Albeiro Caro Fernández / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo den la CNAI
Mirando el contexto territorial colombiano, rural y urbano, así como los beneficios, complejidades y retos de la implementación nacional y territorial de la Paz Total, la tarea se antoja como una acometida pertinente, aunque dada su magnitud, también romántica. A primera vista, en un país connaturalizado con el escepticismo y la incredulidad frente a las posibilidades de superación de la violencia armada e indiferente frente a la suerte de las víctimas y de los territorios, o el destino de los propios actores de los diversos tipos de conflicto, desde una perspectiva tacaña, es mucho más fácil fallar que lograrla.
No existen en Colombia antecedentes de un abordaje tan complejo y multiforme donde el gobierno se atreviera a encarar procesos de negociación política con organizaciones insurgentes y, a la par, iniciara procesos socio-jurídicos, de acogimiento o sometimiento a la justicia, por parte de organizaciones sucesores del paramilitarismo y bandas criminales rurales y urbanas.
Hay un antecedente de negociaciones simultáneas con grupos insurgentes en 1984 con Belisario Betancur y las treguas con el M-19, las FARC y el EPL. No obstante, esta fue una coyuntura de mutua desconfianza entre el Gobierno y la insurgencia que derivó en la agudización de la confrontación. Después, en el período previo y posterior de la reforma constitucional de 1991, las negociaciones se dieron sucesivas a partir del Acuerdo de Paz del M-19 con el Gobierno Barco y, luego, desde el Gobierno de César Gaviria con el EPL, el PRT, el Quintín Lame y luego, en 1994, con la CRS desprendida del ELN. Todas las organizaciones, de carácter insurgente y dentro de los vientos propicios de la Asamblea Nacional Constituyente, la ilusión de concretar la democracia participativa y el Estado Social de Derecho.
En ese período, en medio de contradicciones con las FARC y cálculos políticos mezquinos, el Gobierno Gaviria logró aislar a esta organización del proceso de paz para evitar su llegada a la Asamblea Nacional Constituyente; lo hizo con el fin de simplificar el proceso y evadir la complejidad de la negociación, para lo cual recurrió al bombardeo de “Casa Verde”, la sede de negociaciones del Secretariado en la Uribe-Meta. Esta fue una decisión estratégica con altos costos en vidas, en el número de víctimas, en crisis de futuro, en degradación de la convivencia democrática, en corrupción, cooptación de liderazgos y elitización del sistema político.
Después, en el Gobierno Samper se dieron negociaciones con grupos residuales del EPL, con las Milicias de la Comuna Nororiental de Medellín y con el MIR-COAR.
Todo ello ocurrió en un contexto de impulso de la nueva Constitución y, a la par, del fortalecimiento del paramilitarismo rural y urbano, de su articulación con el narcotráfico y del sometimiento de reductos guerrilleros, con el consiguiente “cambio de chaqueta” para reforzar las fuerzas paramilitares y desplegarlas en distintas zonas del país. De allí nacieron las AUC.
A la par, fracasaban reiteradamente los diálogos de paz con las FARC, con el ELN y la fracción caraballista del EPL que se concentró en el Catatumbo, luego del paso de algunos de sus reductos al paramilitarismo, como en Urabá y la derrota de otras de sus frentes ante las Fuerzas Armadas, como en el Eje Cafetero.
En contraste, la siguiente década estuvo signada por el sometimiento a la justicia del paramilitarismo, a partir del Acuerdo de Santafé de Ralito de julio de 2003, suscrito entre el Gobierno Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC- y la Sentencia de la Corte Constitucional de 2006 que no aceptó el carácter político de dicho Acuerdo y ajustó el Acto Legislativo de 2005, Ley de Justicia y Paz, a las características de sometimiento a la Justicia de grupos que no lucharon contra el Estado ni propendieron por la transformación del régimen político y se beneficiaron de posiciones de poder económico y político.
También, el Acuerdo de Paz de 2016 suscrito entre el gobierno Santos y las FARC tuvo experiencias y gestiones para procesos de negociación entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Gaitanistas-AGC o Clan del Golfo y por parte de la Oficina de Envigado. No obstante, estos intentos no cristalizaron. Solamente, se incluyó en el Acuerdo Final con las FARC un apartado relacionado con el desmantelamiento de bandas criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Por su parte, la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez impulsó una ley de sometimiento individual a la justicia que, hasta la fecha, no ha logrado ningún sometimiento.
Los territorios abandonados por las FARC fueron copados por parte de la insurgencia, o por actores de violencia armada, en pugna por rentas legales e ilegales derivadas de los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la trata de personas, del blanqueo e irrigación de dineros en los circuitos económicos, entre otras actividades. A esto coadyuvaron: La lenta experiencia de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, la persistencia de grupos residuales y frentes que no suscribieron el Acuerdo, el congelamiento de la negociación con el ELN durante el Gobierno Duque, a la par del abandono de zonas y el no tratamiento colectivo de los procesos de sometimiento y desmantelamiento de los grupos criminales y bandas sucesoras del paramilitarismo, aunado al entrampamiento de algunos líderes de las FARC por parte de la Fiscalía y las decisiones aventureras de estos excomandantes que dieron origen a la Segunda Marquetalia comandada por Iván Márquez.
Son territorios donde se reciclan las violencias, mutan y se entreveran los grupos que disputan el control de la población de las rentas legales e ilegales. En ellos predominan las problemáticas de las costas Pacífica y Atlántica, de las fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, a la vez que se proyectan las rutas fluviales, aéreas y marítimas para las economías legales e ilegales y el control de bandas en los centros urbanos, con disputas por esferas de influencia con el consiguiente efecto en pérdida de vidas de integrantes de los bandos, afectación de la comunidad e incidencia en reclutamiento de jóvenes sin futuro.
En este contexto y, después de agudas confrontaciones que han dejado víctimas diarias, en Buenaventura comenzó el primer laboratorio de paz, a partir de la mediación de Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de la ciudad. El inicio del cese al fuego entre los Shottas y Espartanos, grupos que antes conformaban una sola banda llamada la Local y que comenzaron a disputarse el control de zonas rurales y urbanas, comenzó el dos de octubre de 2022 y se mantiene, a pesar del asesinato de un integrante de los Shottas el cuatro de enero. Esta tregua que se respira en la ciudad, como muestra Sanmartín (14, 01, 2023) privilegia el diálogo y llena de confianza a la comunidad para volver a la calle y disfrutar del espacio público.
Pese a ello, aumenta la extorsión y el número de robos dadas las condiciones de desempleo y pobreza en que se debate la juventud. Buenaventura tuvo antes actividades del ferrocarril, de la Flota Mercante Grancolombiana y de Colpuertos, pero, los gobiernos neoliberales liquidaron estas empresas.
Buenaventura es escenario del tráfico de drogas, de oro, de madera y de animales silvestres. También, de disputa de disidencias de FARC, del ELN y del Clan del Golfo. En dicho contexto, los integrantes de los Shottas y los Espartanos no aceptan el desarme por temor a la penetración de estos grupos que van por el control de rutas del narcotráfico y por el control de las economías ilegales. No obstante, manifiestan su expectativa de inversión social y económica generadora de oportunidades de inclusión y de equidad. De fracasar este intento, los mismos integrantes de las bandas estiman que en veinte años podrían pasar de dos mil a siete mil personas cooptadas por ellas.
Por su parte, el Viaje de la Caravana Humanitaria del Gobierno y el ELN por el Pacífico, con acompañamiento de organizaciones internacionales, como Naciones Unidas y MAPP-OEA, así como autoridades departamentales del Valle y con ausencia de la Gobernación del Chocó comenzó en Bajo Calima y el Río San Juan, en la búsqueda de alivios humanitarios inmediatos.
Fueron alrededor de 180 personas las que participaron en el recorrido por las zonas de conflicto con el fin de plantear recomendaciones a la Mesa de Negociación entre el Gobierno y el ELN para el segundo ciclo que se llevará a cabo en México, a mediados de febrero. El propósito es plantear planes de acción concretos que se puedan implementar de manera inmediata.
El común denominador de las comunidades afectadas por el conflicto fue el requerimiento de inversión en salud, educación, proyectos productivos, vías, saneamiento básico y poder vivir en territorios libres de actores armados. Como lo plantea Redacción Colombia +20 (24,01,2023), las recomendaciones para el segundo ciclo se orientan al desminado de la región, a que se acaben los retenes y poder navegar por los ríos y afluentes.
La caravana encontró pueblos abandonados, como en Santa Rosa de Guayacán que lleva un año y dos meses con las casas vacías y en franco deterioro. Los motivos se relacionan con el enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo que forzaron al desplazamiento de 28 familias indígenas Wounaan hacia Buenaventura en noviembre de 2021. También encontraron tres caseríos en la misma situación de abandono.
En el caso de las 28 familias Wounaan, después de varios meses de hambre y situación mendicante en Buenaventura llegaron al albergue Arcesio Paz de la Arquidiócesis de Cali localizado en el municipio del Dagua. Llegaron 155 comuneros entre quienes había mujeres gestantes, por lo que la población aumentó a 163 personas. Dicen Romero y Alzate (22,01, 2023), con toda razón que, en tales condiciones, el territorio queda reemplazado por el albergue donde se pierde la autonomía y la supervivencia pasa a depender de la caridad, de las donaciones y ayudas humanitarias. En Cali y Buenaventura existen otros ocho albergues.
La delegación visitó albergues en Dagua y Buenaventura. Luego, se dividió para realizar dos recorridos: uno por el medio y bajo San Juan, con el objeto de visitar los pueblos de San Miguel, Noanamá, Negría y Panamacito. El otro grupo recorrió el Bajo Calima (Valle) y visitó Docordó (cabecera urbana del Litoral de San Juan, en Chocó), también, visitó las comunidades de La Colonia, San Isidro, Valledupar, Palestina, Cabecera, Unión Balsalito y Docordó.
La Caravana presentará un informe para documentar la situación en derechos humanos. El pueblo Wounaan de Santa Rosa de Guayacán ha sido afectado por cuatro desplazamientos masivos desde 2010, con retornos sin garantías. También, hay situaciones de albergues donde la Unidad de Víctimas no ha pagado el alquiler.
Situaciones similares ocurren con las comunidades negras del Consejo Comunitario del Bajo Calima. Se encuentran hacinadas en el Barrio San Buenaventura-R9: 120 personas del Guadual, Ceibito y Nueva Esperanza, por combates en el corregimiento de Buenaventura.
Solicitan el retorno al territorio con seguridad integral no policiva; servicios básicos en salud y educación; participación efectiva en la Mesa de Negociación y acompañamiento para la permanencia en el territorio. Expresan su preocupación por el reciclaje de los grupos que llenan vacíos, después de los acuerdos.
El domingo 22 de enero, dos días después que la Caravana cruzó por el caserío de Nigeria en jurisdicción de Istmina Chocó, un batallón de operaciones terrestres cayó en un campo minado con saldo de un soldado profesional muerto y otros cuatro heridos.
El Corregimiento de San Miguel fue militarizado, pero al día siguiente las calles amanecieron llenas de panfletos de las AGC o Clan del Golfo, en conmemoración del natalicio de Jorge Eliécer Gaitán, nombre que usurpa esta organización con el propósito de presionar la negociación política y no solamente el sometimiento a la justicia. No obstante, es importante anotar que su comandante Otoniel acaba de reconocer en Estados Unidos su dedicación al narcotráfico, en procura de reducir su pena a veinte años.
Se reporta que los panfletos, también aparecieron en las vías del Sur de Bolívar y en veinte municipios de Antioquia, Atlántico, córdoba, Cesar y Sucre. Por su parte, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció amenazas a la comunidad en Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, así como la presencia de grafitis, pintas y pancartas de las AGC, así como la proliferación de la extorsión y el secuestro.
De hecho, la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia emitió un comunicado el pasado 23 de enero por las disputas armadas entre el Frente 18, 16 y 5 con las AGC, que infringen el Derecho Internacional Humanitario, con grave afectación de las comunidades.
También, los campesinos del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio se declararon en paro permanente en Lizama, cerca de Barrancabermeja para pedir el desmonte del paramilitarismo y reclamar garantías para ejercer el derecho a la protesta social. El paro ya afecta el abastecimiento de Barrancabermeja con respecto al suministro de gasolina, medicamentos y alimentos y llaman al Gobierno Nacional a dialogar.
También, se presentan denuncias de penetración del paramilitarismo en las zonas del Putumayo, Guaviare y Caquetá, a la para que se recrudecen los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en Arauca, con hechos que han cobrado la vida de 11 integrantes de las disidencias.
Así mismo, el Ministro de Defensa se ha visto abocado a encabezar la realización de un Consejo de Seguridad en Cali, teniendo en cuenta las acciones realizadas por grupos de disidencias que intimidaron a la población al entrar hombres armados a patrullar el municipio de Balboa. El llamado fue perentorio en el sentido de no poder sostener un cese bilateral del fuego si continúan los actos de toma de rehenes y patrullajes por parte de estos grupos armados ilegales.
Como se puede observar, hay fenómenos nacionales y territoriales que requieren atención específica. En los procesos de paz anteriores los territorios no tuvieron relevancia en su abordaje. Comenzaron a ser importantes en el Acuerdo Final de Paz Gobierno-FARC de 2016, con la reforma Rural Integral, los PDETs, la sustitución de cultivos y las 16 Curules de Paz para las víctimas. En los procesos de los años 90, los territorios solamente se abordaron para obras puntuales con fondos de paz. Hoy adquiere mayor relevancia la pertinencia de los abordajes territoriales de los procesos de paz y los acuerdos específicos con los diversos grupos, tanto en el Pacífico, en la Sierra Nevada como en Arauca o Caquetá y el Putumayo, ya sea para la negociación política o para el sometimiento a la justicia, según la naturaleza del actor armado.
Esto, como plantea Camilo González (17,01,2023), es crucial que los distintos grupos dejen de matar y de agredir a la población civil, como pasos iniciales, a partir del respeto al derecho internacional humanitario, para evidenciar el compromiso y voluntad de entrar en los procesos de negociación política o jurídica desescalando sus niveles de confrontación o de afectación y como elementos más importantes que los mismos protocolos de cese al fuego.
Esto es más relevante, precisamente, porque las confrontaciones se dan predominantemente entre los grupos y no tanto en contra de la fuerza pública. Lo más común es la captura de agentes que salen de permiso y son devueltos mediante actos de propaganda y publicidad, lo que implica reclamar a dichos grupos que deben desistir de dichos actos de toma de rehenes en cualquier escenario.
Así mismo, se evidencia que la naturaleza de la Paz Total es ante todo paz social y entendimiento territorial y nacional, lo que le confiere otras connotaciones muy diferentes a los rasgos de negociación política o jurídica con estructuras armadas y las envuelve
Esto tiene relación, como afirma Camilo González (24, 01, 2023), en primer lugar, con la negociación política como visión de coalición en el sentido de pacto social para sacar el país de las múltiples violencias, para avanzar hacia la política sin armas, para lo cual es relevante el papel de la coalición en el Congreso para avanzar en las reformas y para su despliegue en la coyuntura de elecciones regionales, con sentido de pactos territoriales. También, en segundo lugar, tiene que ver con la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC y su inclusión como capítulo del Plan Nacional de Desarrollo con asignación de recursos más robustos que el gobierno anterior. En tercer lugar, se refiere a la consolidación de las treguas bilaterales, multilaterales y con los compromisos de protección de la población. En cuarto lugar, le confiere gran importancia a la dimensión internacional y a los factores geopolíticos.
Finalmente, una restricción la constituye el comportamiento del Fiscal y su posición con respecto a la implementación de la Paz Total. Es de esperarse que en la reunión del 30 de enero se puedan zanjar diferencias y entrar en dinámicas de cooperación interinstitucional, como lo plantea la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integrada por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y eventualmente la Corte Suprema de Justicia que llama a las diversas autoridades a ejercer sus competencias dentro de los principios de separación de poderes y colaboración armónica.
Sin embargo, allí se destaca un elemento que invita a establecer vacíos en la comprensión del modelo de Paz Total por parte de la Fiscalía, especialmente, en lo relacionado con la Ley 2272 del 4 de noviembre de 2022 que modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, especialmente en lo relacionado con miembros-representantes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y la suspensión de órdenes de captura.
Sin embargo, desde febrero se avanzará en la ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales, lo que permitirá despejar cualquier restricción relacionada con los representantes y voceros de dichas organizaciones y sus condiciones para la interlocución, así como lo relacionado con la colaboración y las medidas de extradición. Aunque el Fiscal ha viajado a Estados Unidos a reunión con altos dignatarios del Departamento de Justicia, el gobierno ya ha notificado a dicho gobierno acerca de la situación del proceso de negociación. Por ello, el gobierno ha dejado claro que no solicitará la suspensión de órdenes de captura contra personas pedidas en extradición, en la medida en que tenga, también, la información suficiente, así como en la medida en que se establezcan las reglas del sometimiento a la justicia.
Fuentes:
- Sanmartín Olga. Buenaventura: un laboratorio de paz en medio de la inmensa miseria. Revista Cambio. Enero 14 de 2023.
Ver: https://cambiocolombia.com/pais/buenaventura-un-laboratorio-de-paz-en-medio-de-la-inmensa-miseria
- Redacción Colombia +20. Las conclusiones de la caravana humanitaria del Gobierno y el Eln por el Pacífico. El Espectador. Enero 24 de 2022.
- Romero Peñuela Natalia y Alzate González Camilo. Así fue la caravana del Gobierno y ElN para oír el drama de guerra en el Pacífico. Colombia +20. Enero 22 de 2023.
- González Posso Camilo. No maten más. Lo urgente es el cese unilateral de agresiones a la población. Indepaz. Enero 17 de 2023.
- González Posso Camilo. La Paz Total debe ser un acuerdo con la sociedad sin armas. A fondo con María Jimena Duzán. Enero 24 de 2023.
Escuchar: https://open.spotify.com/episode/6omQGuJF8H3N8Hu8o9dJoa?si=NyZyCiqJRqaZ9ON8pk-N4Q&nd=1