Negociaciones de paz y campaña política

Con el acuerdo sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico el proceso de negociaciones Gobierno-Farc en La Habana parece ya irreversible. Junto con los acuerdos previos en torno al tema de Desarrollo Agrario Integral y el de Participación Política la parte sustantiva de la agenda ha sido abordada. Ciertamente en las próximas rondas siguen temas muy sensibles como los de Victimas, de Justicia Transicional y Dejación de Armas, pero el respaldo sin matices de la comunidad internacional es una señal de que se camina en la dirección correcta.

Es en lo interno donde el proceso debe superar el escepticismo y ganar mayor legitimidad. De cara a la continuidad dela negociación es necesario un giro en el secretismo con que se ha manejado, en beneficio de una intensa labor pedagógica con la población, que permita contrarrestar la propaganda negativa de la extrema derecha, incluso preparar las condiciones para la eventual consulta mediante el Referendo. Igualmente ampliar los espacios de participación más allá de las Mesas de consulta con la sociedad civil que se han desarrollado a instancias de la Universidad Nacional y el Pnud. El Gobierno ha anunciado la próxima convocatoria del Consejo Nacional de Paz, órgano consultivo creado por la Ley 434 de 1998. Ojalá no sea un simple recurso de campaña política sino el reconocimiento de la necesidad de profundizar los consensos sociales, políticos y regionales que deben rodear el propósito de la reconciliación.

Además ha llegado la hora de cuestionarse el esquema de negociar en medio de la guerra. Puede que haya sido comprensible que, dados los precedentes negativos en la zona del Caguán, este proceso se haya iniciado sin cese al fuego. Pero la continuidad de las acciones bélicas, la afectación de la población civil de una contienda degradada que según el Centro de Memoria ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas, el sufrimiento de las múltiples formas de violencia, el envilecimiento de la dignidad humana, la ruptura del tejido social mediante la disolución de los lazos comunitarios, la siembra de la desconfianza, incluso del odio entre los colombianos, exigen que, en aras de un verdadero proceso de reconciliación nacional, las partes enfrentadas pacten un cese al fuego bilateral.

La reconstrucción de la confianza en la negociación de los conflictos y la necesidad del respaldo social a los diálogos de La Habana en un momento tan avanzado de los acuerdos requieren de un timonazo en el rígido esquema de la Mesa y afrontar la posibilidad de los acuerdos humanitarios parciales que prevé el Derecho Internacional Humanitario.

Los sucesos de la campaña política en curso así lo aconsejan. La agresiva obsesión de la extrema derecha uribista contra el proceso de paz, su permanente retórica de guerra, su estrategia electoral del todo vale donde combina la propaganda sucia con el cinismo, la mentira, la violación de toda norma ética en la contienda y su apuesta por la desintitucionalización del país, nos conducen a una situación muy peligrosa.

Estamos sin duda ante una ofensiva del fascismo criollo que busca reeditar el infierno de la Seguridad Democrática. Un nuevo gobierno de Uribe tras la interpuesta persona de Oscar Iván Zuluaga sería la debacle de nuestra frágil democracia y el retorno a la crispación y a la mentalidad de guerra permanente en el interior y en las fronteras. Ni la paz con justicia social, ni el respeto por los derechos humanos, ni el fortalecimiento del Estado social de Derecho están en la agenda uribista. En cambio volverían a empoderarse la intolerancia, el autoritarismo y los valores mafiosos que padecimos durante los ocho años del gobierno de Uribe.

Nosotros, que provenimos de un acuerdo de paz que conmemoramos recientemente en Flor del Monte (Sucre) creemos firmemente en que Colombia necesita poner fin al conflicto armado de medio siglo y vemos que las negociaciones de La Habana van en esa dirección. Hemos dicho que nos preocupa la mentalidad contrainsurgente con la que el establecimiento asume las negociaciones de paz en las que trabaja por la desmovilización de la insurgencia mientras promete repetidamente a los poderes fácticos del país que no se está negociando ni el modelo económico ni el militar. Aún así pensamos que lo conseguido hasta ahora es un punto muy alto y que hay que persistir y culminar el proceso con las FARC y emprender pronto las negociaciones con el ELN.

Pero un verdadero proyecto de reconciliación nacional requiere mayor generosidad y el Gobierno Santos, en cuyo haber están el reconocimiento del conflicto armado, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el Proceso de Paz, está entrampado en el modelo económico neoliberal y en la economía extractiva cuyas banderas son los TLC y la locomotora minera. No basta con exhibir las cifras macroeconómicas mientras seguimos siendo uno de los países con mayor desigualdad económica y social en el mundo. No es suficiente con posicionarnos como grandes exportadores de minerales e hidrocarburos mientras asistimos inermes al desastre medioambiental de nuestro entorno natural. Proclamarnos como una democracia moderna no se compadece con la tutela permanente de las Fuerzas Militares sobre nuestras instituciones. Reclamarnos como un Estado liberal no oculta la profunda corrupción que corroe nuestra democracia.

En las elecciones del 25 de Mayo se juega la suerte del proceso de Paz. Pero se juega también el futuro del país y de la sociedad colombiana. Es una lástima que la izquierda siga dispersa, confundida y sin norte, presa de caudillismos, en medio de la fractura del establecimiento y la polarización entre la derecha y extrema derecha. Pero el espacio para sus propuestas de país está abierto. La reciente visita, con motivo de la conmemoración de los veinte años de la firma del acuerdo de paz de la CRS, de delegaciones del FMLN de El Salvador y del Frente Amplio uruguayo, nos dejó lecciones tan valiosas como la importancia de organizaciones partidistas sólidas y con proyectos democráticos alternativos a la escuela neoliberal que ha ampliado más la brecha de nuestras desigualdades durante los últimos veinticinco años.

FERNANDO HERNANDEZ VALENCIA.