A pesar de que disminuyó el número de desplazados en el país, esta tragedia no cesa. 14 municipios viven en medio de las disputas entre grupos ilegales por el control de cultivos de hoja de coca, rutas del narcotráfico y minería.
Aunque los registros son desiguales, cifras estatales y no gubernamentales coinciden en que el desplazamiento forzado disminuyó el año pasado. Foto: archivo Semana.
El año pasado 142.181 personas tuvieron que salir de sus casas y abandonar sus pertenencias para proteger sus vidas, según registros de la Unidad para la Atención de Víctimas. Al respecto, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) afirma que la cifra llega a 219.405.
A pesar de las diferencias en los datos, el gobierno y la Codhes coinciden en que el número de desplazamientos de 2013 es el más bajo de los últimos 15 años. (Descargue aquí los informes de la Unidad de Víctimas y de Codhes)
Sin embargo, ambas entidades, que por primera vez se juntaron para presentar sus informes sobre desplazamiento, están de acuerdo en que los nuevos escenarios de este drama son el litoral Pacífico y la región del Bajo Cauca, en Antioquia.
De acuerdo con los datos, el Valle de Cauca fue el único departamento en el que aumentó el número desplazados en los últimos dos años, en especial en Buenaventura: mientras en 2012 se hablaba de cerca de 160 mil personas que fueron obligadas a salir de este municipio, en 2013 la cifra oficial llegó a más de 203 mil.
Haga clic aquí para ver un cuadro que muestra los 14 municipios de donde han sido expulsadas más víctimas.
“El conflicto ha cambiado de dinámicas, antes se concentraba en la zona de Cundinamarca, luego se trasladó hacía la Costa Caribe y ahora estamos viendo cómo buena parte está en el corredor del Pacífico, donde se presentó la mayor tasa de desplazamiento en 2013”, dijo Marco Romero, director de Codhes.
El estudio de la Unidad de Víctimas asegura que en algunos municipios del Pacífico el desplazamiento está ligado a las disputas entre los grupos armados ilegales por el control de los cultivos de hora de coca para uso ilícito y las rutas del narcotráfico; en el caso del Bajo Cauca las pugnas giran en torno a la producción del oro. En estas zonas, las comunidades más afectadas son las indígenas y los afrodescendientes.
El fenómeno también se presenta en departamentos como Cauca, Tolima, Meta, Caquetá, Putumayo y Norte de Santander donde la presencia de grupos armados, sobre todo de la guerrilla, ha sido histórica. En estas regiones, el desplazamiento está relacionado con la cantidad de acciones armadas y la presencia de la Fuerza Pública.
“Las acciones institucionales en contra de las estructuras armadas ilegales tienen un impacto indirecto en contra de la población civil como efecto colateral”, señala el informe.
El siguiente mapa muestra los municipios donde más se presenta este delito y la relación que guarda con el cultivo de hoja de coca, la explotación minera y el número de acciones armadas.
Según cifras de la Unidad de Víctimas, en 2013 se desplazaron más de 74 mil personas de Nariño, Cauca, Valle, Chocó, lo que representa el 52 por ciento de los desplazamientos que se registraron en todo el país. Las cifras más alarmantes son las de Buenaventura, pues en solo esos dos años más de 36 mil personas tuvieron que abandonar sus viviendas. Por otra parte, en Bagadó, Chocó, en tres desplazamientos masivos se registraron de 4 mil 300 víctimas.
Los corredores del Pacífico tienen una ubicación que permite el tránsito de mercancías legales e ilegales hacia los países del Cono Sur. Diferentes bandas criminales, desde la desmovilización del Bloque Calima de las Auc, el 18 de diciembre de 2004. se han disputado el control del territorio y de los negocios del narcotráfico.
Según el informe, ‘Los Rastrojos’ fue la primera banda criminal que hizo presencia en la zona y en algunos municipios se alió con la guerrilla de las Farc en la producción y distribución de la pasta de coca, así como en actividades de minería ilegal. Pero esta banda criminal se dividió por disputas internas y diferentes facciones de un mismo grupo mantienen constantes enfrentamientos.
En 2011 llegaron ‘lo Urabeños’, en alianza con otro grupo criminal conocido como ‘Los Machos’, y le han restado poder a ‘Los Rastrojos’, especialmente en el municipio de Trujillo, en límites con el Chocó. Los pobladores no solo padecen las consecuencias de los constantes enfrentamientos, sino que ante el debilitamiento de ‘los Rastrojos’, han optado por aumentar el cobro de extorsiones y las amenazas a quien no los pague.
A esto debe sumarse una intensificación de las acciones de las Farc y, por ende, una mayor presencia de la Fuerza Pública. “El incremento de las acciones contra la población radican en las diputas por el control del territorio, ocupadas por otras acciones armadas ilegales, así como también corresponde a una respuesta a los esfuerzos de la fuerza pública para mantener el orden”, dice el informe.
Gran parte de las víctimas pertenecen a resguardos indígenas o comunidades afro del Pacífico. Por ejemplo, en Bagadó, Chocó, todos los desplazados hacen parte del pueblo Embera; en Ricaurte y Tumaco, Nariño, han sido los Awá; en el Cauca, los Nasa y los Esperara Siapidara. Igual sucede con los pueblos Afro de Buenaventura, Litoral de San Juan, López, Timbiquí y Sipí.
En Buenaventura la situación es más crítica. Por su ubicación, que permite el transporte de mercancías fuera del país y por el litoral Pacífico, la han nombrado capital de la Alianza del Pacífico y por ello es el centro de proyectos e inversiones. Según el informe de la Unidad de Víctimas, esto ha dinamizado la presencia de grupos ilegales.
“Ven en la implementación de planes de desarrollo un ambiente propicio para establecer acciones que conlleven al mejoramiento de sus rentas ilícitas, como una estrategia que garantiza la reproducción de sus estructuras y el dominio del territorio”, dice el documento.
En la zona urbana de Buenaventura, ‘los Urabeños’, hacen presencia por medio de una banda conocida como ‘la Empresa’ que ha cometido todo tipo de violencia contra los pobladores mientras se apropia de los mercados ilícitos del municipio. De acuerdo con el informe, ahora se disputan el territorio con un nuevo grupo que se hace llamar las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.
Problemas en Antioquia
Los mayores desplazamientos ocurren actualmente en los seis municipios que forman la subregión del Bajo Cauca, así como en el Valle de Aburrá, Urabá, Norte y Nordeste. En estas zonas hacen presencia bandas criminales como ‘los Paisas’, ‘los Urabeños’, ‘los Rastrojos’, los Frentes 4, 5, 18 y 36 de las Farc y un pequeños grupo del Eln conocido como Compañía Capitán Mauricio.
Desde enero de 2012 hasta marzo de 2014 se han registrado 4.564 personas desplazadas. El 35 por ciento de ellas han huido de sus casas en compañía de más personas en los 14 desplazamientos masivos que han ocurrido en la región. El año pasado en Amalfí, Antioquia, se desplazaron en masa 534 personas.
La diversidad y accidentes geográficos de la zona como el Nudo del Paramillo y las serranías del Abibe, San Jerónimo, Ayapel y San Lucas han sido aprovechadas por los grupos ilegales para ocultarse y desarrollar desde allí todo tipo de negocios ilícitos.
Así ocurre en los municipios de Chigorodó y Mutatá, en Antioquia, donde las Farc usan el Nudo del Paramillo como zona de retaguardia y donde tienen cultivos de coca. La conexión en entre Dabeida y Mutatá le da a la guerrilla el paso hacia el Norte, Occidente y Bajo Cauca. Antioquia es el quinto departamento con mayor número de hectáreas sembradas con Coca y la mayoría se concentra en el Nudo del Paramillo.
De acuerdo a un informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza, en el Nordeste, se produjo por los enfrentamientos entre ‘los Urabeños’, ‘los Rastrojos’, las Farc y el Eln por la fuentes de financiación: el narcotráfico, la extracción minera y el cobro de ‘vacunas’ a los comerciantes y transportadores.
En el Valle de Aburrá y el área urbana de Medellín el desplazamiento, según el estudio, está relacionado con que se han fortalecido ‘los Paisas’ y ‘la Oficina de Envigado’ agrupando pequeñas bandas delincuenciales que ya existían en la zona. A esto se suma interés de ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’ por reclutar menores en los barrios marginales de Medellín.
En Bajo Cauca los grupos ilegales se disputan la explotación de oro, sobre todo en Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. (Ver: Cómo restituir el convulsionado Bajo Cauca)
Las principales víctimas son los indígenas Embera y los afro, sobre todo los desplazamientos masivos. En año pasado en El Bagre salieron desplazados en grupo 607 personas de la comunidad Zenú y de los desplazados de Tierralta, 348 fueron indígenas Embera Katio.
Tomado de: http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/5361-los-nuevos-focos-del-desplazamiento