Por César Torres / Tomado del Diario Criterio
Si el presidente quiere enfrentar y derrotar la corrupción, no puede darse el lujo de proponer como fiscal a alguien que tenga vínculos con quienes evitan el avance de esos procesos judiciales.
La corrupción continuada más grande cometida en Colombia se puso en evidencia en Estados Unidos. Lo hizo la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC).
Según los documentos revelados hasta ahora por la SEC, esa corrupción la perpetraron, de manera sistemática, permanente y coordinada, empresas privadas que hacen parte del Grupo Aval y partidos y dirigentes políticos, algunos de los cuales gobernaron entre 2002 y 2018, por lo menos.
La SEC acusó al Grupo Aval, en especial, a su filial la Corporación Financiera Colombiana S.A., Corficolombiana, de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
El medio de comunicación especializado El Economista resumió así los hallazgos obtenidos por la SEC: “[e]l Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló el esquema de sobornos que habría efectuado la compañía y con los que financiaron campañas electorales y se obtuvieron beneficios corporativos vía contratos públicos. Grupo Aval aceptó pagar una multa de 40 millones de dólares”.
Dicho de otro modo, el Grupo Aval, junto con Odebrecht, pagó una suma cercana a los 24 millones de dólares en sobornos para que el Gobierno, dirigido por Juan Manuel Santos, le asignara el contrato de construcción de la vía Gamarra-Ocaña. Para evitar que a sus más altos directivos y accionistas se les persiga penalmente y, posiblemente, se les encarcele en Estados Unidos, el Grupo aceptó pagar más de 40 millones de dólares y colaborar con la justicia de ese país.
Semanas antes de que se supiera el resultado de esa investigación de la SEC, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el exdirector del Instituto Nacional de Vías (Invías) Daniel García Arizabaleta reconocieron haber hecho parte de la organización criminal que cometió parte de esos actos corruptos.
Como se puede ver, esto no es un invento del petrismo, ni de periodistas, fiscales, jueces y magistrados de izquierda dedicados a perseguir a un sector político determinado.
Al contrario, es gracias al acuerdo de pago y colaboración con la justicia que el propio Grupo Aval –en su calidad de violador de la ley– suscribió con la SEC que la dirigencia política y el periodismo nacional se enteraron hace poco de esa corruptela. Sin embargo, los procesos judiciales que hay en Colombia contra quienes cometieron esos delitos no avanzan al ritmo y con la profundidad que debieran.
Si el actual presidente de la República quiere, ‘de verdad, verdad’, enfrentar y derrotar la corrupción, no puede darse el lujo de proponer como fiscal general de la Nación a alguien que tenga vínculos con quienes evitan el avance de esos procesos judiciales.
Para no cometer ese error, Petro puede consultar o pedirle a alguien de su entorno que consulte a periodistas, a personas de la academia y a profesionales del derecho que llevan años denunciando, con nombres propios, a las personas que han puesto en pausa esas y otras investigaciones.
Lo mismo ocurre con su costumbre de llegar tarde. Si permite que sus amigos de siempre, los que todo le aplauden, se encarguen de su agenda, el incumplimiento a citas y a reuniones acordadas o la inasistencia a buena parte de ellas seguirán siendo constantes, disculpadas y justificadas.
Con toda la repulsa que en algunas personas y sectores causa un personaje como Armando Benedetti, hay que reconocer fue él quien logró que el hoy presidente llegara más o menos puntual a la mayoría de los actos de campaña.
No se trataría de que, para subsanar el incumplimiento de la agenda presidencial, se traiga de nuevo a Benedetti. Se puede, más bien, encontrar a otra persona que asuma esa tarea con firmeza y con cuidado. Ella deberá ser sumamente organizada, estar dispuesta a presionar al presidente para que asista y llegue a tiempo a las citas y reuniones establecidas y, sobre todo, a hacer su tarea cuidando la salud y la seguridad presidencial.
Lo deseable y posible es, entonces, que esa persona asuma su trabajo haciendo suyas las palabras de la filósofa Carol Guilligan: “[l]a ética del cuidado nos guía para actuar con cuidado en el mundo humano y recalca el precio que supone la falta de cuidado: no prestar atención, no escuchar, estar ausente en vez de presente, no responder con integridad y respeto”.
Si la persona encargada de la agenda presidencial ejerce su cargo desde esta perspectiva, seguramente influirá para que el presidente y su equipo gobiernen guiados por la ética del cuidado.
Eso supondría un cambio cultural de enormes proporciones: ni más ni menos que superar la ética traqueta y parasitaria, misma que nos impusieron los barones y las reinas del narcotráfico, sumados a quienes se dedican a obtener utilidades económicas y políticas de la guerra; a quienes no crean industrias, ni empleos, sino que viven de las rentas y de apropiarse de los réditos que genera el dinero ajeno y, por supuesto, sumados también a quienes llegan a los puestos del Estado para enriquecerse y adquirir alguna notoriedad.
Si la persona encargada de garantizar el cumplimiento y la puntualidad del presidente Petro logra que la ética del cuidado se convierta en estilo de gobierno, poco a poco la ciudadanía entenderá “la importancia de que todos tengamos una voz y que esa voz sea escuchada, por derecho propio y en sus propios términos, y atendida con integridad y respeto”, como dice la señora Gilligan.
Así, las marchas de respaldo a las medidas del Gobierno en favor de los sectores más vulnerados serán tan importantes como las que se convoquen para que la gente más común y más corriente se exprese, hable y cuente sus memorias, sus necesidades y sus expectativas. Tan importantes como las que se convoquen para entregarles los objetos y derechos a los que tenían derecho.
Iniciar este cambio cultural tan hondo depende de que el presidente oiga.
Ribete: Nos siguen matando. Siguen existiendo y persisten en su accionar criminal los grupos que antes actuaban en connivencia con algunos sectores de las Fuerzas Armadas y le hacían la guerra a la población civil. Se puede hablar y pactar la paz con ellos. Ojalá el Gobierno también escuche y hable con sus víctimas y tome decisiones para protegerlas.