Por Walter Aldana
El municipio de Mercaderes al sur del Cauca ha venido marcando la pauta en la participación ciudadana, expresada en la movilización social frente a temas neurálgicos como la minería, que secó el río Sambingo; el derecho al agua, por el contrato para construir el acueducto municipal hace más de una década que aún no entrega el preciado líquido a las viviendas; y, ahora, el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias.
En 2017 a la salida de las FARC-EP de los territorios tras la negociación política del conflicto armado, se creó el Plan 50/51 con el objetivo de mejorar 50 kilómetros en 51 municipios con alta presencia del conflicto, con un presupuesto de $50 mil millones, lo cual generaría la participación comunitaria. Según datos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se destinaron para el departamento del Cauca cerca de $3.527 millones para invertir en 203 kilómetros de vías, distribuidos en los municipios de El Tambo, Buenos Aires, Caldono y Miranda, con los “ya, lamentablemente normalizados, problemas de ejecución, calidad, tiempo y corrupción de algunos contratistas”[1].
Y continúa el calvario en el camino de la inversión institucional. Según la página cauca.gov.co/prensa[2], “En el marco de la estrategia de ‘Conversación Nacional’, promovida por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez se reconoció que el departamento del Cauca es pionero a nivel nacional en la consolidación de planes viales municipales”. En dicha fecha se anunciaron “acciones como la inversión de los $100 mil millones para intervención de vías terciarias de manera priorizada, recursos del OCAD Paz para invertir en los municipios PDET entre ‘otros compromisos’, tradicional y clara mezcla de uvas y peras; se habla de un recurso destinado pero se le cuelgan arandelas tales como en este caso ‘titulación de tierras para campesinos y campesinas, sacar adelante el Plan Social por el Cauca, y trabajar por la construcción de Paz con legalidad’ es decir cien mil millones de pesos para todo”.
Es claro que para desarrollar el modelo neoliberal aperturista, los gobiernos de Uribe, Santos y Duque colocaron la mayoría de recursos financieros para las vías de cuarta generación. Muestra de ello la inversión en La Línea, que construyó las mega obras para ingresar los productos desde el puerto de Buenaventura hacia Bogotá, pero la vía de regreso es la misma trocha por todos conocida históricamente. Es más, acabaron con el Fondo de Caminos Vecinales, entidad que se encargaba de apoyar financieramente a los municipios para el mejoramiento y mantenimiento de sus vías terciarias.
Según El País de Cali (https://www.elpais.com.co/valle)[3], “el Departamento Nacional de Planeación indica que el Cauca tiene 7.394 km de vías terciarias y 1.799 km de vías secundarias, de las cuales el 27% está en buen estado, el 32% en malo y el 41% presenta condiciones precarias”.
Recuperar o construir una institucionalidad pública similar al Fondo de Caminos Vecinales, con procesos de contratación que involucren a la comunidad en las actividades de apertura, mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias, es clave para promover la participación ciudadana y la empleabilidad para generar recursos económicos, lo cual prepara las condiciones hacia procesos agroambientales y agroecológicos, con tierra, crédito y garantía de comercialización, camino a la paz total.
Todo se relaciona, todo se planea y construye conjuntamente; mantener las vías terciarias es enfrentar el fenómeno de abundancia de lluvias por cambio climático y garantizar una buena calidad de vida a nuestro mundo rural.
[1] Ver Co.marca. periodismo alternativo de Unicauca.
[2] 18 de febrero de 2020.
[3] 31 de marzo de 2019.