Un 19 de septiembre del año 2001, en medio de una ciudad que contaba y cuenta con presencia permanente de un número importante de integrantes de la fuerza pública, fue asesinada al medio día, la defensora de derecho humanos y exreligiosa Yolanda Cerón Delgado, cuando iba llegando a la iglesia La Merced en compañía de su sobrino.
A pesar de las constantes denuncias sobre amenazas de muerte de las que venía siendo víctima la defensora, por la denuncia permanente de la connivencia entre la fuerza pública y los miembros del Bloque Libertadores del Sur al mando de Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”, de la presencia del grupo paramilitar facilitando el despojo de los territorios de las comunidades negras de Tumaco, que estaba asesorando para la constitución y titulación de los Consejos Comunitarios en desarrollo de los derechos reconocidos en la Ley 70 de 1993 y, de la relación de comerciantes del municipio de Tumaco con dicho grupo; la vida de la defensora fue violentamente arrebatada.
Luego de la iniciación del proceso penal en justicia ordinaria contra varios de los integrantes del mencionado bloque paramilitar, y de que no se garantizaran los derechos propios de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; entró en vigencia la Ley 975 de 2005, mal llamada “Ley de Justicia y Paz”, como una figura artificiosa para continuar con la impunidad y con el desconocimiento de graves violaciones de derechos humanos y de estructuras empresariales que se beneficiaron y financiaron con la presencia de grupos paramilitares en las regiones; de tal forma que la investigación que se venía adelantando en justicia ordinaria pasó bajo el nuevo régimen investigativo.
Bajo dicha ley, fueron postulados los señores Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”, reconocido narcotraficante que se encuentra extraditado en Estados Unidos y comandante del BLS, y Jorge Enrique Ríos Córdoba, alias “Sarmiento” segundo al mando del mencionado bloque, entre otros. Durante las distintas audiencias propias del proceso de ley 975 y a lo largo del proceso, la fiscalía presentó un contexto bastante pobre frente a la recaudación de pruebas sobre a los nexos existentes entre fuerza pública, empresarios de la región y el grupo paramilitar; a pesar de que en varias oportunidades la representación de víctimas manifestó y puso en conocimiento documentos que prueban las constantes denuncias sobre la connivencia, pero además de las amenazas en su contra y del actuar de los paramilitares en la región.
Actualmente se está a la espera de que la Magistrada ULDI TERESA JIMENEZ, no legalice los cargos formulados a los mencionados comandantes y además los excluya del proceso de ley 975, toda vez que no se cumplieron los requisitos exigibles para continuar con la postulación, ya que no se garantizaron los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta que la verdad establecida por la fiscalía, es la verdad que fue versionada por los postulados en los que afirman que el asesinato de la exreligiosa y defensora de derechos humanos, se debió por su pertenencia al grupo guerrillero ELN, afirmación que fue asumida como cierta durante la mayoría de audiencias por la Fiscalía, desconociendo todo lo referido y aportado por la representación de víctimas.
La voz de YOLANDA no pudo ser acallada por las manos criminales y por sus autores intelectuales, las comunidades negras a pesar de su ausencia continuaron lentamente con “el trabajo que apenas comienza”, tal como ella misma lo manifestaba, logrando la titulación de sus territorios a pesar de la constante presencia de empresas palmeras que han venido consolidándose luego de la presencia del grupo paramilitar.
YOLANDA sigue como espíritu impulsador, de resistencia, de lucha y de defensa de la vida y el territorio, en cada uno de los habitantes de las comunidades negras que se encuentran en la zona rural de Tumaco y pese a su partida física, el trabajo continúa.