Por Walter Aldana
Es bien sabido que en el estallido social de 2021 jugaron un papel preponderante las y los jóvenes estudiantes y barriales, tanto así que se consiguió en las calles la “gratuidad de la educación pública universitaria”, la que están decididos a defender nuevamente en el asfalto de las principales ciudades del país y los pequeños municipios de la patria. Veamos lo que sucede:
El gobierno progresista de Gustavo Petro presentó el proyecto de “ley estatutaria de la educación”, que duró ocho meses de discusión en la Cámara de Representantes y que en mayo pasado pasó a la Comisión Primera del Senado, donde hay nueve senadores del progresismo y once del pensamiento tradicional, encabezados estos por Paloma Valencia y David Luna.
La ley requiere de mayoría absoluta en esa comisión, es decir, mínimo 11 votos, por lo cual se intentó un acuerdo. Negociar es ceder, pero como diría Ariel Ávila: “en la mañana del viernes se rompió la ley de educación por tres temas: el primero es que el presupuesto se defina prioritariamente para la educación pública y no privada; en segundo término, la evaluación docente (que el resultado de las pruebas saber se tenga en cuenta como criterio para dicha evaluación); y, en tercer lugar, la tercerización del servicio, que es el favorecimiento del sector privado”.
Mañana lunes y el martes el proyecto se va a definición con dos ponencias: la presentada por el gobierno con el apoyo de los senadores alternativos, y la del senador David Luna.
Definitivamente, habrá que defender en las calles el texto que contiene un espíritu progresista y público, donde lo conquistamos durante el estallido social.