Aún sin conflicto armado, minas antipersonal serán una amenaza

Colombia ocupa el segundo puesto mundial en víctimas de las minas antipersonal. Solo superado por Afganistán. FOTO AFP
Colombia ocupa el segundo puesto mundial en víctimas de las minas antipersonal. Solo superado por Afganistán. FOTO AFP

Forzada por la tragedia humanitaria de tener 10.682 víctimas de minas antipersonal, Colombia lidera la lucha mundial contra estos artefactos explosivos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Con miles de estas trampas enterradas y su uso por parte de las guerrillas, el panorama es tan complicado que, aún si se acaba el conflicto armado con la insurgencia, la amenaza permanecerá enterrada por muchos años. Quizás por décadas.

Así lo advirtieron ayer los expertos, defensores de derechos humanos y autoridades durante el primer día de la Conferencia Global de Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal y otros Remanentes Explosivos de Guerra, que sesiona en Medellín.

El vicepresidente Angelino Garzón, indicó que estos artefactos explosivos prohibidos por el DIH son usados de forma indiscriminada por las guerrillas y obstaculizan el desarrollo social, económico y político de las regiones.

Admitió que el país no logró cumplir compromisos como Estado miembro del Tratado de Otawa (prohibe la fabricación y uso de minas).

«Tenemos que reconocer que no hemos logrado avanzar más en el desminado humanitario para recuperar territorios y por eso Colombia pidió una prórroga de 10 años. Pero si no hay un acuerdo con las guerrillas no será posible acabar con este flagelo y recuperar muchas zonas agrarias».

Garzón insistió en que es «urgente que las Farc y el Eln cesen la instalación y colaboren con las autoridades para sus ubicación y desminado en las regiones afectadas».

La preocupación por el alto riesgo de la población civil lo expuso Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, la región con más accidentes y población afectada en el país (2.357 víctimas).

«En 10, 15 0 25 años es probable que sigamos llorando más víctimas porque estos elementos no distinguen entre combatientes y población civil y no sabrán que se acabó el conflicto si los procesos de paz tienen éxito», aseguró Londoño.

Agregó que por eso urge que las guerrillas desistan y cooperen para su ubicación «y por eso desde Antioquia insistimos que el problema se discuta en el tema de víctimas con las Farc».

Avances y deficiencias
Durante la primera jornada del evento, delegados de la Unión Europea, la ONU y de la Convención de Ottawa reconocieron que las campañas preventivas con poblaciones en riesgo o el desminado humanitario y de emergencia disminuyeron los accidentes en los últimos años.

Así lo evidencia la reducción de 497 víctimas en 2012 a 368 en 2013. Aún así, la cifra revela la tragedia humanitaria en el país.

«Colombia ha avanzado y no solo eliminó el uso de minas en las Fuerzas Militares e inició desminados, sino que, a pesar de que el conflicto persiste, fortaleció la red de atención médica a las víctimas y tiene políticas públicas de rehabilitación», aseguró Kerry Brinkert, director de la Unidad de Implementación de la Convención sobre Prohibición de Minas Antipersonal.

No obstante, también hay deficiencias, que según se expuso en la primera jornada de la Conferencia Global en Medellín, son un desafío común en los países afectados por este flagelo como Afganistán o Camboya, que junto a Colombia están en el podio de las tres naciones con más víctimas en el mundo.

«En Afganistán tenemos 60 mil víctimas y un territorio muy contaminado por la guerra y la respuesta es muy limitada a la atención de emergencia en comparación a lo que ha logrado Colombia. Nos falta mucha asistencia sicosocial y capacitación para el empleo y la educación», indicó Sadiq Mohibi, coordinador de la Oficina de Acción contra Minas de ese país.

De acuerdo con algunas víctimas colombianas, asistentes al evento, falta mejorar la rehabilitación física, emocional y la reincorporación de los sobrevivientes a la vida en sociedad. «La mayoría de estas víctimas sobrevivientes, que son la mayoría de las más de 10.600 víctimas, quedaron mutiladas, ciegas o sordas y afrontan discriminación, falta de oportunidades de estudio y trabajo».

Con las víctimas coincidió Todd Howland, delegado para los derechos humanos de la ONU en Colombia, quien destacó los esfuerzos en la atención pero advirtió que aún existe un «gran desafío en la rehabilitación y lucha contra la discriminación y su reconocimiento como sujetos de derechos humanos con un enfoque de discapacidad».

Tomado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/aun_sin_conflicto_armado_minas_