Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez*
Texto publicado gracias a una alianza con el portal elquinto.com.co
Aunque terminó la época colonial, en muchas mentes prevalece todavía la herencia de servidumbre con privilegios otorgados por el amo. Ante él se arrodillan, lo exaltan, le rezan, piden infligir castigos a quienes pretendan quebrantar las órdenes y entregan ofrendas para evitar su furia.
Es fácil ver en acción a estos sirvientes con privilegios. Mejor dicho, es fácil detectarlos. En Colombia, por ejemplo, se les puede ver como si fueran un coro: aplauden los desmanes del presidente Trump, defienden su complicidad con el genocidio sionista y le encargan invadir a Venezuela, matar a su presidente y de paso derrocar o matar también al de Colombia y si se puede al de Brasil, o a quien sea que no comparta sus preferencias ideológicas.
El amo al que le rinden tanta pleitesía se siente colonizador, dueño de todo y, por eso, ataca y ofende a la Organización de las naciones Unidas (ONU). Incumple los tratados internacionales, desconoce los derechos, viola los acuerdos multilaterales y las soberanías nacionales, promueve guerras y apoya genocidios. Esos esclavos le han ayudado a sentirse dueño del mundo.
Para que los Estados miembros de la ONU, en particular aquellos que han sido marginados, puedan hacer parte de dicha organización en condiciones de dignidad e igualdad, sin amo ni servidumbre, se requiere superar dos fallas estructurales de esa organización.
Primero, la ubicación de su sede principal en Nueva York. Estar allí, tiene una carga simbólica que facilita la imposición de todas las políticas unilaterales, arrogantes e ilegales del país anfitrión. Segundo, el modelo arcaico que usa el Consejo de Seguridad de la ONU para tomar sus decisiones que permite a unos pocos vetar las decisiones, aunque así se anule la voluntad de la mayoría.
La Sede en Nueva York ya no es neutral. Está bajo el control del primer mandatario del país anfitrión. Esto viola el artículo 105 de la Carta de la ONU que establece los privilegios e inmunidades necesarias para el funcionamiento independiente de la organización, al amparo del derecho internacional consensuado. Lo viola porque Estados Unidos (EUA) usa su legislación nacional como herramienta de presión política. Así lo demuestran los casos de negación de visas a diplomáticos, funcionarios y representantes de países que EUA y su gobierno consideran «adversarios» o «enemigos». El poder del Estado anfitrión ha estado por encima de todo.
Esto, no solo ha afectado a delegaciones de varios países, sino que desconoce lo acordado al respecto entre la ONU y Estados Unidos de América. Acuerdo según el cual, el país anfitrión está obligado a facilitar el acceso de las delegaciones de todos los países miembros. El incumplimiento de este pacto, por parte de EUA, es un evidente abuso de poder que afecta las discusiones plurales y la construcción de acuerdos internacionales.
Además, EUA resulta siendo juez y parte en casi todas las conversaciones y debates, porque es un protagonista en casi todos ellos y, además, puede decidir quién entra al sitio en el que se dan las discusiones y quién no puede hacerlo.
Por todo lo anterior, trasladar la sede a un país con una tradición de neutralidad y compromiso con el multilateralismo (Suiza, Austria u otro similar) o tener una sede rotativa entre regiones, no es un capricho logístico, sino una necesidad urgente para impedir que Donald J. Trump destruya la ONU, como lo ha anunciado y lo está haciendo.
Una nueva ubicación garantizaría que todos los Estados miembros, sin importar si hay tensiones entre ellos, puedan ejercer su derecho a la participación libre e incondicional, fortalecería a la ONU como un espacio verdaderamente global, no como un apéndice de la política exterior de los Estados Unidos.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de dicha organización, que fue diseñado para mantener la paz y la seguridad internacionales, impide la justicia y la eficacia de las decisiones de la Asamblea General, pues se ha convertido en una especie de Club de la Tiranía del Veto en el que cinco miembros permanentes (EUA, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) pueden paralizar la acción colectiva y bloquear las resoluciones destinadas a detener atrocidades masivas, proteger civiles o condenar agresiones.
La comunidad internacional no puede permitir que la vida de millones dependa del cálculo geopolítico de uno o dos países. Es imperativo reformar este modelo: eliminar el derecho a veto que tienen esas potencias y que la asamblea sea la máxima autoridad indelegable (opción más idealista pero justa). O que se amplíe el número de países que hacen parte de dicho Consejo para incluir a potencias regionales como India, Brasil y naciones africanas, haciendo del Consejo un organismo más representativo.
La doble reforma -trasladar la sede y democratizar el Consejo de Seguridad- no es una cuestión meramente administrativa. Es una condición para la supervivencia de la ONU como pilar de la gobernanza global.
Mientras la sede esté en un país que puede filtrar la participación y mantener bajo amenaza a todos los países y mientras el Consejo de Seguridad esté dominado por un directorio de potencias con derecho a veto, la organización seguirá siendo un instrumento de los poderosos y no el faro de la justicia internacional que prometió ser.
La 80 Asamblea General mostró la necesidad urgente de cambiar de sede. El país en el cual se sesionó, EUA, negó las visas a la representación palestina y este Estado no pudo asistir a dicha Asamblea. De modo igualmente agresivo y humillante, Estados Unidos se negó a actuar contra el genocida Benjamín Netanyahu que entró al país e intervino cínicamente en el pleno de la ONU a pesar de tener, desde noviembre de 2024, una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por estar cometiendo presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el contexto del genocidio en Gaza. Estados Unidos permitió que el genocida pudiera entrar, hablar y regresarse impunemente, aunque esté siendo enjuiciado por la Corte Internacional de Justicia, órgano de la ONU.
Queda clara la urgencia de hacer estos cambios en la Organización de las Naciones Unidas.
*Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Ph.D en DDHH; Ps.D., en DDHH y Economía; Miembro de la Mesa de gobernabilidad y paz, SUE.
