ConfidencialColmbia reproduce un artículo elaborado por el equipo negociador del gobierno sobre los Mitos del proceso de paz, por considerar que contiene información y reflexiones relevantes para entender el momento que vive el país.
Algunos opositores al proceso de diálogo en La Habana han puesto a circular versiones falsas y mitos inverosímiles sobre su verdadero alcance. Vamos a esclarecer enseguida las principales leyendas.
Primero. En La Habana están entregando el país. Se teje en algunos círculos la idea de que el gobierno se ha plegado a la llamada “revolución por contrato”. Esto es, que con el fin de obtener una paz a cualquier precio, la estrategia es entregar a las FARC las instituciones fundamentales del Estado y echar por la borda la tradición democrática de Colombia. Nada más alejado de la realidad.
En primer término, las conversaciones se han venido ciñendo estrictamente a los puntos pactados en el Acuerdo General de La Habana el 26 de agosto de 2012, a saber: Desarrollo rural, participación política y ciudadana, el problema de las drogas, la desmovilización y la dejación de armas, víctimas, esto es, mecanismos de justicia transicional y, por fin, refrendación y garantías.Ambas partes encontraron que estos puntos son eficientes y suficientes para poner fin el conflicto y abrir, sin armas, una etapa amplia de transformaciones con garantías plenas para el movimiento que surja de las FARC y entre en la política.
El gobierno no tiene previsto cambiar la agenda, ni ha aceptado interpretaciones de las FARC que logren ese propósito. Las conversaciones de La Habana tienen como destino terminar el conflicto y abrir una etapa de construcción de una paz estable y duradera con participación democrática de todos los colombianos.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, no hay que confundir las intervenciones habituales de las FARC a través de las cuales dan a conocer las más disímiles posiciones políticas, con lo que ocurre en la Mesa de Conversaciones. Las primeras servirán para nutrir la plataforma política de las FARC si dan el paso de la terminación del conflicto y escogen el camino de luchar por sus ideas dentro de un marco de garantías.
En tercer lugar, lo pactado hasta ahora en los dos primeros puntos de la Agenda, si bien contiene puntos trascendentales para una reforma rural integral y para una nueva apertura democrática, está inscrito fielmente en el ideario del estado social de derecho. Lo pactado implica reformas, incluso reformas constitucionales, pero nada de ello corresponde a devaneos ni concesiones que desvirtúen la esencia de la democracia.
Segundo. Viene una reducción de las fuerzas armadas y un recorte de su estatus como consecuencia de la terminación del conflicto. Totalmente falso. La estructura y el funcionamiento de las fuerzas armadas fue específicamente excluido de las conversaciones. Mientras duran las discusiones las fuerzas armadas seguirán operando a plenitud y si se llega a un acuerdo, ellas continuarán cumpliendo con su mandato constitucional en un contexto de paz. En cuando a la remuneración, prestaciones sociales y su estatus actual, no existe en el gobierno ninguna idea ni iniciativa para desmejorarlos.
Tercero. La reforma rural integral afecta la propiedad privada. Se convinieron una serie de trasformaciones de la realidad rural de Colombia con equidad y democracia, pensado en beneficiar al pequeño productor. Los acuerdos buscan que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz, acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos.
Es un cambio histórico, un renacimiento del campo colombiano, que puede darse en el escenario del fin del conflicto. Todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el estado de derecho. Los propietarios legales nada tienen que temer. Sobre algunas versiones recientes relacionadas con la supuesta afectación de tierras aledañas a centros poblados, hemos aclarado con toda precisión este desaguisado. En la legislación actual existe la extinción judicial del dominio contra adquirentes ilegales.
Lo pactado en La Habana solo busca agilizar los trámites que hasta ahora han sido muy lentos. No se ha modificado la idea central de que la extinción judicial del dominio se ocupa solo de bienes ilegales. En cuanto a la llamada extinción administrativa, ella no ha sido modificada en La Habana. Se trata de normas antiguas, de varias décadas de expedición, sobre las cuales no hay modificación de ninguna clase.
Cuarto. Las conversaciones son clandestinas, de espaldas al país. La experiencia mundial y colombiana indica que para que estas conversaciones fructifiquen es necesaria una dosis de confidencialidad. Negociar por los micrófonos es la mejor forma de frustrar el proceso. Pero tal como está acordado por ambas partes, un Acuerdo final debe ser sometido a refrendación de toda la ciudadanía, previo un período de discusión abierta y profunda. Nada se hará a espaldas del país. Es cada colombiano el que decide en la intimidad de su conciencia.
No obstante lo anterior, sin eliminar ese principio básico, se ha brindado información adecuada. El Jefe de la Delegación del gobierno ha realizado 23 intervenciones desde la instalación de la Mesa de Conversaciones en La Habana. Ambas partes dieron a la publicidad sendos informes bastante completos sobre los dos puntos acordados. La delegación del gobierno ha asistido a más de 50 foros de la más diversa naturaleza: partidos políticos, gremios, víctimas, periodistas, asociaciones femeninas y universidades. En desarrollo de la Agenda se han celebrado foros amplios y pluralistas sobre tres puntos de la Agenda, los dos últimos sobre el problema mundial de las drogas. A su vez, el Congreso promovió también foros sobre víctimas y desarrollo rural con participación amplia de la sociedad.
Por fin, las delegaciones definieron tres mecanismos de participación ciudadana: a) un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones, por medios físicos o electrónicos, b) la realización de consultas directas para recibir propuestas sobre dichos puntos, y c) la delegación en un tercero la organización de espacios de participación.
Quinto. Habrá impunidad para los responsables de crímenes contra la humanidad.
El Marco Jurídico para la Paz contempla los límites generales de una estrategia integral de justicia transicional que necesariamente tendrá que enmarcarse en las obligaciones internacionales del Estado colombiano. La integralidad se refiere por un lado a lograr una aplicación coherente de una serie de distintas medidas judiciales y extrajudiciales para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y de otro, a permitir la reintegración sostenible de los ex combatientes a la vida civil.
Todo el esfuerzo que adelanta el Gobierno para lograr la terminación del conflicto debe concluir en un fortalecimiento integral de la justicia y el imperio de la ley en todo el territorio Nacional, lo cual es la verdadera garantía de no repetición.
El tratamiento jurídico de quienes hayan participado en graves violaciones a los DDHH en la fase de transición depende de su disposición a reconocer su responsabilidad, hacer frente a sus víctimas y participar activamente en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas.
En contextos como el colombiano en donde se requiere hacer frente a un legado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, una estrategia seria de lucha contra la impunidad supone reconocer los límites del proceso penal y multiplicar los esfuerzos a través de distintos tipos de mecanismos. Más allá del número de procesos penales y los años de privación de la libertad, la verdadera lucha contra la impunidad se concentra en develar qué fue lo que sucedió y por qué; reconocer a las víctimas y repararlas integralmente de manera pronta; y atribuir responsabilidad a los máximos responsables de los crímenes internacionales, a través de mecanismos públicos, de fácil acceso, con decisiones prontas y claras, que le permitan a las víctimas y a la sociedad en general, volver a confiar en las instituciones.
En resumen, la justicia transicional no es un acto de resignación y de concesiones a los victimarios, más bien es una oportunidad para hacer frente de manera definitiva a un legado de gravísimas violaciones a los derechos humanos y arraigar por fin el Estado de derecho en todo el territorio nacional.
Conclusión. Bienvenida la crítica. Finalmente, como se dijo, serán los colombianos los que decidan el rumbo. Pero, entre tanto, es necesario un esfuerzo leal para que la discusión se base en hechos ciertos y no en mitos y leyendas propalados en contra de la realidad.
Humberto de la Calle
Jefe de la Delegación del Gobierno en las conversaciones de la Habana