Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
Junio de 2023 culmina con varias incertidumbres y certezas relacionadas con La Paz Total, con respecto a las implicaciones frente a la inminente culminación el día 30, del plazo para vencimiento de los ceses bilaterales del fuego acordados entre varios grupos insurgentes y bandas criminales de alto impacto, con el Gobierno Nacional, así como en medio de la próxima Sentencia de la Corte Constitucional, en relación con la legalidad de la Ley 2272 de 2022, que le sirve de sustento y que arranca con ponencia negativa por parte del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de filiación conservadora.
El contexto muestra las violencias cruzadas, las limitaciones del proceso, las amenazas, el potencial y la exigencia de avanzar en el desescalamiento del conflicto entre grupos armados; la afectación de las comunidades territoriales y el clamor de las organizaciones sociales por la prórroga de este mecanismo de cese al fuego bilateral que, incluso, sin protocolos en la mayoría de los casos, ha permitido reducir los índices de violencia en las regiones.
Así mismo, evidencia la necesidad de valorar la participación ciudadana y comunitaria territorial como sujeto social principal de la paz, cuestión que se plantea en el diálogo con el ELN y se coloca en el orden del día de la agenda de negociación. Al respecto, es pertinente resaltar que ello no es una dádiva ni se puede reducir a formalismos: Los actores fundamentales de la identificación de problemáticas y soluciones son las comunidades y organizaciones sociales, étnicas, de género, juveniles, ambientales, territoriales, que no pueden ubicarse como sujetos accesorios o residuales en los procesos de construcción de la paz. La comprensión de la naturaleza de los conflictos, de sus actores, objetivos e intereses es fundamental para identificar soluciones políticas, sociales, económicas, culturales y de justicia.
Así mismo, es de resaltar la importancia de la incidencia nacional e internacional de los movimientos defensores de los derechos humanos, de su acción de refuerzo diplomático en la proyección internacional del Gobierno, para afianzar el apoyo de Estados, de organismos e instancias multilaterales como Naciones Unidas, de la Unión Europea, de los países facilitadores de negociaciones, así como de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional.
Al respecto, es pertinente neutralizar la ofensiva de los opositores nacionales e internacionales, en especial, de políticos y parlamentarios de los Estados Unidos, que pretenden la pervivencia de las políticas de criminalización y persecución del campesinado, como si éste sector fuera el eslabón clave de la cadena del narcotráfico, con lo que procuran lograr la posible desertificación del país, frente a la medición de la lucha contra las drogas, mediante la aplicación de indicadores de hectáreas cultivadas, lo que les permite esconder otros eslabones de la cadena.
También, es de destacar la importancia de implementar políticas y programas coherentes con el Plan de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” para garantizar el goce efectivo de derechos en los territorios, coherente con la pertinencia de romper cadenas que someten y avasallan a las comunidades, frente a los poderes omnímodos de los grupos armados ilegales y su persistente e indebida apropiación de rentas legales e ilegales.
En este complejo panorama caben y se articulan problemáticas culturales, políticas, económicas y sociales de naturaleza estructural relacionadas con la desigualdad y se entremezclan con factores de la dinámica de poder territorial y de coyuntura, lo que exige la confluencia de estrategias de solución de, al menos, “cuatro carriles”: prospectivas, proactivas, de valor agregado y de contingencia, en los respectivos terrenos de las anticipación de los futuros posibles, de la escogencia de respuestas políticas participativas capaces de trascender las intervenciones tradicionalmente reducidas al solo pie de fuerza, lo que reclama la incidencia interactiva material y pedagógica de la acción estatal en el buen vivir de las comunidades, así como de la capacidad para sortear desde los ámbitos social, político, militar y de justicia las crisis inmediatas que se presentan para reducir la violencia, sin detrimento de la protección de los derechos humanos y la mitigación de los impactos.
En esta dinámica, es procedente avanzar desde la asistencia humanitaria para mitigar los impactos de la violencia en la calidad de vida comunitaria. Por este camino se puede avanzar hacia la reparación, la restitución de derechos de las comunidades hacia la promoción de capacidades plenas en materia de satisfacción de necesidades de subsistencia, protección, entendimiento de sus contextos. Así mismo, en el fortalecimiento de su identidad y participación plena desde la autogestión, la cogestión y la concertación, para que puedan incidir de manera determinante en las políticas públicas de sus territorios.
Entre las violencias cruzadas que afectan a los territorios, cabe resaltar una lúcida afirmación de la Liga Contra el Silencio [1]: “Colombia no es un país en guerra, sino en guerras”. Al respecto, se refiere a la mutación del conflicto con posterioridad al Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Santos y las FARC, al papel de “nuevos” actores violentos, como las disidencias y al reacomodamiento de otros antiguos como el ELN y el Clan del Golfo para copar vacíos, frente a un Estado incapaz de garantizar su presencia integral en los territorios. Es decir, en las regiones donde confluyen los distintos tipos de conflicto violentos entre grupos insurgentes y bandas criminales que se disputan el control territorial y que afectan a las comunidades rurales y urbanas.
A la vez, este panorama muestra que los Acuerdos de Paz logrados constituyen avances importantes, pero parciales en un país donde se reciclan, mutan y se arraigan las violencias en las dinámicas regionales.
El artículo de la Liga Contra el Silencio cita un Informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP [2], donde muestra que en 2021 la violencia se intensificó en: Montes de María; sur de Bolívar; occidente antioqueño; sur del Chocó y el Bajo Calima; Medio y Bajo Atrato; Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; Pacífico nariñense y sur del Cauca; Catatumbo; el Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo; Sabana y piedemonte araucano; Nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Urabá antioqueño y Sur de Córdoba. En 2022, la violencia recrudeció en la Sierra Nevada de Santa Marta, que cubre a los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira. También, se extendió al sur del Tolima, al Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas. Cabe afirmar que, en 2023 los grupos extienden su presencia a Bogotá, Cundinamarca y al Magdalena Medio.
También, es de resaltar la presencia tradicional de bandas y grupos criminales en la región metropolitana del Valle de Aburrá, en Buenaventura y en el Eje Cafetero.
Los informes y reportes de violencia muestran que en cada región las dinámicas de comportamiento de los grupos armados varían según el contexto e intereses que los mueven. En el sur de Bolívar las AGC o Clan del Golfo, derrotan al ELN mientras que disputan territorio con los Frentes Carolina Ramírez del Estado Mayor Central y los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, movidos por el control de rentas ilegales en el Putumayo.
A manera de ilustración, existen casos de actualidad, como las acciones de la Misión de Paz a Sipí, Chocó frente a la emergencia provocada por los enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo [3]. Tales enfrentamientos han provocado el desplazamiento de más de 130 familias en el pueblo de San Miguel, otras a Istmina y más de 800 se encuentra confinadas en la cabecera municipal de Sipí, así como en los caseríos de la cuenca del río Sipí. Esta es una experiencia similar a la vivida en 2004, con la guerra entre las AUC y las FARC EP en el sur del Chocó.
La Misión de Paz debe establecer allí su presencia permanente con infraestructura de emergencia. Se considera urgente garantizar la alimentación de las familias confinadas, ya que ambos grupos armados impiden la movilización de embarcaciones civiles y tienen retenes, lo que lleva al desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible. La Oficina del Alto Comisionado enfatiza en que cualquier acción en contra de las comunidades constituye violación al Derecho Internacional Humanitario y resalta que el Gobierno trabaja en el acompañamiento para poner la institucionalidad a disposición, para satisfacer sus necesidades de las comunidades. Es evidente la importancia de la atención humanitaria, pero se requiere avanzar hacia la restitución y el goce efectivo de derechos, sin violencia.
También, la Misión de Paz y de Respuesta Ciudadana a la emergencia en Ricaurte y Barbacoas en Nariño [4] divulga la afectación de la Comunidad Awá de Ricaurte en Nariño, por los enfrentamientos entre los grupos armados FARC- Segunda Marquetalia, ELN y EMC-FARC iniciados el pasado 28 de mayo. Esto ha provocado el desplazamiento y confinamiento de más de 5.000 personas, en su mayoría indígenas. Hay afectación por el uso de minas antipersonales que ocasionaron la muerte de Mauricio Canticus en el Resguardo Magüí.
La Misión Paz en Ricaurte y Barbacoas busca dialogar y concertar con las autoridades del pueblo Awá para diseñar un plan interinstitucional encaminado a mitigar el impacto de la crisis presente. Allí confluyen el Ministerio del Interior, el ICBF y la Unidad de víctimas para atender la emergencia.
La Misión busca el fortalecimiento de los procesos comunitarios y de los proyectos de paz, en medio de la conflagración para contrarrestar sus consecuencias generadas por el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario. Se han establecido puntos de presencia permanentes con infraestructura de emergencia para coordinar la acción interinstitucional de emergencia y la operación logística de apoyo a la comunidad.
Al tiempo, sin contar, todavía, con la ley de sometimiento a la justicia para el diálogo socio-jurídico con las bandas multicrimen del Valle de Aburrá y de Buenaventura se ha podido reducir los índices de violencia y avanzar en el compromiso de más de 400 bandas en Antioquia, con más de 14 mil integrantes, así como de los Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura, que agrupan a más de dos mil personas en actividades delincuenciales y con potencial de crecer a siete mil, en el mediano plazo. Igual sucede con los grupos Vencedores y Pachenca de la Sierra Nevada que han declarado mantenerse en la tónica del cese bilateral.
En este marco, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales – COMOSOC-, conformada por organizaciones de comunidades negras, campesinas, indígenas, de mujeres, población diversa y sectores ecuménicos han expresado, mediante un llamamiento [5], su valoración positiva de los ceses de fuego y de los diálogos, de la participación de todos y todas para que los diálogos suscriban ceses multilaterales de fuego de alcance nacional y que los grupos armados se comprometan a detener la desaparición forzada, el confinamiento de la gente, a eliminar el enfrentamiento cerca de las comunidades, el desplazamiento forzado, la intimidación y la amenaza individual y colectiva.
Como lo plantean el Alto Comisionado de paz, Danilo Rueda, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, así como voceros de organizaciones y estudiosos de los temas de la paz y la violencia como Camilo González, desde Indepaz, la Ley 2272 de 2022, de Paz Total, fue concebida como prórroga de la Ley 418 de 1997, con sus sucesivos cambios. Puede suceder que la Corte Constitucional llegue a moderar aspectos de su contenido, pero, no se puede caer porque está fundamentada en el Artículo 22 de la Constitución que concibe la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Además, corresponde a una necesidad vital de las comunidades, como se puede constatar en el desescalamiento de la violencia en el país, a pesar de las dificultades y eventos de conflicto. Los pronunciamientos de los diversos grupos insurgentes llevan a plantear que les interesa entrar en la dinámica de negociaciones; así mismo, las bandas criminales rurales y urbanas, también encuentran opciones para avanzar en diálogos socio-jurídicos para su sometimiento y resocialización de sus bases, así la ley disponga que habrá penas de cárcel y procesos de aplicación de mecanismos de justicia restaurativa, frente a lo que se puede avanzar en legislación y particularización de políticas, con base en el análisis concreto de los contextos territoriales.
Es notable cómo el Gobierno Duque equivocó el camino del desmantelamiento de las bandas criminales, al privilegiar el sometimiento individual dentro del principio de oportunidad y al centrarse en objetivos militares de alto valor, para ir por los cabecillas. Esto aceleró las líneas de relevo, como bien lo plantean los investigadores de la JEP, con las implicaciones que ello tuvo en la imposición por la fuerza de los nuevos mandos de los grupos criminales.
De otra parte, es importante considerar desde las políticas económicas y sociales, las estrategias para neutralizar y derrotar las economías criminales. Al respecto, es importante el papel que juegan la captura de integrantes de las redes de narcotraficantes; la incautación de dinero, así como la destrucción de laboratorios; la interdicción terrestre, aérea, fluvial y marítima en la plataforma continental o en ultramar, en alianza con otros países, para la incautación de precursores químicos y cocaína, en momentos en los cuales cobra auge un opioide sintético, como el fentanilo. Dicha estrategia le ha permitido al Gobierno afectar las finanzas criminales en más de cinco billones de dólares, al incautar más de 200 toneladas de estupefacientes.
El gobierno anterior, también incumplió el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. La JEP encontró, dentro de sus estudios, que un líder social del PNIS presenta una probabilidad de ser asesinado cinco veces más alta que otra clase de líder social.
El caso del Clan del Golfo, que entró en el cese bilateral del fuego fue roto a raíz de sus acciones en relación con el paro minero, como forma de penetración de organizaciones sociales, en procura de neutralizar la acción gubernamental con relación a la destrucción de la maquinaria de dragas y dragones dedicada a la extracción ilegal del oro en el Bajo Cauca antioqueño. Frente a ello, el Gobierno prefirió suspender el cese al fuego sin abandonar los diálogos, al tiempo que se instaló la mesa de negociación agrominera con los campesinos y mineros artesanales pequeños y medianos, en procura de crear el Distrito Agrominero en la región y legalizar las actividades de extracción de oro, en un contexto de alta valorización internacional de este metal precioso.
Pero, también, está la importancia de los Programas urbanos y rurales de apalancamiento financiero de la economía popular y campesina para erradicar el crédito “gota a gota” y facilitar la liberación de los micro, pequeños y medianos productores y comerciantes de la férula del agiotismo paramilitar y narcotraficante. Está en proceso de implementación el proceso de otorgamiento de un millón de créditos.
Es de resaltar que el Gobierno Petro viene enfocando su acción de proyección a las regiones desde la estrategia “El gobierno con el pueblo” con el propósito de atender las necesidades de las comunidades. El ejercicio de gobierno desde las regiones ha comenzado en la Guajira con un Consejo de Seguridad y ha permitido avanzar en la atención del Estado de Cosas Inconstitucionales declarado por la Corte constitucional en 2017 y que se relacionan con violaciones a los derechos fundamentales de acceso a la alimentación, la salud y al agua. Al respecto, se creará una Comisión de la Verdad para investigar la muerte de niños por desnutrición. También, se propone avanzar en la transición energética y la titulación de tierras, entre otros aspectos relevantes.
Al tiempo, el 29 de junio se posesionará Francia Márquez, en la Guajira, como Ministra de la Igualdad y Equidad. Con el ministerio, el gobierno podrá avanzar en la garantía de derechos de las mujeres, en especial de las mujeres cabeza de familia, de la niñez, los jóvenes, familias y personas mayores, las diversidades de población LGBTIQ+, de las personas con discapacidad, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas, Rom y el campesinado, así como quienes están en condición de calle, migrantes, en pobreza y habitantes de territorios marginados. Con base en los recursos de la reforma tributaria, el Ministerio avanzará en Programas como Agua es Vida, Jóvenes en Paz y Lucha contra el Hambre [6].
Por su parte, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, organismo encargad del seguimiento al Acuerdo de Paz, en su reciente Informe relacionado con el nivel de cumplimiento del Acuerdo de Paz [7], reitera que no será viable en el tiempo establecido, “a menos que se tomen decisiones inmediatas y de gran calado sobre el proceso”. El Informe resalta la desaceleración sufrida durante el Gobierno Duque. También, expresa que el nivel de cumplimiento está mediado por la presencia y la acción de grupos armados ilegales y por la malversación de fondos de Ocad-Paz en dicho gobierno y valora la política de Paz Total, así como la incidencia de las elecciones regionales del mes de octubre.
El Informe destaca el retraso en la adjudicación de tierras, pero resalta que a octubre de 2022 solo se había adjudicado el 1% de la meta de tres millones de hectáreas. El gobierno actual tiene la oportunidad de avanzar significativamente, si logra despejar las barreras. Al tiempo, reclama dinamizar la creación de Zonas de reserva Campesina, ya que no ha tenido el impulso necesario. A la par, se debe mejorar en el catastro multipropósito.
El Informe valora la elección de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, de las víctimas y señala que falta definir la ruta de viabilidad para crear e implementar el canal institucional de televisión cerrada planteado en el Acuerdo Final.
El Informe subraya que se debe avanzar en el desmantelamiento de organizaciones criminales y destaca que la política de Paz Total podría implicar un importante avance, a través de los diálogos socio-jurídicos con las bandas criminales.
El Informe, también alerta sobre la importancia de implementar los cambios prometidos en el PNIS, para el tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores y para promover los cultivos de ciclo largo.
En materia de enfoques étnico y de género, todavía no hay avances en relación con la normatividad. No obstante, se resalta la apertura del macrocaso 09 en la JEP sobre victimización de los pueblos indígenas y étnicos durante el conflicto armado. También, señala que la Agencia para la Reincorporación y Normalización no ha concertado el Programa de Armonización ni la ruta étnica del PNIS. Faltan las licencias de las 16 emisoras étnicas aprobadas en 2021. En el componente de género, no se ha avanzado en adjudicación de tierras y persisten las brechas entre hombres y mujeres.
El Informe recomienda a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Unidad de Implementación del Acuerdo Final definir un plan de acción para activar las instancias del Acuerdo Final y contribuir a los objetivos de la Paz Total.
Así mismo, recomienda a los candidatos a instancias de gobierno y cuerpos colegiados conocer el Acuerdo Final y los compromisos que se relacionan con sus funciones para incluirlos en las acciones de implementación en los respectivos planes de desarrollo.
Como se puede establecer, la Paz Total requiere de políticas macro desde el nivel nacional, encaminadas a generar ambientes y escenarios propicios para articular el derecho fundamental a la vida y a la protección de los derechos humanos, con los derechos ambientales, sociales, económicos y culturales que posibiliten realizar transformaciones significativas en la calidad de vida de las comunidades en sus territorios. Todo parece indicar que el legado de la Paz del Gobierno Petro será la construcción social de los territorios, en condiciones de equidad. Como es lógico, esto pasa por la capacidad de construir pactos sociales en medio de la diversidad, para avanzar en la transformación pacífica de los conflictos, sin eliminar física ni moralmente al contendor social, económico o político.
Al tiempo, se vuelve crucial el poder trabajar en la calidad de las relaciones y del tejido social desde la promoción de capacidades en la negociación y el manejo de conflictos, en el acompañamiento psicosocial para superar las patologías culturales de la violencia, del autoritarismo, el patriarcado, del fanatismo y avanzar en la democratización de los procesos y medios de comunicación.
Fuentes:[1] Liga Contra el Silencio. El mapa de las guerras que desangran a Colombia. Cero 70. Universidad de Los Andes. Diciembre 14 de 2022.
[2] Álvarez Santoyo Giovanni. De la entrega de las armas de las FARC a la reactivación del conflicto armado en doce áreas geográficas de Colombia: Alertas necesarias para garantizar el principio de participación efectiva en la JEP. Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.https://docs.google.com/presentation/d/1Aj9oKk5KDxfcbSaZQnC7C7b7GMfrTS-O/edit?pli=1#slide=id.p1[3]Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Misión Paz a Sipí, Chocó: respuesta a las comunidades en emergencia. Nota de Prensa. Junio 27 de 2023.
https://twitter.com/ComisionadoPaz/status/1674171607244238850?s=20[4] Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Avanza la MisiónPaz, respuesta ciudadana a la emergencia en Ricaurte, Nariño. Nota de Prensa. Junio 27 de 2023.
Redacción Colombia +20. Líderes, lideresas y jóvenes hablan de salud mental y cultura en Sucre. El Espectador – Colombia +20. Junio 27 de 2023.
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/lideres-lideresas-y-jovenes-hablan-de-salud-mental-y-cultura-en-sucre/[5] COMOSOC. clamor de paz para que se reanuden los ceses bilaterales de fuego, que expiran el próximo 30 de junio a la media noche. Alto comisionado de Paz @Comisionado Paz. Junio 28 de 2023.
https://twitter.com/ComisionadoPaz/status/1674108409799376920?s=20[6] Salazar Sierra Carolina. Desde La Guajira, Francia Márquez se posesionará como la ministra de la Igualdad. La República. Junio 28 de 2023.
https://www.larepublica.co/economia/francia-marquez-se-posesionara-como-ministra-de-igualdad-y-equidad-desde-la-guajira-3646717[7] Morales Castillo Cindy A. La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC podría no lograrse en el tiempo establecido. Colombia +20. El Espectador. Junio 27 de 2023.