El reciente informe anual del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación de los niños y los conflictos armados, emitido el 15 de mayo de 2013, y difundido el 12 de junio de 2013, ofrece una visión general de la situación de los niños en zonas de conflicto y las medidas adoptadas para protegerlos. Abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2012, y contiene recomendaciones específicas sobre las medidas de seguimiento de las Naciones Unidas.
Colombia
Entre los párrafos 172-182 del informe, el Secretario General aborda el caso colombiano dentro del apartado correspondiente a “las situaciones que no figuran en el programa del Consejo de Seguridad u otras situaciones” y al respecto señala que:
En 2012 continuaron las hostilidades entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército Nacional de Colombia. El 18 de octubre de 2012, sin embargo, se iniciaron conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en Oslo.
En 2012 se documentó el reclutamiento y el uso generalizados y sistemáticos de niños por grupos armados no estatales. Si bien el alcance y la magnitud totales siguen sin conocerse, el equipo especial de país denunció unos 300 casos de reclutamiento y utilización en 23 de los 32 departamentos y en Bogotá. En 2012, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar documentó 188 niños desvinculados de las FARC-EP, 37 del ELN, 34 de los grupos armados que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, y 4 del Ejército Popular de Liberación.
Las FARC-EP y el ELN continuaron reclutando y utilizando niños. En febrero de 2012, durante una redada en el Meta, el Ejército Nacional de Colombia encontró una niña de 10 años y un niño de 12 años de edad, ambos vestidos con uniformes de las FARC-EP. El equipo especial de país también verificó casos de reclutamiento y utilización de niños por parte de grupos armados no estatales que surgieron tras la desmovilización del grupo Autodefensas Unidas de Colombia. En marzo de 2012, en el Meta, por ejemplo, un muchacho de 16 años recibió una oferta de dinero a cambio de unirse al Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC).
En marzo y abril de 2012 se denunciaron amenazas de reclutamiento de niños por las FARC-EP, ERPAC, Las Águilas Negras, Los Rastrojos y Los Urabeños en los departamentos de Antioquia, Córdoba, el Guaviare y el Meta. En Guaviare, esas amenazas forzaron a siete muchachos de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años a desplazarse.
También hubo niños muertos y mutilados en ataques llevados a cabo por grupos armados no estatales o en fuego cruzado entre grupos armados no estatales o entre grupos armados no estatales y las fuerzas de seguridad de Colombia. En marzo de 2012, en el Meta, por ejemplo, cuatro niños y cuatro niñas de edades comprendidas entre los 14 y 16 años resultaron muertos a raíz de fuego cruzado cuando el Ejército Nacional de Colombia atacó un campamento de las FARC-EP. En octubre de 2012, en el Cauca, una niña de 13 años resultó muerta y otra niña lesionada por el Ejército Nacional de Colombia durante un ataque contra presuntos miembros de las FARC-EP. En 2012, por lo menos 52 niños (32 varones y 20 niñas) resultaron heridos, y 13 niños (12 varones y 1 niña) resultaron muertos por la explosión de minas antipersonal o restos explosivos de guerra.
Si bien no se denuncian todos los casos, las niñas siguen siendo víctimas de actos de violencia sexual atribuidos a integrantes de grupos armados no estatales. Las niñas asociadas con dichos grupos son a menudo obligadas a mantener relaciones sexuales con adultos y presuntamente obligadas a abortar si quedan embarazadas. En marzo de 2012 en Nariño, una niña de 16 años fue violada varias veces por miembros encapuchados de un grupo armado no estatal no identificado. En julio de 2012 en el Valle del Cauca, una niña de 11 años fue violada por un miembro de las FARC-EP. Una gran proporción de los actos de violencia sexual son perpetrados por pandillas de delincuentes llamadas “Bacrim”. Puesto que el Gobierno no reconoce a estos grupos armados no estatales que surgieron tras el proceso de desmovilización como actores en el conflicto armado, las víctimas de actos de violencia sexual cometidos por ellos deben enfrentar grandes obstáculos para acceder a los beneficios previstos en la ley de indemnización de las víctimas (Ley núm. 1448 de 2011). También se han recibido informes de actos de violencia sexual contra niños perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia. En octubre de 2012 en Nariño, al parecer, soldados del Ejército Nacional de Colombia cometieron abusos sexuales por lo menos contra 11 niñas, la mayoría de ellas de ascendencia afrocolombiana, incluida una niña de 8 años.
Los grupos armados no estatales seguían atacando y amenazando a los maestros y alumnos que obstaculizaban el reclutamiento de niños. En septiembre de 2012 en Arauca, por ejemplo, tres maestros y un director de escuela se vieron obligados a desplazarse tras recibir amenazas de un grupo armado no identificado. En varios departamentos se informó de que el ejército utilizaba las escuelas con fines militares. En julio de 2012, el ejército utilizó una escuela en el contexto de su lucha contra las FARC-EP en Cauca. La infraestructura escolar resultó dañada y en sus alrededores se encontraron artefactos explosivos sin detonar.
Si bien Colombia, como Estado signatario de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, ha realizado importantes esfuerzos para eliminar las minas terrestres, la contaminación con minas terrestres, artefactos explosivos sin detonar y artefactos explosivos improvisados siguieron obstaculizando la circulación y haciendo difícil la entrega de la ayuda en varios departamentos, incluidos el Cauca, Nariño, el Putumayo y Norte de Santander. En el Putumayo, por ejemplo, las minas terrestres colocadas por las FARC-EP han dejado confinados de manera intermitente a cientos de civiles y han impedido la llegada oportuna de asistencia a unas 1.000 familias afectadas por las inundaciones. También hubo denuncias de restricciones impuestas por ERPAC, Las Águilas Negras, Los Rastrojos y Los Urabeños en las zonas urbanas de los departamentos de Antioquia, Córdoba y el Valle del Cauca. En 2012, más de 46.000 personas, de las cuales aproximadamente el 30% eran niños, quedaron desplazadas internamente en 18 departamentos, lo que afectó en particular a comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas.
Los niños indígenas y afrocolombianos siguieron viéndose afectados de manera desproporcionada por todas las violaciones graves. Entre los niños desmovilizados que recibieron asistencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, alrededor del 8% eran indígenas, aun cuando los niños indígenas constituyen apenas el 1,55% de la población colombiana.
El Gobierno aceptó voluntariamente la aplicación del mecanismo de supervisión y presentación de informes previsto en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad a condición de que cualquier diálogo que tenga lugar entre las Naciones Unidas y los grupos armados cuente con su consentimiento. Durante 2012 no hubo ningún contacto o diálogo entre el sistema de las Naciones Unidas y los grupos armados no estatales. El 26 de agosto de 2012, el Gobierno y las FARC-EP suscribieron en La Habana el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en presencia de representantes de Cuba y Noruega que actuaron como garantes. La cuestión de los niños y los conflictos armados no estuvo incluida en el programa.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindó protección a 264 niños, (67 niñas y 197 niños) que habían sido separados de grupos armados no estatales. Los niños separados de grupos armados constituidos tras la desmovilización de las organizaciones paramilitares no han sido sistemáticamente remitidos al Instituto, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Colombia, algunos niños fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación para su procesamiento. Todos los niños, como víctimas, deberían estar en igualdad de condiciones para recibir beneficios y protección, independientemente del grupo que les haya reclutado o utilizado. La falta de información sobre los casos remitidos a la Oficina del Fiscal General y los escasos enjuiciamientos en relación con violaciones contra niños sigue siendo un desafío. Si bien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha separado por lo menos a 5.075 niños de grupos armados no estatales, hasta el momento solo se han dictado 25 penas por el reclutamiento de niños, 3 en virtud de la Ley de Justicia y Paz (Ley núm. 975 de 2005) y 22 dispuestas por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia, los niños siguieron experimentando dificultades para acceder a la justicia, y la impunidad por las violaciones contra los niños siguió siendo motivo de preocupación.
El sistema de alerta temprana de la Oficina de la Defensoría del Pueblo preparó un informe sobre el reclutamiento y la utilización de niños en Guainía, el Guaviare, el Meta y Vichada para determinar las repercusiones del conflicto armado en los niños y promover medidas de prevención y protección. Además, en noviembre de 2012, el Ministerio de Defensa presentó el protocolo que sirve de guía a la Fuerza Pública para enfrentar la violencia sexual, especialmente la que se pueda presentar en conflictos armados, así como una cartilla para su aplicación.
Reflexiones globales sobre la protección de los niños en los conflictos armados
Por: Watchlist on Children and Armed Conflict
•La naturaleza cambiante de los conflictos armados y los nuevos retos para la protección de los niños: esto incluye el uso militar de las escuelas, la detención de niños por las fuerzas de seguridad y el impacto de la utilización de aviones no tripulados en la vida cotidiana de los niños en zonas de conflicto.
•Mejorar el cumplimiento de las fuerzas armadas y los grupos armados: en esta sección se destaca la necesidad de fortalecer la responsabilidad legal de los autores, así como la importancia de incluir las cuestiones de protección de la niñez en las conversaciones de paz y los acuerdos de paz. También se exponen las medidas adoptadas por la ONU para fortalecer sus procesos internos de responsabilidad, es decir, a través de la adopción de una política de derechos de debida diligencia humana en 2011, que establece medidas prácticas para garantizar que el apoyo a las fuerzas ajenas a la ONU es coherente con la ONU responsabilidad de proteger, promover y respetar los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular los derechos de los niños en los conflictos.
•La cooperación con las organizaciones regionales: en este apartado se describen los pasos fundamentales adoptados por la ONU para garantizar que las organizaciones regionales – como la UE, la OTAN y la Unión Africana – tomen medidas concretas para proteger a los niños en situaciones de conflicto, en particular en el marco de apoyo a la paz.
El informe también contiene información sobre las graves violaciones cometidos contra los niños, en particular el reclutamiento y uso de niños, la violencia sexual contra los niños, el asesinato y la mutilación de niños, el secuestro de niños, los ataques contra escuelas y hospitales y la denegación de acceso humanitario a niños por las partes en conflicto en 22 situaciones de conflicto que tiene lugar en 21 países. El informe de este año incluye una nueva situación, Malí, con tres grupos armados enumerados para el reclutamiento y la utilización de niños. Esto dará lugar a la aplicación de un mecanismo de vigilancia y presentación de informes en Malí en los próximos meses. El informe también describe los progresos realizados con respecto a la firma y aplicación de planes de acción de las partes mencionadas. Los planes de acción explican las medidas con plazos concretos que un número que aparece debe tomar con el fin de poner fin a violaciones graves y ser eliminada de la lista.
Lista de la Vergüenza
De conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 1379 (2001), 1612 (2005), 1882 (2009) y 1998 (2011), el Secretario General enumera las partes en conflicto que haya cometido graves violaciones contra los niños, a saber: reclutamiento y utilización de niños, asesinatos y mutilaciones, la violación y la violencia sexual, y los ataques contra escuelas y hospitales. Estos anexos han dado a conocer como la «lista de la vergüenza». Anexo I del Informe Anual es sobre los países que ya están en la agenda del Consejo de Seguridad, mientras que el Anexo II es sobre los países que no están en la agenda del Consejo de Seguridad.
Este año, la lista de la vergüenza ha crecido 52 a 55 autores, 28 de los cuales han sido mencionados anteriormente en el informe del Secretario General por al menos 5 años. Esta categoría es conocida como “perpetradores persistentes o violadores”, entre las que se encuentran Las FARC-EP y el ELN.
Mirando hacia el futuro
Se espera que el Informe Anual, sea discutido por el Consejo de Seguridad de la ONU durante un debate sobre los niños y los conflictos armados prevista para el 17 de junio 2013 bajo la Presidencia británica del Consejo de Seguridad. A diferencia de todos los debates anteriores sobre el tema, éste no será un debate abierto. La participación en el debate se limitará a los quince miembros del Consejo, y las «partes interesadas», que incluye a los países en la lista dentro del 12 ° informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados. El grupo de países amigos de los niños y los conflictos armados que no están en el Consejo de Seguridad no tendrán la oportunidad de hablar y reforzar los mensajes clave en apoyo de la agenda.
Luxemburgo, el actual presidente del Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados, trata de adoptar una declaración presidencial como un documento final del debate. El centro del debate y de la sentencia, es el tema de los autores persistentes.