Por Albeiro Caro Fernández / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
El gobierno de Gustavo Petro inició con acciones significativas en materia de protección de los derechos humanos que contrastan con las estrategias del gobierno anterior. Dos días antes de su posesión como presidente de la república acogió la propuesta de “Plan de emergencia para la protección de líderes (as) sociales, personas defensoras de DDHH y firmantes de paz” [1].
En el diseño de la propuesta se destaca la unidad de acción entre plataformas y organizaciones de derechos humanos: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, el Programa Somos Defensores y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el apoyo y acompañamiento de los congresistas del Pacto Histórico, Iván cepeda y Alirio Uribe. Además, es de resaltar el haber contado con la asistencia técnica de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los derechos Humanos y el apoyo de la Misión de Naciones Unidas para la Verificación del Acuerdo de Paz, en cabeza de Carlos Ruíz Massieu. Esto significa que la propuesta integra múltiples recomendaciones planteadas al Estado Colombiano por parte de los organismos internacionales, con respecto a la protección de los derechos humanos.
A cien días de iniciado el nuevo gobierno, en medio de dinámicas complejas del conflicto, mucho se discute acerca de la eficacia de la estrategia con respecto a la disminución del número de asesinatos contra las personas que lideran organizaciones sociales o son defensoras de los derechos humanos en los territorios o firmantes del Acuerdo de Paz Gobierno-Farc. Como plantean Rodríguez y Contreras [2], desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 a la fecha, han sido asesinados más de mil líderes entre campesinos, indígenas y afros, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. En 2022, el número de asesinatos asciende a 183, según la JEP, son 53 casos más con relación al mismo período de 2021.
Al comienzo de la implementación del Plan de Emergencia disminuyeron levemente los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Después se han vuelto a incrementar. Octubre se presenta como el mes con más víctimas mortales de personas defensoras de derechos humanos (Indepaz informa que han sido 21 víctimas, mientras que la JEP reporta 22). En cuanto a los asesinatos de excombatientes, se registran disminuciones significativas desde julio cuando se reportaron nueve crímenes según la JEP, mientras que en octubre se presentó un caso.
No obstante, es notable el cambio de enfoque de política conducente a establecer indicadores relacionados con vidas salvadas mediante la implementación del plan para responder a la emergencia humanitaria, en contraste con la política del gobierno anterior centrada en casos individuales desde la Unidad de Protección, óptica reactiva sesgada en el uso del pie de fuerza militar y policial, con invalidación y aislamiento de las organizaciones sociales, incluso, como fuente de información y la desactivación de los mecanismos e instrumentos organizativos definidos en el Acuerdo de Paz.
El Plan de Emergencia fue considerado, inicialmente, para los primeros cien días de gobierno, con los objetivos de: 1) Generar una respuesta institucional rápida articulada desde el nivel nacional con los municipios y regiones donde se concentran las agresiones, en procura de reducir el número de ataques e incidentes de violencia contra el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad personal. 2) Implementar un enfoque preventivo en los municipios y regiones donde existe riesgo inminente de ataques o agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y firmantes de Acuerdos de Paz, en la búsqueda de reducir los niveles de hostilidad y estigmatización, de promover un ambiente favorable para la protección de los derechos humanos y favorecer la gestión pacífica de conflictos socio ambientales locales. 3) Iniciar la configuración de una política pública de garantías, en una dinámica de complementariedad de mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, la legislación pertinente y la práctica política con participación incidente de la sociedad civil.
El Plan se sustenta en cuatro elementos centrales: 1) Acción preventiva y de protección inmediata. 2) Activación de los mecanismos de seguridad previstos en el Acuerdo de Paz. 3) Priorización territorial para responder a contextos de alto riesgo y 4) Activación de escenarios de interlocución, concertación y participación de las organizaciones sociales, representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.
El Plan incluye la activación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad -CNGS- establecida en el Acuerdo de Paz, congelada durante el gobierno Duque. La CNGS se instituye como instancia temporal para verificar y hacer recomendaciones para el cumplimiento en los 100 días del Plan de Emergencia, o una vez se haya reestructurado el Ministerio del Interior y, posiblemente, creado el Viceministerio de Derechos Humanos, como instancia encargada de la política pública de prevención y sujeta a la evaluación de la Mesa Nacional de Garantías y sus Mesas Territoriales.
Inicialmente, el Plan se propuso priorizar 65 municipios y seis capitales en las regiones del Pacífico y Cordillera Nariñense, Sur y Norte del Cauca, Pacífico Chocoano, Nordeste Antioqueño y Sur de Córdoba, Corredor del Magdalena Medio, Región de Frontera Colombo-Venezolana, incluyendo El Catatumbo y Arauca y la Región del Putumayo, municipios del Caquetá y del Meta. Las capitales priorizadas son: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Popayán y Santa Marta.
El Plan establece siete ejes de actuación con múltiples líneas de acción en el corto y mediano plazo aplicables en municipios y regiones priorizadas donde se implementa de manera adaptada a las diversas realidades territoriales teniendo en cuenta las dinámicas diferenciadas de violencia, fuentes de riesgo, capacidades de respuesta de la sociedad civil, incluyendo a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas y las experiencias previas. Los ejes son:
Primero. Generación de confianza institucional y prevención de la estigmatización. Se concentra en medidas que superan la excesiva militarización de los territorios y en la implementación de medidas establecidas en el Acuerdo de Paz, el funcionamiento de los espacios de diálogo y concertación. Incluye entre sus líneas de acción adecuaciones normativas, reapertura de espacios de diálogo con la sociedad civil, actos de reconocimiento nacional y medidas para enfrentar la estigmatización. Esta última contempla el informe sobre funcionarios públicos con investigaciones disciplinarias por estigmatización.
Segundo. Acción estratégica y coordinada desde la institucionalidad, la sociedad civil y la comunidad internacional. Implica el despliegue institucional integral en los territorios, más allá de la presencia de la fuerza Pública, con presencia de los órganos de control y del Ministerio Público. Entre sus líneas claves está la creación y puesta en marcha de los Puestos de Mando Unificado para la Prevención y Protección (PMY-PP), hoy conocidos como Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV). Estos consisten en espacios físicos de coordinación interinstitucional en los municipios y regiones priorizadas. Los PMUV están conformados por delegados/as del Ministerio del Interior que ejercen la labor de coordinación, la gobernación, la alcaldía respectiva y la institucionalidad local, incluyendo a las Personerías, delegados/as de la Defensoría del Pueblo regional, Procuraduría General de la Nación, Unidad Nacional de Protección regional, Fiscalía general de la Nación y Policía Nacional. También participan representantes de la comunidad internacional, organizaciones sociales y de derechos humanos, Presidentes de las JAC interesados y demás autoridades con respecto a enfoques de género, étnicos y territoriales.
El mecanismo de los PMUV garantiza la presencia y coordinación institucional permanente para aplicar protocolos de intervención, con base en la prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos y excombatientes. El trabajo se enfoca en las situaciones de riesgo en cada municipio y región, implementan la oferta institucional en la solución de casos concretos y en la activación de rutas de protección pertinentes. Los protocolos se deben concertar previamente con los representantes de la sociedad civil, especialmente, en el caso de las autoridades indígenas y afrodescendientes, en sus municipios respectivos.
También, se incluyen las misiones de verificación del Ministerio del Interior para la protección y canales de comunicación.
La línea dos incluye la respuesta urgente en medidas materiales de protección que involucra los estudios de riesgo de la Unidad de Protección, el cumplimiento de medidas cautelares del sistema interamericano, la convocatoria del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas Territorializadas Presenciales (CERREM), con participación de la sociedad civil. Además, incluye la Formulación de planes integrales de prevención por parte del Ministerio del Interior establecidos en el Decreto 1581 de 2017 con instalación de los respectivos comités de prevención en los municipios priorizados. También contempla la creación del Mapa Nacional de Riesgo con información del Sistema de Alerta Temprana, con Policía, MinDefensa, sociedad civil, Ministerio Público, Fiscalía y Agencias de la ONU.
A la Unidad Nacional de Protección le compete la revisión de necesidades de transporte para protección. Además, esta Unidad debe ser reestructurada en su funcionamiento. Esta entidad será reestructurada en su funcionamiento, a partir de un balance en conjunto con el Ministerio del Interior. Su reingeniería incluye una auditoria interna para revisión del estado de los contratos, el posible detrimento patrimonial e incumplimiento, la injerencia de empresas que ponen en riesgo la seguridad de las personas protegidas; también incluye la revisión de idoneidad del personal que integra los análisis de riesgo con el perfil de conocimientos y experiencia para el cumplimiento de funciones, las dificultades en la administración de los vehículos, el manejo de viáticos, el manejo del combustible asignado, la revisión de la planta de personal, la necesidad de una subdirección especializada de seguridad y protección y de enlaces territoriales de coordinación en zonas de mayor riesgo para población en proceso de reincorporación.
Tercero. Se refiere a la Acción preventiva y estratégica de la Fuerza Pública en terreno. En contraste con las políticas de gobiernos anteriores, el plan de choque de la fuerza Pública se enfoca en acciones preventivas y responde por indicadores de reducción de riesgos para personas defensoras de Acuerdos de Paz, así como por el mejoramiento de las garantías de seguridad integrales. Para ello, las líneas de acción incluyen los ajustes locales en la acción policial en los municipios priorizados, el fortalecimiento de cuerpos élite, los anillos permanentes de seguridad, la suspensión de operativos de erradicación forzada e impulso del PNIS, la disminución de las afectaciones a los derechos humanos, el traslado de unidades policiales y recambio periódico de personal a municipios priorizados y la transformación de los enfoques de medición con nuevos reportes en garantías de seguridad y rendición de cuentas mensual.
Cuarto. Gestión de riesgo y acciones humanitarias. Acciones de prevención y protección pertinentes con perspectiva humanitaria, bajo coordinación del PMUV, frente a casos concretos de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades rurales. Incluye protección y ayuda humanitaria en casos de riesgo, reubicación temporal de personas en riesgo, reconocimiento e impulso de iniciativas humanitarias desde la Presidencia de la República y subsanación de falencias de conectividad territorial con acciones primarias desde MinTic.
Quinto. Medidas Administrativas para la seguridad territorial. Incluye el control de armas en los municipios priorizados, así como el fortalecimiento institucional para responder a situaciones de emergencia. Desde la Presidencia de la República se fortalece la prohibición general del porte de armas y el control de las armas en circulación. Desde el Congreso se presentarán iniciativas de fortalecimiento de las Personerías Municipales como mecanismos de prevención y protección de los derechos humanos y desde el Ministerio del Interior se incluye el reconocimiento y respaldo a las formas propias de autoprotección de las comunidades, organizaciones y procesos tales como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, entre otras, así como integrarlas plenamente con disposición de recursos en los planes de protección colectiva. Incluye el apoyo a procesos formativos, la provisión de distintivos y espacios de interlocución con plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales.
Sexto. Medidas de justicia contra la impunidad. Incluye el despliegue del trabajo investigativo de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación, instancia a la que corresponde presentar un informe sobre resultados de su accionar en las primeras sesiones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; en especial con respecto a los 13 proyectos de desmantelamiento ya priorizados e iniciar la priorización de municipios que no se encuentren enmarcados en ellos. La fiscalía debe presentar informes a los PMUV, a las Mesas Territoriales de Garantías sobre casos de homicidio, amenazas y ataques en los municipios priorizados. Con respecto al Ministerio de Justicia, le corresponde adelantar la construcción de Casas de Justicia en los municipios y veredas identificados con mayor riesgo.
Por su parte, al Congreso le corresponde la reforma del principio de oportunidad y la creación de la matriz de colaboración. Al respecto, se deben tener en cuenta los pocos avances en materia de condenas por concepto de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y firmantes de Acuerdos de Paz.
Séptimo. Seguimiento y evaluación. Se procura superar los indicadores de gestión que se han centrado en número de reuniones y número de bajas y de compromisos, sin considerar indicadores de impacto que reflejen cambios. Para esclarecer los indicadores de impacto la Presidencia de la República realizará una sesión mensual de la CNGS para seguimiento y evaluación del plan de choque, a partir de indicadores de impacto para la protección. La Presidencia debe rendir cuentas en forma mensual a la opinión pública, a través de los medios de comunicación que considere pertinentes y a la comunidad internacional, a través de los canales diplomáticos.
Los municipios priorizados lo son en virtud del plan de choque, porque requieren de acciones concretas de carácter inmediato. A seis meses se deben incorporar otros municipios por situaciones de carácter estructural identificadas como generadoras de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades rurales. En tal sentido, se plantea una segunda priorización con medidas de más larga duración que tenderán a convertirse en política pública integral. Se busca que los territorios priorizados hagan una transición a escenarios de riesgo menor, con base en enfoques preventivos.
Entre los indicadores claves para la priorización la selección incluye, además de los índices de violencia (menores a los del plan de choque), elementos como: presencia de plataformas u organizaciones sociales y/o defensoras de derechos humanos; institucionalidad local proclive a la implementación de medidas de prevención; espacios de interlocución con la sociedad civil fortalecidos e iniciativas propias de protección y autoprotección organizadas.
Pero el camino de la paz total pasa, también, por la superación de las disputas territoriales violentas entre grupos armados ilegales. Ya sean grupos guerrilleros como el ELN en enfrentamiento con disidencias de las FARC o con el Clan del Golfo o enfrentamientos entre bandas armadas.
Existen muchos casos donde los grupos armados no se enfrentan con la fuerza pública por largos períodos: no obstante, se enfrentan entre sí en la disputa por rentas ilegales, por el control territorial o, presuntamente, por el control de instancias institucionales.
Tal es el caso del enfrentamiento armado en el suroccidente colombiano, entre la Segunda Marquetalia y la Coordinadora de Occidente que forma parte del Frente Primero, no firmante del Acuerdo de Paz. En su lucha se disputan el control de la frontera hacia el Putumayo o el Alto Mira en Tumaco.
También los asesinatos han ocurrido por fuera de los 65 municipios priorizados, por lo que se amplía la cobertura de los Planes a 155 municipios.
En dicho contexto, se considera prematuro hacer un balance acerca del impacto de los planes en la disminución de la violencia.
El Plan de protección de líderes sociales constituye un paso significativo en el cumplimiento del Acuerdo de Paz con enfoque territorial. A la vez se convierte en un Plan Piloto de Seguridad Humana enfocado en la protección de las comunidades vulnerables.
En este sentido, Rodríguez y Contreras [2] destacan el compromiso de alcaldes como Mauricio Aguirre de Buenaventura quien preside el PMUV de su ciudad y valora la coordinación interinstitucional generada. Además, porque con mediación de la iglesia católica, las bandas de los Shotas y los Espartanos sellaron un pacto de paz que ha permitido superar barreras invisibles y disminuir los índices de violencia.
En el Catatumbo, Arauca, Magdalena Medio y Bajo Cauca se registra la disminución de enfrentamientos entre grupos armados y fuerza pública. Sin embargo, se mantienen los ataques contra la población civil y el reclutamiento de menores de edad. También se han presentado ataques en contra de líderes sociales y periodistas.
En Arauca ha sido necesaria la presencia de la Comisión de Paz del Congreso, en procura de buscar soluciones ante amenazas de exterminio por parte del Frente X de las disidencias de las Farc contra líderes sociales, en el contexto de las hostilidades que se mantienen con el ELN.
En Ituango, el alcalde Edwin Mauricio Mira es escéptico al plantear que en su municipio no es la primera vez que son priorizados y al decir que han participado de todas las estrategias del orden nacional para los municipios afectados por el conflicto: Zomac, PDET, Zonas Futuro y el Plan de Protección de líderes. No obstante, desde el nivel nacional se plantea que una dificultad es la falta de adaptación de las autoridades civiles locales. A menudo, estas autoridades utilizan los espacios como escenarios de rendición de cuentas donde se argumenta que todo está bien y se ocultan las dificultades, con lo que se evade el tratamiento de la problemática estructural.
Por su parte, el Movimiento Ríos vivos [3] denunció mediante comunicado los graves señalamientos del alcalde de Ituango en contra del líder Genaro de Jesús Graciano señalándolo de pertenecer a un grupo armado ilegal, lo que ha generado amenazas contra este líder social quien en otras ocasiones ha tenido que asilarse en el exterior al ser víctima de un atentado con granada a su vivienda en el año 2013. El Movimiento llama a que se adelanten las investigaciones pertinentes y que el alcalde rectifique públicamente sus declaraciones.
También es el caso que presenta en Olave [4], quien transmite la denuncia de presunta apropiación de territorios en el Chocó, por parte de paramilitares en detrimento de la propiedad colectiva de los Consejos Comunitarios: mediante la presión a las personas para que vendan y el consiguiente desplazamiento poblacional, con riesgo para la vida de las personas si regresan y el copamiento territorial con miras a las elecciones de 2023 y la resultante colocación de alcaldes al servicio de dichos grupos armados ilegales.
Como plantea el Ministro del Interior, la protección de las personas y comunidades tiende a encontrarse con la política de paz total. De allí la importancia de poder interpretar la compleja coyuntura y garantizar la presencia institucional integral del Estado con sus diversos instrumentos y políticas sociales.
Fuentes:[1] Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Otras. Plan de emergencia para la protección de líderes (as) sociales, personas defensoras de DDHH y firmantes de paz. Agosto 01 de 2022.
Ver: https://drive.google.com/file/d/1IortJcBz7OSECPEzDRut8eImolYFbkhU/view[2] Rodríguez Álvarez Santiago y Contreras Camila. Plan de protección a líderes: 100 días no alcanzaron para frenar las muertes. La Silla Vacía. Noviembre 15 de 2022.
Ver: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/plan-de-proteccion-a-lideres-100-dias-no-alcanzaron-para-frenar-las-muertes/[3] Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos rechaza afirmaciones del alcalde de Ituango que ponen en riesgo la vida de líder social. Noviembre 15 de 2022.
Ver: https://riosvivoscolombia.org/movimiento-rios-vivos…/[4] Olave Luís Ernesto. Alerta Chocó. Noviembre 14 de 2022.
Ver: https://twitter.com/RobertoMTico/status/1592256617944612864?s=20&t=x3CFylsOyWJORXpVkasgGQ