Por Walter Aldana
Las guerras las protagonizan hombres y mujeres que optan por el uso de las armas para lograr sus objetivos, con frecuencia incumpliendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como consecuencia de la degradación del conflicto. Se vuelve natural ejecutar acciones militares con finalidades perversas que los actores han dado en llamar “daños colaterales”.
Se ha generalizado que los cuarteles de la policía, ubicados en las cabeceras municipales y corregimentales, con la misión institucional de garantizar la convivencia ciudadana, se conviertan en blanco permanente de ataques con artefactos explosivos con efectos indiscriminados y, por tanto, prohibidos por el DIH.
Y como el propósito o interés de los combatientes es causar bajas o heridos física al enemigo y minar su moral, no se toman en cuenta los graves humanitarios de las acciones militares; la lógica con que actúan es obtener el mayor impacto en el enemigo y en la mente de los habitantes, para lo cual resulta eficaz la barbarie de sus acciones y la transmisión morbosa de los medios de comunicación y las redes sociales para ganar audiencia.
La población civil y las comunidades están marcadas por el devenir cotidiano de la confrontación, sufre desplazamiento forzado fruto del enfrentamiento entre las partes, llora el asesinato de los líderes sociales, de humildes policías y soldados y lamenta la afectación en la humanidad de campesinos, afros e indígenas con el estallido de las minas antipersona; madres y padres viven la zozobra diaria de la búsqueda de sus seres queridos reclutados y desaparecidos por cualquiera de las partes en contienda, amén de sufrir el flagelo del secuestro, que una de las partes disfraza como retención.
En el marco de estas realidades el gobierno nacional desarrolla su política de paz total, que en nuestro Cauca, alcanzará para «acuerdos humanitarios», vista la situación con los grupos, sus economías y sus objetivos de posicionamiento territorial. Pero la preocupación es mayor por efectos de la polarización, la sociedad está dividida en dos. Como en la guerra, en el internet las opiniones no se discuten; se da un trato de enemigo a quien opina diferente, se profieren amenazas de muerte y se aplaude en público el asesinato de quien se considera contrario; los medios de comunicación manipulan los sentimientos, venden dosis de dolor y acrecientan el odio.
En su momento, en España para afrontar la violencia de ETA y forzar la negociación de la paz, se produjo un gran acuerdo de las fuerzas políticas para movilizar a la población en rechazo de los asesinatos causados por ETA, cualquiera fuera la ideología o la filiación política de las personas asesinadas, aplicando el criterio que el bien supremo es la vida y nada justifica su pérdida.
Podemos negociar con todos los grupos alzados en armas, pero si no hacemos conciencia sobre la necesidad de rechazar toda forma de violencia ejercida contra cualquier persona, incluso si piensa distinto, la sociedad civil terminará justificando los actos de los grupos armados.