Por Albeiro Caro /Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
Como es de público conocimiento, la Ley 2272 de 2022, denominada Ley de Paz Total, que prorroga y modifica la Ley 418 de 1987, así como las subsiguientes normas relacionadas con sus respectivas modificaciones y prórrogas, elevada al rango de política estatal de paz establece dos tipos de procesos: 1) de negociación política con grupos armados al margen de la ley con los cuales se pacten acuerdos de paz para su reincorporación a la vida civil y 2) de conversación y acercamiento con estructuras armadas de alto impacto, del crimen organizado, para su sometimiento jurídico y consiguiente desmantelamiento.
En la primera tipología de procesos se han venido configurando las negociaciones que se adelantan, de manera separada, probablemente, con tres agrupaciones: 1) el ELN, para dar continuidad al proceso de diálogo emprendido por el Gobierno Santos e interrumpido en el de Duque. 2) con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC EP, EMC, grupo residual que no firmó el Acuerdo de Paz de 2016, inicialmente encabezado por Gentil Duarte (muerto en atentado) y ahora, por Néstor Gregorio Vera (Iván Mordisco) y 3) con la Segunda Marquetalia, negociación probable aún no definida, con el grupo configurado por mandos nacionales, como Iván Márquez y Jesús Santrich (muerto en atentado), así como dirigentes regionales que resolvieron abandonar el proceso de reincorporación, a partir del presunto entrampamiento al proceso de paz y a la JEP, desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Llegar hasta el tercer ciclo de negociaciones que se adelanta con el ELN en La Habana-República de Cuba, con una Agenda que se refiere a los alivios humanitarios, a la participación de la sociedad civil y a un eventual pacto de cese al fuego ha sido un camino intrincado, pese a la brevedad del tiempo transcurrido desde la posesión del Gobierno Petro. Se espera que dicho cese bilateral incorpore los alivios humanitarios para la comunidad y los militantes del ELN privados de la libertad en los centros de reclusión, el cese del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la no persecución de líderes sociales y el cese de hostilidades en contra de la población, así como estrictos protocolos de cumplimiento y verificación.
Al tiempo, el Grupo del EMC, está listo para iniciar negociaciones con el Gobierno Nacional, el próximo 16 de mayo, como lo planteó su portavoz, Ángela Izquierdo, desde los Llanos del Yarí [1], en evento multitudinario ampliamente difundido por los medios de comunicación, que contó con la presencia de comunidades y veedores internacionales. Esta sería una mesa paralela a la del proceso de negociación con el ELN.
Por su parte, la Segunda Marquetalia ha manifestado su disposición para entrar en proceso de negociación de paz con el Gobierno de Gustavo Petro [2]. No obstante, dado el ambiente adverso del contexto político y mediático, para su eventual reconocimiento como grupo insurgente por parte del Gobierno, esta agrupación ha entrado en dinámicas de presión con su declaratoria de refundación del antiguo Frente 53 que operó entre las regiones del sur de Cundinamarca, el departamento del Meta y el Vichada, con lo cual coloca al centro la actividad militar, exacerba el despliegue de pie de fuerza en la región por parte del gobierno y complica un ambiente que debería ser de distensión para poder entrar en una lógica de conversación.
Trágicamente, la dinámica de negociaciones de paz en Colombia se ha caracterizado por la pretensión de mostrar fuerza militar por parte de los grupos armados, más que de capacidad política y propositiva frente a los problemas nacionales y territoriales. Este acontecer trae hechos luctuosos que afectan a las comunidades, a los defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios de incidencia del conflicto, a integrantes de la fuerza pública y de los mismos grupos alzados en armas.
Tampoco se evidencian en los posibles proyectos políticos alternativos de estos grupos, visiones de futuro que permitan plantear escenarios de transformación territorial en beneficio de las comunidades, para su mejoramiento de condiciones de calidad de vida, convivencia democrática, participación y transformación socio-productiva, protección ambiental y consolidación sociocultural.
Así se evidencia en el primer informe trimestral de Indepaz, en 2023 [3] donde muestra que, los hechos violentos registrados en diferentes regiones, en un 70%, han afectado el cese al fuego y de hostilidades de grupos armados ilegales en contra de las poblaciones. Estos hechos, también incluyen al Clan del Golfo, grupo multicrimen de alto impacto. Esto se ha presentado en 54 municipios, en los departamentos del Cauca, Antioquia y Nariño, con énfasis en el Bajo Cauca y en Tumaco, donde confluyen las llamadas disidencias FARC, el ELN y el Clan del Golfo.
También, en el Putumayo se presentaron incidentes por parte de la Segunda Marquetalia, los “Comando de Frontera” y el EMC, el “Comando Conjunto de Oriente”, ‘Frente Carolina Ramírez’.
Indepaz denuncia que de 35 líderes sociales asesinados entre enero y marzo de 2023, por lo menos, en tres casos, son presuntamente responsables el ‘Comando Coordinador de Occidente del Estado Mayor Central’ de las disidencias de las FARC.
Por su parte, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez [4] plantea que el EMC ha violado el cese bilateral al fuego en 190 ocasiones. Plantea que el mecanismo de monitoreo y verificación permite que los representantes de las partes escuchen para verificar, presenten conclusiones y de acuerdo con la gravedad del incidente, se escale a la Mesa de Negociación y, de ser necesario, al gobierno Nacional para las decisiones pertinentes.
De otro lado, según datos de la Coordinadora Humanitaria, conformada por más de 700 organizaciones sociales se registraron durante el primer trimestre 219 posibles violaciones al cese al fuego bilateral y 318 hechos violentos. El mayor número de hechos reportados por la Coordinadora Humanitaria se presentaron en: El Caribe (47 eventos), Cauca (45 eventos), Antioquia y Arauca (30 eventos).
Por su parte, un informe de Inteligencia divulgado por El Tiempo [5] reporta que entre enero y abril los grupos armados organizados realizaron 459 acciones violentas, lo que incluye al EMC con 193 acciones, la Segunda Marquetalia con 52 acciones bélicas y el ELN con 131.
En el Municipio del Carmen, Vereda Villa Nueva de la Región del Catatumbo, como se recuerda, el 29 de marzo de 2023, un comando del ELN asesinó a diez jóvenes soldados que prestaban el servicio militar y dejaron heridos a otros 17; dada su inexperiencia y formación, estos jóvenes no estaban en zonas de guerra, pero sí de presencia de los elenos. El Carmen es un municipio turístico por donde pasa el Oleoducto Caño Limón Coveñas y, por tanto, ha sido tradicionalmente afectado por las voladuras que realiza el ELN, con grave afectación ambiental y social, como ocurrió en 2017 con la contaminación del acueducto municipal con petróleo derramado cuyos efectos, presuntamente, se mantienen con rastros de petróleo en el agua que consumen los pobladores.
La muerte de los soldados provocó el rechazo generalizado en la sociedad colombiana e internacional y puso en tensión los propios diálogos con el ELN, luego, de los esperanzadores resultados del segundo ciclo de negociaciones realizado en Ciudad de México.
La decisión de continuar el proceso de negociación, en medio del conflicto, también ha estado acompañada de la intensificación de acciones de las fuerzas militares contra el ELN. Los resultados operacionales se reflejan en materia de capturas, muerte de mandos y combatientes, incautación de armamento y material de intendencia, así como destrucción de reductos e infraestructura que se le atribuye a esta guerrilla, para el procesamiento de alcaloides y la minería ilegal.
Estas operaciones militares no han estado separadas de procesos de incidencia y concertación entre el gobierno Nacional, las comunidades y autoridades regionales, en problemáticas relacionadas con el Paro Minero en el Bajo Cauca, la entrega de tierras de la Sociedad de Activos Especiales a comunidades campesinas, los primeros pasos para la construcción de la Universidad del Catatumbo, las inversiones que se incluyen para las regiones desde el Plan Nacional de Desarrollo, dentro del proceso de aprobación en el Congreso de la República, entre otras dinámicas de transformación económica y social de los territorios.
La semana que comienza inicia con el tercer ciclo de negociaciones que se realiza en La Habana. Se busca establecer un protocolo medible y verificable de cese al fuego bilateral. Se sabe que el ELN cuenta con frentes y comandantes escépticos y recalcitrantes frente a las posibilidades de los Acuerdos de Paz y la viabilidad de una posible incorporación a la lucha política y social, sin armas. Esto ocurre con los frentes del nororiente colombiano y el frente occidental, que han manifestado sus recelos frente las posibilidades de una solución política al conflicto armado.
Es notable, que tantos años de trayectoria armada generan visiones y prácticas que tienden a mistificar la acción militar por encima de la lógica política y del respeto por el derecho internacional humanitario. No obstante, la lógica misma de la negociación va transformando a los actores. Su interacción con las comunidades en planos distintos a la subordinación de la participación ciudadana a la visión militar cuestiona el rol del combatiente en armas y lo fuerza a colocarse “polo a tierra”.
Así se ha podido evidenciar a raíz del evento convocado por el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, que se realizó con cerca de cinco mil habitantes del suroccidente colombiano durante los días 27, 28 y 29 de abril en el Territorio Ancestral Kweth Ki’Na, Territorio de Diálogo, Paz y Convivencia y que se denominó “Minga Humanitaria, Política y Social por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz Total e Integral de los pueblos”. Al respecto, en su Mandato, el CRIC expresó: “La paz total necesita seguridad que disuada a estos muchachos de la violencia, o si no le maman gallo a la paz. Y, para consolidarla, se necesita una gran política social”. CRIC [6].
La Minga manifiesta que busca “conocer de fondo las voluntades reales por parte de los diferentes actores armados, gobierno nacional, gremios económicos y sociedad civil en la construcción de la paz real e integral, con el propósito de desescalar el conflicto y avanzar en el cese multilateral del fuego y de hostilidades de manera inmediata”.
En esta óptica, el Mandato sintetiza elementos humanitarios y políticos que integran, entre otros, principios sentipensantes de reciprocidad, auto y mutuo reconocimiento, sentido de territorio, buen vivir, respeto por las comunidades; diálogo político para concretar agendas y garantizar la participación de la sociedad civil en su diversidad social, étnica, de género y capacidades para una construcción colectiva de paz, de “diálogo interjurisdiccional vinculante que genere garantías jurídicas para la implementación de eventuales proceso de paz y restablecimiento de la armonía y equilibrio en los territorios”. Así mismo, para avanzar en una reforma agraria integral con garantías como horizonte de cambio regional y de implementación de modelos económicos propios para mitigar el cambio climático, posicionar las economías comunitarias y solidarias para una transición hacia una menor dependencia y mayor soberanía.
El Mandato hace un llamado al respeto por la vida de los habitantes de los territorios rurales, a detener el reclutamiento de comuneros. Llama al cese al fuego multilateral y de hostilidades de manera inmediata entre los diferentes actores del conflicto armado. A parar la estigmatización, la persecución, el desplazamiento, la desaparición forzada, la instalación de campos minados, el homicidio, el reclutamiento forzado y toda forma de violencia. Así mismo, exige a los actores armados el reintegro de los niños, niñas, jóvenes y adultos a sus comunidades y al fortalecimiento de los procesos comunitarios, de los proyectos económicos, de formación y de ejercicios de sanación.
El jefe de Estado también espera llegar a un cese de hostilidades para parar, entre otras cosas, la extorsión, la persecución a las comunidades y el reclutamiento forzado.
Con respecto al evento del CRIC, al que estaban invitadas delegaciones del ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia, dichas agrupaciones armadas manifestaron, mediante comunicados, su valoración del evento y la imposibilidad de asistir, en razón del viaje a Cuba, por parte de la delegación del ELN y del cumplimiento de restricciones de movilidad establecidos en los protocolos de cese al fuego bilateral acordados con el Gobierno Nacional. No obstante, tales comunicados de los grupos armados recibieron el rechazo de las comunidades.
Las comunidades no aspiran a ser convidados marginales en los diálogos de paz. Plantean ser actores decisivos para que “esa paz quede bien hecha”.
El EMC envió un video dirigido a la Minga indígena cuyo contenido formal valora a las autoridades indígenas y los modos de ser indígenas, de sus propuestas de paz, dice reconocer el carácter de sujeto político de las comunidades. Se compromete a vivificar la paz con justicia social y avanzar en diálogos vinculantes. No obstante, nada dice con respecto al daño causado por las agrupaciones armadas con respecto a las comunidades, no problematiza ni vislumbra soluciones de corto, mediano o largo plazo.
El planteamiento discursivo recoge las palabras, más no el sentido político humanístico, social y territorial de la participación protagónica de las comunidades en la construcción de la paz. En general, las instituciones y los grupos armados ilegales dicen escuchar a las comunidades, pero, estas siguen siendo actores marginales en las negociaciones, como evidencia que en la cosmovisión del funcionario y del ciudadano no está al centro la democracia participativa como motor de la paz.
Consientes de estas restricciones, las comunidades y organizaciones sociales del país vienen construyendo nuevos escenarios de incidencia en el proceso de la paz total, para que sea integral y duradera.
Al respecto, es de valorar el proceso de unidad que construyen nueve plataformas nacionales de paz, con el apoyo de la Oficina del Comisionado de Paz [7]. Entre ellas construyen agendas, trazan rutas, iniciativas y formas de participación social en los procesos de paz. Se integran en estos procesos, la Mesa Nacional de Interlocución Social para La Paz, Pastoral Social-Cáritas Colombia, la cumbremujeresypaz, Viva la Ciudadanía, FICONPAZ, DefendamosLaPazColombia, la Redprodepaz Colombia, la Mesa de Gobernabilidad de Universidades Estatales, ONIC, la RedCampesinaRural, Redepaz Oficial, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). El proceso va construyendo visiones compartidas y prospectivas que permitirán fortalecer dinámicas territoriales y sectoriales de participación y diálogo social incidente. Esto permitirá avanzar hacia procesos de interlocución social con gremios económicos, partidos políticos, autoridades territoriales, entidades internacionales acompañantes de los procesos de paz y gestores de paz de los grupos insurgentes en proceso de negociación con el Gobierno Nacional.
De otro lado, la Revista Semana estigmatiza a la Guardias Campesina Losada Guayabero, en relación con el cerco humanitario de reciente ocurrencia en Los Pozos-San Vicente del Caguán y por su presencia en el evento del Yarí, durante la presentación del EMC. Sin embargo, la disposición a la negociación de este grupo abre un hito de esperanza al poder apreciar que organizaciones como las guardias indígena, cimarrona y campesina muestran un embrión de futuro, de civilidad, de protección comunitaria, sin armas, de las comunidades frente a la amenaza del paramilitarismo.
Se vale soñar que, así como en los años cincuenta y sesenta, unas ligas campesinas se transformaron en movimiento insurgente, en un futuro cercano se pueda lograr que esas insurgencias actuales se puedan integrar a la paz territorial. Se transformen social, económica y políticamente en actores campesinos y ciudadanos que conviven pacíficamente despojados de jerarquías y rangos militares, apropiados de agendas de construcción de los territorios, en el espíritu del mandato de la Minga Humanitaria.
¿Estará la reacción del país preparada para esta reflexión?
La presencia en la Mesa de Negociación con el ELN de José Félix Lafaurie permitiría pensar que es posible avizorar otra perspectiva de entendimiento nacional, más, cuando la construcción de la paz pasa por reformas que permitan construir inclusión social, reducción de la desigualdad, justicia social y democracia participativa en los temas agrario, ambiental, social, económico y político, en el entendido que la paz se construye desde los territorios y se fortalece con políticas y acuerdos nacionales.
Fuentes:[1] Diario del Magdalena. Disidencias FARC y Eln hacen llegar mensajes a minga indígena sobre la paz. 29/04/2023
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/806049/disidencias-FARC-y-eln-hacen-llegar-mensajes-a-minga-indigena-sobre-la-paz/[2] La disidencia de la Segunda Marquetalia reitera su intención de negociar la paz con el Gobierno de Colombia. Europa Press Internacional. Marzo 27 de 2023.
https://www.europapress.es/internacional/noticia-disidencia-segunda-marquetalia-reitera-intencion-negociar-paz-gobierno-colombia-20230327104958.html[3] Indepaz. Cifras enero – marzo de 2023. Acciones de incumplimiento al Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional. Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional. Abril de 2023.
https://indepaz.org.co/acciones-de-incumplimiento-al-cese-al-fuego-bilateral-y-temporal-de-caracter-nacional-cifras-enero-marzo-2023/[4] Velásquez Iván. ” Hay muchos que temen que yo sea fiscal”: mindefensa sobre posible postulación a Fiscalía. Abril 24 de 2024.
https://www.youtube.com/watch?v=sejM84qZOsM[5] Méndez Alicia Liliana. Primicia: este es el informe de inteligencia sobre violaciones al cese del fuego. El Tiempo. Mayo 03 de 2023.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cese-al-fuego-bilateral-informe-de-inteligencia-habla-de-459-violaciones-764255[6] CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC. MANDATO DE LAS COMUNIDADES EN EL MARCO DE LA MINGA HUMANITARIA, POLÍTICA Y SOCIAL POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL TERRITORIO Y LA PAZ TOTAL E INTEGRAL DE LOS PUEBLOS. AGENDA HUMANITARIA Y POLÍTICA. Territorio Ancestral Kweth Ki’Na. Territorio de Diálogo, Paz y Convivencia. Sábado 29 de abril de 2023.
https://www.cric-colombia.org/portal/mandato-de-las-comunidades-en-el-marco-de-la-minga-humanitaria-politica-y-social/[7] Nueve plataformas nacionales de paz. @ComisionadoPaz. Abril 29 de 2023. https://twitter.com/ComisionadoPaz/status/1652375299068182532?s=20