La historia contemporánea de Colombia nos muestra una presencia constante de la violencia y la guerra permeando las relaciones políticas e influyendo en la dinámica económica y social del país. Durante casi dos siglos, la lucha por el poder político se hizo por la vía de la violencia armada: el oponente era, ante todo, un enemigo al que derrotar y, de ser posible, destruir y desaparecer físicamente. El momento actual es clave como posibilidad de romper con el hilo histórico de violencia que ha impuesto el modelo oligárquico como opción para la acción política.
Como decíamos, durante casi dos siglos no fueron los debates parlamentarios los que primaron, sino los enfrentamientos armados, las masacres, los levantamientos y guerrillas partidistas[1]. Así se tramitaban cuestiones de hegemonía política y económica; también otro tipo de disputas y contradicciones de familias, incluso con la Iglesia Católica inmiscuida. Los partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador, tienen su origen en las luchas violentas por el poder. La adscripción a cada partido no surgía tanto de una perspectiva doctrinaria, de afinidad con determinados principios o con un programa político concreto, como de aspectos como las rivalidades familiares vecinales o institucionales, o la necesidad de protección y sobrevivencia.
La oligarquía colombiana ha recurrido al uso sistemático de la violencia a través del Estado para eliminar cualquier amenaza a su estabilidad. Siempre que se hizo presente la desobediencia, la lucha popular e, incluso, las acciones de oposición dentro de las reglas de juego establecidas por el régimen, la respuesta fue criminal y violenta: masacres en campos y ciudades, desaparición forzada, sicariato, despojo de tierras, encarcelamiento y tortura.
Historia de violencia
Con engaños y traición fue desactivada la insurrección comunera y asesinado José Antonio Galán. En los inicios de la República lograron encarcelar y desterrar a Antonio Nariño, asesinar a José María Cabal, a José María Carbonell, Antonio José de Sucre y muchos patriotas comprometidos con la causa popular que apostaban por romper más radicalmente el cordón colonizador. Atentaron incluso contra Simón Bolívar.
En 1854 fue desterrado el general José María Melo, demócrata de ancestros indígenas y militar que participó en casi todas las batallas importantes de la independencia de Suramérica, quien había promovido una insólita alianza de artesanos cada vez más empobrecidos y militares e intelectuales desilusionados de las fórmulas económicas de la oligarquía. En 1901 asesinaron también por oponerse al régimen oligárquico al general Liberal Avelino Rosas, amigo y compañero de luchas de Eloy Alfaro y José Martí. Entre 1830 y 1890 hubo catorce guerras civiles de ámbito provincial.
Entre 1850 y 1870, otras 20 revoluciones locales, de las cuales diez fracasaron y diez culminaron con la deposición violenta de los gobernantes[2]. En la década de 1920, los movimientos popular, sindical, campesino e indígena fueron cruelmente reprimidos. Se recuerda con dolor la masacre el 6 de diciembre de 1928 de los trabajadores bananeros, ordenada por la United Fruit Company y realizada por el ejército colombiano. En esta segunda década del siglo XX se arremete también contra la rebelión indígena encabezada por Manuel Quintín Lame. Asediaron a los pueblos y a sus dirigentes obligándolos a la insurrección armada y una vez se produjo el levantamiento justificaron la arremetida contra las comunidades organizadas y derrotaron por la fuerza esos intentos de reivindicación social, política, cultural y territorial[3].
El 9 de abril de 1948 es asesinado por sicarios Jorge Eliecer Gaitán, candidato a presidir la República que se atrevió a reivindicar los intereses de la clase trabajadora y el campo popular. Este asesinato produjo de inmediato una inmensa movilización general y espontánea, elBogotazo. El régimen conservador de Mariano Ospina Pérez sacó al ejército a las calles para reprimir el alzamiento, desatando una ola de asesinatos que alcanzaron la cifra escalofriante de 300.000 víctimas en cinco años.
En 1953, el pueblo liberal gaitanista, organizado en guerrillas, aceptó la amnistía propuesta y concedida por el dictador militar Rojas Pinilla y decidió su incorporación legal a la vida política. Al poco, fueron asesinados cientos de los líderes y mandos guerrilleros desmovilizados. En 1957 cae asesinado el ex-dirigente guerrillero liberal Guadalupe Salcedo y, posteriormente, Dumar Aljure. Este periodo tuvo su momento definitivo con la agresión en 1964 a los campesinos organizados en auto-defensas en Marquetalia, Riochiquito, el Pato y Guayabero, mediante el denominado Plan Lasso, con la intervención directa de militares gringos dirigiendo batallones de fuerzas militares colombianas.
Como reacción a esta agresión violenta por parte de la oligarquía colombiana y producto de la acumulación de situaciones de exclusión, injusticia, afección a las libertades y terrorismo de Estado, se origina un nuevo escenario de lucha. En 1964, 1965 y 1970 surgen los movimientos guerrilleros FARC-EP, ELN, EPL, M19, Quintín Lame y PRT; al tiempo que resurgen los movimientos indígena, obrero, campesino, estudiantil y cívico popular.
Esta nueva iniciativa es enfrentada nuevamente por la acción violenta del Estado, perfeccionada en las décadas anteriores: la tortura, el asesinato selectivo, la desaparición forzada, la infiltración de los movimientos sociales, la persecución sistemática a líderes populares y, después, las masacres colectivas y la práctica de tierra arrasada; a través de grupos paramilitares, la acción directa de las fuerzas armadas oficiales y el uso de la delincuencia común. En este último periodo de terrorismo oficial cayeron asesinados Camilo Torres, Jaime Bateman, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, José Antequera, Teófilo Forero, Oscar William Calvo, Manuel Cepeda, Leonardo Posada, Pedro Luis Valencia y Octavio Vargas Cuéllar, entre otros. Además, cientos de militantes y dirigentes de izquierda fueron encarcelados u obligados a exiliarse.
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