Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
A comienzos de 2020, Michel Forst, relator especial de la ONU para los derechos humanos, denunció que el gobierno de Iván Duque había impedido su ingreso al país para culminar la elaboración de su informe relacionado con los crímenes en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
Por aquellos días, también la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU denunciaba en su informe que la situación, con todo y Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC EP, era la peor desde 2014 y resaltaba el incumplimiento por parte del Estado en la labor de protección de la vida e integridad de las personas que lideran las causas sociales desde las regiones.
De hecho, los respectivos informes resaltaban que, en el año 2019 según datos oficiales, el número de personas comprometidas en procesos de liderazgo social asesinadas ascendía a 107. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al seguimiento e investigación en temas de derechos humanos reportaban que las cifras podían ascender al doble o al triple de lo registrado por parte de los organismos estatales, como muestra Pardo en BBC News [1].
De hecho, en sucesivos informes elaborados por Indepaz, particularmente en el Informe consolidado de 2021 [2] se establece que desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo de Paz al 31 de diciembre de ese año, se presentaron 21 asesinatos. En 2017 fueron 207. En 2018, 298. En 2019, 279. En 2020, fueron 310 y en 2021 fueron 171 líderes y lideresas sociales asesinados. A 19 de julio de 2022, con el asesinato de María Piedad Aguirre en Tumaco, departamento de Nariño, barrio Los Ángeles California, quien era miembro de la organización Caminos de Mujer – CCA y del proceso de comunidades Negras -PCN- donde se destacaba como sabedora de la cultura ancestral, Indepaz [3] reporta que el número de personas líderes asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 se eleva a 1.331 personas y, a la fecha en 2022, esta cifra ya está en 104 personas asesinadas.
Es conocido el esfuerzo del gobierno saliente por minimizar las cifras de asesinatos mediante el subterfugio de reportar únicamente cifras consolidadas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a partir de reportes suministrados por la Fiscalía, en procura de restringir el papel de las organizaciones de derechos humanos y centros de investigación que reciben la información directamente desde las organizaciones y de las comunidades.
Así mismo, como lo expresara de manera polémica el presidente Duque en su discurso de instalación del nuevo Congreso de la República el 20 de julio de 2022, el gobierno que culmina siempre pretendió reducir la causa de los asesinatos a los conflictos derivados de la problemática del narcotráfico. Al paso, ha pretendido negar la sistematicidad de estos crímenes y desdibujar otros temas críticos como la lucha por la tierra, los conflictos ambientales y la persecución por parte de grupos de poder que ven afectados sus intereses y privilegios con la lucha social de las y los líderes sociales y comunitarios, quienes son perseguidos por ejercer su derecho a la defensa de su territorio, por oponerse al reclutamiento forzado de menores de edad y de jóvenes, por ejercer el derecho a la protesta y por demandar el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia social.
También es de subrayar, si fuera el caso, que el narcotráfico empeoró en la era Duque y su estrategia de militarización de las regiones para ejecutar procesos de erradicación forzada, en contravía de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, fue un fracaso como muestra Infobae [4]: La Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca estableció que en 2021 el número de hectáreas con cultivos de coca se elevó a 234.000, mientras que en 2018, año de la posesión de Duque, fue de 208.000. Para Camilo González, Presidente de Indepaz, esto representa un incremento del 12%; así en 2020 el número de hectáreas cultivadas con coca estuviera en 245.000. Indepaz resalta que las zonas más afectadas con dichos cultivos son el Magdalena Medio, el Bajo Cauca Antioqueño y el Guaviare. Advierte, así mismo el Presidente de Indepaz que, después de una erradicación forzada de 320.000 hectáreas, decenas de miles de pequeños productores fueron lanzados a la resiembra y a la miseria. A la par de la persistencia en hectáreas sembradas con coca, también se presenta un incremento en el rendimiento de cultivos por hectárea con un aumento de un 22% en la producción de cocaína en 2021 y del 30% en el período 2018-2021 con los consiguientes rendimientos económicos para los narcotraficantes, como reflejo de la devaluación, mientras persiste la guerra contra los campesinos.
Como afirma Hernández en El País [5], “Colombia es el país más peligroso del mundo para los líderes sociales”. El cronista muestra a Tumaco como epicentro del horror. Evidencia el proceso de exterminio de los activistas; en particular, de los indígenas Awá. Expone la disputa de grupos armados ilegales, los cultivos de coca de la región que representa la segunda en área cultivada, después de Tibú en el Catatumbo. En Tumaco, los consejos comunitarios de comunidades negras y los cabildos indígenas, que cuentan con autoridades étnicas ancestrales reconocidas por el Ministerio del Interior, en un contexto de propiedad colectiva de la tierra, el ejercicio del liderazgo comunitario es un rol especial y peligroso.
Los enfrentamientos armados, los confinamientos por la guerra y los campos minados configuran un escenario donde el Estado nunca llegó, a pesar del Acuerdo de Paz. Es el caso del departamento del Chocó, escenario de cruentos enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN por rutas ilegales, la minería ilegal y de narcocultivos donde también opera la fuerza pública contra el ELN y las comunidades, especialmente de poblaciones afro e indígenas que quedan confinadas, desplazadas y se ven afectadas por el reclutamiento forzado de menores.
Los territorios fueron copados por grupos residuales y paramilitares que iniciaron la disputa por el control sobre cultivos de uso ilícito y rutas del narcotráfico. Mientras tanto, líderes sociales y docentes denunciaron el abandono estatal, la pobreza, el hambre, la carencia de agua potable, la precariedad de la infraestructura educativa, la carencia de bibliotecas, la falta de energía eléctrica, de conectividad y la ausencia de protección social por parte del Estado.
Entre 2017 y 2018, tres estructuras se enfrentaron con violencia causando la muerte de civiles. En las riberas del río Mira se ubicaba alias “el Guacho” con un grupo residual de 30 milicianos que tomó el nombre de columna Óliver Sinisterra, mientras alias “don Y” tomó el nombre de Guerrillas Unidas del Pacífico y se enfrentaron en la zona rural, mientras en la zona urbana se enfrentaban grupos comandados por alias “El Pollo” y alias “El Tigre”.
Fueron los líderes comunitarios quienes bajo todo riesgo debieron enfrentar la situación. Mediante gestión de contactos con los jefes de las bandas se logró que estos firmaran un acuerdo de no agresión, a raíz de lo cual dejaron de matar en la ciudad. No obstante, se activaron las casas de pique.
Por su parte, con apoyo del Programa Somos Defensores, la Corporación Regional Yariguies, Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM), junto con la Fundación Conflict Responses (CORE) y Extinction Rebellion Colombia, como muestra Verdad Abierta [6], mediante la construcción de un sistema de información de violaciones contra Lideresas y Líderes Ambientales en Colombia, documenta casos de agresión por intervención en proyectos económicos, obras o acciones de interés público o privado relacionadas con hidrocarburos, minería, deforestación, cultivos de uso ilícito, laboratorios, ganadería, monocultivos y humedales.
Al respecto, documenta 42 casos de agresión traducidos en 11 asesinatos, 19 amenazas, 4 desplazamientos forzados y 8 atentados sufridos por 37 lideresas y líderes ambientales durante los primeros cinco meses de 2022. El monitoreo se realizó en 18 departamentos destacando a La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo donde hay presencia de grupos armados ilegales y actividades extractivas de minería e hidrocarburos, monocultivos y cultivos de uso ilícito. El informe destaca los hechos en Santander (23), Cauca (16) y Antioquia (4), con afectación de población indígena (7 casos), campesinos (2), afro (1) y ambiental (1).
Los casos relevantes de perpetradores de violencia están impunes en 35 casos. En algunos de los informes, los hechos se atribuyen, en tres casos, a las Autodefensas Gaitanistas (AGC), con amenazas colectivas en el Magdalena Medio. Pero, también, la Fuerza Pública está presuntamente involucrada en el asesinato de dos defensores ambientales, en procesos de defensa del territorio contra la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. También, la Columna Jaime Martínez está involucrada en dos asesinatos en el departamento del Cauca. En Cauca y Nariño las disidencias de las FARC, columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos violentan a las comunidades indígenas. También lo hacen las Águilas Negras Bloque Sur Occidental.
La Guardia Indígena, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); los consejeros mayores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) son los más afectados por la violación de derechos humanos por parte de actores armados, legales e ilegales.
Entre sus objetivos primarios, las comunidades indígenas defienden su territorio y luchan por detener la expansión de los cultivos de uso ilícito y los laboratorios de procesamiento, así como el impacto de la contaminación con precursores químicos.
La violencia sistemática, como afirma el informe, afecta los procesos organizativos y la renovación de los liderazgos sociales. También afecta la economía extractivista, particularmente, la intención del gobierno saliente de adelantar pruebas de fracking en el Magdalena Medio. En ello incide el blanqueamiento de capitales y el presunto lavado de activos del narcoparamilitarismo y de las guerrillas mediante contratos de cualquier tipo de bienes y servicios con empresas petroleras y alcaldías municipales de la región.
Se ha presentado intimidación contra la protesta social y los liderazgos comunitarios en Puerto Wilches. Tal es el caso de las amenazas en contra del Colectivo Jóvenes Unidos por Puerto Wilches y del Comité por la Defensa del Agua y el Territorio (Aguawil) que han provocado el exilio de la lideresa Yuvelis Morales.
También, en el Valle del Cauca, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, como muestra Verdad Abierta [7], tienen relación con el interés de los grupos armados ilegales y redes del crimen organizado de explotar el control de diversas rentas ilícitas, dada la privilegiada posición geográfica, la diversidad topográfica y el puerto marítimo por donde se mueven importaciones y exportaciones. También, por ser Cali un centro receptor de comunidades desplazadas de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, para arribar a una ciudad donde siguen bajo amenaza. También, en razón de las conflictividades propias del Valle, heterogéneas según los diversos municipios donde confluyen minería formal e ilegal, rutas de tránsito de mafias, microtráfico, lavado de activos y conflictividades propias de los territorios, en la lucha social y cultural, por mejores condiciones de vida, de trabajo e inclusión social, como se expresó a través del estallido social del año 2021.
Como se puede evidenciar a través de los resultados, el gobierno Duque fue incapaz de garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, de lideresas y líderes sociales, así como de excombatientes, firmantes de los Acuerdos de Paz. El Plan de Atención Oportuna fue un fracaso.
Compete al nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro el garantizar la protección de las comunidades y procurar la implementación integral del Acuerdo de Paz.
De hecho, los nombramientos de Leonor Zalabata, lideresa social Arhuaca como embajadora ante la ONU; de Patricia Tobón, abogada Embera y Comisionada de la Verdad como Directora de La Unidad de Víctimas y de Giovani Yule, sociólogo Nasa, como director de la Unidad de Restitución de Tierras, ponen en evidencia la disposición del nuevo gobierno de Gustavo Petro de empoderar a las comunidades en la gestión de políticas públicas de reparación y consolidación del proceso de paz. De inmediato, voceros del uribismo como Paloma Valencia y Christian Garcés intentaron objetar, especialmente, el nombramiento de Giovani Yule, dados los conflictos por la tierra en el departamento del Cauca y su papel de liderazgo en la lucha por la tierra. En un claro ejercicio de diálogo nacional, Yule ha manifestado la disposición a avanzar por los caminos del apego a las normas constitucionales y legales para avanzar en el cumplimiento de la misión institucional encomendada a la Unidad de Restitución de Tierras cuya agenda es crucial en el cumplimento del Acuerdo de Paz. Tal disposición, también le concierne a la ahora oposición uribista para que el cumplimiento de la ley y del Acuerdo de Paz sea una realidad, especialmente, en el ámbito del acceso a la tierra para los campesinos y comunidades étnicas.
También es vital la implementación del Punto 3.4 del Acuerdo de Paz que se refiere al desmantelamiento de los grupos armados ilegales, bandas criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Así mismo, debe contar con métodos de protección colectiva de las comunidades territoriales y mejorar la capacidad de respuesta a las Alertas Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, en relación con los diversos factores de riesgo en contra de los derechos humanos de las personas y comunidades.
Hasta ahora, el gobierno Duque se ufana de capturas, extradición y bajas en contra de cabecillas de organizaciones criminales. Paradójicamente, ello no ha repercutido en mejoramiento de la protección de las comunidades ni en reparación de víctimas ni satisfacción del derecho a la verdad y a la reparación. La estrategia militar y judicial fragmentada, negacionista de la sistematicidad y centrada en los cabecillas mantiene en actividad el dispositivo militar, a la par que degrada y prolonga la violencia con sus catastróficos efectos en los territorios. Son evidentes sus secuelas de abandono de las comunidades en materia social, de afectación de los derechos humanos, de pérdida del tejido y cohesión social, lo que favorece el control territorial a los grupos armados, de las élites y de los micropoderes que se amparan en la violencia para garantizar su hegemonía.
En tal sentido, se vuelve prioritario el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz. En especial, la implementación de la Reforma Rural Integral, la Reforma Política y el ejercicio del Derecho a la Protesta Social, el desmantelamiento de las bandas criminales mediante soluciones colectivas de sometimiento a la justicia y la negociación del Acuerdo de Paz con el ELN. Así mismo, entra en el orden del día la Solución Integral al problema de las drogas de uso ilícito cambiando el enfoque hacia el tratamiento de salud pública del consumo y la sustitución voluntaria mediante el fortalecimiento del PNIS.
En este marco, el gobierno entrante y el ELN han planteado su disposición a reiniciar los diálogos y pactar inicialmente, ceses al fuego con el acompañamiento de Naciones Unidas y de los países garantes y avanzar hacia el acuerdo político retomando los protocolos pactados durante el Gobierno Santos.
También, como muestra Contagio Radio [8] mediante carta del 19 de julio, líderes de grupos paramilitares activos afirmaron su disposición a dejar las armas, aportar a la verdad, acogerse a la justicia restaurativa, a la no repetición de la violencia, a contribuir en la protección del medio ambiente contra las prácticas ilegales y contribuir a la paz de Colombia. Tal disposición fue manifestada por voceros de las AGC, los Caparros, los Rastrojos, los Shottas de Buenaventura, la Inmaculada de Tuluá y los Grupos Mexicanos de Quibdó. Así mismo, invitaron a otras organizaciones ilegales a vincularse a este propósito.
En su comunicación, aseguran que la peor mafia es la corrupción y destacan que la narco economía ha sido fundamental para alimentar el dolor de la población colombiana. Al tiempo, cuestionan la extradición, a la que ven como un mecanismo válido cuando haya ausencia de verdad e incumplimiento con la justicia, la reparación y la no repetición.
Al respecto, parece existir un ambiente favorable para encontrar caminos hacia la paz integral. El reto está en saber deslindar los procesos de negociación de Acuerdos Políticos de Paz con la insurgencia, de los relacionados con el sometimiento colectivo a la justicia con las bandas delincuenciales. Frente a ellas, paralelo a los procesos judiciales, es necesario valorar los relacionados con la reintegración de sus integrantes de base en los territorios urbanos y/o rurales, dentro de las comunidades donde habitan, con el fin de avanzar en estrategias y mecanismos de inclusión social.
Fuentes.[1] Pardo, Daniel. ONU en Colombia | “Los asesinatos de líderes sociales son crímenes políticos”: Michel Forst, relator especial para los derechos humanos. BBC News. Marzo 4 de 2020.
Recuperado de : https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51745651[2] OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTIVIDADES. Indepaz. Instituto de estudios para el desarrollo y la paz. Enero 19 de 2022.
Recuperado de: https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-las-regiones-2021/[3] Indepaz. @Indepaz. Julio 16 de 2022.
Recuperado de:
https://twitter.com/Indepaz/status/1549930387815759872?s=20&t=H7Il3A2Prkm2Mfm0NGgqZg[4] Infobae. Presidente de Indepaz asegura que el narcotráfico empeoró en la presidencia de Iván Duque. Julio 17 de 2022.
Recuperado de: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/17/presidente-de-indepaz-asegura-que-el-narcotrafico-empeoro-en-la-presidencia-de-ivan-duque/[5] Hernández Bonilla, Juan Miguel. Colombia: Un líder social asesinado cada dos días. Mayo 14 de 2022. Tumaco.
Recuperado de: https://elpais.com/america-colombia/2022-05-15/la-guerrilla-se-fue-y-el-estado-nunca-llego-un-lider-social-asesinado-cada-dos-dias.html[6] Verdad Abierta. En Colombia es letal defender la tierra, el territorio y la naturaleza. Junio 13 de 2022.
Recuperado de: https://verdadabierta.com/en-colombia-es-letal-defender-la-tierra-el-territorio-y-la-naturaleza/[7] Verdad Abierta. Valle del Cauca: 60 líderes sociales asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz. Junio 12 de 2022.
Recuperado de: https://verdadabierta.com/lideres-sociales-asesinados-en-valle-del-cauca/[8] Contagio Radio. AGC, Caparrapos y Rastrojos están dispuestos a la paz y llaman al nuevo gobierno a parar la violencia. Julio 20 de 2022.
Recuperado de: https://www.contagioradio.com/agc-caparrapos-rastrojos-paz-total/?fbclid=IwAR37jtMRyxSLbrr_D7PaIfxfxK3QmlFU-HEA8couGWu-m9da6N70gnMET0A