Por Julio Arenas y Henry Cuervo / Observatorio del Conflicto, Corporación Nuevo Arco Iris. 11 de mayo de 2022
El proceso de alias Otoniel, desde su captura[1] hasta el momento de su extradición[2] y sus efectos en el paro armado, ha estado lleno de ocultamientos, cortinas de humo, montajes judiciales y tácticas de terrorismo mediático, solo comparables con la perversa estrategia de “blanqueamiento” de los grupos neonazis que actúan como bandas mercenarias paramilitares de extrema derecha en el conflicto entre Ucrania y Rusia, organizaciones criminales a las que la prensa occidental y el aparato propagandístico ucraniano presentan como “luchadores por la libertad” contra la invasión Rusa.[3]
Es patético el modo como el gobierno de Iván Duque ha activado los mayores dispositivos de persecución y difamación contra los sectores de victimas del paramilitarismo en Urabá, Choco, Córdoba y Casanare, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, que han levantado su voz y disenso a la retórica gubernamental, reclamando la importancia de que Dairo de Jesús Úsuga fuese escuchado por los tribunales colombianos, para que se conozca toda la verdad sobre los crímenes del paramilitarismo en esos territorios y las relaciones de estas estructuras armadas con empresarios, políticos, altos oficiales del ejercito y la policía, multinacionales, así como alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos entre los años de 1995 hasta el 2021, e incluso la época actual.
No es para menos, este gobierno en el que el poder mafioso ha controlado las altas esferas del ejecutivo, las Fuerzas Armadas y los organismos de control, en un proyecto autoritario de extrema derecha que busca controlar todos los engranajes institucionales del estado para ponerlos al servicio de los intereses de las mafias del narcotráfico ligadas al Uribismo, no tiene limites a la hora de justificar lo injustificable, este es el terrible daño que los cuatro (4) años del gobierno Duque le han hecho a la débil democracia colombiana.
Las contradicciones de la captura de Otoniel
Para el presidente Iván Duque, su ministro de defensa Diego Molano y el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, la operación de captura[4] fue un éxito rotundo en donde funcionó como un reloj la cooperación entre fuerzas espaciales, ejército, policía y agencias extranjeras como la DEA y el FBI de los Estados Unidos; es más, gracias a la cooperación ciudadana y a la política de recompensas de las cuales se pagaron 3.000 millones de pesos “ se pudo dar con la guarida de este peligrosísimo criminal”.
Por su parte Otoniel en la primera declaración ante la JEP, declara bajo juramento que no lo capturaron, que él se entregó[5], describió que días antes avanzó con su anillo de seguridad hasta el área rural de Necoclí en Antioquia y se entregó voluntariamente a un pequeño grupo de soldados que se sorprendieron cuando una vez reducido por los militares se identificó como alias Otoniel.
Pero la pregunta que surge entonces es ¿por qué se entregó Otoniel y cómo sabía de los operativos? De acuerdo a las investigaciones que realizó la Corporación Nuevo Arco Iris, en adelante CNAI, lo que le manifestó Otoniel a sus abogados fue que los altos mandos de la policía y el ejército, los batallones, guarniciones y cuarteles de la región de Urabá, Córdoba y norte del Choco, incluida la armada nacional, están en la nomina de las Autodefensas Gaitanistas, estos oficiales reciben pagos o sobornos de esta estructura armada para permitir la fabricación y tráfico de narcóticos, el movimiento de sus hombres por corredores estratégicos de control en los litorales atlántico y pacífico cercanos al istmo de Panamá y al tapón del Darién por donde salen los cargamentos de droga hacia el caribe y el pacífico, y por ultimo y no menos importante, acceso a valiosa información de inteligencia de las FF. AA para evitar que los operativos de la operación “Agamenón”[6] de la policía nacional, dieran con el paradero del líder de las AGC y con los demás integrantes de su estado mayor.
Esa posición privilegiada de anticipar los movimientos tácticos de las tropas de la policía nacional y el ejército en el marco de la operación Agamenón, le permitieron a Otoniel enterarse de un plan militar para matarlo o darlo de baja, mediante un bombardeo a su campamento o la penetración de francotiradores y grupos de élite en sus anillos de seguridad en la zona del nudo del paramillo, en donde estaba ubicado su campamento central. Es decir, el objetivo de la cúpula militar comprometida con el narcotráfico y del gobierno Duque siempre obsecuente a los mandatos de la alta oficialidad mafiosa y el empresariado uribista encargado del lavado de activos del dinero del narcotráfico, era eliminar, asesinar a Otoniel; su captura vivo era un riesgo por lo que pudiera decir ante al justicia ordinaria y la JEP, como evidentemente ocurrió en las audiencias en las que pudo comparecer, antes que fuera extraditado de manera acelerada por parte del gobierno colombiano hacia los Estados Unidos, violando el derecho de las víctimas a conocer la verdad, así como saltándose la ley al impedir que la defensa presentara los recursos legales antes que fuese enviado a los EE.UU.
Esto demuestra la doble agenda del gobierno Duque en materia de seguridad y lucha contra las drogas que tantos cuestionamientos ha recibido por parte de las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, pues por una parte promueve la persecución a objetivos de alto valor estratégico como el caso de los más importantes cabecillas de las AGC, Otoniel, Chiquito malo, Siopas, Gonzalito, golpes que de producirse le generen réditos mediáticos al generalato y al gobierno nacional, especialmente ante la DEA y el gobierno de los EE.UU, pero por otro lado permite y tolera la connivencia de los paramilitares y organizaciones sucesoras con la fuerza pública (policía antinarcóticos, Fuerzas de Tarea Conjunta, Dijín, armada) en los departamentos y las regiones en donde las AGC tienen presencia y control territorial.
Pero la captura de Otoniel en el mes de octubre del año pasado provocó una crisis en las relaciones clandestinas entre miembros corruptos del ejército, la policía, Dijín, protegidos del gobierno Duque y las organización criminal del Clan del Golfo o AGC, debido a que “Otoniel”, el máximo jefe de esta organización, tomó la decisión, una vez en condición de prisionero, de hablar, de entregar la verdad de su actividad delictiva y la de sus socios militares, políticos y económicos ante la JEP, con el objetivo de detener su proceso de extradición y gestionar ante el gobierno nacional una posible salida negociada de sometimiento a la justicia de las AGC.
Ese plan temprano de verdad puso a temblar al establecimiento mafioso que se mueve a sus anchas en las esferas del poder político y de los estamentos del Estado, comprometido hasta los huesos con violaciones a los Derechos Humanos, la corrupción creciente y la cartelización de la contratación pública, que en el periodo de gobierno del presidente Duque ha gozado de mayores favores para realizar sus acciones delictivas, bajo el manto de legalidad que les da ocupar por un lado la dirección del mando de las fuerzas armadas y la policía, con personajes tan cuestionados como el general Zapateiro en el comando general de las FF. AA, el ministro Diego Molano, el peor ministro que ha pasado por la cartera de defensa o la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, involucrada en la red mafiosa dirigida por MEMO FANTASMA, a través de empresas fachadas de construcción para lavar miles de millones en Bogotá y otras ciudades del país. Ante esa amenaza que significó para el generalato mafioso la decisión de Otoniel de rendir testimonio ante la justicia transicional en Colombia, se puso en marcha un plan bien articulado para contener el daño por parte de todo el gobierno nacional y eso es lo más grave de este hecho.
En primer lugar el presidente Duque[7] reclamó histérico el triunfo de su captura y la calificó como el más grande golpe contra el narcotráfico en el mundo desde la muerte de Pablo Escobar, de inmediato ordenó a su ministro de justicia y relaciones exteriores activar la extradición exprés de alias Otoniel hacia los EE.UU. En la Corte Suprema el estudio del proceso de Otoniel pasó a manos del magistrado Diego Corredor Beltran, cercano al presidente Duque y elegido a esta corporación en el año 2019, quien se aseguró de realizar un estudio célere del trámite administrativo de extradición y elaborar un escrito de ponencia positiva para que la sala plena tomara la decisión en tiempo rercord de emitir “CONCEPTO DESFAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América”[8] el día 06 de abril del año 2022.
Mientras se surtían los trámites legales ante la Corte, el presidente de la república ordenó a su ministro de defensa Diego Molano y al alto mando de la policía nacional, aislar al jefe del Clan del Golfo en las instalaciones de la DIJIN en Bogotá bajo la custodia estricta del mayor general Fernando Murillo Orrego, director de esta institución.
Por su parte, el general Murillo Orrego no solo custodió a Otoniel sino que puso a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional (DIJIN) a realizar labores de inteligencia que rayan en la ilegalidad con el objetivo de espiar mediante grabaciones y videos al equipo de abogados defensores de alias Otoniel, así como a miembros de la Comisión de la Verdad como el ya conocido caso del magistrado Alejandro Valencia[9] a quien grabaron cuando realizaba entrevistas de carácter reservado a Otoniel para incluirlas en el informe final de la CEV en el apartado sobre violaciones a los DD. HH en la región de Urabá y Córdoba por parte de grupos guerrilleros como las FARC, EPL y estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia entre los años de 1991 hasta el año 2006:
“Una celda donde hay cámaras de seguridad que nos están filmando constantemente, donde él no se siente cómodo, pues nosotros tampoco, y donde él dice que aquí debe haber micrófonos, y efectivamente hay cosas que no nos quiere decir, él inmediatamente dice: mire yo no voy a hablar de eso porque nos están grabando.” Estamos encontrando obstáculos para que ‘Otoniel’ diga la verdad: Comisionado Alejandro Valencia, CEV. Entrevista a Colprensa 20 de febrero de 2022.
E incluso obstáculos a líderes de organizaciones de víctimas del paramilitarismo que se acreditaron ante la JEP en el macro caso 04[10] (Situación territorial de la región de Urabá) y solicitaron como es su derecho escuchar los testimonios de Dairo Antonio Úsuga en las audiencias de la sala de reconocimiento y presentaron peticiones y acciones de tutela solicitando el amparo de sus derechos a la verdad ante la Corte Suprema de Justicia, la JEP (sala SDSJ) e incluso ante el Consejo de Estado, para que se aplicara la suspensión temporal de la medida de extradición a Dairo Antonio Úsuga hasta que entregara verdad sobre los graves casos de violaciones a los DD.HH en los que participó en la región del Urabá, Casanare y Meta.
Simultáneamente el mayor general Murillo desplegó una campaña mediática a través de medios aliados al gobierno Duque como Revista Semana, en especial el periodista Jose Manuel Acevedo[11] y el programa de televisión “los informantes”, por medio de la periodista María del Rosario Arrázola, más conocida como la Nena Arrázola[12], para plantar en la matriz de la opinión pública solo uno de los hechos delictivos de alias Otoniel , “el de un monstruo y depredador sexual” que seguramente lo es, pero ocultando su relación estrecha con el estamento militar y político en Colombia y como esos estamentos permitieron estas prácticas, pero que además fueron cómplices de las acciones de los grupos paramilitares y sucesores del paramilitarismo en las aéreas de influencia de las AGC.
Toda esa diligencia y disposición del jefe de la inteligencia de la policía nacional, el mayor general Murillo Orrego, se debe a órdenes del más alto nivel del estado mayor de las FF. AA. y del gobierno para evitar que Otoniel incriminara a miembros de la policía, el ejército, así como importantes exmilitares y políticos cercanos al uribismo en sus confesiones ante las salas de la JEP y en las escuchas ante la CEV.
Este plan se intensificó a raíz de la captura y las grabaciones descubiertas al paramilitar conocido como alias “Matamba”, en las que se demuestra las alianzas entre exgenerales como Leonardo Barrero con la mafia, las estructuras paramilitares y los mandos del ejército en la región del litoral pacifico, del departamento del Chocó, en el que se pactaron acuerdos para atacar conjuntamente a una disidencia comandada por alias “Sábalo”, enemigo de Matamba, por parte de comandantes del ejército en la zona y con la participación de alias “el padrino” Leonardo Barrero y otros exmilitares comprometidos en el pasado con falsos positivos, como el coronel retirado Robinson González del Rio entre otros exmilitares:
“Leonardo Alfonso Barrero Gordillo (…) excomandante de las Fuerzas Militares aparece reseñado 66 veces en un informe de policía judicial de 663 páginas de la Fiscalía como supuesto colaborador de un grupo de narcotraficantes que opera en el suroccidente del país. La investigación documentó que esta organización ilegal reclutó a oficiales y suboficiales del Ejército para consolidar el monopolio criminal en el departamento de Nariño. “El Espectador, edición del 19 de febrero de 2022 .
La razón es que en la audiencia en la que Otoniel compareció como testigo para el caso 03 o denominada “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”[13], afirmó que desde la época en que él comandaba el bloque Centauros de las AUC en el Casanare, tenían alianzas comprobadas con el general Leonardo Barrero, que en esa época era Comandante de la brigada XVI del ejército en Casanare, así como con el comandante Henry William Torres Escalante y el director del DAS del Casanare Orlando Rivas Tovar, para cometer ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) en ese departamento entre los años 2002 al 2006[14]:
“Uno de los casos de cooperación permanente con nuestro accionar ilegal es el del General Leonardo Barrera Gordillo, quien desde el año 2005 cuando era comandante de la brigada XVI del ejército en Casanare, no solo coordinaba acciones contrainsurgentes en las que produjeron graves violaciones a los Derechos Humanos, sino que también recibía beneficios, pagos en dinero como retribución al apoyo que prestaba al Bloque Centauros de las AUC en el Casanare y después en el Urabá cuando fue comandante del Batallón Junín No 33, para que nos permitiera desarrollar nuestra economía de guerra en esos territorios, fundamentalmente el control de cultivos de coca, transformación de clorhidrato de cocaína en los laboratorios y el transporte hacia las zonas de embarque, otra renta ilegal de la que pagamos cuotas o aportes es la minería ilegal del oro y el tráfico de migrantes por el golfo de Urabá. Esta colaboración continúa después que se conformaron en el año 2009 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC y hasta la época actual.” Escrito de solicitud de Acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz de DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID en calidad de tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor y financiador de grupos paramilitares, presentado a la SDSJ de la JEP el 18 de marzo de 2022.
Pues bien, hasta el momento parece que el plan del régimen uribista del presidente Iván Duque logró su cometido, pues Otoniel fue extraditado a los Estados Unidos y su confesión ante la JEP y la Corte Suprema quedó suspendida indefinidamente y a alias “Matamba” lo extrajeron de un pabellón de alta seguridad de la cárcel la Picota de Bogota, a prueba de fugas, y lo desaparecieron (léase lo asesinaron) tal como afirma la denuncia del dragoniante detenido como el principal sospechoso de la fuga de este delincuente, todo esto bajo la complacencia de las élites mafiosas que mal gobiernan este país.
El epílogo de este primer resumen de la investigación que viene realizando la CNAI, sobre las nuevas dinámicas de violencia en Colombia y su relación con el nuevo papel del ejercito y la policía como regente en la reconfiguración del poder narco paramilitar y mafioso en los territorios de conflicto, posterior a la firma del Acuerdo de Paz, es que la política pública de seguridad y lucha contra las drogas del gobierno del presidente Iván Duque se orientó a blanquear las relaciones de las FF. AA con el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción, ese es el legado que nos deja su nefasto mandato.
[1] 24 de octubre de 2021
[2] 05 de mayo de 2022
[3]¿Tiene Ucrania un problema con la extrema derecha? Los fascistas de otros países (incluida Catalunya ) que han ido al frente a luchar con este regimiento volverán cuando se acabe la guerra y lo harán con formación militar. «Estamos blanqueando grupos nazis. Portal web, mayo 2022.
[4] Ver reporte del gobierno sobre captura de Otoniel
[5] Declaración de Otoniel anta la SAVR de la JEP, magistrada Nadiezsda Hernández
[6] Ver Operación Agamenón
[7] Duque aseguró que la captura de Otoniel es comparable con la caída de Pablo Escobar y afirmó que el Clan del Golfo tiene sentenciado su final. Diario AS, 25 de octubre de 2021[8] Corte Suprema de Justicia, Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). La Sala rinde concepto en relación con el pedido de extradición de DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, ciudadano colombiano requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América
[9] El día 19 de febrero de 2022 se produjo el robo de material del investigador de la Comisión de la Verdad, Eduardo Celis Rodríguez, quien en función de su mandato realizó una entrevista al señor Dairo Antonio Úsuga, el 14 de febrero de 2022
[10] Organizaciones de victimas acreditadas en el caso 03 ante la JEP
[11] ‘Otoniel‘ le salieron defensores por todos lados. Además de los 10 abogados de planta que tiene y las ONG de papel que se la pasan todo el dia presentando derechos de petición y tutelas (…). Periódico el tiempo, 11704/2022
[12]Los secretos, los videos y los detalles de alias ‘Otoniel’, jefe del clan Úsuga, Los informantes, Caracol Televisión, marzo 05 de 29022
[13] Ver comparecencia de Otoniel ante la JEP caso 003
[14] Ver declaración de Otoniel ante la JEP en donde señalo al exgeneral Leonardo Barrero como cómplice de las AUC en la perpetración de falsos positivos en Casanare