En el Cauca campesinos, indígenas y afrodescendientes reclaman tierra. Sin embargo, en el proceso de restitución que adelanta el gobierno con la Ley de Víctimas solo están siendo registradas las solicitudes de campesinos. La explicación es que la norma solo aplica para abandonos y despojos provocados por la violencia desde 1991, y los indígenas y afros consideran que su despojo ocurrió desde épocas de la Conquista y Colonia, situación que se agravó por la ausencia del Estado y decisiones dañinas del gobierno central durante muchos años.
En el país, el proceso de restitución comenzó en enero de 2012 pero en Cauca sólo arrancó en marzo de 2013, cuando la Unidad de Restitución abrió sus puertas en ese departamento. A esto se suma que aún continúa la violencia en gran parte del territorio caucano. El Estado ha determinado entonces que por los constantes enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública no hay aún suficientes garantías de seguridad para que los funcionarios puedan documentar todos los casos y, mucho menos, para que las familias desplazadas tengan un retorno tranquilo.
Según María Alejandra González, directora de la Unidad en esta región, quisieron comenzar por los municipios de El Tambo, Patía, Argelia, Cajibío y Piamonte, donde hay más solicitudes de restitución pero las fuerzas militares no les dieron el aval.
“Habíamos logrado la aprobación para entrar a otros municipios pero el conflicto lo ha impedido. Por ejemplo, en julio de 2013 las agencias de inteligencia y el Comité de Restitución dieron luz verde para Caloto, Miranda, Corinto y Toribío, pero en una semana hubo hostigamientos de las Farc en Toribío, las autoridades incautaron drogas en Corinto y explotó un carro-bomba en Miranda”, dijo la funcionaria, quien agregó que el aval para esos municipios fue retirado el pasado mes de noviembre.
La restitución en el Cauca no solo es compleja por la violencia generada por los actores armados, también por las reclamaciones que hacen indígenas, afrodescendientes y campesinos, y la protección que hay sobre estas tierras.
En este departamento los indígenas tienen títulos coloniales y republicanos, unos títulos antiguos que les entregó la Corona Española y que fueron reconocidos por Simón Bolívar en 1820 con la fundación de Colombia; los afros, generaciones de familias descendientes de los esclavos traídos por los españoles, reclaman territorios colectivos que les comenzaron a ser reconocidos con la Ley 70 de 1993, y los campesinos piden la titulación de los predios que comenzaron a colonizar después de la violencia de los años 50.
Las tierras de indígenas y afros están protegidas por ley. Y, además, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), una gran parte del territorio, sobre todo en la zona Pacífica, está protegido, al menos en el papel, por la figura de Zona de Reserva Forestal creada por la Ley 2 de 1959. El Cauca también es la principal fuente hídrica del país porque allí nacen los ríos Magdalena y Cauca, y cuenta con los parques naturales Munchique y Puracé, por lo que el Igac ha sugerido que las zonas que rodean estas regiones de diversidad sean protegidas.
Según el Igac, las zonas de reserva ecológica ambiental están en el piedemonte de la cordillera occidental en los municipios de López, Tambo y Argelia, y en el piedemonte sur y norte de la cordillera central, bordeando los municipios de Miranda, Toribío, Jambaló, Páez, El Tambo, Puracé, Totoró, Sotará, San Sebastián y Santa Rosa.
Aunque el Cauca tiene 3 millones de hectáreas y el Igac considera que 60 por ciento de su suelo, es decir 1 millón 800 mil hectáreas, ha tenido un uso adecuado, las pocas tierras más fértiles que tiene el departamento en la zona norte han ido perdiendo su productividad debido a los extensos cultivos de caña de azúcar y pino.
En este departamento habitan 1 millón 300 mil habitantes, de los cuales el 58 por ciento son campesinos; el 21 por ciento son afrodescendientes y 20 por ciento son indígenas. El Igac indica que por lo menos 65 por ciento de la población vive en el campo y se dedica a las actividades agrícolas, principalmente el pastoreo. En los mapas del Igac, puede verse que la mayoría de los afros viven en el occidente del departamento en la zona del Pacífico; los campesinos mestizos más hacia el centro, en la zona de cordillera, así como en el sur en la bota caucana, mientras los indígenas en el nororiente.
En el Cauca, el conflicto intercultural parte de que los indígenas consideran que han sido despojados desde tiempos de la Conquista española y luego en el siglo XVI con la creación del sistema de haciendas que redujo su territorio a los conocidos resguardos. Los afros consideran que después de ser esclavizados han tenido que pelear porque se les respete sus territorios colectivos, cohesionados por los consejos comunitarios. Y los campesinos aseguran que llegaron durante la violencia de los años 50 y que merecen que el gobierno les titule las zonas de reserva campesina.
Aunque no hay coincidencia de las fuentes oficiales, Dane, la Corporación Regional Ambiental (CAR) y el Igac, acerca de quién posee la tierra en el Cauca hoy, un completo estudio realizado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Universidad Javeriana de Cali encontró, cruzando distintos registros del gobierno, que los títulos de comunidades indígenas suman por lo menos 612 mil hectáreas. Estas tierras hacen parte de 100 resguardos, 47 de ellos con títulos coloniales y republicanos, y otros 53 reconocidos mediante resoluciones emitidas por el Incoder y que les pertenecen a 13 comunidades indígenas: Ambaló, Eperara Siapidara, Guanacas-Nasas, Inga, Kokonuvo, Kokonuco-Yanakona, Kokonucos-Pubenences, Misak, Misak-Quizgó, Nasas, Polindara, Totoró y Yanakonas.
El mismo estudio indica que ante el Ministerio del Interior están registrados 22 consejos comunitarios de afros dueños de tierras colectivas, pero sólo 17 de éstos están avalados por resolución del Incoder y suman 574 mil hectáreas: cinco están en Guapi, siete en Timbiquí y cinco en López de Micay.
No hay información disponible sobre cuánto son los predios titulados o baldíos explotados por campesinos. El citado informe encontró en bases de datos del Incoder y el Fondo Nacional Agrario, que la mayoría de los campesinos se concentra en los municipios de Argelia, Rosas, Sucre, Cajibío, El Tambo, Sotará y La Vega, pero sugiere que debe realizarse un estudio, como el de comunidades indígenas y afros, para determinar la cantidad de predios que ocupan y reclaman los campesinos.
Campesinos organizados hoy le solicitan al Incoder que les formalice la propiedad de tierras que han cultivado durante años bajo la figura de Zona de Reserva Campesina. En el Cauca piden que les formalicen varios predios que han trabajado en Inzá-Totoró, Itaibe-Páez, Corinto, Miranda, Caloto y La Vega.
Pero gran parte de la tierra en Cauca está en manos de grandes terratenientes que cultivan pino, caña de azúcar o se dedican al pastoreo intensivo. Según un estudio académico realizado por la Universidad Nacional en 2010 y retomado por el estudio del Incoder y la Universidad Javeriana, para el 2000 en el Cauca se calculaba que 61 por ciento de la tierra estaba en manos del 5 por ciento de los propietarios.
Según datos del Igac, en 2002 el coeficiente Gini (que indica la desigualdad) para este departamento se situaba entre el 0,8 y el 0,9, lo que revela una alta desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra (entre más cerca a uno, la concentración es mayor).
El Atlas de la propiedad rural en Colombia, un estudio realizado por la Universidad de los Andes y el Igac publicado en 2010, indicó que el Cauca era el departamento con el sexto Gini más alto del país y sostuvo que solo una mejor distribución de propiedad disminuiría los conflictos por la tierra.
Saber cómo está distribuido el territorio en el Cauca es tan complejo que el Igac firmó un convenio con la CAR para ampliar la escala de la cartografía del departamento, es decir, desarrollar mapas en detalle. Según Juan Antonio Nieto, director nacional del instituto, esto permitirá delimitar los recursos hídricos, las cuencas, las zonas de conservación, actualizar la vocación de los suelos y los territorios poblados por las distintas comunidades étnicas.
El Incoder decidió, por su parte, realizar una radiografía sobre los conflictos por la tierra en este departamento porque precisamente no había claridad sobre cuáles eran las disputas entre las comunidades, qué predios habitaban y qué reclamaba cada uno, para poder convocar a las mesas de concertación y llegar a acuerdos. Desde 2005, el gobierno de Álvaro Uribe se comprometió con el Consejo Regional Indígena de Cauca (Cric) a adquirir 7 mil hectáreas para los resguardos indígenas, y otras mil para las comunidades indígenas de Caldono.
Durante este proceso, los afros y los campesinos también reclamaron y le pidieron al gobierno incluirlos en el proceso de compras de tierras. Según datos del Incoder, desde el comienzo de su período, el presidente Juan Manuel Santos ha destinado 60 mil millones de pesos para ello. Por el momento, el gobierno sigue convocando a las mesas interétnicas, reuniones en las que participan representantes de cada comunidad para ponerlos de acuerdo y decidir qué tierra le corresponde a cada uno.
La Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo coinciden en que el conflicto por la tierra en esta región tiene entonces dos causas: una, la generada por la presencia de distintos actores armados y el narcotráfico; y la otra, causada por años de abandono del Estado que no resolvió las reclamaciones históricas de indígenas, afros y campesinos.
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