(Ocultamientos y revelaciones del Plan Nacional de Desarrollo (II))
¿Se trata de llevar el estado desde el centro a las regiones o él se construye simultáneamente desde arriba y desde abajo, desde lo nacional y lo regional? Este puede ser uno de los debates más importantes en las teorías sobre la construcción del estado, las relaciones estado-región y el actual Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018.
Durante los últimos tres períodos de gobierno tuvimos las políticas de la Seguridad Democrática y el Plan Nacional de Consolidación Territorial. Políticas claramente contrainsurgentes basadas en la Doctrina de la Acción Integral que sostiene la necesidad del control territorial de las Fuerzas Armadas a través de su “esfuerzo militar ofensivo” para “recuperar” las zonas donde más incidencia tenían las guerrillas y luego llevar allí la presencia del resto del estado. O sea: transportar el estado a esas regiones de mano de la fuerza militar.
Sin hacer una evaluación de esa estrategia, en el actual PND se habla de “un esquema de gobernabilidad en todo el territorio nacional, que no “lleve el Estado a los territorios”, sino que construya el Estado y su legitimidad “desde y para los territorios” (Introducción). Pero un análisis juicioso de dicho plan nos permite desvelar que no será así y continuará la ya vieja política. Por las siguientes razones.
- Según las Bases del PND, la causa de la violencia ha sido que los logros y la consolidación del estado social de derecho “no han logrado desplegar y desarrollar en forma definitiva e integral las capacidades institucionales del Estado en todo el territorio nacional habitado, de manera que existen grandes y diversas regiones con vacíos de presencia integral del Estado. Dicha presencia diferenciada facilitó el surgimiento y propagación de organizaciones armadas ilegales.” (p. 331) Y para romper ese “círculo vicioso entre vacíos de presencia estatal y conflicto armado” sostiene “la posibilidad real de construir una paz estable y duradera tras un esfuerzo sostenido del Estado colombiano, y en particular de la Fuerza Pública, para imponer el orden constitucional, garantizar el ejercicio legítimo de la fuerza, y sentar las bases para extender los alcances del desarrollo económico y social de nuestro país.” (p. 341) Aunque en otros pasajes se habla de “arreglos” y “ajustes institucionales” en dichas regiones, lo que se revela aquí es la concepción de que sólo hace falta extender esos logros de los que “gozan” los demás colombianos a aquellas zonas más afectadas por la violencia.
- En muchas regiones y municipios el problema no es la debilidad estatal. Sino que el poder central ha permitido, y en muchos casos favorecido, que el estado local y su institucionalidad hayan sido tomados por la criminalidad. Que ciertas élites locales y regionales entroncadas con los poderes nacionales y ciertos sectores de las fuerzas armadas, hayan cooptado ese estado local en alianzas con economías criminales y ejércitos privados. Es decir, que el problema principal allí no es esa debilidad, sino que se ha dejado crecer un tumor maligno, un cáncer, que ha deformado, falseado o colapsado ese estado en determinados municipios. No es lo mismo un estado local débil que uno deformado con esos rasgos monstruosos de las barbaries del paramilitarismo, la parapolítica y el DAS. Ni las élites nacionales, ni el PND reconocen esto que los teóricos llaman una falla estatal y sin cuyo tratamiento no es posible una acertada política de construcción de estado en esas regiones. Porque dichas élites son rentistas del latifundio o las economías criminales, de una mentalidad retardataria y opuestas a cualquier tipo de desarrollo.
- Para construir estado desde las regiones y con ellas, se requieren unas transformaciones importantes en el ordenamiento territorial. Por todos los capítulos del Plan hay una retórica abundante y transversal sobre el ordenamiento territorial, el enfoque territorial, cerrar las brechas entre las regiones, entre la ciudad y el campo y la construcción diferenciada de las regiones. Pero sin una reforma seria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que dé cumplimiento al mandato de la Constitución, no serán posibles la autonomía de las regiones y los municipios ni redefinir sus competencias. Y ya se sabe porque las élites del clientelismo se oponen a dicha reforma.
La construcción de estado en las regiones requiere que en ellas haya un fortalecimiento de la democracia, los derechos, las libertades y una ampliación de la base productiva y el empleo digno como condiciones para el desenvolvimiento de los movimientos sociales y nuevos actores políticos. Pero los agentes del monopolio de las tierras, las rentas, las economías criminales y sus violencias que sobrevivirán a los post-acuerdos de paz son enemigos mortales de ese desenvolvimiento. Y el PND no dice nada acerca de esto ni en sus diagnósticos ni en sus propuestas.
En síntesis, si como lo vimos en la nota anterior, la mala prosa del PND no le dice nada a la gente común y corriente, a los colombianos de a pie, tampoco le dice nada significativo a las regiones ni a los municipios y el centralismo continuará tan campante como siempre.
José Aristizábal G.
Investigador Social y Coordinador del observatorio del conflicto armado y el pos conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris
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