Por Walter Aldana
Luego del bombardeo en el Guaviare en respuesta a la arremetida de las disidencias de las Farc en el cual perdieron la vida siete menores de edad, se ha abierto un debate del orden nacional sobre la utilización o no de este mecanismo ofensivo.
El argumento central está dado, de un lado, por la práctica del reclutamiento forzoso de menores de edad por parte de los grupos armados y el papel que cumplen en esas estructuras (logística o funciones continuas de combate).
El pasado 17 de noviembre, la defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín pidió “suspender los bombardeos en las operaciones militares”. En 2022, Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa Nacional, determinó suspender la utilización de bombardeos en las operaciones de combate, en el entendido de que existen otras herramientas para lograr resultados positivos. Aun así, es necesario recordar que los bombardeos fueron retomados el 24 de julio del año anterior, en El Plateado, Argelia, al sur del Cauca. En ese mismo año, el uso de bombardeos en Caquetá produjo la muerte de cuatro menores de edad, igualmente en Arauca, la muerte de uno más. Es decir, la reactivación de los bombardeos ha dejado el saldo de doce niños, niñas y adolescentes muertos.
Pretendiendo minimizar el efecto de lo sucedido en Guaviare el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, señaló que “el único crimen es el reclutamiento forzado”, que pareciera sustentado en el mensaje en X del Presidente Gustavo Petro, quien expresó: “si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden”.
Duele recordar que, de los 625 menores reclutados en todas las modalidades durante 2024, nuestro departamento lamentablemente aporta 376 niños, niñas y adolescentes.
Cuando uno observa la Panamericana desprotegida de guardia militar; cuando pareciese NO funcionar la inteligencia militar y policial para prevenir hostigamientos y tomas de poblaciones, en esos momentos nos damos cuenta de que este problema lo solucionamos unidas y unidos los Caucanos. NO van a venir ahora con “consejos de seguridad”, aumento de pie de fuerza pública y recompensas.
Que no sigan los bombardeos, donde por más precisión que exista, siempre está la población civil expuesta.
Que el gobierno departamental, las autoridades locales, organizaciones sociales, gremios de la producción, sociedad en general interesada, nos sentemos, concertemos y con la autorización del gobierno nacional, se logren acuerdo humanitarios que mitiguen este dolor de territorio, mientras como país se acuerda una solución al conflicto social y armado.
