¿Por qué algunos excombatientes retornan a la ilegalidad mientras que otros se reintegran exitosamente a la vida civil? Estos son los resultados de un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.
Un estudio que será dado a conocer este jueves y que identifica los factores de riesgo para la reincidencia de las personas que habían tomado la decisión de dejar su pertenencia a grupos armados ilegales revela que el 36 por ciento de la población desmovilizada ha sido abordada por grupos criminales que les proponen volver a las filas de la ilegalidad.
El estudio de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, señala, además, que un 10 por ciento ha recibido esta oferta y ha estado tentado a aceptar volver atrás. Es decir, reincidir.
En gran parte, esta decisión depende de “cómo le va en el baile” de la reintegración, como diría un conocido refrán popular, más que de su experiencia misma en el monte.
El estudio busca promover políticas públicas para que el Estado y la sociedad en su conjunto rodeen las decisiones que pueden favorecer romper con este círculo vicioso que arroja a los desmovilizados nuevamente a las manos criminales, teniendo en cuenta que pueden venir las desmovilizaciones de las Farc y del Eln. Por eso ofrece información que hasta hoy no se había estudiado con una metodología rigurosa para incentivar políticas públicas en materia de reintegración de población desmovilizada.
El informe fue elaborado con base en los insumos obtenidos por una encuesta realizada a 1.158 desmovilizados, incluidos los que se encuentran prisión. Los desmovilizados que participaron de este sondeo lo hicieron de forma voluntaria. Además, el grupo de trabajo tuvo en cuenta las estadísticas oficiales, las que cruzó con los datos obtenidos en la encuesta.
Lean estos resultados
Se pudo establecer que el 61.8 por ciento de la población desmovilizada encuestada no ha reincidido en actividades criminales, esto es un alivio para la política pública. Sin embargo, lo deseable sería un porcentaje todavía más alto con el fin de que quienes deciden dejar las armas se mantengan a toda prueba en el camino de la legalidad.
El estudio señala que el 18.6 por ciento de los desmovilizados muestran altos niveles de reincidencia en actividades criminales. Y el 19.6 muestran niveles medios de reincidencia.
En cuanto a ser proclives a reincidir, el estudio constata que el 47 por ciento del 62 por ciento que no ha incurrido directamente en prácticas criminales sí manifestaron abiertamente simpatías a comportamientos reincidentes. Lo que significa que así no incurran en conductas delictivas, el 47 por ciento no ve que eso esté mal por parte de quienes sí las comenten.
En un esfuerzo por sintetizar las distintas variables, el informe concluye que de la población desmovilizada el 20 por ciento de los desmovilizados está totalmente reintegrada, el 42 por ciento se encuentra en riesgo bajo-medio de ser proclive a la reincidente o vulnerable al reclutamiento. Y el 14 por ciento en riesgo medio-alto por ser proclive o no descartar eventualmente volver a enrolarse en las filas ilegales.
La probabilidad de una reincidencia aumenta no tanto por las características de las regiones, sino porque estas confluyen con los factores de riesgo a los que se enfrenta cada desmovilizado. Es por esta razón que puede explicarse que la población que se reintegra en las regiones en las que se desarrolló la actividad delictiva tiene más posibilidades de reincidir que la que no.
En todo caso el equipo investigador advierte que no se conoce con absoluta certeza el tamaño de la población desmovilizada que ha retornado a la ilegalidad. Tampoco existía buena información sobre las motivaciones que generan y explican la reincidencia de los excombatientes por lo que este estudio avanza en este frente.
Una de las conclusiones explícitas del informe ‘Retorno a la legalidad o reincidencia’ es que “los procesos de paz y reintegración en Colombia son más exitosos de lo que plantean los críticos, pero aún así queda mucho trabajo por hacer”. Por eso dice el informe- “entender los factores de riesgo asociados a un retorno a la legalidad exitoso es la mejor manera de definir los medios para prevenir que los reincidentes potenciales se conviertan en reincidentes comprobados».
Qué explica la reincidencia
En general, el estudio arroja que es la experiencia misma de la reintegración y cómo le va en esta a cada desmovilizado el factor decisivo para que este decida quedarse en la legalidad o devolverse a la ilegalidad. Por eso el informe resalta la importancia del trabajo de programas como la Agencia Colombia de Reintegración ACR-.
En un segundo plano, los investigadores encontraron otras motivaciones que entran en juego: el nivel educativo, el dinero, un empleo estable, una vida cómoda o beneficios materiales a la vista. También están el poder, el estatus, el respeto y factores como la venganza, el gusto por la vida militar o por la aventura y las malas relaciones familiares.
Ya en un tercer plano entra en juego aquello que en principio puede pensarse como un factor determinante, pero que el estudio concluye como factor NO determinante: el tiempo que se haya permanecido en el grupo armado ilegal, el grado de disciplina interna de la unidad a la que se perteneció y la experiencia en combates. La experiencia que haya tenido en la ilegalidad, hace que el desmovilizado sea más vulnerable al reclutamiento por parte de grupos al margen de la ley.
Disminuir la insatisfacción con programas de reintegración, y, en cambio, estrechar los lazos con las entidades oficiales, disminuir los niveles de inseguridad, disminuir la depresión y el estrés postraumático, garantizar la cercanía a la familia reducen, sin duda, la probabilidad de reincidencia así como la vulnerabilidad al reclutamiento.
Intervenciones como la reintegración comunitaria, el bienestar económico y la formación para el trabajo si se hacen de forma aislada pueden generar efectos adversos si no se desarrollan como una estrategia integral.
En todos los casos, cuando los desmovilizados se deciden por el camino de la ilegalidad, prefieren hacerlo en grupo que solos, en lo que puede conocerse como redes de reincidencia. Las regiones donde pueden encontrarse con mayor frecuencia estas redes son de mayor a menor Santander, Antioquia, Bogotá, Córdoba, Meta, Norte de Santander y Sucre.
Por eso el informe insiste en políticas que logren romper esta especie de cordón umbilical entre el excombatientes y los nexos con esas nocivas redes sociales. En cambio, la investigación insiste en crearles a los excombatientes un entorno que reduzca la oferta a participar nuevamente de actos criminales.
Qué se recomienda
Los investigadores recomiendan entonces a las entidades encargadas de la política de reintegración realizar un perfil de cada persona que decide dejar su actividad en grupos armados ilegales. Este perfil debe incluir aspectos como si ha estado o no asociado al combate directo, su nivel educativo, los niveles de depresión y estrés postraumático, la disciplina y cohesión del grupo al que perteneció, así como las motivaciones que tuvo para haber ingresado a este.
También recomienda que haya una identificación de las redes sociales que permiten a los desmovilizados mantenerse en su decisión de dejar las armas, así como un mapeo de las redes sociales que pueden llevarlos otra vez a la ilegalidad. Esta información debe pasar de ser útil a eventuales operaciones militares, para, mejor, estar al servicio del proceso de reintegración. Y aquí se sugiere privilegiar la reubicación de las personas que dejan las armas, pues su permanencia en las regiones donde participaron de actividades ilegales, así como su contacto con antiguos compañeros de armas, los hace proclives a la reincidencia.
Otra sugerencia realizada por este grupo de investigadores señala que es importante evaluar si el trabajo individual en el proceso de reintegración debe privilegiarse sobre el dinámicas más grupales que contrarresten las redes sociales nocivas.
Una recomendación más es avanzar en una estrategia que les permita a los desmovilizados apreciar los distintos beneficios como un todo hacia su ciudadanía en la legalidad, que programas que son percibidos por ellos como simples requisitos de forma.
El grupo investigador sugiere igualmente avanzar en un estudio sobre la situación sicológica de los excombatientes, pues hasta el momento no se conoce; también incentivar en todos los programas y herramientas el enfoque de cultura de la legalidad para modificarles a lo largo de la ruta de reintegración su escala de valores. Además, sugiere que también haya una línea de trabajo que tienda a reconstruir las antiguas relaciones familiares de los desmovilizados o, en su defecto, que se fomente la generación de nuevas relaciones familiares.
Un mayor nivel de confianza en el Estado reduce la probabilidad de reincidencia del desmovilizado. Por eso, el informe resalta “que las diferentes entidades del Estado tengan en cuenta a los desmovilizados como una población que tiene que ser atendida prioritariamente para lograr la meta de la reconciliación nacional y la construcción de una paz sostenida y duradera”.
El estudio fue realizado con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y el apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA). La Agencia Colombia de Reintegración ACR- aportó información y sirvió de enlace con la población desmovilizada.
Tomado de: http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/270