Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
“Balbuceante, no saben si dar el paso, o no”. Así denominó el Presidente Gustavo Petro [1] a la actitud del ELN, al invitar al diálogo nacional, a través del Acuerdo 28, “Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”, que constituye el primer punto de la agenda de paz, suscrito en Caracas el pasado 25 de mayo, entre las Delegaciones Negociadoras del Gobierno Nacional y del ELN [2].
Para el Presidente Petro, el llamado al Acuerdo Político Nacional, mantiene su vigencia histórica, pues ha sido una demanda constante, a través de distintas épocas de la historia de las confrontaciones armadas en el país. Lo fue en 1958, con la creación del Frente Nacional, que llevó al Pacto Liberal – Conservador a alternarse en el gobierno, inicialmente por doce años; luego se extendió hasta 16 y terminó durando más de 30 años; su estrechez excluyente de la participación de los sectores populares, se puede afirmar que lo convirtió en “manguala” y tuvo grave incidencia en el bloqueo de reformas y cierres institucionales, lo que condujo a las nuevas etapas de violencia.
Como lo afirma el Presidente Petro, el Acuerdo Político Nacional renovó su vigencia desde 1984, mediante la propuesta planteada por el M-19 y se concretó en la Constituyente, lo que permitió plasmarlo en la Constitución Política de 1991, con nuevos Acuerdos de Paz suscritos con diversos grupos que, sin embargo, no llevaron a la culminaron del conflicto armado con las Farc EP y el ELN.
Además, la reacción contrarreformista convirtió en los hechos, en letra muerta, el contenido fundamental de la carta política de 1991, a través de la acción paramilitar y de la guerra contrainsurgente. Plantea, con mucha razón el Presidente Petro, que el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el Gobierno Santos y las Farc EP, permitió renovar el llamado al Acuerdo Político Nacional, como en efecto está planteado en dicho Acuerdo Final de Paz; asunto, que hoy trata de negar el expresidente Santos, en medio del intento que hace- en conjunto con el actuar del grupo al que Petro denomina “sindicato de expresidentes”, como también, de la oposición a su gobierno y de la gran prensa -, por deformar la discusión relacionada con la soberanía popular y la participación social incidente, pretendiendo enturbiar el ambiente con el tema de una presunta reelección que el Presidente Petro insiste en que no busca. De contrabando se pretende volver al espíritu de la Constitución de 1886, que negó el derecho ciudadano a constituir Juntas Políticas Populares, a la par que se retoma la intención de volver a esconder las llaves de la soberanía popular, como lo hizo el plebiscito de 1958, al prohibir la acción constituyente hacia adelante, a pesar de validar el Frente Nacional bipartidista.
En medio de la discusión y sus distorsiones, subyace el espíritu excluyente de priorizar los acuerdos por arriba, como núcleo de la concepción paradigmática de la política de los voceros de la élite; como pactos entre notables; esta postura ha caracterizado la mentalidad y el proceder de los partidos tradicionales y de quienes procuran emular dichas prácticas, incluso, desde sectores que se pretenden aristocráticos desde el llamado “centro político”, de pseudoizquierda o, incluso, de voceros de sectores sociales dispuestos a ser cooptables, a hacer carrera personal en la burocracia y a predominar en las veleidades de la democracia representativa.
No se puede soslayar que, en el actual contexto nacional, diversos sectores políticos se están jugando el liderazgo para determinar el futuro del país en los siguientes treinta años por venir y en tal escenario tienden a proliferar quienes especulan con ser ungidos o ungidas, con la varita mágica del posicionamiento mediático.
En lo que se refiere a la propuesta plasmada en el Punto 1 del Acuerdo de México, Gobierno – ELN, se parte de reconocer que el tema de la paz “requiere de todas las voces, de todos los pueblos, comunidades, procesos y formas de construir nación”. El texto destaca la conformación del Comité Nacional de Participación – CNP -, y su labor de diseño e impulso de 78 pre-encuentros y encuentros nacionales y regionales, con participación de 8.565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores, 3.217 organizaciones regionales, 19 establecimientos de reclusión de personas privadas de la libertad y migrantes colombianos en 14 países.
El Acuerdo alcanzado plantea como producto, un documento de diseño de participación, un plan nacional y recomendaciones que la sociedad podrá consultar, próximamente y que ha servido de base para el Acuerdo No. 28, que consta de diez páginas.
Pese a la declaración de intencionalidad participativa, el texto inicial plasmado en el Acuerdo 28, se evidencia oscilante entre la promoción del diálogo desde el CNP y la Mesa de Negociación, pero desemboca en una dinámica de carácter consultivo y de mera disposición a escuchar a los sectores sociales.
A menudo, los planteamientos en el texto del Acuerdo aparecen como un compendio de enumeraciones de tópicos diversos, de distinto grado de profundidad o concreción, sin aclarar los núcleos problemáticos, los contextos, las dinámicas y los escenarios de transformación. El percibirlo como una Agenda maximalista, llevó según se sabe, a que empresarios y militares no lo suscribieran.
En esa dinámica, aunque plantea la creación de nuevos espacios para vincular mediante el proceso de participación a las y los históricamente excluidos en el mundo rural y urbano, su perspectiva desemboca en dinámicas de negociación, planes, programas y proyectos públicos en los ámbitos territoriales y con el sector privado. Se intuye, en este aspecto, un sesgo de priorización del posicionamiento político de la organización insurgente, en el entorno social inmediato. Rebasar este ámbito implicaría salir de la propia burbuja organizativa y dinamizar el proceso interno de transformación de la mentalidad de sus integrantes y proyectarse hacia la implementación de métodos políticos de participación, más propicios para la interlocución social nacional y territorial.
Resalta en su objetivo la construcción de una Agenda de Transformaciones para la Paz, que lleve a una gran Acuerdo Nacional para superar el conflicto político, social, económico y armado. No obstante, el sesgo militarista del ELN ha impedido conocer sus propuestas políticas. Tal vez, en ese sentido, la dinámica participativa contribuya para que esta organización se enriquezca comunicacional y programáticamente, para que logre perfilar nuevos métodos de incidencia favorables a su propia transformación, para dejar de ser un movimiento alzado en armas e interactuar en los territorios desde lógicas participativas.
Al respecto, el documento no deja muy clara la mecánica del proceso y su lenguaje enfático tiende a confundir mucho más que a aclarar el sentido de los ejercicios participativos. Sin embargo, una entrevista presentada por Cindy Morales en Colombia +20 [3], al Senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del Gobierno, logra despejar algunos elementos relevantes:
El Plan Nacional de Participación contempla cuatro fases:
1) Alistamiento en el diseño de la participación, con amplia convocatoria.
2) Desarrollo simultáneo de los Puntos 2 y 3 de la Agenda de Diálogos acordada en México, en marzo de 2023, que se refiere a la Democracia para la Paz (Punto 2) y al Plan Nacional de Transformación (Punto 3). El Punto 2, se refiere a la participación social en las decisiones y los instrumentos de eficaces de política pública, el examen del modelo económico y de las doctrinas que impiden la unidad nacional; la evaluación de los conflictos políticos, sociales y ambientales, en función de la construcción de la paz y la revisión del marco normativo para la movilización, la protesta social y el tratamiento de la situación jurídica de sindicados y condenados. Así mismo, el incentivo a la participación social en la construcción de poder ciudadano.
3) El Punto 3, o Plan Nacional de Transformación, enfatiza en una labor de síntesis de diagnósticos, de propuestas sociales y académicas para la elaboración de una propuesta final. Esta puede contener políticas públicas, planes de desarrollo alternativos urbanos y rurales, programas y proyectos agrarios y ambientales para armonizar con los planes nacionales de desarrollo. Según el Senador Cepeda, habrá una clasificación de las iniciativas para determinar si deben pasar por la aprobación de leyes en el Congreso, si puede haber decisiones que se definan mediante decretos, o si se requiere de reformas constitucionales.
4) Retroalimentación y verificación de todo el proceso.
El Senador Cepeda estima que en un año se habrá cumplido el 50% de la Agenda, referente a los primeros tres puntos (Participación, Democracia para la Paz y Plan Nacional de Transformación). En tal sentido, en 2025 se podrían desarrollar otros puntos de la Agenda de Negociación.
Habrá que estar atentos al documento sobre plan y recomendaciones para comprender cómo se concretan temas complejos relacionados con el Régimen Político, democratización de la sociedad, la política criminal, la justicia y la erradicación de toda forma de paramilitarismo. Así mismo, en relación con el Modelo Económico, en lo referente al impulso de nuevos modelos sostenibles y la superación de la especulación y del monopolio, al igual que en Política Ambiental, desde el derecho, del ordenamiento territorial, la política antidrogas y el diagnóstico de daños ambientales, entre otros y, también, con respecto a la Educación y la Cultura, en el marco de la participación y el abordaje cultural de la paz, en sus diversas expresiones.
Sería deseable que en los ejercicios posteriores se pudiera profundizar en el perfil de los sujetos de la participación, el reconocimiento de los diversos intereses, los alcances y etapas pertinentes de los procesos de transformación. Al respecto, el propio Gobierno del Cambio tiene una Agenda de Transformaciones, cuyo alcance es difícil de superar por parte de los movimientos insurgentes.
No está claro cómo se inserta el ELN en este proceso y cómo se transforma a sí mismo y qué compromisos asume en la dinámica de la negociación de paz. Lo que sí es evidente, es que el proceso de paz no se puede condicionar al “logro final” del conjunto de transformaciones. Tal vez, esto se reconozca cuando se afirma en el Acuerdo 28 que es “a través de un Movimiento Nacional por la Paz y las Transformaciones” que la participación de la sociedad en su conjunto busque garantizar el cumplimiento de los Acuerdos alcanzados entre las partes.
Otro elemento implícito se refiere a que la naturaleza insurgente del ELN puede trascender a métodos políticos de actuación abandonando las armas, precisamente, porque la fase de vigencia histórica justificadora de la acción armada ha quedado superada, hace tiempo en la historia colombiana. El escenario actual permite refutar el mito de la acción armada como forma superior de lucha; máxime, cuando el conflicto social está reclamando de movilización social, de cooperación económica, de trabajo cultural y acción política para construir los territorios en dinámicas de autonomía y dignidad. En contraste, son las personas defensoras de los derechos humanos, los líderes y lideresas sociales quienes son perseguidos, estigmatizados y, a menudo, asesinados, en razón de sus luchas pacíficas. En contraste, el mismo movimiento insurgente y el paramilitarismo fungen como victimarios en diversos territorios.
En este sentido, está en vilo el proceso de negociación cuando se plantea por parte del ELN que la Mesa de Negociación sigue congelada y se plantea por parte de la dirección del ELN que retorna al secuestro extorsivo y, paradójicamente, señala que el Gobierno está incumpliendo porque sigue la acción paramilitar. Como muestra Colombia +20 [4], el Gobierno está poniendo en marcha la política de desmantelamiento de grupos criminales y bandas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con la Farc EP en 2016.
El plan ya se había aprobado en septiembre de 2023 y, mediante el Decreto 0665 del 24 de mayo de 2024 se propone el desmantelamiento; la contribución a la transformación del Estado; la acción integral estatal y el monitoreo y la evaluación para la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH contra las personas, las comunidades sujetas de protección.
Es vital que las partes, el Gobierno y el ELN se comprometan de manera proactiva en la renovación, activación y funcionamiento permanente del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, a la par que se reconocen los avances alcanzados. A la vez, las partes están llamadas a cumplir el compromiso expreso de “no levantarse de la Mesa de Diálogos” y de cumplir todos los Acuerdos incluyendo la seguridad y la libre intervención de todas las personas, comunidades y colectividades”.
__________________[1] Presidencia Colombia 🇨🇴. @infopresidencia. Ceremonia de saludo del Presidente Gustavo Petro al fuero diplomático residente en la República de Colombia. Junio 4 de 2024.
https://x.com/infopresidencia/status/1798026404337983586[2] Delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN. Acuerdo 28. Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz.
https://delegacionelnpaz.org/wp-content/uploads/2024/05/Acuerdo-28.pdf[3] Morales Castillo Cindy A. Estos son los pasos que siguen tras firma del acuerdo con ELN sobre participación. Colombia +20. Mayo 29 de 2024.
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/acuerdo-entre-gobierno-y-eln-los-pasos-que-siguen-para-el-plan-nacional-de-participacion/[4] Redacción Colombia +20. Gobierno adopta política para desmantelar grupos criminales, deuda del Acuerdo de Paz. Colombia +20. El Espectador. Mayo 28 de 2024.