Sería inédito. En La Colombia reciente los acuerdos de paz no han sido sometidos a la refrendación en las urnas. Ha bastado con que los gobiernos en representación del Estado y la sociedad suscriban pactos con las organizaciones armadas para traer sus miembros a la vida civil. Y si es menester, se llevan al Congreso de la República las iniciativas legislativas que conviertan en ley el tratamiento jurídico de los Acuerdos.
Para no ir muy lejos, así ocurrió con la paz de los noventa del M-19, el EPL, el Quintin Lame, el PRT y la CRS. Y confieso que en principio me gustaría que así se hiciese con las FARC y el ELN. Que sea suficiente la rúbrica del Presidente de la República o sus delegados y de los jefes guerrilleros para que los acuerdos tengan fuerza de ley. Y que la reglamentación del Marco Legal para La Paz sea tramitada por el parlamento y sirva para viabilizar la superación del conflicto armado. Y que el nuevo Congreso, que habrá de elegirse en marzo próximo, adelante la inmensa tarea de construir la arquitectura institucional del posconflicto. Para evitarnos una nueva Asamblea Constituyente que lo haga.
Creo que ese camino es mucho más seguro como blindaje para los Acuerdos que habrán de celebrarse. No sobra recordar que en Guatemala el pacto de paz fue derrotado en las urnas cuando fue sometido a consulta popular. Y que ello lo dejó en un inocultable estado de fragilidad. Y tampoco sobra advertir que las guerrillas no cuentan precisamente con el mejor clima de opinión como para asegurar el triunfo en las urnas de un referéndum a los acuerdos. Todas las encuestas señalan que los colombianos mayoritariamente respaldamos el proceso de paz, pero que también hay una mayoría más pequeña, pero mayoría al fin y al cabo, que no quieren ver a los jefes guerrilleros por fuera de las cárceles y en el parlamento. Mejor dicho, quieren la paz pero sin ningún costo.
Por ello la propuesta del presidente Santos parece sumamente arriesgada. Y también por ello es audaz. Con ello delega a la ciudadanía la responsabilidad de las concesiones a las guerrillas. Seguramente quiera cerrarle espacios a quienes se oponen férreamente a los diálogos en cabeza del Uribismo. Y también es innegable que convierte las próximas batallas electorales en un escenario para que la sociedad colombiana elija ante el dilema entre los partidarios de la continuidad de la guerra y los defensores de la paz y el posconflicto. Y ello hace atractiva la propuesta del referéndum por la paz. Aunque no nos salva de la vulnerabilidad en la que quedarían los acuerdos si el referéndum se pierde.
Ha quedado en evidencia que el referéndum aún no es acuerdo entre las partes de la mesa de La Habana. Y mucho menos con el ELN, grupo con el que aún no se ha instalado una mesa formal de diálogo. Ese es el primer requisito que debe cumplir. Que sea un mecanismo de refrendación concertado entre gobierno y guerrilla. Y si ello es así, tendremos que salir con entusiasmo a hacer campaña por el SÍ quienes no queremos condenar a este conflicto degradado a las presentes y próximas generaciones de colombianos. Que no significa necesariamente tomar partido por la reelección del presidente Santos. Colombia requiere la paz tanto como necesita una tercería política que nos libere de la condena de seguir gobernado por los mismos. Y el triunfo electoral presidencial de una fuerza política independiente también sería inédito.
Publicación: 26 Agosto de 2013
Fuente: kienyke.com
Autor: Antonio Sanguino