A las 2 de la mañana del sábado 17 de mayo los habitantes de El Alto Amarradero, zona rural en límites de los departamentos de Nariño y Putumayo, al sur de Colombia, despertaron angustiados por «ruidos y luces raras» y órdenes que les obligaban a salir de sus casas.
En un comienzo, la comunidad pensó que había llegado el momento del parto de una adolescente de 15 años que vive en la zona y está a punto de dar a luz. Pero las linternas que iban y venían permitieron ver que se trataba de soldados y que éstos, aunque tenían sus identidades ocultas, pertenecían al Batallón Energético y Vial No.9, actualmente al mando del teniente coronel Andrés Felipe Arcos Muñoz .
«Los militares tapaban sus distintivos con pañoletas, pero en varios uniformes pudimos ver el número 9», dice uno de los testigos, que habló con Radio Nizkor bajo la condición del anonimato.
Niños, mujeres y ancianos fueron obligados a permanecer durante varias horas a la intemperie, mientras los militares incautaban los celulares de todos los residentes de la comunidad, pese a no tener orden judicial alguna. Sólo un celular quedó en manos de la comunidad.
Los militares detuvieron a Floriberto Navia, miembro de una de las familias de la vereda, hecho que alarmó a los campesinos, indígenas y afros de la comunidad -organizada en una junta comunal que el día anterior había aplazado la celebración conjunta del Día de la Madre ante la muerte de uno de los ancianos del lugar.
A las 3.20 de la mañana, mientras todos los habitantes reclamaban por la puesta en libertad de Navia, una mujer -que también pidió reserva de su identidad- escuchó «un ruido raro, como de un avión que volaba bajito», y luego vio «una especie de luz, como una estrella, que descendía en la oscuridad y alumbraba la zona. Entonces los soldados empezaron a secretearse entre ellos, a preguntar si ya había pasado todo y otros contestaban que no, que aún no habían llegado al sitio, que había que esperar».
Hacia las 4 am, «los soldados alzaron sus pertenencias y uno de ellos dijo ‘disculpen la molestia’. A los dos minutos, y lo sé porque estaba muy pendiente de la hora, sonaron unos tiros. Yo pensé ‘ahora va a haber un enfrentamiento’, pero no pasó nada. Aunque los militares nos ordenaron regresar a las casas yo me quedé ahí afuera, parada, pensando que en esos días no habíamos visto guerrilla, que todo era muy extraño, y con miedo recordé lo sucedido en septiembre de hace 7 u 8 años, cuando los soldados sacaron de sus casas a 3 compañeros con la excusa de hacerles un interrogatorio y al otro día los presentaron como guerrilleros muertos».
«Eran casi las 4.30 cuando nos acostamos, pero a las 5.30 yo seguía con la duda de que algo extraño había sucedido, pues no era normal la manera como había llegado el ejército. Los soldados siempre vienen pidiendo plátano, yuca, comida, saludan y a veces se quedan a conversar, pero esta vez además nos trataron muy agresivamente. Ahí fue cuando escuché la bulla de dos helicópteros, uno de los cuales bajó y volvió a subir. Mi marido me decía ‘los guerrilleros duermen en el monte, uno en su casa, quizás cogieron a algunos por ahí’. Pero para mí eso no era normal y salí a ver lo que estaba pasando».
Del billar a una bolsa blanca
Ya en horas del amanecer del sábado 17 de mayo, el padre de Deivi López Ortega, los hermanos de José Antonio Acanamejoy y los familiares de Brayan Yatacué Secué habían dado la voz de alarma sobre la desaparición de sus seres queridos.
Poco a poco la comunidad reconstruyó los últimos momentos en que los jóvenes fueron vistos con vida: Deivi, quien estaba próximo a cumplir 15 años y Brayan, de 20, habían llegado el viernes para asistir a la reunión prevista para las 04:00 de la tarde como preparación de la celebración del Día de la Madre, sin saber que la Junta de Acción Comunal de la vereda había aplazado la fiesta por respeto al luto de la familia Bastos. Al ser informados de la novedad, los jóvenes decidieron quedarse en el lugar, dado que habían acordado un partido de microfútbol con varios amigos al día siguiente, y se dirigieron a la casa de Gustavo Solano, donde hay una mesa de billar.
Hacia las 05:30 pm, según los testigos, José Antonio Acanamejoy -un líder indígena de la etnia Kamtzá que este 23 de mayo cumpliría 29 años- llegó de comprar víveres en el caserío Las Brisas y se unió a los jóvenes. Eran las 06:30 pm cuando María Dolores, su hermana, les brindó comida y se acostó en una hamaca desde donde vio a los tres amigos alejarse, primero para cargar los celulares en una casa vecina que tiene planta eléctrica, y luego para unirse a José Yiner Esterilla -afrodescendiente perteneciente al Consejo Comunitario Nueva Esperanza- e irse a jugar billar.
Los cuatro jóvenes estuvieron en el billar hasta bien entrada la noche y un vecino, Leonardo Obando, les brindó posada, así que allí deberían estar. Pero los familiares se mostraban preocupados porque los celulares de los cuatro estaban en correo de voz. La comunidad entonces delegó a una docena de personas para ir hasta la casa de Leonel Obando, en cuyas inmediaciones se decía estaban los militares que esa madrugada habían interrumpido su sueño.
Otro líder de la vereda, quien también pidió reserva de su nombre, comentó a Radio Nizkor que al llegar al sector una mujer vecina de Leonel, cuya vivienda está situada a unos 50 metros de la de éste, informó que en esa casa había dos muertos. «Nos dijo: el ejército está ahí y hay dos conocidos muertos. Cuando preguntamos quiénes eran, la señora respondió que al parecer un sobrino de Leonardo Yatacué (Brayan) y Deivi López. El papá de Deivi se estremeció, y yo para tratar de calmarlo dije eso no debe ser cierto, vamos hasta allá, dialoguemos tranquilamente con los militares y pidámosles que se retiren de la comunidad pues ellos no tienen por qué estar ahí».
«Cuando llegamos a la casa de Leonel vimos que había policías y militares y dos cadáveres enchuspados. Un policía empezó a tomarle fotos a Arnulfo Mutunbajoy, uno de los muchachos que venía con nosotros, así que todos empezamos a pedirle que no hiciera eso, pues cada vez que la policía o los militares fotografían a alguien de la población civil, a los tres meses llega una orden de captura en su contra, como sucedió con el líder Norberto Igua Buitrago, detenido injustamente y hoy condenado a diez años de prisión».
De acuerdo con los testimonios recibidos por Radio Nizkor, los uniformados se identificaron como funcionarios de policía judicial y amenazaron con detener a los campesinos si no se retiraban del lugar, lo que generó un fuerte reclamo de dos líderes de la comunidad respecto a las razones del cerco militar-policial en la casa de uno de sus vecinos.
«El policía dijo: no le estoy tomando fotos a ninguno de ustedes, estoy haciendo labores de policía judicial porque hubo un enfrentamiento y unos subversivos resultaron muertos, y nos mostró la cámara donde había fotografías de Brayan Yatacué. Ahí empezamos más fuerte a reclamar, pues reconocimos a uno de los nuestros entre los muertos».
Entre lágrimas, María Dolores Acanamejoy, quien había subido al lugar, también reconoció en una de las fotografías a su hermano José Antonio. «Ella gritaba: cuáles guerrilleros, cuáles subversivos, si están vestidos con la ropa que tenían anoche, yo les di de comer, uno de ellos es mi hermano, ustedes han asesinado a unos civiles, los guerrilleros visten de camuflado, casi igual que los militares. Fue allí cuando intervino un soldado para decir ‘cuáles civiles, si el desmovilizado nos dijo que son guerrilleros'».
«Nosotros reconocimos a los muchachos, todos eran conocidos: José Antonio, Deivi, Brayan y Yiner. Ellos estaban juntos la noche anterior, sus familias los estaban buscando y de repente los estábamos viendo muertos en unas fotos hechas con la cámara de un policía».
«José Antonio estaba boca arriba, con el mismo buso verde de manga larga que tenía la noche anterior y tenía sangre en el pecho; Brayan tenía una camisa de rayas negras y azules, también con sangre en el pecho. Deivi tenía bañada la cabeza en sangre, lo reconocí por la camiza azul que llevaba la noche del viernes. A Yiner no fui capaz de verlo, pero sí vi que tenía la camisa totalmente ensangrentada. No pude seguir mirando las fotografías porque me causó mucho impacto la forma en que estaba el niño Deivi López, quien solía jugar deporte y era muy conocido en la comunidad», aseguró a Radio Nizkor otro de los entrevistados.
«La comunidad les gritaba a los uniformados: ustedes están asesinando a nuestra juventud y ellos insistían en que los muertos eran guerrilleros, que así lo decía un desmovilizado. Uno de los soldados nos dijo: así como nos brincan a nosotros también deberían brincarle a la guerrilla por lo que hace, a lo que María Dolores les contestó que así la mataran ella iría hasta donde están los guerrilleros para aclarar la verdad, porque su hermano no era subversivo».
Pasaron horas en las que la comunidad intentaba, de un lado, calmar a los dolientes y, del otro, lograr que les entregaran los cadáveres de sus seres queridos. Hacia las 04:00 de la tarde llegó un helicóptero en el que Deivi, Brayan, Yiner y José Antonio fueron transportados hasta la base militar de Santa Ana, en el municipio de Puerto Asís, desde donde el ejército informó que «en desarrollo de las actividades militares contra las estructuras del Frente 48 de las FARC en el departamento del Putumayo, tropas de la la Brigada de Selva No. 27 de la Sexta División del Ejército neutralizaron a cuatro guerrilleros» y los presentó en bolsas blancas alrededor de un arsenal de armas y municiones supuestamente incautado tras un combate que – de acuerdo con los testigos entrevistados por Radio Nizkor- nunca existió.
El único celular que había quedado en la comunidad sirvió para dar a conocer la noticia de la masacre, que fue documentada y difundida el domingo 18 de mayo por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, pero que sin embargo hasta la fecha sólo ha sido informada tímidamente por Caracol Radio Ipiales -municipio al que pertenece el corregimiento Cofania Jardín de Sucumbíos- y la agencia de noticias cubana Prensa Latina.
El martes 20 de mayo, mientras los familiares de las víctimas enterraban a sus seres queridos en diferentes lugares de Nariños y Putumayo, una comisión de la Alcaldía de Ipiales conformada por funcionarios de la Personería y la Secretaría de Gobierno del municipio, se desplazó a la zona de los hechos -a 19 horas por tierra del casco urbano- para acompañar a la comunidad y escuchar sus denuncias en forma directa, así como para documentar lo sucedido el 7 de mayo en la vereda La Libertad, cercana al lugar de la masacre, donde ese día explotaron varias municiones que ocasionaron daños a algunas viviendas y dejaron una persona herida.
Falsos positivos en época electoral
Justo el día anterior a la masacre en El Alto Amarradero, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) hizo público su informe de derechos humanos correspondiente al año 2013, que daba cuenta de la existencia de 10 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que fueron presentadas por el Ejército y la Policía como guerrilleros muertos en combate.
En Colombia, desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) ese tipo de violación a los derechos humanos es conocida con el nombre de falsos positivos, práctica calificada por la ONU de sistemática, que durante años sirvió para aumentar las cifras de subversivos dados de baja. En la actualidad, la Fiscalía investiga a más de cuatro mil militares por este tipo de casos, pero la mayoría se encuentra en la impunidad.
El mismo día en que salió el informe, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, emitió un comunicado en el que expresaba su desacuerdo «con el uso de la expresión ‘falsos positivos'», e indicaba que «si bien en dicho informe se hace mención a algunas muertes en desarrollo de operaciones de las Fuerzas Armadas, no hay decisión de autoridad judicial competente que haya establecido responsabilidad alguna de miembros de la Fuerza Pública y por lo tanto rechaza los señalamientos de este tipo consignados en el documento del CINEP».
Días antes, el 13 de mayo, la Presidencia de la República había expedido el decreto 891, mediante el cual «se dictan normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones presidenciales» que se llevarán a cabo el próximo domingo.
Como es costumbre para esta época, el decreto presidencial estableció la censura de prensa al determinar, en su artículo 10, que «en materia de orden público los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones las informaciones confirmadas por fuentes oficiales». No obstante, es evidente que sobre ciertos temas en Colombia la censura está instalada. Con decretos o sin ellos, los falsos positivos no se publican.
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, 20may14]
Tomado de: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/indig48.html
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