Por Julio Arenas / Observatorio del Conflicto de la CNAI
Lo claro
Terminamos el 2022 con un sabor agridulce en la implementación de la ambiciosa política de la paz total del gobierno de Gustavo Petro, de un lado la Ley 418 de 1995 fue reformada con el respaldo de una amplia mayoría de votos tanto en Senado como en Cámara de Representantes, permitiéndole al gobierno nacional poner en práctica la ambiciosa estrategia de abrir diálogos directos con todos los actores armados ilegales que decidan desarmarse bajo este marco legal.
En lo formal es una buena noticia porque por primera vez el Estado colombiano exhorta a todos los actores de violencia que existen en el territorio a desescalar el conflicto urbano y rural, proponiendo salidas dialogadas para desmontar la violencia política y la criminalidad social que sacuden a las comunidades. Simultáneamente el Presidente de la República abre un valiente debate ante los jueces y fiscales del país en torno a que tesis como la criminalización de la protesta social, doctrina imperante de la ideología punitiva del “Derecho Penal del Enemigo”, sean puestos en discusión y sean sometidos, valga la “ironía”, a juicio crítico por parte de los teóricos de la justicia restaurativa, transicional y por supuesto de los defensores de los derechos humanos y de los pacifistas en el país.
En ese sentido la excarcelación de los jóvenes de la Primera línea, a través de la figura de gestores de paz y convivencia, envía un mensaje poderoso al país sobre la posibilidad de encontrar otras vías jurídicas para que los infractores que cometieron delitos en una situación excepcional como las protestas del año 2021 (estallido social ) rediman sus faltas a través de soluciones excepcionales y transitorias, como la decisión de otorgarles la condición de gestores de paz y convivencia a la mayoría de ellos para que restauren el daño a la sociedad.
En esa misma dirección el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de avanzar en la audaz propuesta de contratar a cien mil (100.000) jóvenes para que cumplan funciones como promotores de paz y reconciliación en todo el pais, para lo cual se buscara el apoyo financiero de la cooperación internacional a fin de recolectar doscientos millones (200) de dólares anuales que cuesta esta iniciativa, puede permitir atacar de raíz dos demandas fundamentales que reclama la juventud colombiana y que fueron decisivas en el momento de las elecciones presidenciales:
- Empleo para los miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, llamados también los Ni-Ni.
- Desplegar un gigantesco contingente de paz en cientos de pueblos y ciudades, en los que los jóvenes no tienen ninguna opción laboral y por lo tanto son carne de cañón de la criminalidad en todas sus formas.
El tercer elemento favorable y no sobra repetirlo, es la normalización de las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Cuba y Venezuela y la reanudación de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN en la República Bolivariana de Venezuela, hecho que cambia por completo la agenda gubernamental en materia de Paz y solución del conflicto armado. Es justo reconocer que el gobierno se ha empleado a fondo en consolidar un equipo de negociación consistente y que ofrece garantías a la contra parte, ha nombrado en la mesa un conjunto de hombres y mujeres de la más alta estatura moral, provenientes del Congreso, los movimientos sociales, la prensa independiente, los gremios económicos y la Iglesia Católica que a su vez ha designado a altos jerarcas para cumplir con ese apostolado de la paz en el escenario de los diálogos con el ELN. En hora buena que la Iglesia tomo la decisión de ser un protagonista de primer nivel en la mesa de conversación.
A ese primer paso se le suma que el gobierno nacional, a través de su ministro de defensa, ha ordenado suspender los bombardeos a los campamentos guerrilleros, ante el riesgo que implica para la vida e integridad de posibles blancos, menores de edad, en dichas acciones bélicas. Por otro lado, el ministerio de justicia y el INPEC estudian las historias clínicas de diez prisioneros del ELN gravemente enfermos para autorizar su excarcelación por motivos humanitarios.
Lo gris
La poca o por no decir casi nula disposición de los grupos armados ilegales de acatar lo petición del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, de pactar Ceses al Fuego Multilaterales en los territorios en los que se disputan el control territorial tanto el ELN, como las Disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, la Segunda Marquetalia y las Auto Defensas Gaitanistas (AGC).
Desde la toma de posesión del actual presidente el 07 de agosto hasta el mes de diciembre se han incrementado los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales en diferentes partes del país, de acuerdo con informes de la FIP en estos tres meses “aumentaron en un 79% las confrontaciones entre distintos grupos armados, llegando a la cifra más alta desde 2016”,[1], pero más allá de las estadísticas lo que preocupa es el nivel de sevicia y desprecio por los mínimos principios al DIH que varias de estas estructuras ilegales están demostrando en la ejecución de estas acciones de terror; el caso de la masacre perpetrada por parte del frente Carolina Ramírez de las disidencias de Ivan Mordisco en contra de un frente de los Comandos de la Frontera, registrado el pasado 19 de noviembre en las veredas de Los Pinos y Las Delicias, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, hecho en el cual fueron abatidos diez y ocho (18) integrantes de los Comandos de Frontera, muestra el nivel de crueldad de estas acciones, cadáveres apilados divulgados en videos a través de internet por los propios autores de estos crímenes, como una señal de terror para las comunidades que habitan estos territorios, es un claro ejemplo de la degradación del conflicto en las zonas mas afectas por la violencia. De hecho, el propio Presidente de la República reaccionó ante esta matanza:
“Miren lo que vimos en Putumayo, ¿ustedes creen que esos son los conflictos de una guerrilla política que quiere tomarse el poder nacional y hacer una revolución? Lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas Farc, masacrándose de una manera tan dantesca, señaló el presidente Petro”[2].
En el otro extremo del país, en la frontera con Venezuela, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del frente 10 de las Farc no han cesado a pesar de que ya hace un mes se reiniciaron los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno nacional en Caracas y que el Alto Comisionado de Paz logró reunirse con una delegación del “Estado Mayor Central” de las disidencias comandadas por Ivan Mordisco, en las que este grupo armado anunció su disposición de sumarse a la propuesta de paz total y acatar el llamado de la OACP de “No matar, no torturar, no desplazar”. La realidad en el territorio indica que el conflicto no mengua entre estos dos grupos armados como lo menciona el articulo La paz total aún es esquiva en Arauca:
“Así, mientras los comandantes nacionales del ELN le apuntan a negociar con el Gobierno bajo la sombrilla de la política de la paz total, sus estructuras están en plena guerra en uno de los departamentos con mayor presencia de esa guerrilla y el que le dio los recursos para evitar su desaparición hace 40 años. En Arauca, la paz total no se ha sentido hasta ahora.”[3]
Si nos detenemos en otro territorio del conflicto, el panorama no es mejor, es el caso de la grave situación que se presenta en la actualidad en el departamento del Chocó a causa de la guerra que desde hace varios años libra el ELN y las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y que en las últimas semanas se ha localizado en el alto Baudó y el medio Sanjuan, de hecho, hace una semana el frente de guerra occidental del ELN decretó un paro armado a partir del 15 de diciembre en el Medio San Juan (Chocó) y el Bajo Calima (Valle del Cauca), según la insurgencia “La decisión de decretar paro armado indefinido a las poblaciones ribereñas se debe a la presencia y el actuar del ‘Clan del Golfo’, específicamente en el corregimiento de Negría (municipio de Istmina)”. Lo cierto es que en todo el departamento del Chocó la guerra entre AGC y ELN nunca ha cesado, el nivel de beligerancia de los enfrentamientos y las acciones violentas de control territorial de ambos grupos armados en contra de la población civil continúan en ascenso. Tanto alias “Siopas” comandante de las AGC en el Choco como alias “Emilse o la abuela” comandante del frente de guerra occidental del ELN, no se dan tregua en este enfrentamiento armado que se prolonga en el tiempo en la región chocoana y que hasta el momento no ha respondido a los urgentes llamados al cese al fuego multilateral y a la concreción de acuerdos humanitarios por parte de Danilo Rueda, Alto Comisionado de Paz , quien junto al obispo de Quibdó y organizaciones de la sociedad civil busca mediar en el alto al fuego en esta región del litoral pacifico colombiano.
Lo oscuro
Sin lugar a dudas es grave situación de orden publico que se está presentando en la actualidad en el departamento del Cauca, en donde varios frentes de las disidencias de las Farc atacaron a soldados y policías de las fuerzas armadas, rompiéndose el cese al fuego bilateral que esta disidencia había anunciado en días pasados a través de un video en el que su máximo comandante “Ivan Mordisco” anunciaba su disposición a dialogar con el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de Paz Total. Sin embargo, en el Cauca se rompió esa tregua cuando “el pasado sábado 3 de diciembre, en el municipio de Argelia, Cauca, fallecieron tres militares y otros dos más resultaron gravemente heridos, después de fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y disidencias Carlos Patiño de las Farc.[4]” a lo que siguió la muerte en una emboscada de seis (6) integrantes del ejército en el municipio de Buenos Aires, por parte del frente Jaime Martines de las disidencias de las Farc, el pasado 06 de diciembre, a lo que hay que agregarle hostigamientos a la policía en Cajibío y el estallido de un carro bomba en el municipio de Jamundí en el valle del Cauca, en la vía que conduce de la cabecera municipal al corregimiento de Potrerito el día 20 de diciembre.
Es importante mencionar que la región del Cauca, si se permite la comparación, actúa como el termostato para medir el nivel de intensificación del conflicto armado en Colombia. En este territorio se dan como en ningún otro todos los factores del conflicto, se identifican las principales causas estructurales de la violencia política, sus comunidades lideran los procesos organizativos por el derecho a la tierra, la justicia propia de las comunidades afro e indígenas, el poder constituyente de los pueblos originarios y las ciudadanías libres que respaldaron masivamente la candidatura del actual presidente y vicepresidenta de la república. Pero también este departamento lidera la trágica estadística de lideres sociales y excombatientes de Farc asesinados desde el año 2016, con el agravante de que en los primeros cuatro (04) meses del gobierno de Gustavo Petro el número de lideres sociales ha aumentado con relación a los últimos 6 meses del 2022 del mandato del expresidente Ivan Duque.
Estas terribles cifras en contra de la vida, los DD.HH y la Paz, deben prender las alarmas en el ejecutivo nacional y en especial en los ministerios del interior, defensa, justicia, así como en la oficina del Alto Comisionado de Paz, sobre lo que esta sucediendo en los territorios y la urgencia de convocar a la ciudadanía, fuerzas políticas y comunidad internacional a movilizarse para defender la política de la Paz Total, como una tarea inaplazable para todos los sectores democráticos y progresistas de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro no puede claudicar en avanzar hacia la consolidación de la Paz Total en el año 2023; fracasar en este crucial propósito es ceder la iniciativa y la gestión de gobierno a la extrema derecha que aguarda agazapada la primera oportunidad para remozar sus viejas consignas de mano dura, represión, seguridad democrática y todo el repertorio de consignas autoritaritas basados en el uso indiscriminado de la fuerza militar como garantía de orden frente a la criminalidad.
[1] La estrategia de seguridad de Petro esta entre paréntesis, FIP, dic 05/2022
[2] Presidente Petro se refirió a la masacre que dejo 18 muertos en el Putumayo (…) Infobae, 23 de nov, 2022
[3] La paz total aun es esquiva en Arauca, https://agenciadenoticias.unal.edu.co/ 20.12.202