Por Alvaro Efrén Córdoba Obando / Junta Directiva de la CNAI
alvarocordoba50@hotmail.com / Docente Universidad de Antioquia – Colombia
¿Qué hay detrás de la medida cautelar que le impide al presiente reasumir las funciones de regulación de tarifas de servicios públicos? ¿Quiénes son los accionantes? ¿Quiénes son los beneficiarios de la suspensión del decreto 227 del 16 de febrero de 2023?
Hace unos días (2 de marzo de 2023) el Consejo de Estado mediante un fallo acogió la solicitud de dos abogados que reclaman medidas cautelares para impedir que el presidente de la República reasuma las funciones de regulación de tarifas de servicios públicos delegadas en algunas comisiones. El fallo menciona varios argumentos aportados por los accionantes, supuestamente a título personal, entre los que se menciona el riesgo de vulneración de los derechos de la ciudadanía o la prestación de un servicio. Sin embargo, resulta contradictorio, toda vez que el decreto del presidente tiene como antecedentes la decisión de bajar los precios para reducir la carga sobre las familias más pobres apelando a un principio de equidad, justicia social y universalidad de los derechos, como el mínimo vital del que se habla en casi todo el mundo. No es coherente tampoco que una empresa que factura en miles de millones de pesos cada año y que se constituyó en la oficina de abogados más grande del país, sea la que esté detrás de ese supuesto interés en defender derechos de personas, si su negocio es y ha sido siempre defender intereses de grandes empresas nacionales y transfronterizas en litigios contra el Estado colombiano.
Más allá o más acá de los detalles y tecnicismos jurídicos que se presentaron ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023 y además solicitar las medidas cautelares que impidan su aplicación efectiva e inmediata[1] con argumentos exagerados y alarmistas que refieren el riesgo para el derecho a la vida digna y la salud de los colombianos, que rayan en el terrorismo psicológico, como presión a los magistrados respecto del supuesto peligro que representa que el presidente reasuma unas funciones delegadas en unas comisiones, están los intereses de grandes grupos económicos nacionales y transnacionales y de una poderosa firma de abogados en la que participa el hijo del exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, y que en el pasado han tenido que ver con los negocios de la construcción de las vías 4G y 5G como la Ruta del sol II y el plurimencionado caso de Odebrecht[2] (la mayor red de sobornos en la historia, 28 millones de dólares en coimas en el contrato de obra de la ruta del sol II en Colombia, además de involucrar a varios expresidentes de varios países del continente) en el que Martínez Neira antes de ser fiscal general de la nación representó y defendió los intereses del grupo Sarmiento Angulo vinculado con negocios con Odebrecht cuya filial en Colombia era defendida legalmente por el que luego llegaría al cargo de Fiscal General de la Nación, para no señalar el tema del cianuro, la familia Pizano y otros extraños casos de muertes de testigos o involucrados en el escándalo Odebrecht,[3] de amplia cobertura de los grandes medios nacionales e internacionales.
El mismo (Martínez Neira) que junto con la DEA y el gobierno de Duque se dedicaron al entrampamiento[4]a la paz firmada en La Habana[5], como el caso de Jesús Santrich e Iván Márquez, que los obligó a volver a la clandestinidad ante un nuevo episodio de perfidia agenciada desde las élites enemigas de la paz y de la justicia social. El caso del entrampamiento, documentado por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- será llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como prueba de las injerencias ilegales contra el proceso de paz.
Los abogados que presentan la demanda ante el Consejo de Estado[6] son socios activos de la empresa DLA PIPER Martínez Beltrán de la que es director y socio el señor Camilo Martínez, hijo del oscuro exfiscal general de la nación y, según varios medios de comunicación de las élites, un promisorio industrial del litigio jurídico transfronterizo que factura en miles de millones por sus servicios de asesoría y representación legal en conflictos de empresas extranjeras y nacionales con el Estado Colombiano en las que aseguran resultados favorables a los intereses de sus poderdantes, ya que tienen entre sus socios a expertos exfuncionarios públicos que estuvieron en posiciones de privilegio, conocedores de la información y procedimientos administrativos, técnicos y jurídicos de la vigilancia de las entidades del estado encargadas de asuntos estratégicos (superintendencias) como los proyectos minero energéticos, salud, educación, megaobras de infraestructuras, operación y concesiones de servicios públicos y ejecución de recursos públicos, “derechos de competencia, y manejo de riesgos de prácticas restrictivas del derecho de competencia como lo enuncian en su portal web[7], como de negocios privados (fusiones) que deberían pagar altas sumas de dinero en impuestos al Estado colombiano por sus transacciones.
La misma empresa de abogados tiene negocios y clientes interesados en el tema de salud, en el tema de infraestructura y vías, en el tema de transición energética, energías renovables y servicios públicos[8], tanto en Colombia como en el resto del continente, en donde representa y se dedica al litigio estratégico en favor de los “inversionistas” privados transnacionales y en contra de los estados donde estos inversionistas hacen sus negocios. Es un trabajo tan rentable que en el 2017 la firma en mención facturó más de 20 mil millones de pesos según declaraciones de sus socios y dueños al diario La República[9], y que en el 2022 se constituyó en la firma de abogados más grande y primera en el ranking nacional conforme lo ubica el mismo periódico mencionado. Por lo tanto, llegó a ser la firma que más factura en Colombia conforme la revista de los señores Gilinski[10].
Si a todo esto se le agrega la implacable guerra mediática contra la ministra de minas y energía Irene Vélez, quien preside la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y los debates que ella ha planteado al país sobre el tema de la transición energética, el concepto del “decrecimiento” y las alternativas al enfoque desarrollista que nos vendieron desde hace más de cincuenta años como la receta para la solución de todos nuestros males como sociedad, podríamos señalar que el neoliberalismo en Colombia usa todas las formas de lucha para evitar perder sus privilegios en la usurpación de bienes públicos. No hacen falta detalles aquí de la guerra encarnizada contra la ministra de Salud, Carolina Corcho por la reforma estructural al sistema de salud, que pretende eliminar otro engendro neoliberal, la “intermediación financiera” de ochenta billones de pesos del sistema que se represan y se pierden entre tanta “autorización”, “recobro”, “facturación”, integración vertical y pacientes muertos que aún consultan y reciben atención según los reportes de estas samaritanas empresas.
Por todo lo anterior, resulta extraña la celeridad del Consejo de Estado en atender y acoger la solicitud de los nobles y generosos abogados de la firma de Martínez Neira, quienes mencionan, ellos mismos, que el promedio de respuesta es de once meces y citan al consejo superior de la judicatura y a la ong Excelencia en la justicia; y más extraño aún que acoja los exagerados y alarmistas argumentos de la posible vulneración de derechos, el riesgo a la vida y la salud de las personas, porque lo que hay detrás, sin necesidad de una exhaustiva indagación, son los intereses privados de grandes empresas transnacionales que manejan el mercado de los servicios públicos y que apelan al derecho de competencia por encima de los derechos humanos de los asociados de un Estado desmantelado por el modelo desalmado de la privatización de todo, cualquiera que sea, porque van como plagas depredando el erario de países pobres y no tan pobres en defensa de negocios “privados” de capitales, llaman privados a la apropiación “legal” de bienes públicos para beneficio privado. Extractivismo neoliberal, puro y duro, sin vergüenza y sin asco, no importa si hay que argumentar propósitos altruistas y humanitarios, un estilo y discurso digno de aliados y servidores del filósofo alias fico cuya frase memorable marcó la profundidad de su programa de campaña en el 2022: “plata es plata”.
¿Actúa el Consejo de Estado en derecho? ¿Apelando los principios del bien común, de solidaridad, justicia social y de buena fe ante las decisiones del primer gobierno y gobernante progresista? O ¿hay otra agenda oculta más poderosa que se impone para mantener el statu quo de la inequidad, la injusticia, y la codicia a costa de la dignidad y los derechos de las personas más humildes que no logran acceder al mínimo vital en servicios públicos como en cualquier sociedad moderna y medianamente equitativa? ¿Hay una soterrada o evidente intensión de impedir que el gobierno del cambio, cumpla con los propósitos para los que fue elegido por el constituyente primario, por el soberano, por el pueblo? ¿Es, este caso, un nuevo episodio del uso la justicia para impedir el flujo de las decisiones de los otros poderes públicos, de politización de la justicia y judicialización de la política, en la que los jueces gobiernan o ejercen una injerencia desmedida e indebida sobre el poder ejecutivo, en lo que se conoce ya como el lawfare, promovido y agenciado para el sostenimiento del neoliberalismo en América Latina, tal como lo ha documentado suficiente y recientemente la doctora Silvina Romano[11] de Celag – conicet Argentina?
Entonces, en el sentido del llamado del presidente al levantamiento del pueblo, debemos entender que ahora más que nunca es necesario activar todos los mecanismos legales y extralegales (constitucionales) de democracia directa, soberanía popular, poder constituyente en la concreción de los cambios que urgen para la justicia y la paz, el poder popular en acción, para defender una a una, cada una de las reformas que permitirán desterrar de una vez y para siempre el engendro neoliberal que nos ha humillado y empobrecido económica y moralmente.
Tarde me vengo a enterar entonces que la empresa del heredero del sensible y generoso exfiscal es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos de la población más pobre y vulnerable de Colombia que merece todo nuestro respeto, reconocimiento y apoyo. ¡Dios les pague por tanta generosidad!
[1] https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/suspenden-decreto-con-el-que-petro-asumio-regulacion-de-servicios-746775
[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38905411
[3] https://www.elespanol.com/mundo/20181228/tercera-muerte-sospechosa-colombia-relacionada-caso-odebrecht/364213893_0.html
[4] https://www.bluradio.com/nacion/dare-a-conocer-a-consejo-de-seguridad-el-entrampamiento-a-santrich-canciller-tras-denuncia-de-jep-rg10
[5] https://www.publimetro.co/noticias/2022/12/13/la-columna-sobre-nestor-humberto-martinez-que-cambio-no-quiso-publicar/
[6] Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao
[7] https://dlapipermb.com/
[8] https://www.semana.com/economia/articulo/asi-logro-esta-firma-de-abogados-ser-una-de-las-que-mas-factura-en-el-pais/202200/
[9] https://www.youtube.com/watch?v=qG4HJNHFi4g&ab_channel=DiarioLaRep%C3%BAblica
[10] https://www.semana.com/economia/articulo/asi-logro-esta-firma-de-abogados-ser-una-de-las-que-mas-factura-en-el-pais/202200/
[11] ROMANO, S., Lawfare, Guerra Judicial y neoliberalismo en América Latina, Mármol Izquierdo Editores, Sevilla, 2019.