Quienes impulsaron y festejaron el golpe de Rojas Pinilla tenían calculado que su papel de árbitro duraría entre el 13 de junio de 1953 y el 7 de agosto de 1954. Rojas no pensaba así y presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (Anac) que sesionaba —desde cuando fue convocada por Laureano Gómez— dos proyectos íntimamente ligados: la elección de Rojas Pinilla como presidente legítimo y una ley que prohibía el comunismo. Sustentó el primer proyecto en la imperiosa necesidad de consolidar el orden público y el segundo en la infiltración comunista.
Los partidos tradicionales, que ya comenzaban a temer la instauración de una dictadura militar —salvo el laureanismo y sectores marginales del Partido Liberal—, sentaron su protesta. Mariano Ospina, mentor del general y jefe supremo, quien además presidía la Anac, hizo aprobar las normas en la reunión convocada para agosto de ese año. El movimiento estudiantil, muy cercano al liberalismo, organizó en junio una manifestación en memoria de Gonzalo Bravo Pérez, caído durante una protesta contra Abadía Méndez en 1928.
En la puerta de la gloriosa Universidad Nacional cayó esta vez Uriel Gutiérrez. Al día siguiente hubo otra manifestación aún más grande y el batallón Colombia, acabando de regresar de Corea, disparó contra los estudiantes: 10 muertos y 40 heridos. El Gobierno declaró que infiltrados comunistas y agentes laureanistas habían disparado contra la tropa. Durante tres meses el Gobierno agitó esta acusación por todos los medios: “El comunismo soviético busca apoderarse de la patria”.
La ley anticomunista fue aprobada como acto legislativo número 6, firmado por Mariano Ospina Pérez y el ministro Lucio Pabón Núñez. La ley colombiana fue copiada de The subversive activities control act of 1950, impulsada por el senador Joseph McCarthy. Esta enmienda, pieza maestra de la Guerra Fría, fue la herramienta para desplegar la más brutal persecución de la izquierda norteamericana, cuyas más conocidas víctimas fueron los esposos Julius y Ethel Rosemberg, acusados de espionaje a favor de la URSS y ejecutados en la silla eléctrica en 1953. Fueron perseguidos también Charles Chaplin, Arthur Miller, Elia Kazán, John Steinbeck.
Con base en esta ley se impidió la entrada al país de Pablo Neruda. La ley que prohibía el comunismo en el país se sustentaba en los hechos del 8 y el 9 de junio y en el levantamiento del 9 de abril. La Corte Suprema de Justicia concluyó en diciembre que “en las muertes de los estudiantes no tomaron parte el comunismo ni la subversión laureanista”.
Los culpables de pertenecer, colaborar, simpatizar con el comunismo podían ser condenados a prisión entre uno y cinco años o confinados en una colonia penal agrícola. El Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) fue el encargado de definir quién era “rojo”. Para Rojas, “guerrilleros intelectuales” eran Eduardo Santos y Alberto Lleras. De otro lado, la ley buscaba ganar el apoyo del gobierno de EE. UU. para la reelección del “segundo libertador”, como gustaba ser llamado el jefe supremo. La política de guerra fría adoptada por Rojas Pinilla tuvo su más cruel y brutal desarrollo en la llamada Guerra de Villarrica, situada en la falda occidental del Páramo de Sumapaz, en el oriente del Tolima.
A partir de los años 40 el movimiento agrario entró en una fase política y muchos de sus dirigentes fueron a elecciones con distinta suerte. Juan de la Cruz Varela fue elegido a la asamblea del Tolima entre 1945 y 1949. Gaitán ganó las elecciones de 1947 y al año siguiente fue asesinado. En Fusa y Pasca, los nueveabrileños se tomaron la alcaldía y apresaron a las autoridades, igual a lo sucedido en Ceilán, Valle, y en muchos municipios liberales del país. El levantamiento duró una semana.
En Villarrica, que era un pueblo liberal, hubo tres muertos conservadores el 10 de abril, pero rápidamente se retornó a la normalidad. En agosto, Laureano había dicho desde España: “Creo que la guerra civil es inevitable, quiera Dios que la ganemos nosotros”. La violencia conservadora comenzó en agosto en San Bernardo, donde miembros de la policía chulavita asesinaron a tres y dejaron 15 heridos.
En octubre, Juan de la Cruz sufrió un atentado en Arbeláez, pueblo eminentemente conservador, después de lo cual el dirigente se refugió en el alto Sumapaz. Justamente en ese año fue nombrado director de la colonia de Villamontalvo Eduardo Gerlein, un barranquillero que andaba siempre escoltado por la chulavitas y que había llegado a conservatizar la región. Según Rocío Londoño, pocos días después asesinaron a 140 personas en la vereda San Pablo cuando los llevaban presos para la cárcel de Cunday.
Los homicidios, la quema de ranchos y la violación de niñas continuaron durante todo el año. Al final los campesinos habían organizado su resistencia bajo la modalidad de autodefensas campesinas. Su primera operación consistió en atacar una patrulla del Ejército, allí resultaron muertos 19 soldados. El Gobierno bombardeó la vereda de Mercadillas, donde se desarrolló la acción.
Varela fue uno de los principales organizadores de la autodefensa. Los más importantes grupos se organizaron en las veredas El Roble y Galilea, en Villarrica, y El Palmar, en Icononzo. En esta vereda ingresó Varela al Partido Comunista en 1952. Una asamblea de autodefensas lo eligió comandante del grupo junto con otros campesinos: Luis Enrique Hernández, alias Solito; Salomón Cuéllar, alias Vencedor, y Rafael Castellano, Tarzán, originalmente de las autodefensas de Viotá; Víctor Jiménez, alias Roncerías, y Luis Mayusa, alias Gavilán, que había sido parte del comando de Chicalá, Tolima, bajo el mando de Isauro Yosa.
El ataque a El Palmar se produjo en diciembre de 1952 y dio lugar a otra marcha de unas 4.000 personas hacia Villarrica. Los enfrentamientos fueron constantes y sangrientos. De Villarrica la marcha continuó hacia el alto Sumapaz buscando refugio en el páramo, donde Varela reorganizó a la gente y formó las autodefensas de la región. Los insurgentes atacaron el puesto militar de La Concepción, la base militar más importante del Ejército en el alto Sumapaz.
Con Varela en el Partido Comunista, el grueso de las autodefensas siguió las directrices del comité central, uno de cuyos más ilustrados dirigentes, Gilberto Vieira, había orientado la lucha agraria en la región del Tequendama. Varela participó en la célebre Conferencia Boyacá en 1952; en julio de 1953 tomó contacto con el general Duarte Blum, a raíz de lo cual el Gobierno atendió las demandas de las autodefensas y convinieron una entrega de armas que, según los viejos guerrilleros, fue más bien un acto simbólico porque la mayoría de armas buenas quedaron en manos de los guerrilleros. Uno de los puntos principales de la exigencia de los campesinos fue un plan de parcelación y de devolución de las tierras despojadas por los conservadores a sus legítimos propietarios. En la entrega de armas apareció Avenegra, que llegó de la región de Natagaima, donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior.
El Gobierno creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro y el Instituto de Colonización e Inmigración. El Partido Comunista, que conocía de sobra el anticomunismo del general, no compartió del todo la decisión y adicionó a las demandas agraristas la amnistía general y el levantamiento del Estado de Sitio, para lo cual creó el Frente Democrático. Seis meses después se hicieron regulares las quejas de los campesinos —que al regresar a sus tierras las encontraron ocupadas o vendidas— y los programas de rehabilitación nunca arrancaron.
El mismo general Duarte Blum, que había hecho los acuerdos y recibido las armas, declaró a la misión militar norteamericana que “esas promesas de ayuda económica no se han cumplido”. El tesorero del Partido Liberal dijo: “Se ofrecen pajaritos de oro y todo no queda más que en un pantalón de dril, una camisa y un salvoconducto”. En estas condiciones, numerosos grupos de campesinos que se habían desmovilizado se enmontaron de nuevo con sus familias.
El coronel Cuéllar Velandia, cinco días después de ser nombrado jefe civil y militar del Tolima, en marzo de 1955, denunció “la agitación comunista en Ortega y Villarrica” y dio comienzo a una “drástica limpieza… a fin de poner coto a la depredación”. Poco después, el oriente del Tolima fue declarado zona de operaciones militares: se decretó el toque de queda, se levantó un empadronamiento general y se construyó un campo de concentración en Cunday.
Hubo redadas generales a mediados de abril en las que fueron “trasladadas a centros de trabajo” unas 4.000 personas y 250 presos fueron remitidos al campo de concentración. Uno de ellos fue Isauro Yosa, Mayor Lister. Paralelamente, el Gobierno emitió un decreto que limitaba la libertad de prensa e impedía entregar información relacionada con actos ilegales o deshonrosos de las FF. AA., bajo pena de cárcel. La guerra comenzó de nuevo. A fines de abril de 1955 el Gobierno informó de manera sucinta sobre las operaciones militares, que “en primera fase se habían hecho para despejar el eje Cunday-Villarrica-Berlín.
El Batallón Colombia se apostó cerca de Villarrica y los combates entre fuerzas reagrupadas del Sumapaz y el Ejército fueron aumentando en frecuencia y en composición de fuerzas. En mayo hubo un enfrentamiento que duró tres días, en el que aparece ya la figura de Luis Morantes, que el país conocerá como Jacobo Arenas, y quien había continuado la agitación emprendida por Erasmo Valencia.
Juan de la Cruz Varela le escribió al Gobierno denunciando que la represión del Ejército había obligado a 2.000 trabajadores a refugiarse en las montañas para salvar sus vidas. El Gobierno aducía que la región había sido infiltrada por el comunismo soviético y que si había problemas de tierra era porque los comunistas se habían apoderado de las tierras de humildes labriegos.
Navas Pardo, amigo íntimo de Rojas y jefe del Ejército, decía que en el país había 15.000 bandidos en operación, de los cuales 3.000 era comunistas. Los militares hablaban de que en el Tolima se habían creado “superestados”. Al embajador norteamericano le comunicó que Lister, “un líder de la guerra civil española”, había muerto con otros de origen alemán, checo e inclusive ruso.
El embajador de EE. UU., en un informe al Departamento de Estado escribió que el análisis de la Brigada de Orden Público del Tolima ha llegado a la conclusión de que “todos los habitantes del área rural son bandidos en potencia”. Pero el análisis falla en presentar evidencia satisfactoria de infiltración e inspiración comunistas en la acción guerrillera. “La lucha en los alrededores de Villarrica —recordaba un guerrillero— duró entre seis y ocho meses defendiendo posiciones… decíamos que tenían que matarnos para poder sacarnos de ahí”.
Los guerrilleros, bajo el mando de comandantes que tenían experiencia de la resistencia tanto en Sumapaz como en el sur del Tolima, organizaron la que se llamó “La Cortina”, una línea defensiva de trincheras donde esperaban impedir el avance de las tropas oficiales. res, inclusive colchones, camas, gallinas” (ver recuadros).
La embajada norteamericana informó a su gobierno que entre el 7 y el 10 de junio Villarrica había sido destruida por el bombardeo aéreo y por el incendio causado por las bombas napalm. La Fuerza Aérea “nos informó privadamente que la FAC arrojó aproximadamente 50 bombas napalm fabricadas aquí (en Colombia)”, lo que permitió la captura de la Colonia, que había sido zona de colonización desde los años 40 y que el Ejército consideraba la sede del movimiento comunista. Felipe Salazar Santos, jefe liberal del Tolima, escribiría más tarde: “Fue una ocupación militar y política de ‘tierra arrasada’… contra todo lo sospechoso de comunista”. Según Navas Pardo, la ofensiva “rompió la organización comunista en el oriente del Tolima.
Desde el golpe militar, Rojas entró en conversaciones con el gobierno de EE. UU. para comprar armas por un valor de 150 millones de dólares, suma que era superior al total de asistencia militar a América Latina. Se dijo que el Gobierno gastó la cosecha cafetera de 1954, que alcanzó los más altos precios de la década, en armas y pertrechos. En mayo de 1955 había comprado 3.000 bombas napalm, que, como se sabe, son gasolina espesada que al estallar se derrama a una temperatura de 700 grados centígrados. No obstante, el embajador norteamericano cuestionó el negocio de las armas, consideradas por él mismo como “de terror” porque supondría un uso que podría ser desaprobado por todo el continente.
Sin embargo, ante la insistencia de los militares colombianos que habían determinado que la guerra contra las guerrillas se debía terminar el 8 de junio para conmemorar el golpe de Estado, aceptó que “la misión aérea en Bogotá auxiliara técnicamente a la FAC en la preparación de bombas. Así concluyen Silvia Galvis y Alberto Donadío en su biografía sobre Rojas Pinilla: “El bombardeo fue de manufactura múltiple: asesoría norteamericana, materia prima europea y mano de obra colombiana”.
La violenta y desproporcionada ofensiva de las FF. MM. sobre Villarrica obligó a los guerrilleros no sólo a romper la cortina, sino a cambiar radicalmente de estrategia y a convertir su fuerza en lo que se llamó guerrilla rodada o móvil. Estas guerrillas hostigaron al Ejército con el objetivo de permitir que la población civil fuera evacuada hacia el alto Sumapaz, donde el movimiento de autodefensa organizado por Varela había sido y seguía siendo muy fuerte, El Ejército temía el enfrentamiento y en cierta medida lo evitó a pesar de bombardeos y ametrallamientos esporádicos. Otro contingente civil compuesto emigró hacia la Hoya de Palacio en las cabeceras del río Duda, que bota sus aguas al Guayabero. Fueron marchas verdaderamente heroicas. Cientos de familias sin comida, con niños, animales domésticos, bártulos.
Perseguidas por tierra y aire por las FF. MM., lograron en seis meses escapar de la ofensiva e instalarse en las regiones altas del macizo de Sumapaz. Otras fueron evacuadas y fundaron colonizaciones en las vertientes del río Guayabero, del Ariari y de El Pato. Toda la vertiente del Orinoco. Algunas regresaron a Villarrica.
Rocío Londoño afirma que los comandantes guerrilleros formaron cinco contingentes, “uno al mando de Richard que, como se recordará, había llegado desde El Davis; el segundo al mando de Diamante; el tercero al mando de Palonegro; el cuarto con Avenegra, también del sur del Tolima, y el quinto con Tarzán, venido del Tequendama, y de Luis Mayusa, Gavilán. En diciembre se reunió una conferencia de comandantes a la que asistieron, entre otros, Varela, Vencedor, y Anzola, dirigentes guerrilleros, con el fin de organizar la resistencia armada y la colonización de las regiones de La Uribe y El Duda.
También se habló de crear un ejército de liberación nacional. Entre 1955 y 1957 las dos estrategias complementarias de sostener una guerra de guerrillas rodadas desde el Guayabero y el Caguán hasta el Magdalena, y al mismo tiempo colonizar la vertiente oriental del Sumapaz desde el Ariari, en Meta, hasta El Pato, en Caquetá-Huila, se pusieron en práctica. Fue lo que se ha llamado la colonización armada. Mientras esto sucedía y Rojas fundaba la Tercera Fuerza, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firmaban el Pacto de Benidorm en España, base del Frente Nacional.
En el oriente del Tolima, Juan de la Cruz Varela entró en conversaciones con Rafael Parga Cortés —que conversaba también con Mariachi en Planadas, en el sur del departamento—, exigiendo garantías del Gobierno para volver a sus fincas y regresar a sus dueños legítimos las tierra usurpadas, abrir líneas de crédito barato, dotar de herramienta e insumos a los agricultores, abrir la cárceles, adjudicar baldíos sin costo, levantar el estado de sitio y desmontar las “guerrillas de paz” y las bandas de pájaros y chulavitas.
El gobierno de Alberto Lleras instituyó el Plan Nacional de Rehabilitación Nacional. Manuel Marulanda Vélez se acogió y, sin entregar armas, fue nombrado inspector de la carretera entre Planadas, Gaitania, San Luis y Aleluya. Los combatientes y sus familias que se refugiaron en las regiones de Marquetalia y Riochiquito y los que lo hicieron en el Ariari, el Guayabero y El Pato, adelantarían el desmonte de selvas y la fundación de fincas. Serían las que los militares y Álvaro Gómez llamarían Repúblicas Independientes.