Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
Los acontecimientos de los últimos días reeditan en la arena de la política nacional hechos luctuosos, juegos de poder y maniobras que hace veinte años permitieron a grandes empresas apropiarse de tierras fértiles que pertenecían, en general, a humildes campesinos, tanto en la región de los Montes de María, como en diversas zonas del país.
En los Montes de María, el despojo de la tierra lo hicieron diversos malabaristas mediante ejercicios de triangulación donde se articularon, en los eslabones del espacio-tiempo, paramilitares, negociantes de tierras, altas esferas gubernamentales y grupos empresariales. Los hechos permiten evocar el conocido juego de “¿dónde está la bolita?”, muy asociado a la estafa; pero, llevado al meganivel de la tragedia, en las ligas mayores de la violenta contrarreforma agraria colombiana maquillada con Estado de Opinión, fiducias y “Fundaciones Sin Ánimo de Lucro”. Ahora, el juego continúa con la manipulación de la historia, por medio de comunicados y réplicas, como respuesta al discurso del Presidente Petro expresado ante la comunidad campesina del corregimiento de El Salado, en el municipio del Carmen de Bolívar.
Como se recordará, el Presidente Petro encabezó el evento de entrega de 700 Ha. por parte de la Agencia Nacional de Tierras a 272 familias campesinas, en el Corregimiento de El Salado, histórico lugar que jamás puede olvidar la atroz masacre ordenada por Mancuso, Jorge 40 y Juancho Dique, con la participación de 450 paramilitares, con apoyo de helicópteros, en febrero de 2000 que llevó al asesinato de 60 personas en estado de indefensión y al éxodo de más de 7.000 habitantes.
El discurso presidencial del 30 de agosto [1] fue transmitido, nuevamente, por la TV y las redes sociales el día 31 de agosto. Como se recordará, sus palabras tuvieron respuesta por parte de vocerías del Partido Centro Democrático y de Cambio Radical, adobadas con sendas intervenciones, en lenguaje pasivo-agresivo y frívolo ejercicio de marketing político encaminado a escamotear la memoria y el sentido de los temas abordados.
El conmovedor discurso presidencial hizo que los tiempos se juntaran, en clara evocación histórica para poner en evidencia la repulsa actual de los despojadores de antaño y de los poseedores de tierras ociosas, frente a la posibilidad de una reforma agraria; incluso, si fuera con tierra adquirida mediante compra estatal. En este momento, sale a flote el maquillaje de la posverdad, consistente en el blanqueamiento de las acciones de indebida apropiación de la tierra y se va degradando con la reacción desde Fedegán, llamando a conformar “brigadas solidarias ganaderas”, que reeditan la experiencia de las Convivir, cuyas andanzas desembocaron en la conformación de grupos paramilitares.
Toda está andanada pasa, incluso, por la estigmatización de la movilización campesina y la amenaza de demandas de integrantes de los medios de comunicación, como el caso de Luis Carlos Vélez, contra Jhenifer Mojica, la Ministra de Agricultura, en altercado que se inventa el pseudoperiodista en entrevista típicamente pueril de quien agrede desde la negativa a preguntar y no acepta argumentación distinta a la de su imaginario y sus prejuicios.
El discurso presidencial ante la comunidad campesina en el Corregimiento de El Salado fue un ejercicio de planteamiento de nudos problemáticos, ante la pervivencia de la impunidad y las barreras de acceso de los campesinos a la restitución de tierras, de la no reparación de las víctimas, a pesar de fallos de los tribunales, de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, de la estigmatización de la reforma agraria con la falsa narrativa de expropiación exprés, denominando así a los intentos del gobierno de comprar la tierra en pro de acelerar los procesos para entregarla al campesinado; de intentonas golpistas impulsadas en España con apoyo del ultraderechista Partido Vox, a pesar del llamado gubernamental al diálogo para la reconciliación sobre la base del entendimiento mutuo y del importante llamado a reconocer las razones del conflicto dignificando al campesinado y no, bajo el dogal de la sumisión, ni de las limosnas consistentes en regalar tierra mientras prima la negativa a la restitución ordenada desde los tribunales y ladinamente ralentizada hasta la parálisis de los procesos de reparación, desde las oficinas públicas.
El caso emblemático abordado por el Presidente Petro fue el de Argos y su adquisición irregular de tierras compradas a despojadores, en Montes de María, como lo muestra la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV- [2]. La Comisión lo denomina “Gestión Multinivel para el Despojo”, con la participación de actores entre quienes se cuentan funcionarios gubernamentales, agentes comunitarios, empresas, empresarios, funcionarios notariales y registrales, agentes territoriales del Estado, asesores e intermediarios en un entramado típico de la intermediación, “que sacaron provecho del abandono de tierras rurales fruto de la guerra”.
En el Capítulo 2 del Caso 79, la CEV presenta la historia, entre otros integrantes de la red de despojadores, de Álvaro Ignacio Echeverría quien admitió, mediante testimonio ante un despacho de restitución de tierras, el haber iniciado operaciones de adquisición de tierras en 2002, al comprar la Hacienda abandonada, San Jacinto. Fundó la empresa Tierra de Promisión y conformó una red instrumentalizada por Argos para la compra, al menos, de 6.600 hectáreas. La tierra fue comprada, en promedio a $ 300 mil/Ha. y la vendieron a precios, hasta 11 veces más altos, en menos de 18 meses, mientras el cultivo de teca (árbol maderable industrial), del cual Argos ya tenía trayectoria en San Onofre, aniquilaba la agricultura de consumo.
La CEV encuentra un patrón de despojo asociado a lógicas del arte de la guerra, con tres componentes:
- Una vanguardia, con labores de punta de lanza en inteligencia, preparación del terreno y del contexto, mapeo de actores, identificación de predios, construcción de puentes con la comunidad, relacionamiento in situ, ambientación de la negociación preferiblemente blanda y dura si se requiere para lograr la decisión de venta, en primer lugar. En segundo lugar, un componente técnico de confianza para verificar información, manejo de recursos y logística en refuerzo de actividades persuasivas, articulación de trámites legales con abogados, notarías, oficinas de registro, alcaldías, gobernaciones. Allí se destacaron Teobaldo Mesa y Jairo Bayuelo.
- Un escuadrón principal de inversionistas, o terceros compradores (y vendedores, dice la CEV), con un rol de “más que aportantes de capital”. Con Puesto de Mando Unificado (PMU) situado en Medellín, encargado de diseñar estrategias, disponer la ofensiva, coordinar ejercicios tácticos para el despliegue territorial; tender puentes con agentes económicos y políticos estratégicos como Argos y el gobierno nacional. Allí se destacaron Álvaro Ignacio Echeverría y Luís Esteban Echavarría, “antiguo mentor del Presidente Uribe” y compañeros de universidad del sucesor de “Uribito”, el Ministro Fernández, como Raúl Andrés Mora Pérez y su esposa, Ana Patricia Serani Toro.
- La retaguardia, conformada por una red de actores económicos, jurídicos y políticos articulados al modelo de gestión para el despojo. Su papel fue el de diseñar e implementar medidas de protección de las operaciones en terreno para garantizar la posterior transferencia de los predios, de modo que Cementos Argos pudiera explotar las tierras de manera tranquila y ocultar la ruta de adquisición de los predios. Para ello, Argos creó la Fundación Crecer en Paz, encaminada a implementar una iniciativa de desarrollo territorial y construcción de paz. Bajo control de la Fundación fueron puestas 6.600 hectáreas adquiridas por Argos en El Carmen, San Jacinto y Ovejas, cuyo precio fue estimado en $ 25 mil millones y un capital adicional de $ 18 mil millones para proyectos productivos. La estrategia de camuflaje se elevó al campo de la “responsabilidad social empresarial”, como manera perfumada de ocultar el despojo realizado.
Al respecto, Revista Semana [3] le publicó un artículo al Grupo Argos en 2016, eludiendo toda alusión al despojo, en un tono alambicado y usurpador del lenguaje de la reconciliación, supuestamente, en el espíritu de ayudar al “posconflicto” y como “Laboratorio de Paz”.
La CEV reportó en su informe que, a la fecha de su elaboración, la situación llevó a múltiples procesos judiciales de restitución de tierras. Señaló que entre 2011 y 2019, la Unidad de Restitución de Tierras – URT- recibió 2.433 solicitudes administrativas de inscripción en el Registro de tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), por parte de 2.114 personas. A la fecha del Informe de la CEV iban 16 sentencias en contra de FIDUCOR o Alianza Fiduciaria, constituyente del patrimonio autónomo de Argos. Hoy los datos se refieren a 22 sentencias en favor de los campesinos y en contra de Cementos Argos.
Los entes empresariales negaron los vínculos previos con los compradores, inversionistas que conformaron la red de aliados estratégicos de la cementera; manifestaron su desconocimiento acerca de las motivaciones de los campesinos para vender sus tierras y dijeron que habían adelantado los estudios de títulos para verificar que no tuvieran medidas individuales o colectivas de protección. Así mismo, alegaron que en el tiempo de las compras ya se había derogado la ley 160 del 94 y que sus inversiones estaban en coherencia con la política mundial de protección del medio ambiente y con la “responsabilidad social empresarial”. Se apoyaron en las políticas de consolidación territorial 2002-2010 consistentes en la movilización de las instituciones públicas y privadas para recuperar la seguridad y en las acciones del gobierno Santos en alianza con la FAO para promover las plantaciones forestales, aduciendo que actuaron de “buena fe”.
Pero, las Salas Civiles Especializadas de Restitución de Tierras de los Tribunales de Cartagena, Cúcuta, Bogotá, Cali y Antioquia rechazaron sus argumentos y ordenaron la restitución y negaron el reconocimiento de la buena fe exenta de culpa. Concluyeron los tribunales que las acciones de Álvaro Ignacio Echeverría, Jairo Bayuelo, Daniel Saldarriaga Jaramillo y la Sociedad Fiducor S.A. configuraron una “auténtica contrarreforma agraria” atentatoria de la Constitución Nacional que aniquiló los intereses de los campesinos aprovechándose del conflicto armado y alterando el uso de la tierra, entre otros elementos. Esto se puede observar en el vaciamiento del territorio minifundista y el paso de la agricultura familiar y de la economía campesina al “latifundio capitalista de la teca, la palma africana y la ganadería extensiva” llevando a los pobladores del arraigo rural al desarraigo urbano.
Hollman Morris recuerda que en su Programa @Contravía [4] de 2011, la “reforma agraria a sangre y fuego” en Montes de María quedó en manos de conglomerados de amigos del expresidente Uribe, financiadores de su campaña, entre quienes se incluyó a Cementos Argos. En el Congreso, Iván Cepeda, entonces, Representante a la Cámara, refirió declaraciones de Mancuso, en tal sentido. Morris complementó con declaraciones de Ever Velosa, alias H.H. quien hizo alusión a los bananeros despojadores con cultivos de palma en Urabá.
El Programa refirió las masacres de El Salado, Macayepo, El Chengue y Mampuján. Las peores siembras de terror que obligaron a los campesinos a abandonar sus tierras, que quedaban valiendo a “precio de huevo”. La masacre de Mampuján, corregimiento del municipio de María La Baja, fue el 10 de marzo de 2000. Encabezada por Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, provocó el desplazamiento de 300 familias y la muerte de 12 campesinos. La masacre de Macayepo, el 14 de octubre del año 2000, fue encabezada por alias “Cadena” quien dirigió a 80 paramilitares en contra de sus paisanos. Cadena, oriundo de ese corregimiento de el Carmen de Bolívar, se coordinó con el entonces Senador, Álvaro García Romero quien hizo trasladar a las tropas que patrullaban la región y apoyó las intenciones del exgobernador de Sucre, Miguel Nule Amín y de Joaquín García, ganadero. En Macayepo fueron asesinados 15 campesinos y 246 familias fueron desplazadas.
El Chengue es un corregimiento del Municipio de Ovejas en Sucre. La masacre ocurrió el 17 de enero de 2001 y fueron asesinados 30 pobladores provocando el desplazamiento de la población de 900 personas del Corregimiento, de Don Gabriel, Salitral, La Ceiba, Buenos aires y El Tesoro.
El exjefe paramilitar Fredy Rendón, alias “El Alemán” reconoció que ellos masacraban y desplazaban y detrás venían los compradores de tierra.
Por aquellos días de la emisión del Programa Contravía, durante el Gobierno Santos, el Superintendente de Notariado y Registro era Jorge Enrique Vélez de Cambio Radical, en esos tiempos, relativamente comprometido en el proceso de paz. Entonces, Vélez decía al Presidente Santos que allí donde “se pone el dedo sale pus” para referirse al despojo. En Urabá, descubrió que los ganaderos falsificaron resoluciones de adjudicación, ventas masivas a personas jurídicas, ventas bajo presión, así como una “inmensa irregularidad en el Fondo de Ganaderos de Córdoba”, al decir del entonces presidente Santos: “Compras fraudulentas mediante presiones para que se les otorgaran poderes, registro de falsos poderes, otorgamiento de poderes a una sola persona”: Se refiere a Sor Teresa Gómez, de la Casa Castaño, condenada por el asesinato de la lideresa campesina, Yolanda Izquierdo.
Quince municipios de Montes de María fueron objeto de la acción paramilitar y del despojo. Prácticas de carácter fraudulento en compras masivas de la tierra. Vélez se refería a tres generaciones que en seis o siete años se apropiaron de la tierra. La primera generación, adquirió la tierra con características de despojo jurídico, con nombres comunes y apellidos conocidos: Medina Muñetón y Echeverría. Sociedades de las que ellos eran socios. Luego, ventas a una segunda generación y la tercera, con ventas a grandes empresas, después de cinco o seis años. Álvaro Ignacio Echeverría no solo compró barato, sino que apenas envió la mitad del dinero, según dicen los campesinos. Echeverría presionó a los campesinos y les pagó precios irrisorios. Jhenifer Mojica, hoy Ministra de Agricultura mostró en el programa la escalada de precios que va ocurriendo y evidenciando la falta de buena fe.
La ley 1448 de 2011 en su protección al campesino parte de la presunción del despojo. Los tribunales lograron demostrar que no hubo esa buena fe de los compradores, allí donde se ejecutaron cerca de 70 masacres entre 1996 y 2001 y luego recrudeció durante la primera década del siglo XXI.
Como afirma Cote en El Espectador [5] fueron 17 las empresas despojadoras en los Montes de María: La Sociedad Tierra de Promisión de Álvaro Echeverría Ramírez, con 4.405 Ha. Agropecuaria Génesis SAS con 3.022 Ha. Agropecuaria El Carmen de Bolívar, de Manuel Medina Muñetón, con 2.604 Ha. Invercampo S.A. de Manuel Guillermo Berrío. Agropecuaria Tacaloam de Elkin de Jesús Sierra. Se encuentran en procesos adversariales Inversiones Agropecuaria El Caney de Medina Muñetón; Agropecuaria Montes de María, de Raúl Andrés Mora Pérez; Agropecuaria Vélez Arango y Agropecuaria El Central, quien acaparó 265 Ha. usurpadas por Otto Bula implicado en Odebrecht.
Además de Montes de María, están los despojos de Urabá, con 224 casos; Magdalena, con 197; Magdalena Medio, con 81 y Cesar y Guajira, respectivamente, con 68 casos.
La Fundación Forjando Futuros [6] presentó un total de 66 empresas de todo el país, entre las cuales se cuentan multinacionales, bancos, empresas mineras, agroindustriales condenadas a restituir tierras a campesinos y comunidades étnicas. Entre estas empresas están: Bancolombia, Davivienda, BBVA y Banco Agrario que aceptaron como garantía predios despojados a campesinos pobres y se constituyeron en opositores al proceso de restitución. Entre las empresas extractivistas se cuentan: Continental Gold, Exploraciones Chocó; AngloGold Ashanti, Ecopetrol, Petromil, Pacific Mines SAS. Han sido 5.611 sentencias entre los años 2012 y mayo de 2020.
Diez años atrás, el actual presidente de la República, Gustavo Petro puso en evidencia, en dicha serie de programas de @Contravía, el papel de las masacres y el terror como método de intimidación en contra de la Ley de Restitución de Tierras, la usurpación y anticipó la oposición del expresidente Uribe al gobierno del Presidente Santos, la fragilidad y posible ambivalencia de dicho gobierno en su nivel de consecuencia frente a los derechos del campesinado así como la amenaza del desencadenamiento de nuevas violencias. A la vez, alertó sobre la capacidad de la, entonces, oposición democrática para interpretar el momento y los retos para la democracia, así como la capacidad del movimiento agrario para ser sujeto protagonista de las transformaciones por venir.
Sus planteamientos de antaño, sus recientes intervenciones y políticas evidencian la coherencia; da luces de una nueva cultura política, que Colombia debe construir, donde no se negocie la verdad e invita a fortalecer la capacidad de movilización, de organización y deliberación democrática para construir una sociedad justa y equitativa. La asimetría no solamente se refleja en el despojo de la tierra; también es clara en la usurpación de la memoria, en el falseamiento de la historia y en la pretensión de negar, a partir de la estigmatización del campesinado el derecho a ser sujeto participativo en la transformación del país.
Hoy, Colombia requiere más y más diálogo, más y más memoria y más capacidad deliberativa; en vez de comunicados intimidantes y de campañas encaminadas a infundir las viejas disposiciones de la Constitución del 86, prohibicionista de la participación y estigmatizadora del campesinado. Por el contrario, este sujeto social y político desarrolla sus capacidades democráticas, ha avanzado en el autorreconocimiento de su papel y potencial democrático y ha dado ejemplo de solidaridad, como lo evidenció en los tiempos de pandemia; tiempo en el cual recibió gratitud, incluso adulación por parte de quienes hoy le niegan su derecho a jugar un papel activo en la construcción económica, social, democrática cultural y ambiental de la nación.
Fuentes:[1] Presidencia Colombia. #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro durante la entrega de tierras a víctimas del conflicto armado y firmantes de los Acuerdos de Paz por parte del gobierno del cambio, en El Carmen de Bolívar. Agosto 30.
https://twitter.com/infopresidencia/status/1697028998973296762?s=20[2] Comisión de la Verdad. Hay Futuro Si Hay Verdad. Caso 79 / La compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María.
https://www.comisiondelaverdad.co/caso-79-la-compra-masiva-de-tierras-por-cementos-argos-en-los-montes-de-maria[3] GRUPO ARGOS. Tierra para crecer. Revista Semana. mayo 20 de 2016.
https://www.semana.com/100-empresas/articulo/fundacion-crecer-en-paz-del-grupo-argos-quiere-desarrollar-proyectos-en-montes-de-maria/474364/[4] Morris Hollman. Sobre la memoria que antecede al importante discurso pronunciado por el presidente @petrogustavo. Septiembre 3 de 2023. Hilo del Programa Contravía.
en la población del Salado en los Montes de María.
https://twitter.com/HOLLMANMORRIS/status/1698436959897604381?s=20[5] Cote Jhoan Sebastián. No fue solo Argos: a 17 empresas les reclaman tierras despojadas en Montes de María. El Espectador. Septiembre 06 de 2023.
https://www.elespectador.com/autores/jhoan-sebastian-cote/[6] Forjando Futuros. Empresas, despojo, violencia y concentración de tierras. Junio 02 de 2020.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Agencia de Periodismo Investigativo