Por Walter Aldana
El 19 de junio en su discurso del triunfo, el presidente Gustavo Petro anunció el impulso a tres pilares de «desarrollo» durante su mandato: la justicia social, la justicia ambiental y la paz total. Esta última entendida como la negociación política con el ELN, el sometimiento jurídico de otras estructuras armadas y los diálogos regionales con carácter vinculante al Plan de Desarrollo Nacional y al presupuesto general de la nación.
La anterior semana se conoció por los medios de comunicación que en consejo de gobierno presidencial se había debatido el tema, trazando las líneas gruesas de su contenido y definido su operatividad regional, con el «madrinazgo y padrinazgo» del equipo ministerial, de consejeros, directores de entidades y la misma Vicepresidenta, para un total de cuarenta y ocho procesos de diálogo en toda la geografía patria.
Para nuestro caso, en el departamento del Cauca se ha determinado por el ejecutivo nacional un diálogo, denominado “Macizo colombiano”, que vincula a treinta y siete municipios, bajo la conducción del consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, con sede en Popayán, nuestra ciudad capital.
Cumple el Presidente Petro con la promesa de campaña de generar un amplio espacio de participación de las denominadas fuerzas vivas del departamento para construir el plan de desarrollo nacional. Pero hasta aquí, solo poesía; el valor real lo tiene al darle a este ejercicio el carácter de vinculante, lo que significa la asignación de recursos para el desarrollo de los acuerdos y las prioridades que surjan de él.
Las y los caucanos tenemos sobre-diagnosticado este territorio, es el tiempo de la implementación. Los planes de desarrollo departamental y municipales existen; los PDET, aunque incumplidos por el gobierno, se concertaron; los documentos Conpes, aunque sin plata, están; los planes de vida de los pueblos indígenas, los de etnodesarrollo de los hermanos afro y los agroalimentarios y agroambientales del campesinado, están escritos. Así mismo, la solicitud de constitución y delimitación de zonas de reserva campesina se alimenta día a día con la lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos.
En el marco del diálogo social del Macizo colombiano, una serie de aspiraciones sociales deben ser convertidas en política pública:
a) Popayán ciudad región y lo que ello implica como “Pacto por la vida y el desarrollo (con los actores armados presentes en el Cauca), constituyente educativa departamental, amnistía financiera para narcos y compromiso de inversión regional; b) Mesa Interétnica e Intercultural del Cauca, como espacio de resolución de conflictos con la participación del gobierno nacional; c) prohibición de la minería de oro y de otros productos, exceptuando las explotaciones tradicionales, por ser el Macizo la fuente de vida; y d) la figura de derecho del “permiso previo del campesinado” para mega proyectos.
Otras reivindicaciones se relacionan con la infraestructura pública necesaria para la región, como: la doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán; la vía al mar; la pavimentación total del anillo vial del Macizo; la construcción de la carretera entre la cabecera de Santa Rosa y el corregimiento Descanse, programas de saneamiento básico y agua potable en nuestro Pacífico Medio, entre otras.
Las instituciones y los funcionarios, como garantes, y las comunidades organizadas, como titulares de derechos, todas y todos al diálogo regional, camino al plan de desarrollo nacional, en una nueva forma de construcción, de la periferia al centro, que puede contribuir a un cambio que determine políticas públicas que afecten, ojalá para bien, a las comunidades.