Se ha destacado en los medios la tregua pactada entre la oficina de Envigado y los Urabeños en julio del presente año y la cual en gran medida es la responsable de que el indicador de los homicidios, tan socorrido por los gobernantes, esté en uno de sus niveles más bajos.
Medellín galardonada como ciudad innovadora, también exhibe un largo prontuario como pocas ciudades en materia de desmovilizaciones, negociaciones y pactos de paz o de convivencia. Sólo entre 1998 y el año 2000 en Medellín se celebraron cerca de 25 pactos entre los actores armados que aún hoy perviven en las comunas. Estos pactos, que se iniciaron en la Alcaldía de Luis Alfredo Ramos( 1992-1994) en el Barrio Antioquia, los cuales se replicaron como experiencia en otras comunas, ha sido una herramienta de la cual se han servido Alcaldes y Presidentes desde entonces como paño de agua tibia a los ciclos de violencia que ha vivido la ciudad.
Una mirada general a esos procesos, muchos de ellos pactados al calor de los sancochos y de eventos de convivencia bastante forzados, dejan un balance bastante pobre. La precariedad en sus resultados, no sólo radica en que estas treguas o pactos sólo se les ha fijado como horizonte aliviar las condiciones de violencia, lo cual les imprime una temporalidad bastante limitada, si no que buena parte de ellas no son más que los paréntesis que en la guerra urbana han utilizado las estructuras armadas para recomponerse para superar o bien sus conflictos internos o los impactos de las acciones del Estado. Quienes defienden estos pactos o treguas los justifican desde las vidas que se salvan pero poco tienen en consideración lo que se desencadena después de que se han dado las recomposiciones en las estructuras criminales, un nuevo ciclo de violencia que vuelve a coger al Estado mal parado presionado a acudir a las soluciones sin sostenibilidad ninguna.
La tregua pactada entre la llamada Oficina y los Urabeños, se inscribe en la lógica de un pacto mafioso que les permitirá concertar el mando al cual se le deba fidelidad, obediencia y reconocimiento. También, que se consensuen territorios, mercados y sobre todo, la garantía de la oferta de seguridad. Dicho de otra manera, asistimos a una recomposición de la empresa de protección violenta con más experiencia y tradición que le permita ejercer su actividad sin los distractores como la indeseable guerra armada interna .
Ya es la hora para que la ciudad lleve a cabo un balance juiciosos de lo que ha significado el camino recorrido en los últimos treinta años en materia de procesos de negociación, desmovilizaciones y de pactos. Es indispensable que se recoja la experiencia acumulada al respecto, pues en caso de no hacerlo, estaremos abocados a salidas de corte eminentemente coyuntural como si se estuviera comenzando de cero. Los pactos no son malos en sí mismos, todos ellos deben establecérseles juicios de valor desde sus particulares contextos y sobre todo identificar al servicio de que están.
Es lamentable que la administración local se haya bajado del compromiso de replantear su política de seguridad y convivencia en foro en donde expertos sobre el tema dieron luces de fondo de cómo afrontar la guerra urbana que ya se ha extendido a las principales ciudades del país, y ahí sí, ser consecuente con su compromiso con la vida y realmente innovar en un campo donde todo está por hacer y solo se piensa en lo coactivo y cuando más, en crear estructuras burocráticas como la secretaría de seguridad que en nada ha incidido en transformar la realidad de una ciudad infestada de extorsiones y en donde sus ciudadanos siguen colocando la seguridad como una de sus primeras demandas.
La guerra urbana y en buena parte rural, de la cual son protagonistas de primer orden las empresas de protección violenta con importantes nexos con el narcotráfico( BACRIM, NEOPARAMILITARISMO), se constituye en uno de los grandes problemas que afrontaría una situación de postconflicto en caso de tener un proceso de la Habana exitoso. Resolver el problema del monopolio de la fuerza por parte del Estado, lograr legitimidad desde una gobernabilidad real y provocar una transformación en la cultura que instale la legalidad como el verdadero pacto de convivencia entre ciudadanos, son algunos de los temas centrales que deben inspirar la capacidad innovadora de nuestros gobernantes.
Con ello, de concretarse pasos reales en políticas públicas que trabajen en la dirección aludida, no debería causar urticaria como a veces suele suscitar en distintas esferas del establecimiento, la posibilidad de un cambio de fondo en la lucha antinarcóticos y la estrategia para enfrentar las organizaciones que se colocan bajo el techo de esta lucha. También, es preciso, abrirse a la posibilidad si se dan las condiciones para ello, de una negociación o pacto,- después de todo no sería el primero-, con el empresarismo mafioso monopolizador de la violencia urbana con fuertes nexos con el tráfico de estupefacientes, en la perspectiva de reducirlo en su capacidad de daño, mas no de recomponerlo y romper así, los ciclos de violencia. Pactos sí para fortalecer el Estado de derecho y no para facilitarle el camino a la ilegalidad.
José Girón SIERRA
Octubre 7 de 2013