“Se trata de una escena primaria, los hechos ocurrieron allí”, confirmó ayer el subdirector de Medicina Legal, Dr. Pedro Morales. Ese y otros detalles fueron brindados en una rueda de prensa donde voceros del Congreso de los Pueblos, organización de la que era parte el dirigente social asesinado, resaltaron la preocupación por “el silencio del Estado ante este crimen político”.
“El informe forense establece que se trata del cuerpo de un hombre joven, cuidado, bien vestido, con una lesión única de arma de fuego y sin otros signos de malos tratos ni lesiones asociadas”, explicó el subdirector del Instituto de Medicina Legal. Tras una serie de preguntas periodísticas el profesional fue sumando información de importancia para establecer las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior aparición sin vida del líder social Carlos Alberto Pedraza.
El Dr. Morales aclaró que la necropsia se realizó el jueves 22 de enero, un día después de la aparición del cuerpo. Que éste no presentaba signos de tortura y que las conclusiones balísticas para determinar el calibre y el tipo de arma usada se conocerán en los próximos días, al igual que los resultados de las pericias toxicológicas que podrían establecer si Carlos fue afectado por algún tipo de sustancias por parte de sus ejecutores para facilitar su secuestro. En sus intervenciones, Morales afirmó que el cuerpo sin vida ya había sido visto el día anterior al anuncio de su muerte, el martes 20, por una persona que sin embargo no alertó a las autoridades por pensar que se trataba de una persona caída en estado de ebriedad.
Aún con estas aclaraciones, hay un vacío de información respecto a qué sucedió con Carlos Pedraza entre el lunes 19 por la tarde, la última vez que se supo de él, y el martes, cuando Medicina Legal informa que su cuerpo fue visto sin vida por primera vez.
Otro dato cobró importancia a la luz del informe forense: la confirmación de que la ejecución del líder social fue realizada en el lugar donde apareció el cuerpo, un sector despoblado de la vereda San Bartolomé denominado “Las Marraneras”, en el municipio de Gachancipá, 60 km. al norte de Bogotá. En esa región pervive un tejido paramilitar que, desde hace más de una década, mantiene un control territorial que no fue desafiado ni por la presencia de otras fuerzas irregulares ni por el propio Estado, como publicó Colombia Informa días atrás (http://www.colombiainforma.info/pol…). Aún no se sabe qué sucedió con Carlos durante más de 24 horas en que estuvo desaparecido, pero esta información oficial confirma que quienes cometieron el crimen lo secuetraron en algún punto entre su domicilio en el sur de Bogotá y la localidad de Teusaquillo donde se dirigía, lo privaron de su libertad, lo trasladaron hasta Gachancipá y allí lo ejecutaron con un «proyectil de arma de fuego [causando] una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante”, como establece el Informe Forense.
“No queremos seguir poniendo más muertos en esta guerra”
“Desde el Congreso de los Pueblos estamos haciendo un respaldo a los diálogos entre el gobierno y las insurgencias”, explicó Alexandra Bermúdez Osorio, vocera de esa organización. “La búsqueda de la paz tiene enemigos acérrimos, hay una ofensiva nacional contra el movimiento social” agregó, antes de dar lectura a amenazas que en los últimos meses pusieron en alerta a líderes sociales, de medios de comunicación y políticos, en su mayoría suscriptas por el grupo paramilitar “Águilas Negras”. “No queremos seguir poniendo más muertos en esta guerra”, concluyó.
Por su parte el senador por el Polo Democrático Alternativo -PDA- Alberto Castilla, amplió las denuncias sobre las amenazas y refirió a otro atentado sufrido por un dirigente de la Unión Sindical Obrera -USO-: “Oscar García, dirigente sindical de Arauca, quien ya había sufrido ataques el año anterior, volvió a ser agredido el pasado 6 de enero por medio de tres disparos contra el vehículo en el que se desplazaba”. Castilla mencionó que entre julio y diciembre de 2014 fueron 186 los casos de agresiones a miembros del movimiento social, sindical y político en Colombia. Para enfrentar esta situación, afirmó, “ hacemos un llamado a todos los procesos y organizaciones: a Marcha Patriótica, a la Cumbre Agraria, Campesina y Popular, al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, al Congreso de los Pueblos, para que sigamos trabajando en la construcción de la paz”.
Leonardo Luna, vocero del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente del que Carlos Pedraza era uno de sus dirigentes, reclamó que “el gobierno se pronuncie sobre estos hechos” y explicó que solicitarán que el caso sea trasladado de la Seccional Fiscal de Zipaquirá, donde actualmente se cursan las acciones judiciales, para que sea tomado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General y la investigación quede en manos del Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI- ya que, según sus palabras, “el móvil del asesinato de Carlos es evidentemente político”.
En el movimiento social creen que la falta de reacción oficial ante el hecho favorece la impunidad. “¿Creen que se trata de un crimen de Estado?”, se preguntó en la rueda de prensa. La vocera del Congreso de los Pueblos Alexandra Bermúdez Osorio respondió: “Nos preocupa el silencio del Estado ante este crimen, estamos reclamando que el gobierno se pronuncie”.
Tomado de: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16011
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