Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
Apenas sonaban las campanas en la despedida de 2022, cuando el presidente Petro sorprendió al país con la buena nueva de ceses bilaterales del fuego de carácter temporal (seis meses), simultáneos, entre el Gobierno y cinco grupos armados ilegales:
- Tres grupos insurgentes: El ELN, la disidencia FARC denominada “el EMC”.
- La Segunda Marquetalia (hoy con su carácter insurgente cuestionado, por parte de la Corte Constitucional y sectores políticos, ante la reincidencia en la lucha armada por parte de sus comandantes, en particular, de Iván Márquez, quien sobrevive a sus compañeros, después de un turbulento retorno a la clandestinidad).
- Dos bandas criminales de alto impacto: las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, más conocidas como el Clan del Golfo y el Grupo de Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
El Gobierno Nacional justificó este paso, en requerimientos y comunicaciones insistentes, por parte de organizaciones de las comunidades, de la sociedad civil y de la iglesia pidiendo el cese de la violencia armada, del drama humanitario y de la afectación de los territorios. Al tiempo, planteó que habría decretos específicos por cada una de las organizaciones, para determinar las condiciones y duración de los ceses del fuego.
Dichos decretos y sus protocólos derivados se convirtieron en un factor polémico, dado el peso del modelo de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) predominante en los esquemas de negociaciones de paz y de sometimiento a la justicia, bajo inspiración de paradigmas de Naciones Unidas.
Se evidenció la importancia de trascender dicho modelo sabiendo interpretar la complejidad del contexto nacional cuya experiencia en la firma de Acuerdos de Paz ha dejado legados, pero también, lecciones de fracasos y de paz incompleta.
La historia de más de treinta años muestra la evidencia de grupos renuentes a firmar la paz, que se nutren y copan territorios de influencia de los firmantes de paz, que van mutando en materia de proyecto político-militar y de expectativas económicas; de grupos residuales que se van articulando o también, de bandas criminales entrelazadas, sucesoras del paramilitarismo, impulsadas con intencionalidad política y ambición económica, por parte de sectores institucionales, políticos y militares, en medio de la degradación del conflicto, del enriquecimiento ilícito y de la explotación de rentas legales e ilegales.
Ya son cerca de 12 experiencias de acuerdos de paz, desde las Guerrillas del Llano de los años 50, pasando por los Acuerdos suscritos en el marco de la Constitución de 1991 y posteriores, así como el sometimiento de las AUC entre 2003 y 2005 y el Acuerdo Gobierno-Farc de 2016. Todos estos Acuerdos, independientemente de sus alcances, resultaron parciales, recortados y con tendencia a restringirse a la reinserción o reincorporación de los excombatientes, convertida en tema medular y muy débil articulación con las políticas nacionales y con cambios territoriales, en beneficio de las comunidades.
En ello influye la incapacidad del Estado para hacer presencia institucional, más allá del copamiento con pie de fuerza, en momentos y circunstancias episódicas, así como la pervivencia de la doctrina de la seguridad nacional. Si bien hoy no rige oficialmente esta doctrina, en el marco del Gobierno progresista, sí está instalada en la subcultura, en el lenguaje de los grandes medios, así como en los paradigmas de sectores políticos e institucionales renuentes a las salidas políticas y sociojurídicas negociadas, como lo evidencian los comportamientos de los voceros de la Fiscalía, de la Procuraduría, de las Cortes Constitucional y de Justicia, de gobernantes locales, de congresistas de sectores tradicionales. Esto se expresa en la reticencia a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, en materia de reforma policial, planteadas a raíz de la masacre del 9 de septiembre de 2020, en Bogotá y del Estallido Social de 2021, en todo el país.
Más allá de los elementos doctrinarios centrados en los enfoques del enemigo interno, que inciden en la pervivencia de los factores de violencia armada, subyacen motivaciones y entronques de las élites nacionales y regionales con la criminalidad; su opción por la pervivencia de los factores del conflicto armado está cimentada en su codicia, en su desmedido interés por la apropiación de rentas legales e ilegales, en el auge de la corrupción y en el esfuerzo por mantener las condiciones de impunidad que pretenden oscurecer las razones, motivaciones, actores responsables, del conflicto armado y de su degradación.
Esta cuestión está lejos de la discusión acerca del modelo económico, dado que el resultado se traduce en un país que se desindustrializa, que pierde productividad desde hace décadas, con base en el impulso de la especulación financiera, la privatización, el latifundio y el extractivismo, sin ser una potencia petrolera. Mientras tanto, la extracción del oro y del coltán y los hidrocarburos, entre otros materiales, adquieren auge en dinámicas de contrabando e ilegalidad, donde Ecopetrol tendría toda la legitimidad para declararse víctima del despojo cometido por parte de grupos de poder, del paramilitarismo y de la guerrilla.
Al tiempo, el proceso simultáneo de ceses bilaterales de inicios de 2023 resultó intrincado, en razón de las complejidades relacionadas con la naturaleza de los grupos armados, su diversa presencia territorial, la afectación múltiple de las comunidades que están llamadas a ser el actor central de la paz, dada su victimización, cooptación e intimidación. Esto se evidencia en las continuas violaciones al derecho internacional humanitario, la percepción de rentas legales e ilegales; las dificultades provocadas por las disputas territoriales intergrupos, con saldo de víctimas mortales entre bandos, comunidades y fuerza pública.
En un contexto nacional acostumbrado a la realización de negociaciones parciales, estáticas, centradas en el diálogo entre el Gobierno y el actor armado, para priorizar el enfoque de seguridad nacional y con destino a la cooptación del grupo firmante, sin mayor incidencia de la sociedad civil, haciendo abstracción de la presencia de otros grupos armados, típico de los modelos “ceteris paribus” (con los demás factores constantes, sin lectura del contexto cambiante), el modelo de negociación simultánea levantó voces de escepticismo y de estigmatización en contra de la política gubernamental.
Tales voces fueron más sonoras, por parte de las élites denominadas “expertas en procesos de negociación”, las cuales pretendieron imponer su “estado del arte” como verdad absoluta. Así se expresaron los ex negociadores gubernamentales del Acuerdo con las Farc y el propio expresidente Santos, pretendiendo reducir la construcción de la paz al cumplimiento del Acuerdo firmado en 2016.
Ha pasado cerca de un año de la proclamación de los ceses bilaterales, por parte del presidente Petro y el proceso de Paz Total ha contado con oscilaciones significativas y va encontrando un rumbo, especialmente, en aspectos normativos. La Corte Constitucional no encontró vicios de procedimiento en el trámite de la Ley 2272 de 2022, o Ley de Paz Total que permitió actualizar la Ley 418 de 1997, para ponerse a tono con los conflictos violentos que azotan al país, como rezago de viejas conflagraciones y de nuevas confrontaciones regionales en diversos territorios, tanto en la vida rural como urbana.
Sin embargo, la Corte limitó sus alcances en relación con la imposibilidad de designar voceros de paz a personas privadas de su libertad, aunque el Gobierno siempre tiene la potestad de hacer solicitudes a los jueces.
La sentencia, abrió también la puerta a la presentación del proyecto de ley de sometimiento sociojurídico de bandas criminales de alto impacto, propuesta que debió archivarse en la primera legislatura de 2023 por falta de apoyo en el Congreso de la República, ante la ruptura de la coalición de Gobierno.
Una mirada hacia el año transcurrido de 2023, es más propicia para valorar un saldo favorable del proceso de la Paz Total, en contraste con el tradicional escepticismo apegado a la focalización de las dificultades del camino, al dimensionamiento de los incidentes, a los resultados adversos y a enfoques cortoplacistas. Dicho saldo no puede estimarse, solamente, en el marco de dinámicas de diálogo y negociación, dado que los procesos de relacionamiento con los diversos grupos armados ilegales tienen una triple incidencia de factores: 1) comunicacionales propios del diálogo y la creación de escenarios propicios para la construcción de acuerdos, 2) del peso de las acciones violentas de los grupos y el peso de la iniciativa gubernamental y estatal en materia de justicia, de la inteligencia, de la acción militar y policial, propia de la seguridad humana y 3) de las macro políticas y de la gestión pública de implementación del plan de desarrollo en los territorios.
Al respecto, se van decantando los procesos; los actores del diálogo y la negociación van dejando de ser, únicamente, el gobierno y los grupos armados ilegales. Va entrando en escena la incidencia de las organizaciones sociales y comunitarias, en el ámbito territorial. A la par, cobra importancia el respeto integral al derecho internacional humanitario y emerge el tratamiento sistemático de los problemas estructurales que restringen el desarrollo económico, afectando la calidad de vida de las comunidades.
En esta dinámica, se vuelve estratégicamente relevante para la Paz Total el tratamiento sistemático de los factores del conflicto en regiones piloto, como el Cañón del Micay, donde convergen multitud de problemáticas económicas, sociales y ambientales asociadas a su diversidad productiva, ambiental, social y étnica y la pugna de intereses de grupos sociales terratenientes, campesinos, indígenas, afros, insurgencia del ELN, del EMC, de la Segunda Marquetalia y bandas multicrimen del clan del Golfo asociadas a la lucha por rentas derivadas de la droga, así como de la minería legal e ilegal.
Un plan de transformación del Cañón del Micay, como lo plantea el Gobierno Nacional, constituye un referente para derivar lecciones y enseñanzas en la búsqueda de respuestas contextualizadas a las realidades complejas de otros territorios. Precisamente, por esta razón, el gobierno Nacional lanzó, desde antes de las elecciones del 29 de octubre, la Operación Militar “Trueno”, que llevó a la fuerza pública a una región donde no hizo presencia durante años y luego, se avanza en medio de diálogos y negociaciones con el EMC y muy posiblemente, con el ELN.
Avances con el ELN. Al respecto, es de destacar que, contra todo pronóstico, en medio de tensiones, oscilaciones y arduas negociaciones se ha llegado en México al Quinto Ciclo de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN, superando todas las expectativas, con una agenda que logra trascender la coyuntura, abre la puerta a la prolongación del cese al fuego bilateral y se prepara para el Sexto Ciclo en Cuba, a partir del 22 de enero de 2024. En México se logran concretar seis acuerdos relevantes [1]:
- Reafirmación del puerto de llegada del proceso de paz, acordado en el II Ciclo realizado en Ciudad de México.
- Suspensión de retenciones con fines económicos, según el ELN, en el marco de la prolongación del Cese al Fuego prevista para finales de enero de 2024. Al respecto, comienzan a darse liberaciones de personas secuestradas por esta organización, con base en mediación de los organismos internacionales.
- Creación de condiciones para la prórroga del Cese al Fuego, el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MVV)y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares y de distintos grupos armados.
- La creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México.
- La reanudación de procesos de participación de la sociedad. La culminación de la fase de diseño en el mes de abril de 2024 y la creación de una red nacional de participación.
- La conformación de ocho (8) zonas críticas, de acciones humanitarias y de una Comisión de la Mesa para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de las zonas.
Avances con el EMC. A pesar del escepticismo y la pugnacidad que enmarca la dinámica de la negociación y de la confrontación militar ocurrida en medio de la coyuntura electoral, se avanza en la construcción de acuerdos [2]. El 16 de octubre entró en vigencia, nuevamente, un cese al fuego bilateral planteado por el Gobierno hasta el 15 de enero de 2024.
En diálogos realizados entre el 2 y el 11 de diciembre, el EMC aceptó renunciar al secuestro extorsivo abandonando la práctica de retenciones con fines económicos. Así mismo, se plantea iniciar un tercer ciclo de negociaciones entre el 9 y el 18 de enero de 2024, para abordar el tema relacionado con la transformación de territorios con dependencia de economías ilícitas, como el Cañón del Micay y la situación ambiental de la Amazonía. Así mismo, se acordó un cronograma para instalar el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), el cronograma para las instancias regionales en Arauca, Popayán, Bucaramanga, Villavicencio y Mocoa.
Se buscarán alivios humanitarios de la población carcelaria perteneciente al EMC con atención jurídica, de salud, de hacinamiento, en seguridad y alimentación, entre otros aspectos.
En seguridad humana se establecerá comunicación con las comunidades en los departamentos del Cauca, Arauca, Antioquia, Putumayo y Caquetá y establecer rutas de solución a la problemática humanitaria de los pueblos indígenas y de otras regiones.
Complicaciones con la Segunda Marquetalia. Teniendo en cuenta el fallo de la Corte Constitucional, existe una tendencia predominante a considerar a esta organización como desertores del Acuerdo de Paz de las FARC y, por tanto, darle tratamiento como Estructuras Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EOACAI), las cuales deben desarticularse y someterse a la justicia, bajo reglas que defina el Congreso, como lo establece en su reciente fallo la Corte constitucional y no como Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley (GAOMIL), como el ELN y el EMC, con los cuales el Gobierno está facultado para adelantar diálogos políticos y pactar acuerdos de paz [3].
Con cerca de 650 integrantes y poca consolidación, es la organización que ha recibido más golpes en los últimos años y presenta un futuro incierto. Sin embargo, voces jurídicas expertas como el exministro de justicia Yesid Reyes considera que, desde el punto de vista jurídico, los desertores conservan su naturaleza política y lo clave es responder si merecen una segunda oportunidad. Al respecto, es de recordar que Antonia Urrejola, experta designada por la ONU, adelanta la investigación acerca del presunto entrampamiento a la Paz, en el caso Santrich y su informe previsto para marzo de 2024, podría abrir posibilidades con respecto a la valoración de los motivos de reincidencia de Iván Márquez y de sus compañeros. En todo caso, será una Instancia de Alto Nivel coordinada por el Ministerio de Defensa, con participación de la Dirección de Inteligencia y el Alto Comisionado de Paz, a quien corresponde caracterizar a los grupos armados ilegales, como lo establece la Ley 2272 de 2022.
Por su parte, la Segunda Marquetalia ha manifestado estar preparada para “jugársela con toda por la paz completa con justicia social”[4].
El Clan del Golfo en su laberinto. En relación con este grupo multicrimen de alto impacto, aunque se mantiene suspendido el cese bilateral del fuego y se atiza la confrontación, se mantiene la voluntad de diálogo sociojurídico, por parte del Gobierno Nacional, mientras que el grupo armado ilegal pretende obtener reconocimiento y beneficios que pretenden emular el modelo de Justicia Especial Para la Paz, incluso, lograr reconocimiento de carácter político.
Sin embargo, el Gobierno Petro tiene muy clara la naturaleza de esta organización y Mancuso, en sus declaraciones ante la JEP, mostró la génesis de su conformación como organización sucesora del paramilitarismo, así como su trayectoria en materia de narcotráfico, trata de personas y minería ilegal, entre otras fuentes de financiamiento. También, su comandante Otoniel, en declaraciones a la JEP dejó elementos esclarecedores acerca del entronque criminal con sectores políticos, militares, gubernamentales y empresariales, asociados al despojo y al exterminio de líderes y lideresas sociales y de organizaciones populares.
A pesar de haberse iniciado un cese al fuego de carácter bilateral, el paro minero del Bajo Cauca ocurrido entre marzo y abril de 2023, así como la violencia desatada en el Buriticá y el occidente de Antioquia llevó a la suspensión del cese al fuego. El Gobierno Nacional y las fuerzas militares han continuado las operaciones de destrucción de dragas y dragones utilizados para la minería ilegal y ha fortalecido las operaciones de interdicción marítima, fluvial y aérea, en cooperación con fuerzas de seguridad e inteligencia de otros países, lo que ha permitido la captura y desmantelamiento de grupos de esta organización armada, así como la destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína. Se estima que en los dos últimos meses han sido capturados 216 integrantes del Clan del Golfo en 17 departamentos [5]. Esto permite observar que la fuerza pública no tiene restricciones para operar en medio de ceses del fuego, pues existen protocolos que habilitan las operaciones. Con mayor razón, cuando estos estos se suspenden.
Paralelamente, el Gobierno Nacional avanza, mediante la presentación ante el Congreso de la República, del proyecto de ley para la creación de la empresa Ecominerales, destinada a aportar en la transición energética justa, reducir la informalidad y mejorar la renta mediante el aprovechamiento de los minerales. Esto implica fomentar la pequeña y mediana minería y comercializar minerales estratégicos como el oro para el abastecimiento del mercado local. Estos son pasos que permiten desarrollar los acuerdos con los mineros artesanales de la comunidad del Bajo Cauca y avanzar en la superación de las presiones de los grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo.
El caso de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra- ACSN. En noviembre, con el propósito de avanzar en una transición pacífica en el departamento del Magdalena, las ACSN solicitaron el apoyo de MAPP-OEA para su mediación en el diálogo de paz en la sierra Nevada [6]. En dichos contactos participaron representantes de la iglesia católica y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Al respecto, esta organización sigue expectante solicitando al gobierno agilizar los diálogos de paz.
Mesas de Diálogo instaladas en la Cárcel Itagüí, con los voceros de las bandas de la otrora denominada Oficina de Envigado se instaló el espacio de diálogo sociojurídico, en el marco del sometimiento a la justicia, como asunto pendiente del proyecto de ley que debe presentarse nuevamente ante el Congreso.
Aunque no hay un pacto del cese al fuego bilateral, los grupos anunciaron una tregua entre las bandas, como se sabe, desde hace tiempo. No obstante, en Medellín y el Valle de Aburrá continúa el control del microtráfico y la extorsión. Sin embargo, se pretende romper con el ciclo de violencia [7].
Shottas y Espartanos de Buenaventura. A pesar de confrontaciones y asesinatos el diálogo sociojurídico y la tregua entre bandas tiende a mantenerse desde octubre de 2022 cuando inició de manera formal el proceso de paz con el Gobierno Petro.
Buenaventura ha sido escenario de disputa entre bandas criminales desde la década del 90. Allí operó el Frente 30 de las Farc y el Bloque Calima de las AUC. Los Shottas y los Espartanos son el producto de una escisión de la pandilla “La local” que llegó a controlar gran parte del área urbana [8]. Ambos bandos operan en operaciones de contrabando, armas, extorsión y tráfico de drogas.
Sin el marco jurídico, después de un año de conversaciones, los avances son pocos. Existe la expectativa por superar el conflicto, construir una ciudad tranquila que incluya a los jóvenes y lograr la presencia del Estado en Buenaventura. Se ha logrado pactar cero agresiones, reducir el hurto, la extorsión, eliminar las fronteras invisibles. Su mayor reto es sostener la tregua con la incidencia de las organizaciones narcotraficantes y las dificultades del Gobierno para lograr la aprobación de la ley de sometimiento a la justicia de los grupos criminales de alto impacto.
El Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura se mantiene, a pesar de las dificultades y asesinatos que ocurren en los barrios y que amenazan con la ruptura de la tregua. Sin embargo, el Gobierno y el Espacio tienen credibilidad. Se implementa el monitoreo de la tregua; se identifican, por parte de los voceros de los grupos y del Gobierno los factores generadores de violencia, con el fin de transformar las condiciones de vida urbana y desarticular las economías ilegales y detener los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos.
En general, como bien lo ha manifestado el presidente Petro, los ceses bilaterales del fuego entre el Gobierno y los grupos armados pierden sentido si los grupos siguen atacando a la sociedad y si persisten las economías ilícitas.
Al respecto, es de valorar el viraje dado por el Gobierno Nacional, de modo que la política de drogas para la superación de las economías ilícitas tendrá dos componentes: “Oxígeno” y “Asfixia”.
Oxígeno se enfocará en la transformación territorial para apoyar a las comunidades afectadas por el conflicto, a través de la promoción de economías lícitas y alternativas. Al respecto, se destinarán $ 148.000 millones que equivalen al 69% de los bienes incautados al narcotráfico.
El 31% de estos recursos, equivalente a $ 66.000 millones se destinarán al componente “Asfixia”, que busca desarticular la capacidad de las organizaciones criminales atacando sus eslabones relevantes.
Simultáneamente, mediante Decreto 2120 de 2023 del 11 de diciembre, el Gobierno Nacional estableció el programa ‘Creo, Un crédito para conocernos’, para impulsar el microcrédito para la economía popular encaminado a superar el “gota a gota” agenciado por las mafias y bandas paramilitares.
_______________[1] France 24. El ELN se compromete con el Gobierno de Colombia a suspender los secuestros extorsivos. Diciembre 17 de 2023.
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20231217-el-eln-se-compromete-con-el-gobierno-de-colombia-a-suspender-los-secuestros-extorsivos[2] Torrado Santiago. Proceso de paz con las disidencias de las FARC: cese al fuego, agenda de negociaciones y claves de los diálogos. El País. Diciembre 18 de 2023.
https://elpais.com/america-colombia/2023-12-18/proceso-de-paz-con-las-disidencias-de-las-farc-cese-al-fuego-agenda-de-negociaciones-y-claves-de-los-dialogos.html[3] Redacción Cambio. ¿Insurgentes o delincuentes? Qué va a pasar con la Segunda Marquetalia tras fallo de la Corte sobre paz total. Cambio. Diciembre 10 de 2023.
https://cambiocolombia.com/poder/insurgentes-o-delincuentes-que-va-pasar-con-la-segunda-marquetalia-tras-fallo-de-la-corte[4] Perspectivas Suizas. Segunda Marquetalia, dispuesta a “jugársela con toda” a la paz en Colombia. SWI swissinfo.ch – unidad empresarial de la sociedad suiza de radio y televisión SRG SSR. Octubre 18 de 2023.
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-paz_segunda-marquetalia–dispuesta-a–jug%C3%A1rsela-con-toda–a-la-paz-en-colombia/47989048[5] Noticias Telemedellín. En 2 meses, capturaron 216 integrantes del clan del golfo – Telemedellín. Diciembre 20 de 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=y8ccc_MDAXI[6] Opinión Caribe. Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada piden agilizar los diálogos de paz para poner fin al conflicto armado. Noviembre 9 de 2023.
https://www.opinioncaribe.com/2023/11/09/autodefensas-conquistadores-de-la-sierra-nevada-piden-agilizar-los-dialogos-de-paz-para-poner-fin-al-conflicto-armado/[7] Verdad Abierta. “Es el momento de la paz total urbana”: Voceros de la ‘Oficina de Envigado’. Septiembre 06 de 2023.
https://verdadabierta.com/es-el-momento-de-la-paz-total-urbana-voceros-de-la-oficina-de-envigado/[8] Saffon Sergio, Acosta Luisa María y Shuldiner Henry. En un puerto estratégico de Colombia, las pandillas esperan la Paz Total. InSight Crime. Octubre 12 de 2023.