Ante el orden público la respuesta de siempre

Por Walter Aldana

  Frente a la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, Alias Otoniel, Jefe máximo de una de las organizaciones más fuertes de composición narco-paramilitar y de variados nombres tales como: Clan del Golfo, ​ también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la respuesta institucional es la de siempre. .

Todas y todos recordamos la «famosa captura»: el cambuche mejor tendido que las camas de mi casa, las botas de Otoniel limpias y ni un solo disparo, en la aprehensión del manda más de una organización de cobertura nacional, esa vez y con esa información nos vieron la cara cuadrada.

El máximo cabecilla declaró ante la Jurisdicción especial para la paz JEP, que no fue capturado, sino que se entregó voluntariamente, este hombre que se relacionó inicialmente con las Farc-Ep, el Epl y luego, con las Auc.

De lo más contradictorio es que el 29 de abril de 2022 el Consejo de Estado suspende la extradición de Otoniel, en respuesta a una demanda presentada por las víctimas con el argumento de “no afectar el proceso” y el derecho a la verdad para las víctimas, luego sorpresivamente (ante la cascada de declaraciones de este jefe, que involucra a altos funcionarios civiles y militares, es la misma entidad que determina de manera sorpresiva el pasado 4 de mayo de 2022 autorizar su extradición con el argumento de que “las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la adopción de la medida han desaparecido”.

Antes de suceder lo descrito anteriormente, la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición y obviamente el presidente Duque se “afanó” a firmarla.

Expresó el primer mandatario que: “»Este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país»

Estados unidos ofrecía 5 millones de dólares por él, y Colombia hasta 3.000 millones de pesos.

Que poca confianza en la justicia colombiana dirían algunos, otros analizarían de fondo el interés de que no se sepan muchas verdades que afectarían el statu quo. Y a muchos políticos, militares y altos dirigentes colombianos.

Recompensas como en el lejano oeste, aumento de pie de fuerza y simple registro de masacres, asesinatos selectivos, así como de los desplazamientos, que por miles seguirá generando este grupo armado, que con 3.000 hombres armas y 1.600 en su red de apoyo, con presencia en 237 municipios de 23 departamentos.

Hasta cuándo seguirá este gobierno, conhestando con esas realidades: presencias de armados y poca o nula efectividad operativa.