Por Fredy Escobar Moncada
100 días del gobierno con la marca del cambio, de izquierda y de un presidente exguerrillero, han permitido observar temas de la lucha por el poder político para el pueblo pobre y el tránsito hacia nuevas formas de ejercerlo. Lucha que tiene como antecedente inmediato la represión y el asesinato de 100 jóvenes en el Paro Nacional.
Estos días han permitido constatar que esa marca es del presidente y no del gobierno. Sus antecedentes de militancia, sus tesis críticas sobre el capitalismo y algunos de sus anuncios sobre las políticas que orienta a la burocracia, obviamente lo perfilan con una tendencia de avanzada aquí y allende de nuestras fronteras.
Pero otra cosa es el gabinete con funcionarios y funcionarias cuya militancia tecnocrática la vivieron en los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años y no precisamente repartiendo tintos. Todos los Ministerios de Hacienda presentaron las reformas tributarias en nombre de los pobres y de la financiación de la política social.
Pero con el actual hubo expectativa cuando presentó la propuesta gubernamental y dijo: “50 billones y punto”. La reforma sufrió tremendo tijerazo al punto de pasar raspando para alcanzar los 20 billones. Claro que la burguesía se atrincheró para defender privilegios y ratificaron con su poder la avaricia que la caracteriza.
Similar situación vivimos con la Ministra de Agricultura quien anunció el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre FARC-EP y el Estado colombiano, especialmente el Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas de tierra de distribución gratuita. Muy rápido se desinfló a 500 mil al año y eso con grades esfuerzos debido precisamente al tijerazo.
Todas las restas al programa inicial del presidente Petro expresan las disputas por el poder político, económico e ideológico. El presidente apenas inicia, pero igual no tiene toda la capacidad para tomar las decisiones en el Estado. No por lo menos aquellas por las cuales fue elegido por ejemplo con la marca de atención de la cuestión social.
La burguesía tiene la capacidad de poner en marcha un proceso de producción, pero también de pararlo. Y en esta oportunidad hizo gala del poder con amenazas típicas de manual conspirativo, a saber: fuga de capitales, especulación, pánico económico, freno a las inversiones, desempleo, entre otras. Usó toda capacidad ideológica y mediática en su incidencia en el Estado para mantener el funcionamiento sin grandes inversiones.
El pueblo pobre necesita más poder para combatir la pobreza con seriedad. La democracia en Colombia aún no ofrece la oportunidad de tomar decisiones sobre esos 50 billones cuando al presidente se le eligió para eso. En las actuales estructuras de poder en Colombia, son más formales que reales las condiciones democráticas para en gobernar por el cambio. De ahí la reacción a la reforma política.