Entre los funcionarios internacionales a cargo de la política internacional de fiscalización de drogas es común escuchar la siguiente fórmula retórica: ¿Son las drogas peligrosas porque son ilegales, o son ilegales porque son peligrosas? Es su preámbulo para concluir la necesidad de mantener sin modificación el régimen prohibicionista vigente, pues de lo contrario sobrevendría catástrofe para la salud pública global a causa del subsecuente consumo desenfrenado de drogas.
La retórica pierde efectividad al constatar el enorme daño causado por las organizaciones criminales transnacionales que han surgido durante los últimos 30 años al amparo de la actual política antidroga, y que hoy manejan a su favor la inestabilidad política y anarquía reinantes en países de África Occidental y el Sahel, y partes de Norte y Centroamérica, disputándose el control de rutas de entrada a los lucrativos mercados ilegales de Europa y EUA. Hay abultada evidencia sobre el peligro que representa la política internacional antidroga vigente. Sin embargo, en esa discusión generalmente queda por fuera un aspecto clave para el mantenimiento de la política antidroga vigente: la inercia del presupuesto público destinado a enfrentar el problema de la drogas.
Oportunamente el DNP publicó hace unos días un documento sobre el gasto del Estado colombiano frente al problema de las drogas en el cual se desagregan los recursos públicos destinados a tal fin en la vigencia 2010.[1] Según el informe, entre 1995 y 2010 el país gastó en la lucha contra la droga cerca de $20 billones (pesos constantes de 2010 o el equivalente a US$ 11.000 millones), de los cuales en 2010 se ejecutaron $1.9 billones (equivalente a US$ 1.000 millones). Un monto no despreciable. Sin embargo resulta marginal comparado con los US$15,100 millones solicitados ese año por el gobierno de EUA para su lucha contra las drogas que, a su vez, son francamente fútiles ante los US$500 – 800 mil millones que se estima mueve el mercado ilegal de drogas en el mundo cada año.
El mercado ilegal de drogas en el mundo mueve cada año entre US$500 y 800 mil millones. Durante los últimos 30 años al amparo de la política antidroga han surgido poderosas transnacionales del delito. Hoy manejan a su favor la inestabilidad política y anarquía reinantes en países de África Occidental, Norte y Centroamérica.
¿Cómo gastó Colombia su presupuesto antidroga en 2010? El 64% ($1,2 billones) lo destinó a reducir la oferta de drogas, es decir, al control del tráfico y distribución de precursores químicos y drogas ilícitas, desmantelamiento de redes de narcotráfico, y la identificación y destrucción de cultivos ilícitos e infraestructura de producción de drogas, con sus respectivos operativos de seguridad. Llama la atención que en la ejecución del conjunto de estas actividades se gastaron menos de 2/3 del monto reportado, quedando el 41% del gasto registrado bajo el diciente rubro “sin especificar”. Otros $ 0,5 billones (26%) se destinaron al fortalecimiento jurídico e institucional, de los cuales 50% se destinaron a la judicialización y penalización por delitos contra la salud pública y relacionados; $ 0,1 billones (5,5%) para el desarrollo alternativo de los cuales el 80% se destinó a familias guardabosques a través del Programa de Acción Social de la Presidencia; y $ 0,08 billones (4%) para reducción del consumo, de los cuales el 75% se destinaron a prevención, tratamiento y rehabilitación. Las entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías), aportaron casi la totalidad de los recursos destinados a este fin.
Durante 2010 el 61% de este presupuesto fue ejecutado por Mindefensa (Armada 33%, Policía 22%, Ejército 5%, Fuerza Aérea 1%), 13% por la Fiscalía, 10% por Mininterior y justicia, y 10% por Acción Social (Presidencia de la República). El informe concluye destacando la notoria concentración de recursos en los componentes represivos de la política, y el desinterés de las entidades nacionales en la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas: Minprotección ejecutó $7.243 millones, menos de la décima parte de los recursos destinados por las entidades territoriales en 2010.
¿Será este enorme desequilibrio presupuestal producto del sesgo represivo –característico del marco de la Convención Única sobre Estupefacientes que rige la política antidroga actual– un impedimento central para modificar esa política? La inercia presupuestal que en el marco de la política antidroga año tras año engrosa las arcas de entidades a cargo de la aplicación de la ley como la fuerza pública, fiscalía, ministerios de interior y justicia y la propia presidencia, parece sugerir que así es.
Por eso, en la discusión sobre la política antidroga quizás lo central no sea establecer cuál es el estatus legal más conveniente para la mariguana, la cocaína o la heroína, sino dónde debe residir la competencia para sancionar su uso y cómo ello se debe reflejar en el presupuesto público. Esa fue la solución que encontró Portugal en 2001: al descriminalizar la droga mantuvo su prohibición como regla pero sustrajo del sistema penal la competencia de sancionar su uso y actos preparatorios. El efecto de la medida inmediatamente se tradujo en una recomposición radical del presupuesto público destinado al tema, dado que estas competencias pasaron a autoridades administrativas denominadas Comisiones para la Disuasión a la Adicción a las Drogas.
¿El resultado? Gracias a la reorientación presupuestal se incrementó el número de comunidades y centros de desintoxicación y tratamiento terapéutico en ese país, y dos años después de implantada la reforma el número de personas en tratamiento se incremento 150%, pasando de cerca de 6.000 en 1999 a casi 15.000 en 2003. Más aun, el número anual de muertes asociadas a consumos agudos de drogas descendió en 30%, de 400 en 1999, a 290 en 2006.
¿Desfondar de un plumazo los presupuestos públicos de la fuerza pública y la justicia no es dejar el camino libre a las organizaciones criminales? ¿Con menos represión y más prevención y tratamiento, desaparecerá el consumo de drogas? La respuesta anticipada es no: no hay “balas de plata” para acabar con el problema de las drogas como ha quedado claro después de 30 años con la política antidroga actual. Pero descriminalizar es un paso para corregir el pasmoso desequilibrio en favor de la represión que gobierna los presupuestos públicos en el presente, así como la concomitante inercia presupuestal que se ha instalado como impedimento silencioso a la modificación del régimen implantado por la Convención Única sobre Estupefacientes hace más de 50 años.
/ Bernardo Pérez Salazar
* Asesor en asuntos de seguridad urbana de entidades públicas y organismos internacionales. Colabora con numerosas universidades y centros de investigación en Colombia y América Latina. Sus principales áreas de interés incluyen temas de desarrollo urbano-regional, y cuestiones relacionadas con la gobernanza urbana.
Es comunicador social de la Universidad del Valle y realizó una maestría en Planificación del Desarrollo Regional en el Instituto de Estudios Sociales en los Países Bajos.
[1] http://odc.dne.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=244:gasto-del-estado-colombiano-frente-al-problema-de-las-drogas-2010&catid=1:latest-news