Por Walter Aldana
En estos días se expresa la preocupación por el reiterado taponamiento de la vía Panamericana: que por la falta del nombramiento de un docente, que por la demora en un trámite en un ministerio o instituto descentralizado, etc.
Decía santo Tomás de Aquino que “la autoridad viene de la justicia”. Siempre me ha gustado esa frase, pues dibuja claramente las carencias en el Cauca en lo pertinente a la situación política, económica y social.
Dieciséis largos taponamientos en los últimos 20 años, y un sinnúmero de pequeños bloqueos de duración de pocas horas, pero con una regularidad de uno o hasta tres eventos semanales son ya preocupantes, además de las inclemencias climáticas que, como en el caso del deslizamiento en el municipio de Rosas, se convierte en otro aspecto que complica la movilidad por esta arteria del continente.
¿Y qué explica esta situación? En reiteradas ocasiones lo he planteado: es, como el llanto, el último recurso desesperado para llamar la atención para lograr algo; en el caso en mención se trata de la exigibilidad de derechos frente a un Estado que con su gobierno “supuestamente” es garantista de los mismos.
La movilización popular ha sido reconocida por la carta magna del 91 y la jurisprudencia constitucional. Pero doy fe de que antes de hacer uso de esa herramienta de presión, se han recorrido otros caminos; se inicia con la identificación del o los problemas, se consigna respetuosamente en una nota a la autoridad competente, se va a dicha institución con el fin de radicar la solicitud; cumplido este paso se vuelve a la comunidad a informar que se cumplió el procedimiento establecido por la ley.
Mientras pasa el tiempo se construye un pliego de solicitudes, se aspira a que los gobernantes asuman una interlocución en la búsqueda de solucionar la dificultad, pero transcurren los días, semanas, incluso meses, sin obtener respuesta; luego, lo que todos sabemos y vivimos: ante el silencio administrativo por la falta de vocación de servicio de algunos funcionarios, servidores públicos, se acaba la “paciencia” y se desata el paro, la movilización; nuevamente se fractura la confianza comunitaria en la institucionalidad, y es ahí cuando se echa mano y pie de la carretera. Entonces, los dueños del poder hacen un casi “infantil pulso” buscando el desgaste de las personas movilizadas, para terminar días o semanas después suscribiendo un acuerdo, después de haber expresado que “con acciones de fuerza no negocia”.
Entonces no le carguen la culpa de la calentura a las sábanas. Reconozcamos que la responsabilidad del gobierno es solucionar las necesidades de los gobernados. Agilizar los procedimientos es parte importante a desarrollar para mejorar las vías terciarias, recuperar las promotoras veredales de salud, impulsar los gestores de paz que ayuden a resolver dificultades en tiempo real, promover acuerdos humanitarios en zonas del conflicto armado y social. Esas son tareas urgentes, inaplazables.
Reconocernos en la diferencia territorial y de sectores de la población (étnicos, campesinado y ciudadanías urbanas) con sus necesidades específicas de tierra, salud, educación, vivienda y servicios públicos, es la clave para construir un departamento amigable con la naturaleza, respetuoso del pensamiento de la otra persona e identificado con el turismo: un Cauca y una ciudad capital planeados alrededor del agua, enmarcada en este tema específico en un Pacto por la Panamericana.