Suenan voces de alarma ante la salida de jefes y mandos paramilitares de la cárcel en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz y de los acuerdos de sometimiento y desmovilización de las autodefensas.
Se están buscando pretextos para que el Estado incumpla sus compromisos y demore la salida de ellos.
Este proceso sigue siendo considerado peyorativamente y se desconocen sus aportes a la disminución del conflicto social y los índices de violencia en el país.
Fueron 31.671 hombres que salieron de la guerra y la delincuencia de 36 organizaciones, de los cuales solo 19 han recibido condenas y 10 más están en espera, 216 no serán condenados y comenzarán a salir en Agosto hasta diciembre, después de cumplir 8 años en prisión, pero que por efecto del decreto 3011 del 29 de diciembre de 2013 tendrán una especie de libertad vigilada por 4 años más.
Como se ve la magnitud no es la que se está manejando en los medios de comunicación. Tampoco hay que olvidar que hubo 16 extradiciones a Estados Unidos, de los cuales dos ya regresaron y pagan sus penas en cárceles Colombianas.
Muchos de ellos han colaborado eficazmente con la justicia y su testimonio han sido clave para que 60 parlamentarios y un centenar de alcaldes, gobernadores y diputados fueran procesados por sus vínculos con ellos. Por otra parte sus informaciones han servido para la ubicación de fosas comunes y de que más de 3.000 cuerpos hayan sido entregados.
La modificación de las reglas de juego por parte del gobierno en estos momentos, no es una buena señal, sobre todo cuando ha habido ineficacia y deficiencia de los programas de reincorporación. De hecho en diciembre del año pasado, ante la ínfima cantidad de condenas se creó la figura de la “sustitución de pena privativa” hasta por cuatro años, con reglas similares e inclusive más severas que una libertad condicional.
Lo cierto es que hay desconfianza en y hacia el estado y no faltan razones. Muchos testigos desmovilizados, se quejan de falta de garantías para declarar, porque además de haber tenido retaliaciones siguen siendo perseguidos por sus acusados o les han iniciado procesos por falso testimonio y calumnia.
Por otra parte la Bacrim persisten y tienen poder local y regional, existiendo el temor de que van a ser alimentados por quienes salgan de las cárceles, cuando el gobierno ha sido incapaz de neutralizarlas.
Lo ideal sería que se encontrara el mecanismo político o legal adecuado para garantizar el éxito o por lo menos disminuir los impactos de esta excarcelación masiva. La respuesta es un adecuado seguimiento y acompañamiento de esta fase de reincorporación de los exjefes de las autodefensas. La Mapp-OEA (Misión de Apoyo al proceso de Paz en Colombia) tiene la experiencia de 10 años y el conocimiento geográfico y personal de ellos, además que tienen los protocolos de monitoreo integrales que incluyen la reconfiguración de poderes fácticos en los municipios donde retornen.
Obviamente, esto exige una reforma de fondo en la Agencia Colombiana de Reincorporación o por lo menos una mejora sustancial de sus servicios.
Tomado de: http://lasillavacia.com/elblogueo/blog/la-excarcelacion-de-los-paramilitares-46603