Por Albeiro Caro
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP), suscrito entre el gobierno y las extintas Farc EP en 2016, se cuenta con el interesante y excepcional acompañamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con respecto al proceso de implementación, con énfasis en algunos de los temas relevantes del Acuerdo; en particular, con respecto a los procesos de reincorporación, a los capítulos de reforma rural integral, así como los asuntos étnicos y de género. Esto no es restrictivo con respecto a la capacidad de la Misión de Verificación y del propio Consejo de Seguridad, para pronunciarse frente al conjunto del AFP.
Precisamente, el pasado 02 de 0ctubre fue presentado por el nuevo jefe de la Misión de Verificación, Miroslav Jenca, el Informe correspondiente al trimestre comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025 [1]. El Consejo fue presidido como corresponde al mes de octubre, por el Embajador ruso ante el Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia.
Esta vez, el Informe resalta los logros del AFP y señala desafíos. Lo valora como una hoja de ruta fundamental y advierte acerca de la lentitud de su proceso de implementación, a la vez que evidencia preocupación por la persistencia de la violencia en diversas regiones del país. Máxime, en las condiciones de la coyuntura electoral, por lo que exhorta a la activación del sistema Integral para el Ejercicio de la Política, contemplado en el AFP, con el objeto de involucrar a todos los actores en un ejercicio preventivo y de protección de liderazgos políticos, sociales y comunitarios.
Aunque el Informe no lo menciona, el contexto del Informe es interesante, en razón de la tensión diplomática entre el Gobierno Trump y el Gobierno Petro. Más allá de las críticas en contra de la Paz Total expresadas por el delegado del gobierno de Estados Unidos, con relación a los pronunciamientos del Presidente Petro en la Asamblea de Naciones Unidas y en las calles frente al genocidio en Gaza, también está latente la descertificación unilateral con respecto al tema de los cultivos de uso ilícito. Esta vez, más que nunca, las acciones del gobierno USA se basan en motivos del lobbyng que realizan voceros de la ultraderecha colombiana, con congresistas colombo-gringos y cubano-norteamericanos, dentro de sus agendas desestabilizadoras y conspiradoras, en contra del primer gobierno progresista de Colombia.
En contraste, como muestra Colombia +20 [2] los Gobiernos de China, Reino Unido y Francia expresaron su voz de apoyo a los avances de la Justicia Especial para la Paz – JEP, con sus primeras medidas sancionatorias en contra del último Secretariado de las FARC EP, así como del primer grupo de militares del Batallón La Popa de Valledupar.
El informe se refiere al contexto de coyuntura de violencia, con los distintos hechos ocurridos en relación con el asesinato de los 13 policías en Amalfi, el atentado en Cali en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, con su elevado saldo de víctimas mortales y de personas heridas. Así mismo, se refiere al asesinato de Miguel Uribe Turbay y a la continuación de la violencia en contra de líderes y lideresas sociales y de personas defensoras de los derechos humanos. También, hace referencia a la problemática de violación del derecho internacional humanitario, con respecto al reclutamiento de menores de edad por grupos al margen de la Ley, al desplazamiento forzado y a la persistencia de la agresión sexual.
El Informe hace alusión a los procesos de diálogo y negociación con los diversos grupos, en sus dimensiones políticas con el ELN, actualmente suspendido, así como en los casos del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) con dinámica de negociación en medio del conflicto. También, resalta la continuación de los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que, a la fecha ha permitido la destrucción de 13,5 toneladas de material de guerra en los departamentos de Nariño y Putumayo. Esto ocurre mientras avanzan lentamente los diálogos socio-jurídicos en Medellín y el Chocó, a la par que el gobierno ha radicado un proyecto de ley para los diálogos políticos y socio-jurídicos.
En los temas relacionados con la reforma rural integral, el Informe destaca que hasta el mes de agosto se adjudicaron 275.577 hectáreas, de las cuales el 84% son títulos definitivos de propiedad. Pero, esto solo alcanza a representar el 9% de los tres millones de hectáreas por adjudicar prometidas en el AFP.
También, se formalizaron 28.084 Ha. para avanzar hasta 3.559.650, lo que representa el 50% de la meta de siete millones de Ha por formalizar, según el AFP.
Elementos destacables, desde la perspectiva de la población beneficiaria se refieren a que el 64% de la tierra adjudicada ha sido a población campesina, mientras que el 75% de la tierra formalizada ha sido en beneficio de los pueblos étnicos. El 10% de las personas beneficiarias de tierras adjudicadas, son mujeres; mientras que el 15% de ellas, lo han sido en los casos de formalización.
Sin embargo, el proyecto de ley sobre jurisdicción agraria sigue pendiente en el Congreso. En cuanto a los PDET, desde la firma del AFP se han aplicado US$ 7.600 millones en infraestructura, agricultura y educación y se ha promovido el mecanismo de incentivos fiscales para dinamizar la inversión privada en los territorios.
El Informe, también destaca dos pactos territoriales relevantes en zonas de agudo conflicto con grupos armados ilegales. Esto son, el pacto territorial con autoridades locales y comunidades étnicas y campesinas en el departamento del Cauca y el pacto territorial en el Catatumbo, con su plan de inversiones por diez años, que incluye la implementación del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS.
En cuanto al sistema de reincorporación, se confiere prioridad a la sostenibilidad económica de los proyectos de los excombatientes, su reincorporación comunitaria y de protección social. A la vez, señala que la confluencia de 38 entidades oficiales ralentiza los avances del proceso.
En cuanto a los temas de violencia, el Informe señala la parálisis de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, lo que afecta los programas de desmantelamiento de grupos criminales y bandas sucesoras del paramilitarismo. Valora, eso sí, los avances locales en Planes Estratégicos de Seguridad y Protección de Excombatientes, en cuatro municipios del departamento de Córdoba.
No obstante, también deplora que desde la firma del AFP han sido asesinados 481 excombatientes, diez de ellos, entre junio y septiembre de 2025.
En contraste, valora los avances del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo durante el mes de noviembre, para responder de manera rápida al sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El informe observa con preocupación la violencia persistente en algunas regiones y reconoce limitaciones en la implementación de los PDET y del PNIS.
Un elemento destacado del Informe, como se ha dicho y ha sido valorado por las delegaciones de gobiernos europeos, se refiere a las primeras sanciones de la JEP. Paralelamente, señala las limitaciones presupuestales existentes para poder avanzar en la implementación de la justicia restaurativa.
El informe es enfático en la necesidad de combinar las estrategias de seguridad y de políticas de paz.
Cabe decir que, precisamente, en un ambiente nacional e internacional caldeado como el que se presenta en la coyuntura, esto es lo que el Gobierno hace y va proyectando, en medio de dinámicas de apropiación de las mejores estrategias y prácticas para avanzar en procesos de paz integral.
Fuentes:[1] Misión de Verificación de la ONU en Colombia. La plena implementación del Acuerdo de Paz es parte fundamental en la búsqueda de una nación más pacífica y segura. Octubre 2 de 2025.
https://colombia.unmissions.org/la-plena-implementaci%C3%B3n-del-acuerdo-de-paz-es-parte-fundamental-en-la-b%C3%BAsqueda-de-una-naci%C3%B3n-m%C3%A1s[2] Redacción Colombia +20. Acuerdo de Paz en ONU: EE. UU. criticó a Petro, pero países aplaudieron sanciones de JEP. Octubre 3 de 2025.
