Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
En la actual coyuntura social y política del país, se evidencia la pugna entre diversos sectores políticos y sociales por reivindicar, impulsar o frenar la proyección de la soberanía popular y su incidencia en la viabilidad de los cambios sociales, políticos y culturales. Esto se aprecia en el papel del Gobierno Petro y de los partidos agrupados en el Pacto Histórico, en su empeño por impulsar los cambios económicos, sociales y políticos que requiere el país.
En el otro espectro del tablero están los partidos y sectores tradicionales del mal denominado centro político y de la ultraderecha, más empeñados en defender el papel de la democracia representativa, con el poder de las mayorías parlamentarias, dada su capacidad de cooptar la rama jurisdiccional y los órganos de control, como ocurre con las Cortes, El Consejo de Estado, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral.
En este escenario emerge la relevancia de estudiar el papel que pueden cumplir los movimientos y organizaciones sociales en la proyección y profundidad del cambio económico, social y político del país, frente a las maniobras de los partidos tradicionales para neutralizar los vientos del cambio.
La coyuntura política nacional evidencia un escenario de predominio del bloqueo institucional que restringe la capacidad para adelantar las reformas propuestas por el Gobierno del Cambio, desde los escenarios de la democracia representativa. La correlación de fuerzas en el Congreso, las Cortes, el Consejo de Estado y la Procuraduría, no es favorable para el Pacto Histórico. Tampoco lo es en el escenario de los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se libra la batalla cultural frente a las narrativas, interpretaciones y relatos de los exponentes de los grandes medios, que tienden a sembrar cizaña y a desfigurar los logros y limitaciones gubernamentales.
Esto coloca en desventaja la viabilidad política y jurídica de iniciativas gubernamentales relevantes, a lo que se añaden las propias inconsistencias asociadas a la gestión pública; a tener que realizar transacciones que fragilizan y contaminan la calidad del desempeño gubernamental y restan ímpetu a la agenda transformadora, con lo cual se menoscaba el trabajo en equipo, la confianza pública y la conexión con el movimiento social.
También, se presentan significativos retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Santos y las extintas FARC-EP, lo que tiene antecedentes en los esfuerzos del Gobierno Duque por ralentizar su implementación, desfigurar sus énfasis, así como neutralizar los temas relacionados con la reforma rural, la reforma política y la presencia del Estado en los territorios.
Esto ha afectado la dinámica del Gobierno actual, donde también incide la lenta operatividad en la asignación de recursos y garantías de seguridad, a lo que se suman restricciones en los ámbitos de la justicia y la implementación de los procesos de negociación de la Paz Total.
Desde la óptica de los movimientos y organizaciones sociales, la satisfacción de las necesidades sociales y la apertura de espacios al desarrollo de la democracia participativa es un tema sensible, relacionado con la capacidad gubernamental para reconocer y estimular el papel protagónico de los sujetos sociales; para contribuir al fortalecimiento de la autonomía, independencia, organización, movilización e incidencia de los movimientos y organizaciones sociales, para promover sus liderazgos, concertar políticas públicas, planes y programas y avanzar en procesos de cooperación, autogestión, concertación y construcción territorial.
Esto invita a analizar el potencial de dicho cambio y cómo se configuran y proyectan las organizaciones y movimientos sociales en sus dinámicas sectoriales y territoriales de incidencia reivindicativa y propositiva para ampliar la democracia política, mejorar la calidad de vida, la justicia social y avanzar en la reconciliación social y con la naturaleza.
Por supuesto, esta es una tarea difícil de abordar en un solo artículo. Más bien, es un ejercicio que requiere de trabajo de documentación, investigación y diálogo con diversos exponentes de los movimientos y organizaciones sociales. Incluso, reclama de una reconceptualización acerca de qué se entiende por movimiento y por organización social y sus características. Desde luego, será pertinente hacer referencia a trabajos realizados por estudiosos de estos temas, en el caso colombiano, como Luís Alberto Restrepo, Mauricio Archila y Álvaro Delgado, entre otros.
Sin embargo, se parte de considerar que, en el contexto posterior a la pandemia y al estallido social, existen pocos estudios acerca del perfil contemporáneo de los movimientos sociales en Colombia y la divulgación de los que se han realizado es limitada. Por tanto, se puede afirmar que, en el presente, dentro del propio contexto predomina una idea intuitiva acerca de cómo están los movimientos sociales en la actualidad y sus proyecciones futuras.
Se podría afirmar que impera una dinámica de activismo que absorbe la cotidianidad de diversos exponentes del movimiento social, con mayor razón, dada la relevancia que adquieren las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.
En próximos artículos se podrán presentar referentes de investigaciones y un estado del arte de los aportes académicos en este campo, así como la reflexión y los avances metodológicos relacionados, con posterioridad a la etapa de pandemia, del estallido social y las experiencias sociales, en el contexto territorial, nacional e internacional que le ha correspondido al Gobierno Petro.
Dados los cambios sociales y políticos que vienen ocurriendo en el país y el mundo, así como el papel de los movimientos y organizaciones sociales en los procesos políticos, sociales, culturales y ambientales, se considera pertinente abordar los estudios y reflexiones que posibiliten establecer las características, perfiles, propósitos, métodos de participación e incidencia actual de los movimientos y organizaciones sociales del país en la vida económica, social, cultural y ambiental del país y de sus territorios, así como en la construcción de la paz.
Se requiere establecer el potencial y capacidad de incidencia, de blindaje sociopolítico, frente a los riesgos nacional e internacional provocados por la crisis del neoliberalismo y la ofensiva del neofascismo. Esto se evidencia, tanto en los ámbitos de la participación política, como en los propósitos de disputar los escenarios de la movilización, de la acción social y la eventual apropiación de banderas de cambio, de reivindicación social y de goce efectivo de derechos humanos en la prospectiva del acercamiento a la tercera década del siglo XXI.
Es pertinente recordar rápidamente, que la trayectoria de los movimientos y organizaciones sociales en Colombia, históricamente, ha pasado por diversos períodos y experiencias de movilización, autogestión, interlocución, proyección de liderazgos, concertación, cooptación, división y fragmentación, con la incidencia de partidos, movimientos políticos e instituciones, lo que debería derivar en un acervo de lecciones aprehendidas. Es procedente insistir que, si no se cambia de vida y costumbres, el pasado siempre vuelve.
Dichas experiencias han tenido impacto en dinámicas de confrontación, erosión de la base social; en la elitización y burocratización de la dirigencia, o reunificación e impulso de procesos de unidad de acción y definición de plataformas de acción conjunta frente a distintas coyunturas o problemáticas sociales y políticas en el ámbito nacional, internacional y territorial.
Esto ha sido más evidente en los casos de movimientos tradicionales, tales como el movimiento sindical, campesino y comunal. Estos movimientos y sus organizaciones, durante el siglo XX, vivieron la escisión, clientelización e instrumentalización de sectores de dichos movimientos, agenciada por parte de organizaciones políticas tradicionales, a menudo ajenas a los intereses de los movimientos, al ejercicio de los derechos humanos, con su subordinación a directrices y estrategias de élites y camarillas.
También, desde los movimientos de izquierda hubo instrumentalización de los movimientos sociales, con menoscabo de su autonomía organizativa y consiguiente sujeción a las estrategias y políticas electorales o insurgentes, en medio del aislamiento de la base de afiliados y el debilitamiento organizacional.
En el contexto de inicio de la implantación de las políticas neoliberales, a finales de los años setenta, también se evidenció la crisis de objetivos de los movimientos sociales tradicionales del campesinado y del movimiento sindical.
Esto incidió en la división del movimiento campesino organizado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC- y vino acompañado de la violenta contrarreforma agraria agenciada por el paramilitarismo, especialmente, en la Costa Atlántica.
A mediados y finales del siglo XX comenzó un proceso de diversificación de las organizaciones y movimientos sociales, impulsado por la migración campesina a las ciudades, en razón de la precariedad social, el desplazamiento forzado y la búsqueda de nuevas oportunidades, con el crecimiento de asentamientos informales.
El auge de crecimiento de las ciudades trajo nuevos movimientos sociales, como expresión de la lucha por la vivienda, el auge de los movimientos cívicos de protesta en contra del alza continua de las tarifas de servicios públicos y del transporte. También, se desarrollaron los movimientos estudiantiles, la lucha de las mujeres por sus derechos, así como de la población LGBTIQ+ y de las poblaciones étnicas, indígenas, afro, raizales, palenqueras y de los pueblos ROM, en procura del reconocimiento de la diversidad, la inclusión, la autonomía de sus organizaciones. Al tiempo, cobraron auge los movimientos políticos regionales, en un esfuerzo por superar la influencia de las organizaciones armadas insurgentes y por estimular el camino de la movilización popular.
Comenzó a gestarse, también, la reunificación del movimiento sindical independiente con la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia – CSTC, que concretó la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT -, a mediados de los años ochenta, así como la unidad de acción con las otras centrales obreras (Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC – y Confederación General del Trabajo – CGT), a pesar de su debilitamiento ocasionado por la erosión de sus bases.
Sin embargo, continuó el proceso de desindustrialización del país y la pérdida de derechos laborales a través de la Ley 50 de 1990, de flexibilización del mercado laboral y la Ley 100 de 1993, de reforma de la seguridad social, para la entrada en el mercado de operadores privados en proceso de afiliación y recaudo de cotizaciones en el servicio de salud, en pensiones y riesgos laborales, con sus implicaciones en un significativo salto cualitativo del fortalecimiento del capital financiero.
También, paralelamente, el paramilitarismo desempeñó su papel de aniquilación de líderes y lideresas sindicales, junto al exterminio de la Unión Patriótica, la persecución del Frente Popular y del Movimiento A Luchar; especialmente, en las regiones más conflictivas, como es el caso de Urabá, Magdalena Medio, Atlántico y en todo lugar urbano o rural donde hubiera maestros sindicalizados.
En ese complejo contexto, el movimiento social jugó un importante papel en la lucha por la democracia y la solución política del conflicto armado. Esto contribuyó a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, a la confirmación de la soberanía popular, a través del logro de la Constitución Política de 1991, con la ratificación formal de la democracia participativa y del Estado Social de Derecho.
En este proceso, la juventud jugó un importante papel, con el impulso de la Séptima Papeleta para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, en el germen de dicho núcleo social y político juvenil anidó la cooptación hacia los partidos tradicionales y la proyección de personas, más que de movimientos, como se evidenció también, en medio de los primeros ensayos de reinserción política y socioeconómica de movimientos firmantes de Acuerdos de Paz, como el M-19, el EPL, El PRT, el Quintín Lame, que confluyeron en la AD-M19. Posteriormente, se vinculó a estas experiencias, la Corriente de Renovación Socialista.
En este contexto, también emergió el papel de un nuevo actor social, como son las organizaciones no gubernamentales, ONG. Estas han tendido a configurar una forma de organización alternativa con un papel de intermediación entre el Estado y las comunidades, en función del desarrollo de proyectos relacionados con temas de derechos humanos, de calidad de vida o de implementación de políticas públicas, entre otros aspectos, con impacto en la relación entre el Estado y las comunidades.
En los casos de las organizaciones firmantes de Acuerdos de Paz, a menudo el proceso de reincorporación vino acompañado de la construcción de ONG´s, con implicaciones en el condicionamiento a la obtención de recursos estatales y de cooperación internacional, con evidente restricción en la capacidad de creación de valor económico, social, político y cultural autónomo, dada su reducción a la lógica restrictiva de los proyectos y su dinámica intermitente.
Paradójicamente, en el proceso histórico vivido, los movimientos sindical, campesino y comunal se colocaron a la defensiva, en medio de una crisis de objetivos frente al auge del neoliberalismo, la caída del socialismo en la Unión Soviética y la entrada del mundo en una dinámica de hegemonía política, económica y militar de los Estados Unidos y de la ampliación de su influencia, a través de la OTAN.
A pesar de estas complejidades y ensayos de acuerdos de paz, el conflicto armado se mantuvo entre el Estado, con las FARC y con el ELN. Paralelamente, avanzó la implantación del método paramilitar, con su secuela de contrarreforma agraria y el desplazamiento forzado de campesinos. Paralelamente, cobro auge la lucha del sindicalismo por la defensa de los derechos adquiridos, una especie de fenómeno de corporativismo frente a la ofensiva neoliberal, mientras se consolidaba la flexibilización de la contratación laboral, con el lanzamiento de amplias capas sociales rurales y urbanas a la precarización social.
En los años transcurridos del siglo XXI se intensificaron los conflictos sociales relacionados con el movimiento campesino, los movimientos indígenas, los movimientos afro, en defensa de sus derechos a la vida, a la tierra, a la autonomía y al territorio, a la par de la lucha de las comunidades en defensa del ambiente, frente a las políticas y proyectos extractivistas.
Así mismo, se ha desplegado el movimiento juvenil en procura de opciones sociales de futuro económico, social y cultural y de espacios de participación. Al tiempo, sigue vigente la lucha de los jóvenes de la Primera Línea privados de la libertad, sin soluciones jurídicas, dada la negativa de los jueces y de la Corte Constitucional a resolver más de 160 casos, donde el 40% sigue en detención preventiva, a pesar de haber transcurrido más de tres años de ocurrido el estallido social.
Los paros nacionales y el estallido social, en tiempos de pandemia y pospandemia mostraron el potencial de extensión de lazos de solidaridad en la lucha contra el hambre, la capacidad de la economía campesina para alimentar a las ciudades, estimularon el auge de las ollas comunitarias y dejaron lecciones en la construcción social de territorios, de diversidad de expresiones culturales en los espacios urbanos y rurales.
La incidencia de la movilización social en la campaña presidencial y en la elección de Gustavo Petro ha abierto una brecha en un sistema político cerrado, refractario a los cambios. Sin embargo, dicho avance no alcanzó a concretar mayorías parlamentarias y tampoco logró victorias significativas en las elecciones de gobiernos y cuerpos colegiados territoriales.
En la coyuntura, las dinámicas de negociación con diversos grupos armados han pasado por el reconocimiento del papel de las víctimas y de las comunidades, como los sujetos protagónicos en la construcción de la paz y en el ejercicio del goce efectivo del derecho a la verdad, a la justicia restaurativa, a la no repetición y a la reivindicación de la memoria.
Paradójicamente, la negociación de paz con el ELN le confirió a la participación una relevancia significativa y construyó un Primer Acuerdo que, sin embargo, no ha fructificado ni ha trascendido al escenario del diálogo en los temas económicos, o en los escenarios territoriales; seguramente, en razón de la visión cooptativa que tiene ese movimiento insurgente, con respecto al papel de las organizaciones y movimientos sociales, así como su evidente incapacidad para incursionar en escenarios de movilización social propositiva para la gestión del cambio, desde escenarios de paz.
De otra parte, en la intermitencia de las dinámicas de los movimientos sociales y de los procesos históricos, sigue planteado en el orden del día la validez de construir “la masa crítica” entendida como la capacidad de acumular e integrar la fuerza social multisectorial capaz de provocar cambios significativos en el sistema político, económico y social.
Frente a ello se levantan las limitaciones provocadas por los distintos hegemonismos, vanguardismos, individualismos y dinámicas de burocratización. Pero, también, emerge la propia necesidad histórica de los procesos unitarios y se convierte en reto la capacidad de converger, de identificarse, de desaprender los viejos vicios y de apropiar, de innovar, de construir visiones conjuntas y liderazgos compartidos.
También, en la coyuntura, se vuelven relevantes los escenarios y mecanismos de participación entendidos como referentes posibles de impulso de la iniciativa popular.
En ese contexto, el Presidente Petro viene jugando un papel activo en la dinamización del movimiento social desde las regiones. El reto está en la capacidad de los propios movimientos y organizaciones para sintonizar y articular sus diversos esfuerzos territoriales y sectoriales, a la par que se fortalece la participación social, se consolida su autonomía e identidad y se construye su propia agenda de cambio desde el ejercicio de la democracia participativa y la puesta al servicio de la democracia representativa y no al revés, como ha sido hasta ahora. Otros retos son la conciencia de la necesidad de consolidar y posicionar la agenda de cambio y el tiempo para lograrlo. Pero, ya la vida enseña que los procesos están determinados por tiempos históricos y no por cronogramas.