Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo
Por estos días adquiere relevancia la controversia desatada en los medios, a raíz del proceso de intervención del Gobierno Petro, con ocasión de las rupturas recurrentes de la frágil tregua entre las bandas delincuenciales de los Shottas y Espartanos en Buenaventura, sumada a la expresión de otros grupos en disputa territorial, como los Chiquillos y los Roberts; este último, presuntamente, autor de una incursión en los barrios Nuevo Horizonte, Bahía y Carlos Holmes, que apareció en las redes portando armas largas y amenazando a otro supuesto grupo denominado “Nuevo Jalisco” [1]. El Presidente Petro, en su intervención en el Coliseo Roberto Lozano Batalla durante el Diálogo Social por la Vida y la Paz con la población de Buenaventura, se refirió a la disposición del Gobierno de financiar hasta con un millón de pesos mensuales a mil jóvenes de Buenaventura, “por no matar”, dentro de su estrategia de “Jóvenes en Paz” para que estudien, se capaciten y emprendan iniciativas sociales, culturales y productivas, en beneficio de sus familias y comunidades. Igualmente, en el Encuentro se abordaron temas de seguridad, educación, vías, transporte, vivienda, entre otros.
El gobierno realizó un Consejo de Seguridad en la ciudad; se reunió con sectores de la comunidad y con los gremios económicos. El alto mando militar encabezado por el Ministro de Defensa recorrió las calles, visitó los barrios y quedó, en proceso de diseño e implementación, una agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Buenaventura, la Gobernación del Valle y las instituciones gubernamentales. Se fortaleció el acompañamiento de la Iglesia Católica y, por fin, se hizo reconocimiento del papel determinante de las víctimas en la construcción de la memoria, su incidencia en la búsqueda de la verdad, de la justicia restaurativa y de la pertinencia de soluciones sostenibles y proactivas para la ciudad, desde las dimensiones social y económica, para la vida digna de la comunidad bonaverense y se conciban alternativas de fortalecimiento de la economía popular, eliminar deficiencias normativas que facilitan el contrabando e, incluso, acceder legalmente a bienes incautados a contrabandistas por parte de las autoridades y estos se puedan comercializar en la región generando empleo y dinámica comercial legal.
Pero, ante el Programa gubernamental de “Jóvenes en Paz” se impone como barrera el paradigma psicosocial que valida como única solución la tradicional estrategia centrada en la estigmatización de la pobreza y en copar los territorios con pie de fuerza, tecnología militar y policial, con el pretexto de combatir la criminalidad e ir por “objetivos de alto valor”, en términos de capturar o dar de baja a los cabecillas de las bandas criminales. Esto, fatalmente, se ha implantado en gran parte del imaginario social como modelo a seguir en el país y tiene arraigo emocional en la vida cotidiana, especialmente, en las grandes urbes. El estereotipo surge del populismo punitivo propagado desde los grandes medios hace años y cobra vigencia con la publicidad a las prácticas del Gobierno Bukele, en nombre de la lucha en contra de las Maras.
Los ataques en contra de la iniciativa gubernamental de priorizar a los jóvenes en riesgo de reclutamiento por parte de bandas criminales y de avanzar en la resocialización de los cooptados vienen de diversos lados aduciendo que “remunerar por no matar” es premiar al delincuente y estimular al joven decente para que se vincule a la criminalidad.
Sin embargo, en solo Buenaventura, la misma prensa oficial publica noticias preocupantes acerca de la juventud en riesgo de cooptación: El Nuevo Siglo [2] difunde un informe de una Comisión Extraordinaria de la Procuraduría en donde se advierte el incremento de riñas entre estudiantes, el “uso de armas blancas y de fuego”, la presencia de expendedores de drogas de uso ilícito, la afectación de 12 de 16 colegios del Distrito Portuario, así como la incidencia y permeabilidad de la juventud estudiantil frente a los hechos de violencia que vive la ciudad. Así mismo, señala el incremento de la deserción escolar de más de 8.600 estudiantes activos, con relación a los 51.000 matriculados en 2022. Encuentra causas en el desplazamiento forzado hacia otros municipios del Valle del Cauca, con más de 6 mil casos identificados; 1.500 familias migrantes hacia Chile, Argentina y otros países y el posible reclutamiento de 500 jóvenes, por parte de bandas delincuenciales que operan en la región.
Es de anotar que situaciones similares se encuentran desde hace varias décadas en Urabá, Bajo Cauca, Chocó, Golfo de Morrosquillo, Caquetá, Putumayo, Nariño, Santander, Medellín e, incluso, en Bogotá y otras más donde grupos como el Clan del Golfo, las disidencias, el ELN o la “Nueva Oficina de Envigado” cooptan y hacen reclutamiento forzado de jóvenes que, ingenuamente, llegan a verlos como alternativa. En vez de criminalizarlos, la tarea es prevenir el reclutamiento, rescatarlos y acompañar su resocialización, incluso desde centros de reclusión si han llegado a ellos; si han sido cooptados y trabajar en los terrenos cultural, psicosocial y material, con el fin de promover tejidos sociales saludables y organizaciones de convivencia pacífica digna y participativa, desde el desarrollo de capacidades ciudadanas.
Los acuerdos de cese a la confrontación entre grupos armados ilegales en la ciudad de Buenaventura se lograron a finales de 2022, en el marco de las expectativas creadas con la política de Paz Total. No obstante, la dilación en el Congreso de la aprobación de la Ley de sometimiento de bandas criminales de alto impacto y el posible fallo adverso a la Ley 2272 de 2022, Ley de Paz Total, implica riesgos de recrudecimiento de la violencia y afectación mayor de las comunidades, ante el posible cierre de espacios de diálogo socio-jurídico con las bandas criminales.
Por parte de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, la opción preferible consiste en la militarización del Distrito Especial de Buenaventura, para “proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales”. Insiste en que el “EJÉRCITO SE QUEDE” (SIC). Soslaya la gobernadora la tradicional inequidad y corrupción, así como el largo historial de narcotráfico desde el Puerto, que data de los tiempos de actividad de los hermanos Rodríguez Orejuela, es decir, esa historia no empezó ayer; olvida el papel de la justicia y elude abordar los componentes sociales, económicos, culturales y participativos de las soluciones integrales, estructurales y de contingencia que requiere la situación de Buenaventura.
La estrategia militarista es, aparentemente, “tan exitosa” en América Latina, que lleva a la reelección de los Presidentes que la impulsan y posiciona a los políticos reactivos. Ese fue el caso de Fujimori en Perú, de Uribe en Colombia y así se perfila Bukele en el Salvador. Sin embargo, esa estrategia deja hondas huellas en la afectación de los derechos humanos, en el deterioro de la convivencia, en la proliferación de la corrupción, la impunidad, la elitización del poder y el consiguiente daño a la institucionalidad democrática. Al tiempo, no logra desactivar la cooptación de amplios contingentes juveniles por parte de las bandas criminales; por el contrario, las jefaturas se reciclan, cambian los nombres de los grupos y las formas de incursión y control territorial en sociedades precarizadas abocadas a la lucha por la subsistencia, en tejidos sociales fragmentados y subculturas regidas por el miedo, la sed de venganza y el individualismo.
En Colombia, el enfoque hunde también sus raíces en la historia del Bloque de Búsqueda en contra de Pablo Escobar, conformado por denominadas fuerzas de élite integradas por militares y policías, lo que permitió el surgimiento del Clan Aguilar, precisamente, a raíz del papel del coronel Hugo Aguilar en la muerte de Pablo Escobar y su presunta apropiación de dineros del jefe del Cartel de Medellín, lo que pudo facilitar su predominio político en Santander, su entronque con la élite y con el paramilitarismo, con las implicaciones que hoy tiene en la hegemonía de este Clan en el departamento de Santander.
A esta lógica de la tradición colombiana se han sumado los nombres rimbombantes, con los cuales se han promovido algunas campañas y operativos militares en regiones y ciudades sensibles para buscar su legitimación social. Así, son de ingrata recordación, ente otras, las Operaciones Mariscal y Orión realizadas en 2002, que fueron parte de los diecisiete operativos militares en la Comuna 13 de Medellín, en contra de las Milicias Urbanas y que contaron con apoyo paramilitar. También, son de recordar la Operación Agamenón desarrollada entre 2015 y 2021 en Urabá y Córdoba para dar con los cabecillas del Clan del Golfo; después según declaraciones de “Otoniel”, quien se entregó voluntariamente, varios militares de alto rango estaban en la nómina de su organización criminal. Así mismo, el gobierno Duque denominó Operación Artemisa a una campaña encaminada a la protección ambiental desarrollada con alto sesgo militar y que, en contraste, colocó como objetivo la persecución de campesinos, más no a los grandes colonos deforestadores de la selva amazónica.
Por su parte, retomando el contexto de Buenaventura, el Secretario de Gobierno del Distrito Especial, Arlington Agudelo, reconoce que en la ciudad hay miedo y valora que se han presentado capturas importantes. Plantea que el laboratorio de “paz total” se ha visto afectado con la desaparición de un jefe de las bandas apodado “Súper” de quien se dice que ha sido asesinado, pero, se desconoce la existencia del cadáver.
Desde su ámbito competencial, el Ministerio de Defensa se pronunció desde Medellín, con base en una perspectiva de territorialización instaló la Mesa del Plan de Territorialización de la Política Pública de Seguridad, Defensa y Convivencia para los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, desde un enfoque de Seguridad Humana [3]. Este enfoque se concibe para asumir compromisos específicos desde la Administración, para favorecer a las comunidades, en el entendido que se incluyen los temas de la seguridad personal y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Esto implica cuatro objetivos específicos: 1) Proteger la vida. 2) Contener la deforestación. 3) Salvaguardar la integridad territorial y la soberanía y 4) Fortalecer la fuerza Pública.
Al respecto, El Ministro de Defensa, después de escuchar en Buenaventura a la comunidad y a los empresarios dispuso reforzar la presencia policial con un Comandante en Buenaventura, también, fortalecer la investigación, junto con la Fiscalía y la labor de la Policía Judicial. Así mismo, se dispuso fortalecer el componente policial de expertos en tecnología de revisión de cámaras y resolver la situación de sesenta cámaras dañadas, frente a solo seis que están en servicio. Así mismo, se ha dispuesto reforzar la labor del Gaula, con el fin de investigar los hechos de extorsión [4].
Esto incluye, en la lucha contra el narcotráfico, la identificación y destrucción de laboratorios, el incremento de la incautación de insumos para el procesamiento de cocaína y la extinción de domino de bienes procedentes de las economías ilegales.
Para el caso de Buenaventura, el plan específico incluye el incremento de las capacidades de inteligencia, de investigación criminal y el refuerzo de grupos especiales en el territorio. Así mismo, se difunde un cartel con la identificación de 45 presuntos delincuentes más buscados, lo que ha dado como resultado la captura de tres personas y la entrega voluntaria de otro.
En lo referente al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, busca fortalecer desde su rol institucional, los esfuerzos de construcción de paz, a través del diálogo, la comprensión y estímulo de la participación comunitaria, con el acompañamiento de los organismos nacionales e internacionales, en el Marco de la #MisionPaz, donde participan la Misión de la ONU en Colombia y Mapp OEA. Se busca que los diálogos se reactiven en los próximos días.
En lo que respecta a la voz de los liderazgos sociales, es importante rescatar un pronunciamiento del reconocido líder juvenil y cultural, Leonard Rentería [5], a raíz de la situación y de la presencia gubernamental en Buenaventura. En su opinión, no se llenaron las expectivas, porque “hubo más discurso que soluciones”. Recoge el sentir de otros participantes, en el sentido de esperar que en el transcurso de la semana se vayan dando más soluciones, particularmente, en temas de la coyuntura. Valora los 1.000 cupos universitarios y alerta acerca la importancia de garantizar condiciones sostenibles de permanencia de los jóvenes en el proceso. Reclama soluciones de emergencia social, frente a temas de contingencia que no dan espera. Valora la importancia de retomar los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional con respecto al Paro Cívico y aspira a la realización de acciones concretas. Considera importante fortalecer los emprendimientos y los procesos organizativos juveniles y valora como importante el papel de la presencia policial y militar, si las autoridades comprenden el rol que deben jugar para que la historia no se repita.
En este contexto, es importante potenciar la participación incidente de las organizaciones sociales, de sus agendas, iniciativas, de su identidad, diversidad y autonomía; de su cultura y liderazgo, para que el tejido social se reconstruya, fortalezca y se proyecte en los diversos ámbitos de dignificación humana, biodiversa y territorial, en procura de trascender la crisis de futuro y abrir los caminos de paz con justicia social.
[1] Noticias. Judicial. Sigue tensión en Buenaventura: ¿quiénes serían los hombres encapuchados que aparecen armados en video? El País. Julio 3 de 2023.https://www.elpais.com.co/judicial/sigue-tension-en-buenaventura-quienes-serian-los-hombres-encapuchados-que-aparecen-armados-en-video-0327.html[2] Redacción Web. Buenaventura: violencia se traslada a las aulas escolares. El Nuevo siglo. Julio 8 de 2023.
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-08-2023-fenomeno-de-violencia-en-buenaventura-se-traslada-las-aulas-escolares[3] Redacción Web. Instalan mesa de seguridad permanente en tres departamentos. El Nuevo Siglo. Julio 11 de 2023.
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-11-2023-instalan-mesa-de-seguridad-permanente-en-antioquia-choco-y-cordoba[4] Minota Hurtado José Antonio. Conozca cómo será el plan policial para fortalecer la seguridad en Buenaventura. El Tiempo. Julio 10 de 2023.
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/asi-sera-el-plan-policial-para-fortalecer-la-seguridad-en-buenaventura-784427[5] Rentería Leonard. #Opinion. Julio 8 de 2023.