El próximo 21 de agosto de 2013 a las 9 am, en las instalaciones del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, ubicado en la Calle del Cuartel, edificio Cuartel del Fijo, oficina 317 (Cartagena DTyC), se dará inicio al juicio en contra de los militares: capitán Álvaro Enrique Ramírez Flórez, el sargento Segundo Villafrades Pérez Rubio y los soldados Julio César Carvajal Rodríguez y Yelson Pérez Castillo, como responsables del delito de homicidio en persona protegida cometido en contra de ALEJANDRO URIBE CHACON integrante de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol).
Lo ocurrido con Alejandro Uribe Chacón había sido resaltado por Amnistía Internacional en su informe “Sindicalismo en Colombia: Homicidios, Detenciones Arbitrarias y Amenazas de Muerte”, publicado en 2007, donde señaló:
“El 19 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada del ejército mataron, según informes, a Alejandro Uribe Chacón cuando regresaba a Mina Gallo, municipio de Morales, departamento de Bolívar. Alejandro Uribe era dirigente de la Asociación de Mineros del Bolívar y presidente de la Junta de Acción Comunal de la comunidad de Mina Gallo. La Asociación de Mineros del Bolívar está vinculada a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL). Unos testigos informaron de que habían visto a los soldados llevar su cadáver en dirección a una base militar de San Luquitas, municipio de Santa Rosa. Según informes, el 20 de septiembre, el ejército presentó el cadáver de Alejandro Uribe a las autoridades judiciales indicando que era el de un guerrillero muerto en combate. De acuerdo con los informes, diversos testigos han manifestado que, en el último año, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada han amenazado con matar a dirigentes de FEDEAGROMISBOL. Asimismo, los informes indican que los soldados han dicho a los habitantes de la zona que sus operaciones tienen por objeto garantizar la presencia de los intereses de empresas mineras internacionales en la zona, donde tiene intereses la empresa aurífera internacional Anglo Gold Ashanti (Kedahda S. A.). Alejandro Uribe y otros mineros locales se habían opuesto a la llegada de esta empresa a la zona”.
La realización de esta audiencia contradice la reciente decisión de Archivo que profiriera la Procuraduría General de la Nación, en la investigación que por estos mismos hechos se adelantaba contra tres soldados que participaron en la Ejecución de Alejandro Uribe Chacón. Recordemos que la Procuraduría absolvió a tres militares por la muerte, supuestamente en combate, del líder minero y cerro la investigación porque estableció que, de acuerdo con el material probatorio, la muerte del líder campesino “se vería más como un daño colateral por el accionar del Ejército ante la ejecución de una orden de operaciones debidamente planeada a efectos de controlar el área, sin que se tuviera conocimiento de que allí había civiles”.
Sin embargo, en medicina legal que inspecciono el cadáver de Alejandro Uribe, afirma que falleció después de recibir seis impactos de bala, dos de esos disparos, según el informe de balística, “fueron a corta distancia, es decir, a menos de un metro y medio se encontraban la víctima y el victimario”. Adicionalmente el CTI dejó establecido que por la “dirección de las trayectorias, es posible que la victima se pudíera encontrar en una posición bastante inferior respecto a la ubicación del tirador o se encontraba agachada o tendida en el piso en el momento de recibir los disparos”.
El abogado defensor de las víctimas Jorge Molano, señaló “después de la política de impunidad que ha inspirado a la Procuraduría para encubrir las ejecuciones extrajudiciales, esperamos que la justicia pueda actuar con celeridad, imponiendo sanciones ejemplares. Este es un claro crimen para favorecer a las multinacionales del oro”.
Con expectativa los familiares de Alejandro Uribe al igual que el movimiento sindical del Sur de Bolívar esperan el proceso penal, para que este hecho no sea una ejecución extrajudicial más en la impunidad, sino que se haga justicia.
Más información en el teléfono 310 678 60 91
[dhColombia, Agosto 20 de 2013]