Por Albeiro Caro Fernández / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
El 2 de junio pasado, en el marco de la política de Paz Total del Gobierno Petro, en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad La Paz de Itagüí, comenzó en firme la actividad de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y los voceros de las bandas criminales que delinquen con epicentro Medellín y su Área Metropolitana del Valle de Aburrá [1]. La proyección es el sometimiento socio-jurídico de más de cerca de 400 bandas y combos delincuenciales de la región. Estos, a lo largo de una larga trayectoria cercana a los 50 años de violencia reciclada en diversos períodos, se han multiplicado a través de divisiones, mutaciones y luchas por el espacio vital en el control de rentas ilegales, cooptación de poblaciones y microterritorios para sus propósitos y actividades delincuenciales, que han llegado a trascender las fronteras nacionales articulándose, a menudo, al crimen trasnacional.
De concretarse este proceso de sometimiento socio-jurídico, la ciudad de Medellín y los nueve municipios circunvecinos podrían avanzar hacia un escenario de construcción de territorios de paz y convivencia sin precedentes en la región y el país. Esto incluye la deseable reparación de las víctimas y la necesaria resocialización de más de catorce mil personas, en su mayoría jóvenes que hoy están vinculados a estos grupos, sin hablar de quienes se encuentran en riesgo de reclutamiento o cooptación en la región.
A la vez, permitiría desplegar renovadas energías y capacidades sociales, que ayudarían a trascender viejos valores supremacistas, violentos e individualistas, para sentar las bases de relanzamiento del área metropolitana del Valle de Aburrá como referente y ecosistema mejorado de convivencia solidaria y construcción territorial. Esto podría resultar de interés social, económico, político y cultural, dada la inclinación de la región por destacarse en materia de referenciación y posicionamiento nacional e internacional, en un contexto que reclama del impulso de factores diferenciales de liderazgo territorial compartido, con visión de futuro fundamentado en el respeto por la verdad, la memoria y la voluntad de no repetición de sus tragedias.
Todo depende del nivel de interés, comprensión y compromiso de los actores sociales, económicos, académicos y políticos relevantes en la región para contribuir en la construcción de una experiencia inédita de superación de los factores de violencia endémica. Esto puede servir como caso emblemático para el país y el mundo, en materia de construcción de paz, precisamente en la tierra que carga el estigma de ser ciudad de origen del Cartel de Medellín, de la incidencia criminal de Pablo Escobar, de Carlos Lehder, de su proyección mediante obras de inversión social, de su entronque institucional en esferas mediáticas, deportivas, culturales, gubernamentales, de justicia y seguridad que, pese a un historial de luchas urbanas y sociales de resistencia, logró arraigar como opción económica para segmentos sociales de juventud desorientada y sin futuro, connaturalizada con la subcultura del vivir intenso y morir temprano, en medio del fetichismo por las armas y la sociedad de consumo, por el enriquecimiento fácil, o como parte de una sociedad constreñida por el control territorial de las bandas criminales o, también, aturdida por el chovinismo agenciado por élites patriarcales y avasallantes que supieron vender la imagen del “avivato” como indicador de éxito y de anacrónica capacidad de negociación.
Antes de los años 80, Medellín y el Valle de Aburrá fueron referentes nacionales de un industrialismo tradicionalista, autoritario y de avances educativos predominantemente escolásticos, de frágil cultura investigativa y predominio del pensamiento determinista. El escenario parroquial estaba signado por una industria liviana formada con dotación de equipos y maquinarias de segunda, en especial para la producción textil basada en la transformación del algodón de fibra larga y para su cadena productiva de relativo éxito exportador, débilmente articulada a la confección, al estampado, a las tintorerías que le permitían convertirse en referente de la moda nacional. No obstante, la industria antioqueña floreció en el contexto de un mercado estrecho y excluyente, incapaz de garantizar la plena contratación laboral para la mano de obra proveniente de los campos, zonas rurales y de otras regiones vecinas.
Paradójicamente, al lado de la relativa prosperidad garantizada por la industria cobró auge la denominada economía informal, la precarización laboral, la economía del rebusque, la guerra del centavo y el desempleo que trajo enconadas luchas cívicas y urbanas en los años sesenta y setenta, por el derecho a la vivienda, a los servicios públicos, al costo racional del transporte, entre otros, en medio de frecuentes huelgas, paros y movilizaciones sociales.
La quiebra de la industria textil derivada del auge de la fibra sintética en la cual Antioquia no tenía ningún liderazgo, vino aparejada con la sustitución de los cultivos de algodón en la costa atlántica, los llanos orientales y el Tolima, por la preferencia por el cultivo de la marihuana en los años 70. En este contexto, tan solo en el sector textil de Medellín se perdieron cerca de trece mil empleos directos, con su secuela de crisis y profundización del empobrecimiento social.
Las luchas sociales fueron intensas, a menudo violentas, sectarias, frágiles en unidad de acción y carentes de sentido compartido de propósitos, como reflejo de hondas divisiones ideológicas y políticas. Los grupos de guerrilla como el M-19, el ELN, el EPL y las FARC experimentaron respectivamente, por su lado, en la construcción de milicias urbanas en diversas ciudades del país. El Valle de Aburrá, así como los barrios populares de Medellín fueron un laboratorio predilecto en procura de canalizar el descontento popular, para impulsar formas de insurgencia urbana.
La crisis estructural estallaba en la economía regional con su secuela del crecimiento del desempleo y marginalidad social, como contracara del auge del capital financiero, del apogeo de la industria de la construcción impulsada por el Gobierno de Misael Pastrana con su estrategia financiera del UPAC. Allí también invertía la mafia y una vez garantizada la legalización del lavado de dólares a través de la llamada “ventanilla siniestra” del Banco de la República impulsado por el Gobierno de López Michelsen, así como las sucesivas amnistías tributarias a los capitales mafiosos y paramilitares fue cambiando el contexto territorial para dejar atrás el eslogan de ciudad industrial, lo que permitió generar el caldo de cultivo propicio para convertir a la juventud en ejército de reserva de la criminalidad.
En medio del influjo del paramilitarismo rural y urbano se conformó un coctel explosivo que llevó a la configuración de diversas expresiones de criminalidad urbana. La proliferación de milicias que lucharon en contra de grupos delincuenciales fortalecidas en el contexto de sendos acuerdos de paz del M19 y el EPL de los tiempos del Gobierno de Belisario Betancur en 1985 y de comienzos de los años 90 cobraron auge y ganaron apoyo social; pero, a raíz de sus excesos autoritarios fueron perdiendo apoyo popular; se fueron lumpenizando y resultaron siendo derrotadas o cooptadas por el paramilitarismo, organizaciones de microtráfico, oficinas de cobro sicarial, con procesos urbanos de paz y reinserción fallidos, como los de las Milicias Populares de Medellín en los Gobiernos de Gaviria y Samper, al conformar Cooperativas de Vigilancia que, a la postre, sirvieron para impulsar las Convivir que, en muchos casos, llevaron al exterminio mutuo de los bandos conformados [2].
En efecto, durante el primer quinquenio de los años 90 se llevaron a cabo confrontaciones armadas fratricidas y, después, falsas desmovilizaciones milicianas, con paso al paramilitarismo y al fortalecimiento de los Bloques Metro y Cacique Nutibara, con la presunta aquiescencia de la Alcaldía de Medellín y de la institucionalidad nacional y regional, con sus cuerpos de justicia y seguridad, en jornadas de entrega de armas que pudieron servir de mampara para la renovación de fusilería, desde entonces, al servicio del paramilitarismo, como expresión del hundimiento de la juventud en la vorágine de la violencia.
Las operaciones Orión y Mariscal en la Comuna Trece concretaron la derrota del proyecto miliciano, el drama humanitario y la imposición del control paramilitar, mediante intervenciones desde el Gobierno Nacional que llevaron a la articulación de la Fuerza Pública y del DAS con el paramilitarismo [3]. La desmovilización de 2005 mediante la Ley de Justicia y Paz no desactivó la acción paramilitar, solamente llevó al refinamiento de métodos, a la apropiación de presupuestos participativos municipales a través de la Corporación Democracia mientras continuó la acción clandestina violenta.
La Región Metropolitana del Valle de Aburrá se convirtió en el primer decenio del siglo XXI en baluarte del modelo paramilitar, con dinámicas de luchas y acuerdos entre grupos ilegales; con métodos de articulación que se expresaron en formas de “gobernabilidad” que permitieron incidir en el maquillaje de las estadísticas institucionales de criminalidad, en presentación de logros institucionales desde el negacionismo del actuar criminal, que llevaron a implantar una especie de “Omertá”, o ley mafiosa siciliana del silencio, convertida a la manera criolla en “Donbernabilidad” dada la incidencia determinante, en un principio, de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” y de su Grupo de la Oficina de Envigado derivado, también, del Cartel de Medellín [4].
Entre 2006 y 2019 cobró auge la guerra entre bandas que condujo en 2013 al denominado “Pacto del Fusil” entre la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo, durante la Administración de Aníbal Gaviria, pacto que llevó a un acuerdo de asignación de zonas de control, plazas de vicio, extorsión y actividad criminal, sin afectarse en sus respectivos intereses.
En un trabajo publicado en 2018 en la revista mexicana Proceso, con el apoyo de la Agencia de Prensa Análisis Urbano [5], mediante entrevista con un integrante de la dirección colegiada de la Oficina de Envigado identificado como “Ocho”, se esbozan antecedentes, contextos y relaciones que permiten profundizar en el análisis del conflicto violento, las conexiones entre grupos delincuenciales, sus actividades y posible convicción acerca de la importancia de darle salidas jurídicas pacíficas.
Se resalta en el texto que, durante la década del 90, Medellín se destacó como la ciudad más peligrosa del mundo con 45.390 asesinatos, con un promedio de un homicidio cada dos horas.
Establece que la “Oficina” nació como una especie de confederación de bandas al servicio del Cartel de Medellín. Señala que con la muerte o captura de sus jefes, Pablo Escobar, “Don Berna” y luego Juan Carlos Mesa Vallejo, más conocido como “Tom”, dicha estructura criminal se ha venido transformando. Constituye una estructura armada con epicentro en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Tiene presencia en otros municipios de Antioquia y extiende sus tentáculos a Bogotá, Cali y Pereira. Posee una probada capacidad militar y flexibilidad táctica para adaptarse a las circunstancias, lo que le permite garantizar el control territorial. Ha logrado asimilar tácticas de lucha guerrillera y paramilitar, a la vez que ha aprendido a crear una base social en las comunidades.
Además de su armamento, relativamente fácil de adquirir, la “Oficina” se mueve en los espacios legales e ilegales. El núcleo de sus actividades está en ejercer como “oficina de cobros” al servicio de narcotraficantes, de extorsionistas, operadores del crimen organizado e, incluso, de empresarios legales.
Pero sus combos también incursionan en plazas de vicio donde se vende todo tipo de drogas, o se cobra arriendo por el uso de tales sitios por el expendio de ellas, hay extorsión a buses, a negocios, a camiones repartidores, a casas, a negocios legales; se manejan alambiques clandestinos, apuestas y loterías ilegales, microtráfico en las esquinas, prostitución, venta de lotes en asentamientos ilegales, créditos “gota a gota” con intereses de hasta el 20%, con proyección del “formato” del “negocio” a otros países.
En procura de erradicar las formas de abuso en contra de la comunidad los combos vienen orientando sus actividades hacia negocios legales, como la comercialización de huevos y arepas, como expresión de las mutaciones que vive la actividad criminal.
Según “Ocho”, el narcotráfico no es la fuente de recursos de la “Oficina”. Esto dejó de ser el corazón de su “negocio” desde 2012 cuando su exjefe “Sebastián” fue capturado en 2012. Hoy, asegura el entrevistado, la “Oficina” no maneja rutas de narcotráfico. Su papel está en cobrar deudas de todo tipo, lo que considera más rentable e incluye a los narcotraficantes, quienes no pueden tener “ejércitos” en Medellín, a pesar de ser una ciudad base de muchas operaciones de narcotráfico. La “Oficina” constituye, en la región, el monopolio de la fuerza ilegal.
El enrutamiento de este tipo de actividad lo definió su actual comandante “Tom” o “Carlos Chatas”, quien se encuentra privado de la libertad, pero no enfrenta cargos por narcotráfico ni está pedido en extradición, aunque figura en la Lista Clinton. No obstante, la “Oficina” se relaciona con todos los carteles mexicanos, para darles acompañamiento en seguridad o apoyo en actividades de recuperación de dinero.
“Ocho” afirma en la entrevista de la referencia que la “Oficina” no se considera más poderosa que el Estado, pero que tampoco los van a acabar con capturas y muertes; por el contrario, la caída de sus jefes lleva a la sustitución inmediata por otros, con lo que la estructura criminal sigue su actividad; pero su menor control de las bandas delincuenciales, se traduce en más violencia y lucha por el control territorial entre ellas. Subraya la importancia de “una salida dialogada, en el marco de la ley”, con un plan de desarrollo para llevar empleo a las comunidades. Reitera que las autoridades nunca van a alcanzar el control territorial a sangre y fuego, pero que la “intervención social” en el marco de un proceso de paz podría servir para lograrlo.
Según el entrevistado, el 90 por ciento de las estructuras criminales del Área Metropolitana de la región están bajo control de la “Oficina” mientras que el diez por ciento restante es controlado por el Clan del Golfo.
Según Fernando Quijano, experto en seguridad urbana, en el artículo de referencia de 2018, un acuerdo entre la “línea 80” de la “Oficina”, los Pesebreros y el Clan del Golfo, podría llevar a la “antesala de pacificación de Medellín”.
Desde estos años de referencia en la entrevista, estos grupos ligados a la “Oficina” vienen hablando de acogimiento a la justicia, mediante un proceso de diálogo con las autoridades del gobierno municipal, departamental y nacional y de su disposición al desmantelamiento de las estructuras criminales y terminar con las rentas ilegales. Resaltan en la importancia de una salida jurídica que posibilite rebaja de penas a cambio el reconocimiento de delitos y del compromiso de la reparación a las víctimas. Al tiempo, manifiestan la disposición a asumir procesos de reinserción de los jóvenes a la vida productiva, al acceso a la salud y la educación, para sacarlos del mundo del delito.
A pesar de la realización de gestiones durante el pasado Gobierno de Iván Duque para el acogimiento a la justicia, los acercamientos no llevaron al inicio de procesos de diálogo. Posiblemente, en parte, porque las normas de sometimiento a la justicia por parte de grupos y bandas criminales siguen privilegiando el sometimiento individual y parten de negar la dinámica sistémica de la acción criminal de carácter territorial de las bandas y grupos criminales sucesores del paramilitarismo.
No obstante, este tipo de organizaciones ha mirado con interés las experiencias y logros obtenidos con el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Santos y las FARC en 2016. En su óptica, procuran acoger los criterios de verdad, justicia, reparación y voluntad de no repetición, adaptados a la naturaleza y el contexto de bandas criminales sin carácter político.
El ambiente para el diálogo socio-jurídico inició de manera oficial el 28 de abril, con una declaratoria de cese de hostilidades y compromiso con la Paz Total, por parte de las bandas criminales de alto impacto en Medellín, lo que ha permitido reducir el índice de homicidios en la región.
No obstante, el proceso iniciado arranca sin un marco jurídico, en razón de no contar con la aprobación, todavía, de la ley de sometimiento a la justicia para grupos criminales de alto impacto. Por ahora, el marco referencial más propicio es el Artículo 22 de la Constitución Política Nacional, que consagra la Paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha expresado su disposición a iniciar los diálogos y a incluir a los jóvenes de las comunas del Valle de Aburrá en el Programa Jóvenes en Paz que permitiría brindar estímulos económicos para sostenibilidad de quienes se vinculen a procesos de mediación de conflictos en sus territorios, disminuyan su participación en actividades ilegales de grupos armados y se vinculen a actividades educativas. No obstante, este programa está por precisarse e implementarse.
Entre los representantes institucionales para el desarrollo de los diálogos se encuentran: El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, la Senadora Isabel Cristina Zuleta, la Excomisionada de la Verdad Lucía González y el Exsecretario de Seguridad de Antioquia, Jorge Mejía, así como la Lideresa Comunitaria María Gisela Quintero. Como asesores estarán Fernando Quijano, experto en Criminalidad Urbana, Mijail Lacher, politólogo y filósofo, experto en temas de seguridad, desarrollo económico y social y Johan Giraldo, abogado y defensor de derechos humanos quien ha trabajado con la Corporación Jurídica Libertad.
Por parte de las bandas criminales, los delegados incluyen a José Leonardo Muñoz (Douglas), Juan Carlos Mesa (conocido como Tom), Jorge de Jesús Vallejo, Gustavo Adolfo Pérez, Juan Camilo Rendón, Freyner Ramírez García (conocido como Carlos Pesebre) y Mauricio de Jesús Múnera, de la Oficina, así como Albert Antonio Henao Acevedo, de los Pachelly.
En la declaración de las bandas criminales, expresada el 2 de junio por parte de Sebastián Murillo Echeverry (conocido como Lindolfo), se enfatizó en que no ha sido fácil el inicio, dadas las dudas acerca de la figura jurídica con base en la cual se negociará. El punto de partida es la aceptación de la invitación del Presidente Petro, extensiva a la comunidad internacional, para dialogar en la construcción de una ruta de paz urbana. También plantearon que quieren aportar su versión acerca de la memoria del conflicto y cambiar el camino de la guerra.
En la declaración conjunta de seis puntos, leída por Daniel Millares de MAPP-OEA, se resaltó: 1) el espacio de diálogo socio-jurídico con miras a una paz urbana real, estable y duradera, tras la culminación de la fase exploratoria iniciada en agosto de 2022 y de la instalación del mecanismo de seguimiento a la reducción de las violencias armadas de Medellín y su Área Metropolitana. 2) La apertura del espacio para la participación ciudadana, para la presentación de propuestas y para el goce efectivo de derechos de la población, lo que incluye el diálogo con el sector productivo. 3) El agradecimiento a las iglesias, la comunidad internacional, los organismos multilaterales, los sectores de la sociedad civil, líderes sociales, las víctimas y la academia, como actores fundamentales de la construcción del escenario de diálogo. 4) El volver a confiar en la palabra del otro y sentar las bases de la transición hacia el Estado Social y Ambiental de Derecho. 5) El criterio central de respeto por las comunidades afectadas por la violencia y la definición de garantías de no repetición y 6) La reafirmación del compromiso con la ética de la vida.
Por su parte, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, reafirmó el compromiso gubernamental en la búsqueda de estrategias jurídicas para una paz que respete los derechos de las víctimas y el debido proceso para quienes han cometido delitos, en procura de mejorar las convivencias y la definición de reparaciones transformadoras.
Por su parte, el grupo de los Pachelly, estructura criminal con gran presencia en el municipio de Bello, valoró la instalación de la Mesa de Diálogo como un espacio de reconciliación para la paz urbana. Así mismo, hay expectativa entre los Shottas y Espartanos de Buenaventura, bandas que también aspiran a establecer escenarios de diálogo socio-jurídico en el marco de la Paz Total y que han disminuido el índice de homicidios en dicha ciudad.
En este marco, la base del diálogo está en la Constitución y Ley 2272 de 2022, Ley de Paz Total, en su componente de diálogo socio-jurídico con bandas criminales de alto impacto, mientras avanza en el Congreso de la República el trámite de la ley de sometimiento a la justicia de estos grupos. En el contexto, se va abriendo una gran oportunidad para avanzar en procesos de construcción de la paz urbana. Esto reclama de responsabilidad y compromiso político y social de los partidos, gremios económicos, actores sociales, territoriales e institucionales para contribuir a pasar la página de la violencia en Colombia; lograr esa paz estable y duradera que permita construir nuevos escenarios de entendimiento y construcción compartida del proyecto de nación, con base en mínimos fundamentales de respeto por la vida y cultura democrática.
Fuentes:[1] Alzate González Camilo. Desde la cárcel de Itagüí, se instaló mesa de diálogos con bandas de Medellín. Redacción Colombia +20. Junio 2 de 2023.
Ver: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-en-vivo-instalacion-de-mesa-de-dialogos-entre-gobierno-y-bandas-de-medellin-y-valle-de-aburra/[2] Verdad Abierta. La historia de las milicias en Medellín pasa por Justicia y Paz. Septiembre 15 de 2016.
Ver: https://verdadabierta.com/la-historia-de-las-milicias-en-medellin-pasa-por-justicia-y-paz/[3] Ríos Andrés. Breve historia del conflicto en el Valle de Aburrá. Por los Derechos Humanos.com.
Ver: https://www.porlosderechoshumanos.com/breve-historia-del-conflicto-en-el-valle-de-aburra/[4] Sí hubo Donbernabilidad, pero más allá de Fajardo. La Silla Vacía. Mayo 16 de 2018.
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/si-hubo-donbernabilidad–pero-mas-alla-de-fajardo/[5] Análisis Urbano. Habla La Oficina: “Queremos desmantelar los negocios ilegales”. Agosto 28 de 2018.
Ver: https://analisisurbano.org/habla-la-oficina-queremos-desmantelar-los-negocios-ilegales/29844/