emergente desde principios de este siglo, que usa al narcotráfico para afianzar su poder económico, político y social, donde las actividades de transformación y comercialización con resultados financieros astronómicos explican igualmente el poco interés de combatirlo con decisión; la debilidad del PNIS, la poca efectividad en la confiscación de precursores químicos, gasolina y “búsqueda” de los dineros producto de la actividad en las ramas “legales” de la economía y en los paraísos fiscales, así lo hacen ver.
Carácter político o de negocio, pobreza, cultivos de uso ilícito, aislamiento del “desarrollo”, son aspectos claves que explican la presencia en nuestro departamento de las siguientes estructuras: de las disidencias de las antiguas Farc, columna ‘Jaime Martínez’, opera en el Noroccidente y Centro, columna ‘Dagoberto Ramos’ con presencia en Nororiente del Cauca, columna ‘Carlos Patiño’ de influencia en los municipios de Balboa, Patía, Argelia, Tambo, Cajibío, Guapi, López y Timbiqui, y la Segunda Marquetalia disputándose Argelia; del ELN, Frente Manuel Vásquez Castaño, Frente José María Becerra, Compañía Camilo Cienfuegos, Compañía Milton Hernández, con áreas de acción principal en
Costa Pacífica, Alto Patía y Macizo Caucano; del EPL, Frente Andrey Peñaranda Ramírez, con área de acción principal en Norte del Cauca; del Clan del Golfo, en la Costa Pacífica y Norte del Cauca; y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (aparición por comunicados escritos)
A manera de conclusión
En el Cauca se expresa la puja por la hegemonía de uno de los dos modelos (el extractivista arrasador incluso de los recursos naturales, con su lógica privatizadora versus el conservacionista, protector de la producción y convencido de la necesidad del regreso de la administración de los servicios públicos al gobierno, sin desconocer el derecho de lo privado, pero siendo competitivo por la vía del uso de la plusvalía para su reinversión en subsidios a los sectores de la población más frágiles económicamente hablando.
En disputa por el territorio, el agua y los mega proyectos
La lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto diferencial de derechos, está íntimamente ligada a la defensa y protección del ecosistema del Macizo, requieren ser reconocidos como mayores de edad políticos; para que se formalice la interlocución comunidad – gobierno, agua, minería y proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, son oportunidades para el modelo aperturista neoliberal y amenaza para una cosmovisión conservacionista, que no por ello quiere decir enemiga del desarrollo, también conocida como decrecimiento.
Respuesta institucional al filo de la dinámica político- electoral nacional y regional
La liberación para las administraciones gubernamentales de la aplicación de la ley de garantías mediante la aprobación y sanción de la Ley 2159 por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, la cual, además de desarrollar el Presupuesto General de la Nación para el 2022, por medio del artículo 124 modifica parcialmente el inciso primero parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías, referente a la prohibición de celebrar convenios interadministrativos en el periodo de elecciones a la presidencia de la República (8).
Vulgar acción de campaña propiciada desde el ejecutivo para enfrentar el crecimiento del Pacto Histórico en la favorabilidad electoral con la rapidez de la gacela: presidente, gobernadores y alcaldes, salen a prometer obras de cemento y arena, encontrando igualmente “financiadores de campaña electoral” para las apuestas de los partidos de gobierno.
Mínimo nivel de implementación del Acuerdo de Paz
De la implementación del Acuerdo de Paz en los 17 Municipios Pdet, tan solo se han desarrollado sus contenidos en un alto porcentaje publicitario ya que para el partido de gobierno su cumplimiento fortalecería al hoy partido de los Comunes, antigua guerrilla de las Farc-ep.
Además de hábilmente haber endosado al plan de desarrollo departamental y a los planes municipales la financiación de al menos el 30% de las obras priorizadas en el ejercicio comunitario, con los recursos de regalías, los aportes del nivel central están consignados a través de los ministerios e institutos descentralizados, dineros apropiados de obligatoria inversión desde el sistema general de participaciones.
La autoridad de la gente del monte
Volvimos a la época en que el silencio se convirtió en el seguro de vida, que la incertidumbre es la constante en los territorios, no sabemos quién nos habla, en veredas y corregimientos vamos poco a poco en medio de las balas grabándonos en la memoria nuevos nombres de actores armados (la Patiño, la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, etc.), que imponen ley seca y toque de queda por los caminos del Cauca, volvimos a tener como autoridad a la gente del monte.
Elecciones 2022: entre la esperanza y el miedo.
La expectativa está en las elecciones del 2022, en resultados de triunfo, proceso más humano; los sueños de una sociedad menos desigual, con oportunidades para las y los caucanos, en general para quienes habitamos este territorio, que nos negamos a vivir sin esperanza de cambio y abogamos por la utilización de otros medios diferentes al accionar armado para dirimir nuestras diferencias, tendremos como siempre navidad, pero esta vez quizás la alegría se extienda más allá, llegando a mayo, quizás sea el mes de nuestra primavera!!!.
Referencias
1. Verdad Abierta, 7 julio 2021 ¿Habrá Zonas de Reserva Campesina en Valle y Cauca? https://verdadabierta.com/ habra-zonas-de-reserva-campesina-en-valle-y-cauca.
2. Wikipedia.org.
3. Familias en Acción inicia inscripciones. https://www.gov.
co/noticias/detalle/260
4. Registros del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, noviembre 24 de 2021.
5. Colombia, monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020, informe emitido en Julio 2021. UNODC.
6. Territorios de paz. Plan Cauca. Resumen ejecutivo. http:// www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oficina/en-el- territorio/plan-social-del-cauca
7. Caracol Radio, Paulina Morales Valencia, 05/01/2021.
8. Observatorio del conflicto de la Fundación Tierra de Paz.