Por Albeiro Caro / Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
El pasado nueve de abril se presentó en Nueva York, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el primer informe trimestral de 2024 [1] de la Misión de la Implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC EP.
El Informe valora acontecimientos del contexto que inciden en la dinámica de la implementación del AFP. Especialmente, se refiere a los que se articulan con la política de Paz Total del Gobierno Nacional, así como a las dinámicas complejas de la negociación con el ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia; temas que se abordan al final de este artículo.
Implementación del AFP
El Informe enseña estadísticas y análisis relacionados con el nivel de cumplimiento, logros y dificultades evidenciadas en los distintos temas que configuran el AFP, así como los principales acontecimientos del contexto nacional y territorial que lo potencian o limitan; especialmente, durante el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024.
En lo relacionado con los puntos centrales del AFP, el informe enfatiza en temas dignos de resaltar durante el trimestre; especialmente, los concernientes a la Reforma Rural Integral, el Fin del Conflicto, Víctimas e Implementación, Verificación y Refrendación, con énfasis en los componentes transversales étnico y de género, que cruzan todo el AFP.
En lo referente a la Reforma Rural Integral, el Informe aborda los temas de acceso a tierras, formalización, restitución de tierras, así como priorización y ejecución de proyectos dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Al respecto, el Gobierno adquirió durante el período 113.051 Ha para un total de 401.157 durante la vigencia del actual Gobierno. Hasta ahora, solamente se han entregado 75.452 Ha frente a una meta de tres millones de hectáreas por adjudicar a campesinos sin tierra.
Durante el trimestre se formalizaron 82.014 Ha de tierras, lo que permite llegar a 807.815 Ha formalizadas durante el gobierno actual. Los campesinos han recibido, durante todo el proceso de implementación, sólo el 22% de las tierras formalizadas. Es de recordar que la meta de formalización es de siete millones de hectáreas.
Durante el trimestre considerado, la Unidad de Restitución de Tierras presentó solicitudes de 1.665.004 Ha para víctimas reclamantes de tierras. Así, 326.637 Ha han sido restituidas u objeto de compensación económica, en relación con los 10 millones de Ha tramitadas desde 2011.
En el período, se inició la revisión de 33.007 iniciativas PDET, con el fin de priorizar las de mayor impacto y las que beneficien a mujeres. Así mismo, durante el trimestre se concluyó la ejecución de 495 proyectos PDET, lo que permite llegar a 3.689 proyectos culminados desde la firma del AFP.
Parte importante del Punto del Fin del Conflicto es lo relacionado con la Reincorporación económica y Social, la Reincorporación Política y las Garantías de Seguridad.
En lo referente a la Reincorporación Económica y Social, el 79% de los excombatientes acreditados participan de iniciativas productivas individuales y colectivas. Esto se refiere a 8.063 hombres y a 2.815 mujeres. El 63% de esta población desarrolla iniciativas individuales y el 37% participa de iniciativas colectivas. Durante el trimestre, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) aprobó 138 proyectos individuales. Vale resaltar que el 89% de las mujeres excombatientes participa en proyectos productivos. 2.010 de ellas lo hacen como asociadas; 107 están en puestos administrativos y 59 son representantes legales.
Durante el período del Informe, el gobierno adquirió 4.785 Ha para proyectos productivos de los excombatientes. Esto permite superar las 11.800 Ha conseguidas. Una cuarta parte de estos predios se ha asignado para consolidación de proyectos de vivienda en los antiguos ETCR y lo restante se ha orientado a proyectos productivos.
A la fecha, se cuenta con 243 cooperativas registradas y 22 asociaciones de mujeres. En el período, la ARN destinó cerca de $ 700.000 dólares para el refuerzo de capacidades de las dos federaciones de cooperativas principales: Ecomún y la Federación de Economía solidaria «Efraín Guzmán».
En lo referente a la Reincorporación Política, en enero de 2023, 18 excombatientes e integrantes del Partido Comunes, entre quienes se cuentan 10 mujeres, fueron elegidas en octubre de 2023 como parte de las autoridades regionales y locales de los entes territoriales en diferentes lugares del país, sin que se produjeran incidentes.
No obstante, con respecto a las Garantías de Seguridad para excombatientes, comunidades, defensores, defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, las políticas pertinentes de protección siguen estancadas, en razón de la no expedición de los marcos normativo, presupuestario e institucional.
Lo anterior, afecta la implementación de la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, así como el programa de protección de excombatientes. La Misión recomienda, al respecto, hacer un uso más estratégico de la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Así mismo, plantea que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, además de la expedición de la política para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales tiene, también, un importante papel en la orientación para la implementación de la política a nivel local, con enfoque de género y étnico, así como para fomentar la coherencia con otras políticas de paz y seguridad.
Durante el período considerado fueron reportados 10 asesinatos de excombatientes, con lo que la cifra asciende a 416 homicidios, incluidas 11 mujeres, 50 indígenas y 57 afrocolombianos, desde la firma del AFP. Así mismo, se han registrado 137 intentos de homicidio de excombatientes incluyendo a 12 mujeres; 37 desapariciones forzadas donde las víctimas son hombres en hechos ocurridos en el Meta, en Arauca y un caso en el Huila. Entre las víctimas se cuentan 87 excombatientes que disponían de medidas de protección o las habían tramitado. Así que las medidas de protección requieren de mejoras urgentes, sustenta el Informe.
El Informe hace también alusión a la violencia sexual y de género contra mujeres excombatientes, niños y niñas en antiguos ETCR. Entre 2022 y 2023 fueron reportados 11 casos.
En Huila, Caquetá y Putumayo, la JEP debió tomar medidas cautelares frente a la violencia ejercida por los grupos armados ilegales en contra de los excombatientes, líderes sociales y comunidades. Al respecto, la JEP ordenó al Gobierno expedir decretos urgentes para el desmantelamiento de grupos armados ilegales, de organizaciones criminales e implementar el Programa de Protección Integral para Excombatientes.
Durante el período de referencia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió denuncias de 42 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, de las cuales 2 fueron verificadas, 37 están en proceso de verificación y 3 no son concluyentes. De los casos verificados y en proceso de verificación, las víctimas se refieren a 13 líderes campesinos, 6 líderes afrocolombianos, 4 líderes indígenas, una mujer y una persona LGBTI. Tales crímenes fueron cometidos en los departamentos de Antioquia, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca. Así mismo, fueron reportadas 18 masacres de las cuales han sido verificadas cuatro, entre las que se cuentan 13 víctimas incluyendo a 10 hombres y 3 niños. Trece masacres están en proceso de verificación y un caso, no es concluyente.
En el período reportado, la Oficina de Asuntos de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) verificó el desplazamiento de 14.365 personas y el confinamiento de otras 35.432. La mayor afectación se presentó en comunidades étnicas, que representan el 64% del total, en lo que se refiere a un 42% de población indígena y un 22% de afrocolombianos. Los epicentros de estas afectaciones están en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
En el Punto de Víctimas del AFP, el Informe Trimestral de la Misión de Verificación se refiere a los temas de sanciones propias de la JEP. Al respecto, plantea que hasta la fecha la JEP ha imputado a 151 personas, de las cuales 47 son comparecientes de las ex FARC EP, 100 miembros de la fuerza Pública, 3 terceros civiles y un Agente del Estado, no combatiente.
Así mismo, el Informe plantea que, en febrero de 2024, la JEP informó que 30 de los 35 comparecientes del Ejército imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el departamento del Huila reconocieron su responsabilidad. Cinco generales retirados del Ejército, imputados por la JEP, no aceptaron su responsabilidad y entran en proceso adversarial.
El Informe registra la controversia entre los antiguos miembros del Secretariado de las FARC EP y la JEP, en relación con lo que consideran insuficiente número de amnistías concedidas por la JEP y la investigación a excombatientes de rango bajo y medio que, en su concepto no se ajusta al espíritu del AFP y pone en riesgo la permanencia de éstos en la justicia transicional. Al respecto, piden que las investigaciones se centren en los máximos responsables de infracciones graves al derecho internacional humanitario. Al respecto, la posición de la JEP se centra en que sus actuaciones se enmarcan en la Constitución y la Ley y reclama respeto por su autonomía e independencia. Sin embargo, en varios escenarios y actores incluyendo a los antiguos negociadores de paz del Gobierno se considera que las preocupaciones de los antiguos líderes de las FARC EP tienen legitimidad.
Este es un tema polémico que el Informe destaca como un ejercicio donde la Misión puede acompañar con sus buenos oficios. Más allá del Informe, vale la pena comentar que, como se evidencia en el caso de Mancuso, en la dinámica jurídica relacionada con el conflicto y la violencia confluyen jurisdicciones paralelas: Justicia y Paz y la JEP, sin contar la existencia de la justicia ordinaria. En la medida en que los procesos de diálogo y negociación avancen, estas paradojas y colisiones en materia de justicia y alternatividad penal serán más notables, en medio de la fragmentación de procesos judiciales y de las dificultades para abordar de manera sistemática la verdad del conflicto, lo que deja por fuera a amplios sectores civiles y de funcionarios, responsables o comprometidos con el conflicto armado. Este es un asunto que la sociedad colombiana deberá resolver en procura de la verdad, la justicia y la paz integral.
Es de destacar que el Informe valora la designación de Luz Adriana Camargo como nueva Fiscal General de la Nación. Aunque no profundiza en la agenda que se propone la nueva Fiscal, los elementos relacionados con la sistematicidad de la investigación penal y la superación de la impunidad están implícitos en el nuevo escenario que configura su designación, fruto de un amplio debate y expectativa nacional.
En otro apartado del Informe trimestral relacionado con Víctimas, durante el trimestre de referencia se reportaron 3.800 cuerpos sin identificar que fueron encontrados en Norte de Santander, como producto del trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP. De dichos cuerpos, 211 fueron recuperados y, presuntamente, pertenecen a víctimas de desaparición forzosa.
En relación con los Componentes étnico y de Género del Punto de Implementación, Verificación y Refrendación se informa del establecimiento de mesas de alto nivel por parte la vicepresidencia, para que las diferentes entidades monitoreen y promuevan la ejecución de compromisos relacionados con el pacto de noviembre de 2023, para alcanzar un nivel de implementación del 60% del Capítulo Étnico, para el año 2026.
También, en febrero de 2024, el Gobierno Nacional expidió un decreto para formalización y adquisición de tierras para los Consejos Comunitarios Afrocolombianos. La Unidad de Restitución de Tierras priorizó 29 casos en el primer trimestre de 2024, de ellos, 11 son Consejos Comunitarios Afrocolombianos y 18 son Resguardos Indígenas. Al período considerado, la Unidad tiene en trámite 362 solicitudes de restitución activas, referentes a pueblos étnicos.
En lo concerniente a la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, en relación con el Capítulo Étnico, el gobierno ha comprometido 18 millones de dólares para implementar en 2024. Al respecto, se tienen 7.524 planes de inversión para sustitución de cultivos, para beneficiar familias afrocolombianas en Tumaco Nariño y 1.860 planes de inversión para medios alternativos de subsistencia para familias indígenas en el Cauca.
En Justicia Transicional y Capítulo Étnico, en el primer semestre de 2024 la JEP emitió 96 órdenes judiciales y una orden con perspectiva de interseccionalidad étnica y de género. De ellas, 38 órdenes han sido cumplidas.
Diálogo del Gobierno con diferentes grupos armados ilegales
Al respecto, El Informe de la Misión de Verificación valora positivamente estos diálogos. Las considera iniciativas positivas para conseguir una paz sostenible en el país.
En tal sentido, destaca los logros alcanzados en las negociaciones con el ELN. Al respecto, valora el avance en la sexta ronda de conversaciones realizada en Cuba, la prórroga del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional por otros 180 días, a partir del 6 de febrero. Así mismo, la suspensión de la extorsión con fines económicos, la liberación de 26 secuestrados y la conformación del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para apoyar el proceso de Paz con el ELN. Destaca, así mismo que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego ha podido prevenir 27 casos de posibles enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública y el ELN. También, destaca el trabajo del comité Nacional de Participación, con sus dos sesiones plenarias y 10 reuniones preparatorias a nivel regional, la preparación de 10 encuentros regionales y 6 sectoriales.
El Informe hace alusión a los intentos de congelación de los diálogos, ocurridos en distintos momentos, a raíz del impulso que el Gobierno Nacional le ha dado al diálogo regional promovido por el gobernador de Nariño, en el que ha querido participar el Comando Comuneros del Sur, de esa guerrilla, perteneciente al Frente Occidental. Resalta el papel de los países garantes, de la Iglesia Católica y del Representante Especial del Secretario General de la ONU para Colombia, en relación con la reunión realizada en Cuba del 24 al 26 de febrero de 2024. A la fecha, el diálogo y la negociación siguen en proceso de evaluación y el Informe anuncia la siguiente ronda de conversaciones a celebrar en Venezuela, en los próximos días, la cual sigue atravesada por la controversia acerca del diálogo regional en Nariño y parece tender a despejarse para continuar avanzando para la realización del Séptimo Ciclo.
En lo que respecta a la disidencia FARC que tiende a aglutinarse en el denominado Estado Mayor Central (EMC-FARC EP), el Informe retoma el acuerdo de prórroga del Cese al Fuego Bilateral Nacional por un período de seis meses, a partir del 16 de enero de 2024 hasta el 15 de julio de 2024. Recuerda que entre el 17 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024 fueron liberadas 21 personas secuestradas por el EMC, con lo que la liberación de rehenes se elevó a 45 desde julio de 2023. Así mismo, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación logró prevenir 11 casos de posibles enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y el EMC.
También, el Informe registra la celebración de dos rondas de negociaciones: En Bogotá en enero y en San José del Guaviare en marzo. En ambos eventos se enfatizó en las medidas para mejorar el impacto del cese al fuego orientadas a la protección de las comunidades, en zonas de presencia del EMC y de otros grupos armados. Así mismo, se refirieron a la definición de actividades para el fomento del desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental, para implementar en el Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander. No obstante, no se alcanzó a acordar una agenda general para las conversaciones.
El Informe logra captar los elementos neurálgicos que llevan a la crisis de la negociación con el EMC y a la suspensión del Cese al Fuego Bilateral en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, pero, que se extiende a otros departamentos: el 16 y 17 de marzo de 2024 el EMC atacó a la comunidad indígena del municipio de Toribío (Cauca), asesinó a la lideresa comunitaria Carmelina Ascué Yule y dos guardias indígenas resultaron heridos, en hechos relacionados con el intento de la comunidad de frustrar el reclutamiento de un menor indígena, por parte del grupo Dagoberto Ramos del EMC. Derivado de tales hechos, el Presidente Petro suspendió el cese al fuego en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
El Informe no hace referencia a detalles relacionados con el perfil del EMC. Pero vale la pena reseñar que el Bloque Occidental que opera en el Cauca es el que tiene mayor poder económico y militar del EMC. Además, es el responsable de cerca del 75% de los hechos de violación del cese al fuego bilateral, tiende a proyectarse al Huila y al Tolima y es el gran obstáculo para el proyecto piloto de transformación socioproductiva del Cañón del Micay, en el camino de la superación del tráfico de drogas y de la minería ilegal.
El Informe de la Misión no alcanza a registrar los sucesos posteriores. Sin embargo, dentro de sus recomendaciones insiste en la importancia de una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC y la destaca como una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego, avanzar en la agenda de conversaciones y cesar la violencia contra la población civil; al respecto afirma: “de ello dependen vidas y la credibilidad del proceso”.
A la fecha, posterior al Informe, se evidencia la tendencia a la división del EMC. Un 40% de sus integrantes se mantienen en la Mesa de Negociación y un 60% filan con Néstor Gregorio Vera (Iván Lozada o Iván Mordisco), cuyos frentes tienden a conformar el “Bloque Central Comandante Isaías Pardo” para operar en Tolima, Quindío; Huila y Valle del Cauca.
Es de anotar que las estructuras “Jaime Martínez”, “Dagoberto Ramos” que operan en el Cauca y el Frente “Guadalupe Salcedo” que opera en Arauca no están cumpliendo con los Acuerdos de Cese al Fuego. Así mismo, están por fuera de la Mesa el Bloque Central y el Bloque Amazonas con presencia en el Guaviare. Sin embargo, los frentes que se mantienen por fuera de la Mesa presionan mediante acciones armadas y declaraciones que se restablezca el Cese al Fuego de carácter Nacional.
El pasado 5 de abril, en el encuentro realizado en San Vicente del Caguán en el Caquetá, se acordó continuar con las negociaciones, sin la presencia de las delegaciones del Cauca y de Arauca.
La Mesa continúa con el “Bloque Jorge Suárez Briceño” con cobertura en Caquetá y sur del Meta, el Bloque del Magdalena Medio con presencia en el Catatumbo, sur de Bolívar y nordeste antioqueño, así como la mayoría del Frente Carolina Ramírez, del Putumayo,
En Arauca, dentro de los enfrentamientos con el ELN, las disputas con el EMC han provocado desplazamiento de campesinos y confinamientos y la disidencia del EMC propone cese al fuego bilateral para aliviar la crisis humanitaria [2].
Aunque el Gobierno suspendió el Cese al Fuego Bilateral en los departamentos de Nariño, Valle y Cauca, la realidad es que los enfrentamientos armados se dan, también, con quienes están por fuera de la Mesa de Negociación. La acción enérgica del Gobierno mediante operación aérea, terrestre, marítima y fluvial, la destrucción de laboratorios y de dragas, así como la captura de mandos y combatientes para su judicialización, el rescate de menores y el decomiso de armamento estrangulan la capacidad económica y militar de esta organización, lo que la lleva a presionar a la población mediante prácticas extorsivas, ante el estrangulamiento de sus finanzas procedentes de las rentas ilegales. Esto requiere ir acompañado de alternativas de política social, económica, ambiental y jurídica, que permitan avanzar en transformaciones territoriales.
Según Camilo Gonzáles, Jefe Negociador por parte del gobierno, con quienes se mantienen en la Mesa se adelantan agendas detalladas de diálogos regionales y construcción de una agenda nacional [3]. El gran desafío es construir procesos de paz territoriales que comprometan a los frentes y permitan avanzar hacia el fin del conflicto armado.
El reto está en mantener los contactos gubernamentales con los frentes que están por fuera de la Mesa de Negociación y en superar la compleja situación que puede agudizar confrontaciones entre quienes están en la Mesa y quienes están por fuera.
Volviendo al Informe de la Misión, este destaca así mismo el inicio de negociaciones con la Segunda Marquetalia, el nombramiento de Armando Novoa como jefe negociador del Gobierno y el reconocimiento de ocho representantes del grupo armado para adelantar las conversaciones.
El gran reto, como lo dice el Informe de la Misión de Verificación, está en la capacidad nacional para avanzar hacia una paz integral e inclusiva. Al respecto plantea que, más allá de los beneficios concretos de los ceses al fuego temporales, deben abordarse las expectativas y legítimas aspiraciones de los colombianos y colombianas en las mesas de negociaciones.
Al tiempo, el Informe de la Misión de Verificación aprobado por el Consejo de Seguridad, recomienda reforzar la protección de la población civil con medidas concretas, como complemento de los ceses al fuego, especialmente, en las regiones afectadas por el conflicto.
Fuentes:[1] Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia Informe del Secretario General
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_n2407347.pdf[2] Caicedo Maylor. La Encrucijada del Gobierno frente al Estado Mayor Central. Blogs El Espectador. Abril 10 de 2024.
https://blogs.elespectador.com/consideraciones-politicas/la-encrucijada-del-gobierno-frente-al-estado-mayor-central[3] Rodríguez Álvarez Santiago. LA PAZ TOTAL SIN “MORDISCO”: ASÍ SE DIVIDIÓ EL EMC EN LA MESA DE DIÁLOGOS. La Silla Vacía. Abril 17 de 2024.