Por: Carlos Arturo López Suárez
En el marco de la actual coyuntura política nacional e internacional, caracterizada por transformaciones geopolíticas y reconfiguraciones institucionales, el proceso electoral colombiano adquiere especial relevancia de cara a los próximos comicios legislativos y presidenciales.
Antecedentes electorales
La confianza ciudadana en el sistema electoral ha sido objeto de debate en distintos momentos de la historia reciente del país. Diversos sectores han expresado cuestionamientos frente a episodios ocurridos en jornadas electorales pasadas, incluyendo controversias relacionadas con el preconteo y el escrutinio oficial de votos.
Uno de los casos que marcó la historia electoral fue el de las elecciones de 1970, en las que el general Gustavo Rojas Pinilla aparecía como ganador. Tras una interrupción en la transmisión de resultados, finalmente fue declarado presidente Misael Pastrana, hecho que generó una profunda controversia política.
Posteriormente, en 2014, se produjo una amplia discusión pública en torno a la controversia jurídica que involucró al partido Movimiento MIRA, cuyas curules en el Senado no fueron inicialmente reconocidas tras el proceso electoral. Estas fueron restituidas mediante decisión del Consejo de Estado, luego de verificarse inconsistencias en el escrutinio.
Más recientemente, durante las elecciones legislativas de 2022, sectores del entonces movimiento Pacto Histórico denunciaron inconsistencias en algunos formularios E-14, lo que dio lugar a reclamaciones y revisiones dentro del marco institucional previsto por la ley electoral. Las autoridades competentes adelantaron los procedimientos de verificación correspondientes.
Importancia de la vigilancia electoral
El ordenamiento jurídico colombiano establece mecanismos de control y verificación que incluyen la presencia de testigos electorales acreditados por los partidos y movimientos políticos, así como la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el control jurisdiccional del Consejo Nacional Electoral.
La participación de testigos electorales constituye una garantía prevista en la normativa vigente para fortalecer la transparencia del proceso y brindar confianza a la ciudadanía. En ese sentido, los partidos políticos, sin distinción ideológica, tienen la responsabilidad de formar, acreditar y desplegar adecuadamente a sus representantes en las mesas de votación y en las comisiones escrutadoras. Estas últimas son especialmente relevantes, pues es allí donde pueden presentarse y tramitarse reclamaciones formales.
Escenario político y debate institucional
En el ámbito político, el proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro ha generado apoyos y críticas profundas. Las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional han sido objeto de control político y judicial nunca antes visto por parte de las altas cortes y de los órganos electorales.
En el escenario actual, algunos sectores consideran que tanto las cortes como el Consejo Nacional Electoral han adoptado decisiones que afectan políticas sociales del Gobierno. También se ha cuestionado la eventual limitación a la participación de determinados candidatos en consultas interpartidistas, especialmente cuando se trata de aspirantes con respaldo en encuestas o que han resultado elegidos en consultas internas de su partido.
Desde esta perspectiva, se plantea que impedir la participación de un candidato en una consulta interpartidista puede interpretarse como una decisión que restringe el debate democrático, dado que la decisión final corresponde al electorado en las urnas. Por ello, se hace un llamado a no votar en la consulta hasta tanto las actuaciones de las autoridades electorales se desarrollen con plena transparencia, imparcialidad y apego estricto a la ley, garantizando el derecho fundamental a elegir y ser elegido.
Consulta interpartidista y estrategias electorales
La eventual participación en consultas interpartidistas constituye una decisión estratégica que corresponde a cada colectividad, de acuerdo con sus estatutos y su lectura del contexto político. Estas consultas son mecanismos legítimos de participación democrática, siempre que se desarrollen dentro del marco constitucional y legal vigente sin exclusiones.
Conclusión
El proceso electoral de 2026 representa un momento determinante para la consolidación democrática del país. Cualquier duda sobre la garantía de transparencia constituye una alerta que debe ser atendida con responsabilidad institucional y compromiso ciudadano.
El llamado es a que, entre todas y todos, se contribuya a blindar esta elección mediante la participación, la vigilancia electoral y el respeto por las reglas del juego democrático, fortaleciendo así una democracia real, plural y participativa.
